En la รบltima dรฉcada hemos presenciado en Mรฉxico la destrucciรณn del viejo sistema polรญtico, pero no de sus formas u objetivos. Hemos vivido el fin de la presidencia del PRI y apenas comenzamos a otear sus consecuencias. Ya estรก claro que el sueรฑo de la democracia, nacida, como por acto de magia, de un proceso meramente electoral, no es mรกs que eso: un sueรฑo. Las estructuras fundamentales de la polรญtica nacional no son democrรกticas, y en muchos casos siguen respondiendo a una lรณgica corporativista, pero ahora descentralizada y mรกs libre.
El nuevo corporativismo mexicano es muy distinto al de antaรฑo. El antiguo era un instrumento del poder para mantener el control en aras de impulsar el desarrollo econรณmico del paรญs. El nuevo se ha convertido en un mecanismo de negociaciรณn y extorsiรณn que impide la transformaciรณn econรณmica del paรญs. Quizรก no haya ejemplo mรกs emblemรกtico de la nueva realidad polรญtica del paรญs que el peculiar hรญbrido corporativista engendrado en el Distrito Federal: ahรญ se reรบnen los dos fenรณmenos, el del control desde el poder y el de la ilegalidad y la extorsiรณn.
No cabe la menor duda de que serรก el Distrito Federal la variable determinante para medir nuestras posibilidades de avance hacia la democracia. Serรก ahรญ โen la forma en que se articulen o transformen las relaciones de control y clientelismoโ donde se determinarรก el futuro polรญtico del paรญs.
La desconcentraciรณn del viejo sistema
La evoluciรณn reciente del paรญs en materia polรญtica es reveladora. En franco contraste con la era del priismo duro, donde nada se movรญa sin autorizaciรณn, las formas de hacer polรญtica han cambiado radicalmente. Hoy los instrumentos reales de negociaciรณn polรญtica son la invasiรณn de tierras, las marchas, los plantones, la violencia y la extorsiรณn, que han desplazado a la negociaciรณn polรญtica y las instancias judiciales.
Desde una perspectiva analรญtica, el cambio es sรณlo de tรกctica y circunstancia, toda vez que pasamos de una era de imposiciรณn y negociaciรณn โen lo oscuritoโ a otra de activismo social y polรญtico en las calles. Se trata de dos modalidades de hacer polรญtica, ninguna de ellas democrรกtica. Pero las consecuencias de ese cambio sรญ son importantes, porque lo que hoy tenemos no conduce hacia la construcciรณn de un sistema polรญtico moderno y transparente. Implica, de hecho, la parรกlisis en los procesos de decisiรณn polรญtica y, en consecuencia, da lugar a riesgos para el crecimiento econรณmico por la falta de reformas que conduzcan a una mayor productividad, atraigan inversiรณn privada y eleven los niveles de empleo.
En un sistema polรญtico democrรกtico, fundamentado en reglas del juego que todos los actores polรญticos reconocen como vรกlidas, es decir, que gozan de legitimidad, el gobierno tiene no sรณlo la facultad, sino la obligaciรณn, de emplear la fuerza para mantener el orden y asegurar una convivencia pacรญfica en la sociedad. Sin embargo, el corporativismo y su creciente propensiรณn a la violencia evidencian la fragilidad de nuestra democracia. Si bien los avances en materia electoral son encomiables, el paรญs estรก muy lejos de haber logrado la institucionalizaciรณn del poder y la consolidaciรณn de un Estado de derecho, ambos componentes indispensables de una democracia moderna. Las razones por las cuales esto no se ha logrado son muchas, pero parecerรญa indiscutible que asรญ es la realidad y bajo ese rasero deberรก analizarse.
La derrota del PRI en 2000 complicรณ el problema que ya existรญa, ademรกs de exacerbarlo. Lo exacerbรณ porque, con la alternancia, desaparecieron los รบltimos mecanismos de control que el gobierno federal mantenรญa, y lo complicรณ porque se multiplicaron los demandantes y peticionarios, se dislocรณ la relaciรณn entre el gobierno federal y los estatales, y se incorporaron al gobierno federal un nรบmero relevante de funcionarios sin experiencia polรญtica en temas y sectores eminentemente polรญticos. Es decir, con el โdivorcioโ del PRI y la Presidencia, el paรญs sรบbitamente pasรณ de un sistema mรกs o menos coordinado de control a uno donde los controles ya no son posibles.
La democracia electoral rindiรณ un fruto inmediato en la forma de una Presidencia disminuida y sin capacidad de imposiciรณn, pero no mejorรณ el sistema de gobierno o los mecanismos de participaciรณn y representaciรณn polรญtica. Lo que experimentamos fue la desapariciรณn del sistema y la supervivencia de sus mecanismos de control y participaciรณn, ahora en manos de jefes menores: lรญderes sindicales, caciques, gobernadores.
