Las instituciones de seguridad y justicia que heredรณ de administraciones anteriores el presidente Calderรณn no permitรญan ser optimista en cuanto a la capacidad de su gobierno, no solo para contener los embates de las organizaciones de traficantes, sino para imponer claramente la autoridad del Estado. La falta de acuerdos polรญticos sustantivos en la administraciรณn Fox y las difรญciles y polรฉmicas circunstancias en las que Felipe Calderรณn llegรณ a la presidencia prefiguraban la continuidad de un escenario de confrontaciรณn polรญtica que impedirรญa en el corto plazo lograr los acuerdos necesarios para reformar y consolidar las instituciones de seguridad y procuraciรณn de justicia, por lo menos. Ademรกs, desde la administraciรณn Zedillo, en el ocaso del sistema de partido de Estado y los aรฑos de la transiciรณn democrรกtica, las fuerzas armadas habรญan empezado a jugar un papel cada vez mรกs importante en la estrategia antidrogas. El presidente Calderรณn decidiรณ acelerar la participaciรณn de los militares con el fin de contener el avance de las organizaciones de traficantes y su belicosidad. Los traficantes no se inhibieron y resultaron ser mรกs tenaces de lo esperado. Intensificaron las agresiones entre ellos, contra policรญas, militares y funcionarios de seguridad y contra la sociedad civil. Reaccionaron con un ejercicio de la violencia mรกs fuerte, frecuente y espectacular, y un mayor uso de los medios de comunicaciรณn para difundir y amplificar la puesta en escena de sus obras macabras, las acusaciones contra funcionarios y los mensajes escritos amenazantes, grotescos, insultantes contra los enemigos, clavados en los cuerpos mutilados o inscritos en la piel de las vรญctimas. La presencia masiva de militares y policรญas en varios estados del paรญs no ha sido suficiente ni eficaz para inhibir el negocio ilegal ni la capacidad de los traficantes para corromper y generar violencia y condiciones de ingobernabilidad. La estrategia del gobierno federal no ha mostrado un trabajo de inteligencia suficiente que combine economรญa de medios y eficacia en los objetivos. Serรก recordada, dolorosamente, por los rรญos de sangre que no supo prever, contener ni evitar, mรกs allรก de las buenas intenciones declaradas.
En su primer informe de gobierno el presidente Calderรณn dijo: “hemos emprendido una lucha frontal contra la violencia y el crimen organizado… Es mi deber recordar a la poblaciรณn que esta serรก una batalla larga y difรญcil, que tomarรก mucho tiempo, implicarรก enormes recursos econรณmicos y, por desgracia, tambiรฉn costarรก vidas humanas”. Nadie imaginรณ las dimensiones de la hecatombe de los aรฑos posteriores. En su รบltimo informe, el presidente Calderรณn afirmรณ que su administraciรณn se propuso, a travรฉs de la Estrategia Nacional de Seguridad, “recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, asรญ como prevenir la violencia y construir los cimientos de una seguridad autรฉntica y duradera”. Algunos de los indicadores escogidos fueron el incremento del nรบmero de elementos de la Policรญa Federal, la destrucciรณn de cultivos ilegales, los aseguramientos de drogas, armas y vehรญculos de los traficantes, la situaciรณn de los 37 criminales mรกs buscados por la pgr, y reformas legales sobre seguridad, justicia y trรกfico al menudeo. Del costo en vidas humanas ya no se hablรณ. Una parte de la oposiciรณn polรญtica y la sociedad civil ha insistido mรกs en las crรญticas a la estrategia desplegada, el papel de los militares, las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, el nรบmero de homicidios, y en la adjudicaciรณn de responsabilidades por los resultados negativos en varias regiones del paรญs donde no hay paz ni tranquilidad y sรญ mucha violencia armada incontenible y modalidades de la destrucciรณn del otro no experimentadas anteriormente, solo vistas en el cine de horror.
