El monopolio del poder en manos de un partido tuvo como pilar fundamental el control sobre la producción y divulgación de la información "pública". Las reglas y costumbres que rigieron la era del partido único hicieron prácticamente imposible para cualquier mexicano llegar a la información antes de que ésta hubiera sido escondida, alterada o deformada.
Esta variante más de la corrupción que se engendró durante la "dictadura perfecta" tuvo muchas víctimas. Para millones de mexicanos se volvió mansa costumbre recibir negativas ante solicitudes de información de cualquier tipo.
En nuestra historia reciente un ejemplo dramático de esta malsana tradición es lo que vivimos a finales del 94. Las reservas del Banco Central siempre habían sido un misterio para la población, pero durante el último año de su mandato el presidente Salinas dejó de informar no sólo al pueblo sino hasta al propio Gabinete acerca del nivel de reservas del Banco de México.
El consecuente "error de diciembre" costó al país cerca de cien billones de dólares. Muchos mexicanos aún viven las nefastas consecuencias de no haber conocido en forma oportuna esta información pública básica, y si actualmente se conoce este dato es sólo porque un organismo internacional, el FMI, impuso esta condición para entrar al rescate.
Frente a estos antecedentes no está de más aclarar que la información cruza por tres etapas: la generación, el empaquetado y el consumo. Los medios de comunicación, como el nombre lo indica, son intermediarios de la información; recopilan información y buscan hacerla accesible a sus lectores. Ni la generan, ni son sus consumidores finales.
Si bien quienes participamos en los medios tenemos un interés obvio en el tema, es importante dejar en claro que son los ciudadanos los depositarios finales del derecho a conocer sobre los asuntos públicos. Por lo tanto, no existe ángulo válido para discutir el tema que no sea aquel que reconoce al ciudadano el derecho original de exigir de la autoridad lo que le pertenece: información sobre aquello que es de todos.
La elección del 2 de julio disparó una amplia gama de expectativas. Entre éstas, se creó la ilusión de que el nuevo gobierno podría terminar "de tajo" con la corrupción. Acabar de un golpe con esa enfermedad que ha infectado hasta el último rincón de la vida nacional es una tarea imposible para cualquier gobierno, por bienintencionado y decidido que sea quien lo encabeza. Lo que sí es posible es poner en marcha un mecanismo infalible para hacer de cada mexicano que así lo desee un aliado en la lucha contra la corrupción y la variedad de formas existentes de abuso de autoridad. ¿Cómo? Obligando, por ley, a toda autoridad a abandonar una forma de gobernar, legislar y administrar justicia basada en el sigilo. Diseñando mecanismos legales para transitar hacia un sistema abierto y transparente, en donde el ciudadano adquiere derecho pleno a conocer cómo se usan los recursos públicos.
El momento que vive México hoy abre posibilidades de dar este viraje de magnitud histórica. En materia del derecho del ciudadano a la información estamos frente a la oportunidad de enterrar un paradigma inoperante, e instaurar uno nuevo que nos coloque inequívocamente sobre la senda del desarrollo.
Desgraciadamente, hasta el momento, el nuevo gobierno no ha hecho más que ofrecer pequeños pasos laterales sin abandonar el viejo paradigma.
Es poco frecuente encontrar momentos en nuestra historia en los que exista una disposición ciudadana tan amplia por participar en el cambio. Rara vez un país se encuentra ante momentos idóneos para dar saltos de esta magnitud: transitar de una sociedad cerrada a una abierta. Esto es precisamente lo que nos motivó a un grupo de mexicanos a crear conciencia sobre la oportunidad que tenemos en nuestras manos.
¿Cómo hacer partícipes a los mexicanos de esta coyuntura histórica? Invitándolos a compartir, a través del portal de Internet www.juanciudadano.com, todas aquellas situaciones en las que una autoridad les ha negado información sin mayor justificación. Quisimos abrir un espacio de participación a través del cual todo aquel que ha solicitado información pública y se le ha negado pudiera denunciar la violación a sus derechos.
Buscamos hacer evidente el absurdo. El servidor público nos representa pero no nos informa; decide qué es lo que necesitamos conocer; y cuando le solicitamos información que no le es favorable tiene la oportunidad de resistirse, sin perder elegancia, con la muy des-gastada explicación de las "razones de Estado".
En esta cruzada es imprescindible que la "información pública" no se en-tienda como algo distante del ciudadano promedio y que por lo tanto sólo le corresponde solicitar a los "entendidos". Los detalles sobre la composición de la deuda externa del país, por ejemplo, son información que probablemente sólo unos cuantos especialistas pueden descifrar; aun así, el derecho a conocerlos nos pertenece a todos.
Pero sobre todo nos incumbe aquello que afecta la vida cotidiana de cualquier mexicano: el peritaje de un percance automovilístico, el contenido de una demanda para quien está sujeto a juicio, el permiso del bar o prostíbulo que se instaló frente a la casa y los antecedentes y calificaciones del maestro de la escuela a la que asiste un hijo. Se trata, en pocas palabras, de dar transparencia a la función pública, desde las maltrechas oficinas del ayuntamiento en "San Pedro de los Aguaros" hasta el despacho del presidente en Los Pinos.