En este contexto, quizรก el fenรณmeno mรกs importante para la polรญtica mexicana, y el factor clave en el proceso electoral de 2006, ocurriรณ en el Distrito Federal: a partir de 1997, con la derrota del PRI en la capital, todo el aparato priista en esa entidad pasรณ a manos del PRD. Tanto los perredistas que llegaron al poder en la ciudad de Mรฉxico, como los priistas que abandonaron su partido para sumarse a la ola que llegรณ con el gobierno de Cรกrdenas, hicieron suyos los antiguos mecanismos de organizaciรณn y control, convirtiรฉndolos en su plataforma de gobierno. Las corporaciones que antes habรญan vivido bajo el yugo del poder presidencial adquirieron vida propia y enormes mรกrgenes de libertad, y se constituyeron en poderes reales, poderes โfรกcticosโ con liderazgos carentes de contrapeso y no sujetos a requerimiento alguno de transparencia en su gestiรณn. Al mismo tiempo, muchas de las organizaciones sociales y polรญticas que integraban el corazรณn del PRI se desbandaron, pero muy pocas acabaron democratizรกndose.
El cambio en la lรณgica del control
Vale la pena echar una mirada retrospectiva, porque mucho de lo que hemos presenciado en los รบltimos aรฑos โel mejor ejemplo: el reciente conflicto postelectoralโ habla del cambio de lรณgica en el control polรญtico ocurrido en los setenta como resultado indirecto del movimiento estudiantil de 1968.
Por dรฉcadas la lรณgica y mecรกnica del sistema de control del PRI, su modus operandi tradicional, era la integraciรณn de todas las organizaciones existentes en el paรญs dentro del partido.
En un sinnรบmero de casos, fue el partido mismo el que creรณ u organizรณ a grupos diversos con el objeto de integrarlos en una estructura institucional en la que se los pudiera controlar y disciplinar. Una gran diversidad de grupos e intereses acabaron siendo cooptados, disciplinados, sometidos e institucionalizados: algunos de ellos representaban actividades o sectores โlegรญtimosโ (como los sindicatos, agrupaciones campesinas y sociales), en tanto que otros representaban actividades โilegรญtimasโ, ilegales y con frecuencia violentas. El objetivo era sumar a todos ellos, independientemente de su origen o naturaleza, en una estructura disciplinada.
La modalidad y dinรกmica de la integraciรณn fue cambiando a lo largo del tiempo. En un principio la maquinaria funcionaba con una lรณgica sin fisuras: lo que se buscaba era el control de grupos y sectores con el fin de consolidar el poder polรญtico de los gobiernos posrevolucionarios. En este sentido, los gobiernos de los aรฑos treinta estuvieron dispuestos a emplear cualquier medio para alcanzar sus objetivos. El objetivo era sumar, disciplinar e institucionalizar.
El รฉxito de la estrategia integradora seguida por el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revoluciรณn Mexicana y el PRI radicรณ en su capacidad para sumar organizaciones. Desde luego, una vez consolidado el rรฉgimen, la necesidad de recurrir a la violencia disminuyรณ de manera drรกstica: la lรณgica del sistema habรญa sido establecida y no habรญa razรณn alguna para que alguien se opusiera (mejor estar dentro que fuera del sistema). Asรญ se procediรณ hasta que llegรณ el movimiento estudiantil de 1968, que cimbrรณ los cimientos del sistema tradicional.
Hasta ese momento, todos los retos que el sistema habรญa enfrentado a lo largo de los aรฑos habรญan provenido de grupos o sectores cuya dinรกmica era polรญtica (partidos y grupos interesados en acceder al poder) o econรณmica (sindicatos y organizaciones gremiales). El movimiento estudiantil supuso un desafรญo sin precedentes porque ponรญa en entredicho la legitimidad misma del sistema. Los estudiantes y sus lรญderes no buscaban suplantar el poder gubernamental ni las instituciones: lo que ponรญan en duda era la lรณgica misma del sistema, al cual consideraban corrupto, autoritario e inaccesible.
Para el gobierno, el movimiento estudiantil representaba un reto inmanejable. Nada en su historia lo habรญa preparado para lidiar con personas sin raรญces grupales, sectoriales o territoriales. Las negociaciones que se establecieron con el liderazgo estudiantil nunca prosperaron. Se trataba de dos lรณgicas incompatibles. Eso fue lo que, a final de cuentas, llevรณ a un gobierno desesperado a actuar de manera violenta. En รบltima instancia, esa manera de operar le habรญa resultado exitosa en otros de los casos mรกs difรญciles a los que se habรญa enfrentado en el pasado. Sin embargo, como resulta evidente en retrospectiva, la forma en que se dio fin al movimiento estudiantil cambiรณ para siempre el sistema polรญtico en su conjunto.