El INEGIha mostrado estadรญsticas de homicidios por entidad federativa,[1] del 2005 a julio del 2012, donde se puede observar un incremento fuerte a partir de 2008 en estados como Chihuahua, Guerrero, Durango y Estado de Mรฉxico, con gobiernos del PRI; Baja California (PAN) y Sinaloa (PRI y PAN-PRD-Convergencia desde 2010); posteriormente en Nuevo Leรณn y Tamaulipas; en Coahuila y Colima a partir de 2010, tambiรฉn del PRI, y oscilaciones en Michoacรกn (PRD y PRI desde el 2011) y Sonora (PAN). ¿Quรฉ cantidad corresponde a los homicidios causados por los grupos delincuenciales, por otros agentes sociales o las fuerzas de seguridad? Nadie lo sabe con certeza, pero todo mundo especula y habla de “ejecuciones” en lugar de homicidios calificados. El gobierno federal proporcionรณ una base de datos de diciembre de 2006 a septiembre de 2011 segรบn la cual el nรบmero de “fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”[2] fue de 47,515. La mitad de esos fallecimientos tuvo lugar en veinticinco municipios, la mayorรญa con gobiernos del PRIo PRI-PVM, como Juรกrez, Tijuana, Acapulco, Torreรณn, Durango y Gรณmez Palacio, y en algunos de los cuales hubo alternancia en el poder a favor de la alianza PAN-PRD a partir de 2010, 2011 y 2012, como en Culiacรกn, Mazatlรกn y Ahome. Pero segรบn Jaime Lรณpez Aranda, titular del Centro de Informaciรณn del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pรบblica, esa base de datos “fue un muy buen experimento de transparencia, pero fue un experimento fallido”. Y agregรณ que las categorรญas de clasificaciรณn “ejecutado” y “homicidios relacionados con delincuencia organizada” no pueden usarse por no estar tipificadas en la ley.[3] El gobierno federal decidiรณ entonces abandonar ese ejercicio y dejรณ en manos del INEGI dar a conocer solo la cifra bruta de homicidios.
¿Quรฉ habrรญa ocurrido si el gobierno federal no hubiera decidido utilizar a las fuerzas armadas contra las organizaciones criminales? Se ha planteado la hipรณtesis de que la tendencia a la baja de los homicidios que se venรญa observando habrรญa continuado hasta llegar a una relativa estabilidad si todas las condiciones hubieran permanecido constantes. El problema es que eso nunca sucede en la vida real. Tambiรฉn la contraria: que las organizaciones criminales habrรญan continuado e intensificado sus luchas sangrientas, los enfrentamientos contra las autoridades, los intentos de control territorial y la ampliaciรณn de su renta criminal ante la inacciรณn, la debilidad, el desinterรฉs y la proclividad a la corrupciรณn de sectores polรญticos, econรณmicos y sociales. Ambas hipรณtesis, transmutadas en certezas segรบn las fobias y las filias partidistas, se disputan el monopolio de la versiรณn legรญtima sobre el tema y han dividido a la opiniรณn pรบblica. Se sabe lo que ha sucedido: un incremento de homicidios, vรญctimas, desplazados, cultivos ilรญcitos, consumo de drogas, zonas de inseguridad; la permanencia, mutaciรณn y brutalidad de las organizaciones criminales con ejรฉrcitos de psicรณpatas, el peso mayor en este sexenio comparado con los anteriores de las fuerzas armadas en la estrategia de seguridad. De ahรญ se deduce, o se trata de demostrar, que el detonante de los altos niveles de violencia fueron los operativos federales per se con participaciรณn militar. Los grupos criminales podrรญan haber huido o adoptado un perfil bajo y no haber reaccionado de manera violenta ante la presencia de las fuerzas federales, y quizรกs lo hicieron en algรบn momento y en ciertos lugares, pero en el proceso aprendieron muy pronto a medir fuerzas y sacar ventaja del mejor conocimiento del terreno, de sus bases sociales, de las relaciones de corrupciรณn preexistentes con sectores polรญticos, policiales y econรณmicos, de la inclinaciรณn de algunos miembros de las fuerzas federales para ser parte de ese tipo de vรญnculos, de laimpunidad y de la fragmentaciรณn polรญtica y la falta decooperaciรณn y coordinaciรณn entre niveles de gobierno en asuntos de seguridad, no ajenos a las luchas partidistas, que se han traducido en una mayor debilidad del Estado en la etapa de la alternancia en el poder, y se arriesgaron.