La mayor preocupación de quienes participamos en esta iniciativa es la visión "gradualista" que se ha tratado de impulsar desde el gobierno. No estamos ante una disyuntiva de velocidades sino de paradigma.
El "gradualismo" en este tema es inaceptable, como lo sería el aceptar que se nos diga "eres un ciudadano de segunda, pero poco a poco lo vas a ser menos". Para nosotros el centro del problema es si tiene o no el ciudadano el derecho a preguntar, y la autoridad la obligación de responderle con la información existente.
La verdadera disyuntiva es seguir resignados a vivir bajo el paradigma en el que la información es un recurso que nos administra un padre "sabio" o exigir un reconocimiento de la información pública como un derecho fundamental del ciudadano.
Existen parámetros muy sencillos para evidenciar lo anacrónico de nuestro paradigma informativo. En una sociedad abierta el acceso del ciudadano a la información se rige por leyes; en una sociedad cerrada, como la nuestra, por las costumbres. Para el funcionario de los países avanzados es una obligación entregar aquella información que se le solicita; en México se entrega a discreción del "servidor público". En aquellos casos, inusuales en nuestro país, en los que se reconoce el derecho del ciudadano a acceder a cierta información, hay que justificar para qué se quiere. En los países más avanzados no solamente es una indiscreción hacer esta pregunta; es un delito.
En contraste con aquellos países en los que ocultar información está castigado, en México mantener en secreto los asuntos de interés público es una oportunidad para obtener beneficios especiales. Como consecuencia de todo lo anterior, en los medios de comunicación de los países más avanzados cuando se habla del quehacer gubernamental predomina el relato de los hechos y los datos concretos. En nuestro país, conocemos los asuntos públicos a través del cantinflesco mundo de las declaraciones.
El presidente Fox y su equipo han entendido (o han querido entender) el problema como uno de escasez de comunicados oficiales. Ante las demandas de apertura nos han ofrecido mayor gasto en difusión e imagen y más conferencias de prensa. Desgraciadamente, revertir más de siete décadas de cerrazón informativa requiere mucho más que esto. El problema no está en la falta de oferta informativa por parte del gobierno. De hecho, si hacemos un poco de memoria veremos que durante la hegemonía priísta nunca nos faltaron los comunicados de prensa. Lo que sí ha faltado desde siempre son respuestas oportunas a las demandas de información que surgen desde la sociedad.
Cuando el ciudadano decide qué información requiere y cuándo la requiere, el policía, el juez, el maestro, el médico, el alcalde, el gobernador, los secretarios de Estado y el presidente se sienten obligados a trabajar con absoluta transparencia. Ni más ni menos que la "caja de cristal" que prometió Fox.
En las últimas semanas el gobierno federal ha dejado pasar oportunidades de oro para dar pasos decisivos hacia la cultura de la apertura. En el ámbito del siempre polémico gasto social, la reciente discusión en torno al principal programa de apoyo a los más pobres, el Progresa, representaba la oportunidad idónea para invitar a la sociedad a ser el fiscal del buen uso de estos recursos. Abrir el padrón de este importante programa de combate a la pobreza extrema hubiera sido una señal clara de voluntad de cambio. En el ámbito de lo económico, las discusiones del presupuesto siguen estando marcadas por una tradición en la que a fuerza de "reexpresar" y "reclasificar" las cuentas del presupuesto de egresos año con año, se hace imposible para cualquier mortal entender aquello que está diseñado para ser indescifrable.
Como respuesta al ambiente de oscuridad en el que se discute el presupuesto, quienes formamos parte de la iniciativa Juan Ciudadano decidimos evidenciar el crucigrama que el gobierno presenta ante el Congreso año tras año. Ofrecimos un millón de pesos por responder diez preguntas relativas al proyecto de gastos del gobierno para el 2001. Cien mil pesos por cada respuesta a preguntas básicas como: ¿Cuál es el gasto total del gobierno federal en subsidios a la alimentación?, o ¿Cuánto cuesta el total de las delegaciones del gobierno federal en los estados? Quienes decidieron aceptar el reto tuvieron que invertir días o semanas para dar con aproximaciones. El presidente mismo se declaró incompetente para llegar a las respuestas. Y remató calificando la invitación a conocer estos "detalles" del presupuesto como "necedades".
Hace unos meses, el ahora presidente de Estados Unidos se vio envuelto en cuestionamientos relacionados con un incidente de su juventud en el que fue detenido por conducir bajo las influencias del alcohol. La divulgación del incidente no le impidió a George W. Bush llegar a la presidencia. Sin embargo, sería impensable para alguien que aspira a la presidencia de aquel país descalificar el derecho de los ciudadanos a conocer su historial criminal. Aunque se trate de incidentes lejanos. En México, el intento de descifrar algo tan inmediato y de interés general como es el presupuesto de gastos de nuestra primera democracia puede ser calificado, sin mayores consecuencias, como "necedad" por nuestro primer mandatario. Cambiamos colores y partido, pero nos falta un buen trecho por recorrer. -FONT FACE=Georgia, Palatino, Times SIZE=1>— Alejandro Junco de la Vega es presidente
y director general del periódico Reforma