Despuรฉs del 2 de octubre de 68, por una parte, el gobierno renunciรณ tรกcitamente al uso de la fuerza pรบblica como medio para resolver conflictos polรญticos. Por otro lado, comenzรณ una era que fluctuรณ entre el reclutamiento (o, por lo menos, el intento de hacerlo) y la tolerancia hacia el nuevo tipo de organizaciones que el movimiento estudiantil habรญa evidenciado. El propรณsito era resguardar la legitimidad del gobierno y del sistema, que nunca imaginรณ las implicaciones de su nueva manera de actuar.
En la lรณgica histรณrica del control, el relajamiento de la disciplina partidista y, sobre todo, el abandono del uso de la fuerza para someter organizaciones o personas, tuvo el efecto de incentivar el uso de la violencia para resolver problemas que anteriormente encontraban salidas dentro de los marcos institucionales o formales del propio partido. De esta manera, el gobierno no sรณlo abandonรณ su funciรณn tradicional de control polรญtico por medio del uso de la violencia legรญtima, sino que aceptรณ en sus filas a un sinnรบmero de organizaciones cuyo objetivo y modus operandi eran incompatibles con el objetivo histรณrico de mantener el control.
El mismo sistema autoritario sembrรณ las semillas de su destrucciรณn. A la par, el gasto pรบblico se incrementรณ de manera ostensible: si no se podรญa someter al inconforme, al menos se podรญa comprar su lealtad. No es casual que muchas de las mรกs costosas prestaciones sindicales, por citar el ejemplo mรกs obvio, fueran concedidas en los setenta. En adiciรณn y como consecuencia de lo anterior, el gobierno no modernizรณ a las fuerzas policรญacas, lo que produjo el estancamiento โel congelamiento en el tiempoโ de la fuerza pรบblica, mientras crecรญa, al mismo tiempo, el potencial de violencia en el Distrito Federal y el paรญs en general.
Por su parte, el relajamiento de la institucionalidad โsobre todo de la disciplina partidista como objetivo primario del desarrollo del sistemaโ motivรณ el surgimiento de organizaciones cuya lรณgica era radicalmente distinta a lo que habรญa sido la norma a lo largo de las dรฉcadas de desarrollo del sistema. Por primera vez en su historia, el PRI estaba no sรณlo admitiendo, sino incluso favoreciendo, la creaciรณn de organizaciones y actividades ilegales: la invasiรณn de tierras, las guerrillas, los sindicatos disidentes, el bloqueo de vรญas de comunicaciรณn, el narcotrรกfico. Todo ello fue producto, primero, de la renuncia al uso de la fuerza pรบblica por parte de sus gobiernos y, segundo, de su afรกn por evitar la inestabilidad. De esta manera, la tolerancia y la corrupciรณn permitieron el crecimiento y desarrollo de la ilegalidad y la ausencia de institucionalidad que hoy son paradigmรกticas y atentan directamente contra el desarrollo de la economรญa y de la democracia en el paรญs.
Dos pistas
El resultado neto de esta situaciรณn es que hoy coexisten en el paรญs dos pistas polรญticas diferentes: la institucional, a travรฉs de la cual se procesan las iniciativas de ley, se debate y discute; y la de los intereses reales, de los grupos organizados que no se someten a la ley o a las reglas que rigen, en lo esencial, al resto de la sociedad.
La parte formal o institucionalizada del sistema polรญtico tiene ahora una dinรกmica propia que lo hace funcionar de acuerdo con mecanismos legalmente establecidos.
Pueden existir diferencias y confrontaciones, pero se resuelven por los cauces formales e instituidos. La parte no institucional del sistema se guรญa por la lรณgica del poder, la intimidaciรณn y la imposiciรณn. Los costos de la existencia de este componente los paga la ciudadanรญa, sobre todo por la imposibilidad de avanzar hacia un Estado de derecho, lo que produce una economรญa enclenque, con pocas oportunidades de crecimiento y creaciรณn de empleo.
La pista no institucional de la polรญtica mexicana tiene dรฉcadas de existir. Lo que ha cambiado es que, a raรญz del cambio de postura gubernamental, esa pista comenzรณ a lindar con la sociedad institucionalizada, al grado de abrumarla. Mรกs importante en numerosas localidades, la pista no institucionalizada sostiene al gobierno, como ocurre en el Distrito Federal, en tanto que en otras, como ilustra el caso de Oaxaca, es su principal fuente de oposiciรณn. Las organizaciones y los partidos operan bajo una lรณgica de mutua conveniencia: las organizaciones hacen avanzar sus intereses por medio de presiones a favor de las causas de algรบn polรญtico o partido, pero fuera de los marcos institucionales.