La experiencia anterior mรกs importante de grandes operativos con participaciรณn militar en el paรญs habรญa sido la Operaciรณn Cรณndor en los aรฑos setenta del siglo pasado y fue clara la superioridad de las fuerzas militares sobre los traficantes, histรณricamente subordinados al poder polรญtico y marginados del mismo en la รฉpoca del sistema autoritario. En las dรฉcadas del PRIno hubo “pactos”, como algunos afirman porque desconocen la historia y la suplen con relatos mitolรณgicos personales, sino una subordinaciรณn a las reglas del juego impuestas por el poder polรญtico y su aparato de control con atribuciones extralegales, y quienes se negaban a aceptarlas o las rompรญan en algรบn momento tenรญan tres opciones: abandonar el negocio, ir a la cรกrcel o la muerte. En la etapa de la transiciรณn democrรกtica, que implicรณ una nueva reconfiguraciรณn polรญtica, redistribuciรณn de posiciones de poder entre varios partidos, un mayor equilibrio e independencia de los tres poderes y la desapariciรณn de antiguas instituciones de control polรญtico-policiaco con atribuciones extralegales, el Estado estรก fragmentado y debilitado por divisiones e intereses partidistas, corrupciรณn y problemas estructurales. En ese escenario, los grupos criminales han logrado una mayor autonomรญa relativa respecto del poder polรญtico, el cual tiene tres opciones en su relaciรณn con esos grupos: no hacer nada y subordinarse sin ser desplazado de sus posiciones formales de poder, negociar con ellos y las รฉlites econรณmicas para beneficio mutuo, o hacer causa comรบn independientemente del partido al que se pertenezca y con la sociedad civil para aplicarles la ley. Las dos primeras reproducirรญan y reforzarรญan relaciones autoritarias y de corrupciรณn, la tercera presupondrรญa la existencia de una polรญtica de seguridad de Estado, ausente en la actualidad, y estarรญa encaminada a la construcciรณn y consolidaciรณn de la democracia.
En teorรญa, cuando una organizaciรณn o coaliciรณn criminal predomina en su propio campo, o hay varias con pesos especรญficos distintos y una competencia regulada por un รกrbitro externo que serรญa el Estado (mediante la corrupciรณn, la represiรณn, o la aplicaciรณn de la ley), y este tiene de manera indiscutible el monopolio de la fuerza y sus instituciones son sรณlidas, o dรฉbiles para los estรกndares democrรกticos pero eficaces para movilizarlas contra grupos criminales en regรญmenes autoritarios, la violencia criminal tiende a disminuir y ser utilizada solo como รบltimo recurso dentro de su propio campo, y muy raras veces contra el Estado y la sociedad civil ajena a los negocios ilegales. Si el Estado no tiene esas caracterรญsticas, solo la autocontenciรณn de los criminales o algรบn improbable y extraรฑo fervor patriรณtico puede impedir que aprovechen su debilidad para ampliar actividades e influencia.
Las organizaciones del trรกfico de drogas actuales han demostrado ser muy violentas y no se puede obviar su combate. No es realista pensar que el Estado puede abdicar del uso de la fuerza legรญtima para la defensa del orden, particularmente para enfrentar a criminales cada vez mejor armados y que atacan de manera cada vez mรกs indiscriminada a la poblaciรณn. Esto lo aceptan la mayorรญa de los principales lรญderes polรญticos mexicanos que se han expresado a favor del combate a la delincuencia organizada y acerca del papel de las fuerzas armadas. Las diferencias son de forma, no de fondo. Es en sectores de la sociedad civil, organizados o no, en la academia, en algunos medios de comunicaciรณn, en grupos de la clase polรญtica y en organismos mexicanos e internacionales de defensa de los derechos humanos donde han surgido visiones crรญticas con distinto grado de intensidad, solidez y fundamento sobre la estrategia de seguridad puesta en marcha por el gobierno federal y sus resultados. Han surgido propuestas razonables que tendrรกn que ser tomadas en cuenta para lograr los objetivos deseados en asuntos de seguridad con mayor participaciรณn y aceptaciรณn de la poblaciรณn.
Segรบn el expresidente colombiano Cรฉsar Gaviria, el mensaje que ha enviado el presidente Calderรณn con su estrategia es adecuado, pero considera que no hay que emplear a un gran nรบmero de las fuerzas federales en el combate a los traficantes, sino a grupos de รฉlite apoyados en un trabajo de inteligencia, quienes serรญan los encargados del aspecto represivo. El despliegue masivo, dice,no funciona y conlleva riesgos de violaciones a los derechos humanos y corrupciรณn en el corto y mediano plazo.[4] Efectivamente, a raรญz del amplio despliegue militar, las denuncias ante la CNDH por violaciรณn a los derechos humanos se han multiplicado: casos de detenciones arbitrarias, muertos a tiros por no haber visto un retรฉn militar o no haberse detenido para revisiรณn, desapariciones, golpes y torturas. Informes de Human Rights Watch sobre las fuerzas armadas de Mรฉxico en ese mismo tema muestran las limitaciones, las fallas y la inacciรณn de la justicia militar para resolver los casos que se han presentado. Organizaciones mexicanas de derechos humanos y Amnistรญa Internacional tambiรฉn han insistido en eso. Ha habido avances. Por ejemplo, la reforma al artรญculo primero de la Constituciรณn; ademรกs, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Naciรณn declarรณ inconstitucional el artรญculo 57, fracciรณn II inciso adel Cรณdigo de Justicia Militar.[5] Hay sin duda necesidad de vigilar que las fuerzas militares no excedan sus atribuciones, de clarificar el marco legal en el que operan.
¿Quรฉ hacer?
Hay tres planos que deben ser considerados para tomar decisiones en asuntos de drogas: el multilateral, el bilateral, con Estados Unidos, y el interno. La “guerra contra las drogas” entrรณ en su cuarta dรฉcada, pero el andamiaje institucional prohibicionista internacional en el que se sustenta se comenzรณ a construir desde 1909, en la Conferencia de Shanghรกi, y ha continuado con las convenciones sobre drogas de la ONU. En la discusiรณn internacional es sin duda la posiciรณn de la Comisiรณn Global sobre Polรญtica de Drogas la que ha adquirido relevancia, por las personalidades que la componen, sus propuestas y reportes, basados en evidencias cientรญficas que muestran el fracaso de la llamada “guerra contra las drogas” iniciada por Estados Unidos bajo la presidencia de Richard Nixon. El presidente Calderรณn ordenรณ materializar esa metรกfora en su administraciรณn, con resultados catastrรณficos en tรฉrminos de vidas humanas perdidas, pero en la 67ªSesiรณn de la Asamblea General de la onureconociรณ que la prohibiciรณn crea el mercado negro y potencia las ganancias y el poder de los traficantes dados los altos niveles de la demanda. Hablรณ de explorar “opciones regulatorias o de mercado”. Los presidentes de Colombia y Guatemala han insistido igualmente en la necesidad de replantear el paradigma vigente, promover la discusiรณn y encontrar soluciones. Esta preocupaciรณn crรญtica, mรกs la insistencia creciente de dirigentes y amplios sectores de la sociedad civil de distintos paรญses, particularmente en Amรฉrica Latina, donde la violencia asociada al trรกfico de drogas tiene efectos devastadores, muestra cambios de actitud frente al fenรณmeno y una voluntad de influir en la necesaria modificaciรณn del paradigma.
Para avanzar en el debate habrรญa que encontrar puntos de acuerdo entre los paรญses de Amรฉrica Latina y ejercer una diplomacia de bloque. Difรญcil en el corto plazo. Estados Unidos insistirรก seguramente en sus posiciones, la “tercera vรญa” anunciada por Gil Kerlikowske, director de la Oficina sobre Polรญticas para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que consistirรญan en programas de salud, cumplimiento de las leyes y alianzas internacionales, para debilitar las propuestas que se alejen mรกs de las suyas y dividir a los paรญses. La mariguana y la hoja de coca serรญan las plantas a considerar en un primer momento. Hoy en dรญa parecerรญan mรกs viables acuerdos sobre la mariguana. Ningรบn paรญs estรก a favor del libre mercado de todas las drogas actualmente ilegales para que la gente decida consumir o no lo ofertado. No se considera apropiado en tรฉrminos de polรญtica de salud.