Como se ha argumentado, la pista institucional es hija del viejo sistema de control polรญtico y se apega a sus reglas y caracterรญsticas. Es decir, se trata de una forma institucional, mas no democrรกtica, de hacer polรญtica: se respetan las instituciones y jerarquรญas, pero sobre todo las formas establecidas de hacer las cosas. La otra pista, la de la polรญtica no institucionalizada, ha adquirido caracterรญsticas muy especรญficas que hoy definen a la polรญtica nacional y son particularmente evidentes en la manera en que se conduce la polรญtica en el Distrito Federal.
En primer tรฉrmino, la caracterรญstica comรบn de muchas de las organizaciones que hoy conforman el entorno polรญtico es la ilegalidad y la impunidad. El sistema polรญtico institucionalizรณ la ilegalidad, por lo que no existe costo alguno por infringir la ley. En lugar de crear una fuerza pรบblica moderna que se ganara la legitimidad, un gobierno tras otro abandonรณ toda posibilidad de sujetar a esas organizaciones dentro de los marcos institucionales. En algunos casos, la fuerza pรบblica se ha convertido en la fuente de seguridad para esas organizaciones.
En segundo lugar, la actividad econรณmica, sobre todo aquรฉlla no relacionada con empresas formales de mayor peso, se desarrollรณ en un entorno de creciente informalidad, sin los fundamentos legales que permitirรญan crecer a esas empresas. A la par que la economรญa informal incrementa su influencia polรญtica, disminuyen los incentivos de los gobernantes para eliminar las causas que la producen, perjudicando asรญ toda posibilidad de alentar una economรญa moderna y competitiva.
En tercer lugar, la trasgresiรณn de la ley constituye un vehรญculo percibido como legรญtimo para hacer que avance cualquier causa: desde la extorsiรณn hasta el secuestro, la violencia y la deslegitimaciรณn del gobierno, del sistema electoral, etc. Se premia lo ilegal, se exalta el desafรญo a la autoridad y se legitima la violaciรณn sistemรกtica de la ley. Los delincuentes acaban siendo hรฉroes populares.
El dilema
La existencia de dos pistas, una institucional y otra antisistema, resume la naturaleza de la polรญtica mexicana en las รบltimas dรฉcadas. Bajo la lรณgica de control que caracterizรณ al viejo sistema polรญtico, es fรกcil entender las circunstancias que explican la incorporaciรณn de organizaciones no institucionales, frecuentemente violentas y siempre en la ilegalidad, dentro del proceso polรญtico: cualquier polรญtico, en cualquier paรญs, prefiere tener a la disidencia cerca, pero bajo algรบn grado de control o influencia, en lugar de afuera y con capacidad de asedio sistemรกtico. El problema en Mรฉxico es que dicho proceso, sumado a la descentralizaciรณn polรญtica del paรญs, paralizรณ la toma de decisiones o, mejor dicho, condicionรณ cualquier decisiรณn a los dictados de esas organizaciones. Uno podrรญa argumentar que, en una democracia, la mayorรญa debe decidir. Sin embargo, esas organizaciones tienden a ser marginales pero muy influyentes cuando amenazan con la disrupciรณn y la violencia. No son mayoritarias y, a la vez, impiden el desarrollo de una sociedad democrรกtica y participativa.
Hay muchas y buenas razones que explican la ilegitimidad del sistema polรญtico y sus consecuencias en tรฉrminos de la ausencia de un Estado de derecho y un gobierno funcional. Pero eso no cambia el que la realidad polรญtica tenga dos pistas que, al competir entre sรญ, impiden el desarrollo de una democracia. En este contexto, es evidente que Mรฉxico requiere de un nuevo arreglo polรญtico, uno que reรบna a las fuerzas de distinto perfil para que, juntas, definan las reglas del juego y, al conferirles legitimidad plena, hagan posible la transformaciรณn del gobierno y, por lo tanto, la de nuestra frรกgil institucionalidad.
El Distrito Federal concentra el mayor nรบmero de organizaciones que operan en la pista no institucional. A diferencia de otras entidades en que se da un fenรณmeno similar, en la capital de la Repรบblica esas organizaciones no sรณlo actรบan dentro del gobierno, sino que son sus soportes fundamentales. Esa realidad constituye un desafรญo no sรณlo para el paรญs en general, sino para la viabilidad misma de la ciudad como cuerpo social y econรณmico. El gobierno local ha utilizado el apoyo de esas organizaciones para aplacar fuentes de oposiciรณn, controlar la actividad polรญtica en la urbe y sustentar campaรฑas electorales, pero no ha sabido convertirlas en una fuente de sustento para la trasformaciรณn de la ciudad, para su institucionalizaciรณn y para llevar a cabo una metamorfosis econรณmica. Sin todo eso, la ciudad no tiene futuro. ~