¿Quรฉ se les puede sugerir a los gobiernos de los paรญses que no sepan ya o no hayan escuchado antes? ¿Un mercado regulado por el Estado o con participaciรณn de este y la iniciativa privada de una o varias sustancias prohibidas actualmente? ¿Retirarse de las convenciones y asumir los costos econรณmicos y polรญticos? ¿Construir alianzas con paรญses que tengan posiciones afines para tratar de modificar las reglas del juego vigentes en asuntos de drogas? ¿Aplicar medidas similares a las puestas en prรกctica por paรญses con polรญticas mรกs heterodoxas? El universo de posibilidades no es infinito. Para las burocracias antidrogas y quienes lucran con el negocio del trรกfico ilegal, modificar las reglas del juego no es deseable. Tampoco para los tomadores de decisiones, que no estรกn dispuestos a asumir los costos polรญticos del cambio. Quienes sufren las consecuencias devastadoras de la polรญtica prohibicionista estarรญan mรกs dispuestos a ensayar vรญas distintas. Donde se hanpuesto en prรกctica polรญticas mรกs flexibles los resultadoshan sido alentadores en tรฉrminos de reducciรณn de los riesgos y los daรฑos a la salud y de la criminalidad. Es cierto que en esos paรญses, Holanda, por ejemplo, no existen grupos poderosos de traficantes como en otros lados que hayan creado problemas de gobernabilidad y que sean considerados como amenazas a la seguridad nacional. Tambiรฉn es cierto que en esos paรญses las instituciones de seguridad y de procuraciรณn de justicia son generalmente mรกs sรณlidas y eficaces, y los niveles de corrupciรณn y la distancia entre ricos y pobres son menores. Los retos son mรกs difรญciles para paรญses como Mรฉxico, donde esas condiciones institucionales, econรณmicas y sociales son mรกs dรฉbiles.
Imaginemos que Mรฉxico legaliza la mariguana y que el Estado se encarga de la producciรณn, distribuciรณn y comercializaciรณn. En teorรญa, la superficie cultivada y la producciรณn disminuirรญan, como el nรบmero de productores. El titular de la Sedena, el general Guillermo Galvรกn, declarรณ en una ocasiรณn ante diputados federales que medio millรณn de personas dependรญan del negocio de las drogas en todos sus niveles, desde los productores hasta los lรญderes. Un alto funcionario del Departamento de Estado redujo la cantidad a 450,000, y otro del gobierno mexicano asegurรณ que unos cincuenta mil indรญgenas eran parte del negocio.[6] Nadie sabe cรณmo llegaron a precisar esas cifras redondas, pero supongamos que esos nรบmeros tuvieran algรบn sustento. ¿Cรณmo evitar la sobreproducciรณn y el desvรญo de una parte de lo producido al mercado ilegal de Estados Unidos? ¿Se esperarรญa un retiro pacรญfico e inmediato de los cultivadores y los traficantes de esa parte del negocio? ¿Dรณnde se cultivarรญa y cuรกntas personas serรญan necesarias? ¿Quรฉ hacer con los cultivadores queserรญan desplazados? Suponiendo que hubiese solo tiendas del Estado, de la iniciativa privada o de inversiรณn mixta, distribuidas en todo el paรญs, ¿cรณmo se evitarรญan las extorsiones y las amenazas a esos negocios? ¿Cรณmo se les protegerรญa? ¿Cรณmo se evitarรญa la corrupciรณn de los administradores y trabajadores de esas empresas? Suponer una alineaciรณn perfecta, mรกgica, de todas las condiciones ideales de operaciรณn y un disciplinamiento ejemplar de los cultivadores y los traficantes no es realista. Eso no significa que la medida sea imposible o descartable, sino que habrรญa que pensar desde ahora la manera de evitar los efectos indeseables.
Pero, ¿quรฉ hacer con los cultivos de amapola, los laboratorios de metanfetaminas y el trรกfico de cocaรญna? Las estimaciones mejor fundadas, con la metodologรญa e hipรณtesis mรกs transparentes, hechas por la RAND[7] en 2010, de las ganancias anuales de las organizaciones mexicanas de traficantes por exportaciรณn al mayoreo hacia Estados Unidos de mariguana, cocaรญna, heroรญna de Mรฉxico y Colombia y metanfetaminas llegaron a una cifra de 6,600 millones de dรณlares, o sea el 0.55% del PIB de Mรฉxico en 2011. Los ingresos por mariguana serรญan de 1,500 millones de dรณlares y los de cocaรญna de 3,400 millones de dรณlares. El estudio seรฑala tambiรฉn, de manera prudente, que no se incluyรณ la estimaciรณn sobre las ganancias de esas mismas organizaciones por producciรณn y distribuciรณn dentro de Estados Unidos porque es “extremadamente difรญcil” hacerlo con los datos existentes. El Departamento de Estado no es tan prudente ni transparente y estimรณ esas ganancias en 2010 en un rango amplio de ocho a veinticinco mil millones de dรณlares (0.62-2.1% del PIB de Mรฉxico en 2011[8]). No se sabe cรณmo estarรญa distribuida esa cantidad entre las organizaciones mexicanas, cuรกl es el peso relativo de cada una en ese mercado; solo especulaciones y declaraciones polรญticas sin fuentes verificables.
Se dice que atacar las finanzas de los grupos criminales serรญa mรกs eficaz que las medidas punitivas. Probablemente sรญ, en teorรญa, pero en la prรกctica no resulta tan sencillo, incluso en paรญses con los controles mรกs estrictos. Algunos datos conocidos no permiten ser optimista acerca de los efectos prรกcticos para afectar los intereses de las organizaciones de traficantes en el corto plazo. Por ejemplo, entre 2004 y 2007, el banco Wachovia procesรณ en su mayorรญa a travรฉs de casas de cambio en Mรฉxico 378.3 mil millones de dรณlares, aproximadamente una tercera parte del PIB mexicano en esa รฉpoca. El banco tuvo que pagarle al gobierno de Estados Unidos ciento diez millones de dรณlares por realizar transacciones vinculadas con el trรกfico de drogas, mรกs una multa de cincuenta millones de dรณlares. Entre 2007 y 2008, HSBC Mรฉxico transfiriรณ al mismo banco en Estados Unidos siete mil millones de dรณlares en efectivo y hasta el momento no se sabe quรฉ porcentaje de esa cantidad serรญa dinero del trรกfico de drogas. Por su parte, la DEA tiene autorizaciรณn legal para realizar lavado de dinero de traficantes para sus investigaciones. No hay conocimiento pรบblico de la cantidad que ha lavado ni para quiรฉn.[9] A eso hay que agregarle los resultados escandalosos de operativos como “Rรกpido y Furioso”. Los ingresos descomunales en el mercado de drogas ilegales mรกs cercano, grande e insaciable del mundo, las facilidades para lavarlos en conocidas e importantes corporaciones financieras internacionales y agencias antidrogas, y el armamento de alto poder facilitado incluso por autoridades federales de Estados Unidos son algunas de las condiciones bรกsicas que han hecho posible el fortalecimiento de las organizaciones de traficantes. Ni las multas a los bancos lavadores, cuando se investiga y llega a algรบn resultado, ni la lista negra de la OFAC (Office of ForeignAssets Control, Departamento del Tesoro), que muestra las empresas vinculadas a traficantes buscados, familiares y prestanombres, congela sus cuentas en Estados Unidos yprohรญbe a los estadounidenses realizar cualquier negocio con ellas, han disminuido sensiblemente, hasta donde se sabe, la capacidad econรณmica y el poder de los traficantes incluidos en la lista.
Hay organizaciones criminales cuyos ingresos no son รบnicamente por trรกfico de drogas, aunque este sea el principal; han diversificado sus actividades y se dedican tambiรฉn al secuestro, la extorsiรณn, la piraterรญa, el robo de combustible, etcรฉtera. La legalizaciรณn de alguna droga dejarรญa intacta la renta de las otras y las demรกs actividadescriminales. Tienen razรณn quienes dicen que el fin de la legalizaciรณn no es acabar con las drogas ni con los criminales, sino impedir que los consumidores recreativos o problemรกticos sean criminalizados; que se trata de convertir un problema de seguridad en uno de salud. Pero tambiรฉn quienes afirman que la legalizaciรณn de alguna droga no elimina el problema de la delincuencia organizada ni necesariamente le resta poder de manera significativa. En Mรฉxico, el campo criminal estรก dominado por un oligopolio de organizaciones de traficantes de drogas, las mรกs fuertes de la delincuencia organizada. Las drogas ilegales son su fuente de ingresos mรกs importante, aunque la diversificaciรณn, composiciรณn y peso relativo de su renta criminal puede variar segรบn las organizaciones. En ese campo, no existe una organizaciรณn o coaliciรณn que haya logrado la hegemonรญa y pueda imponerles las reglas del juego a las demรกs. Hay escisiones y una reconfiguraciรณn de nuevas coaliciones, causa y efecto de la competencia bรกrbara y despiadada por la hegemonรญa. Las modalidades, mรกs o menos violentas, de la expansiรณn de las organizaciones y coaliciones hacia otros campos (econรณmico, polรญtico y social), por ejemplo, y de su relaciรณn con las fuerzas de seguridad del Estado tienen que ver con las caracterรญsticas de las mismas, es decir, si son predominantemente traficantes o mafiosas-paramilitares. Todas violan la ley, pero hay algunas que compiten mรกs claramente con el Estado en sus atribuciones propias (control territorial, monopolio de la fuerza, aplicaciรณn de impuestos) y crean mayores problemas de gobernabilidad.
No hay soluciones rรกpidas ni mรกgicas para salir de un problema multidimensional de larga duraciรณn, el cual no hay que simplificar al extremo ni reducir en los intentos explicativos a una sola variable, a hipรณtesis que implicarรญan poder regresar al pasado para ponerlas a prueba, o a la voluntad de una sola persona a la que se le atribuye la responsabilidad absoluta por todos los homicidios presuntamente derivados de su decisiรณn polรญtica en asuntos de seguridad. La cadena de responsabilidades es muy larga. La UNODC, en voz de su titular Yuri Fedotov, advirtiรณ que la modificaciรณn de las convenciones sobre drogas es un proceso que llevarรญa tiempo y que depende de los estados firmantes. El Comando Norte, que entrenรณ a los marinos que eliminaron a Arturo Beltrรกn en un enfrentamiento, seรฑalรณ que la Iniciativa Mรฉrida ha sido insuficiente para parar la violencia y que quiere compartir con los militares y la policรญa federal de Mรฉxico las lecciones aprendidas y las herramientas empleadas en Iraq y Afganistรกn. Leรณn Panetta, titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, declarรณ que recurrir a los militares para asuntos que competen alas fuerzas del orden civiles no puede ser una soluciรณna largo plazo, pero que Estados Unidos debe respetar las decisiones de otros paรญses de emplear a los militares en “papeles no tradicionales”. En Mรฉxico, el coordinador general de Diรกlogo, Polรญtica y Seguridad del equipo de transiciรณn del presidente electo hablรณ de la posible creaciรณn de una fuerza de seguridad especial para combatir el crimen organizado y de la permanencia de las fuerzas armadas en sus labores actuales. El dirigente nacional del PRI tambiรฉn indicรณ que los militares seguirรกn mientras las policรญas civiles no sean lo “suficientemente eficaces”. Y el exjefe de la policรญa nacional de Colombia, asesorde seguridad del presidente electo, dijo que la polรญtica deseguridad deberรญa legitimarse a partir de la sensibilidad por las vรญctimas. Veremos cรณmo incorpora el presidente electo las variables multilaterales, bilaterales y locales; si efectivamente no habrรก pacto ni tregua con el crimen organizado,[10] particularmente en estados y municipios gobernados por su partido, donde se ha concentrado gran parte de la violencia; quรฉ estrategia diferente pondrรก en marcha y sus resultados. Ya adelantรณ que no habrรก un cambio radical de la estrategia actual, que estรก dispuesto a abrir el debate sobre las drogas, pero que no estรก a favor de su legalizaciรณn. El reto permanece: o el Estado y la sociedad legal se fortalecen en democracia, y no se puede ignorar el tema de las drogas y la estrategia de seguridad, o lo harรกn los grupos criminales y sus socios con medidas autoritarias. ~
[1]Vรฉase INEGI, boletรญn de prensa nรบm. 310/12, 20 de agosto de 2012.
[2]Vรฉase Presidencia de la Repรบblica, “2006-2010: Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, enero de 2011; PGR, “2011 (ene./sept.): Base de datos de fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial”, enero de 2012.
[3]Vรฉase Henia Prado, “Sepultan –tambiรฉn– cifra de ejecutados”, Reforma, 15 de agosto de 2012.
[4] Vรฉase Silvia Otero, “Represiรณn militar no funciona contra narco”, ElUniversal, 25 de abril de 2009.
[5] Vรฉase Human Rights Watch, Watch, Uniform impunity. Mexico’s misuse of military justice to prosecute abuses in counternarcotics and public security operations, abril de 2009; Jorge Ramos y Ricardo Gรณmez, “HRW pide reformar Cรณdigo de Justicia Militar”, ElUniversal, 2 de septiembre de 2009; Luz Gonzรกlez, “SCJN acota mรกs fuero militar en delitos comunes”, ElUniversal, 21 de agosto de 2012.
[6] Vรฉase Andrea Merlos, “Integran 500 mil ejรฉrcito del narco”, ElUniversal, 9 de agosto de 2008; David T. Johnson, Statement before the Subcommittee on the Western Hemisphere of the House, Foreign Affairs Committee, Washington, D.C., 18 de marzo de 2009; Juan Josรฉ Arreola, “Calculan que 50 mil indรญgenas trabajan para cรกrteles”, ElUniversal, jueves 12 de marzo de 2009.
[7]Vรฉase Beau Kilmer, Jonathan P. Caulkins, Brittany M. Bond, Peter H. Reuter, Reducing drug trafficking revenues and violence in Mexico. Would legalizing marijuana in California help?,RAND, 2010.
[8]Vรฉase US Department of State, Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Money Laundering and Financial Crimes Country Database, mayo de 2010.
[9]VรฉaseEd Vulliamy, “How a big US bank laundered billions from Mexico’s murderous drug gangs”, The Observer, 3 de abril de 2011;Tracy Wilkinson and Ken Ellingwood, “International banks have aided Mexican drug gangs”, Los Angeles Times, 27 de noviembre de 2011; United States Senate, Permanent Subcommittee on Investigations, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, U.S. Vulnerabilities to money laundering, drugs, and terrorist financing: HSBC Case History, 2012; Ginger Thompson, “U.S. agents launder Mexican profits of drug cartels”, The New York Times, 3 de diciembre de 2011.
[10]Vรฉase general Gene Renuart, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, “Trilateral Security Cooperation in North America. New Dimensions and Approaches”, Woodrow Wilson Center, Washington, D.C., 12 de marzo de 2010; almirante James Winnefeld, jefe del Comando Norte, Wall Street Journal, 10 de septiembre de 2010; Carlos Pascual, “Mexican Navy Operation Nets Drug Kingpin Arturo Beltran Leyva”, Wikileaks, cable 09MEXICO3573, 17 de diciembre de 2009; Departamento de Defensa de Estados Unidos, La polรญtica de defensa para el hemisferio occidental, octubre de 2012, pp. 5 y 9; Perla Martรญnez, “Prepara Peรฑa Nieto policรญa especializada”, Reforma, 7 de octubre de 2012; Notimex, “Peรฑa combatirรก crimen con estrategias eficaces: Coldwell”, 10 de octubre de 2012; “ONU afirma que el cambio en la estrategia antidrogas depende de los paรญses”, elespectador.com, 27 de septiembre de 2012; “Error llamar ‘guerra’ a plan.- Naranjo”, Reforma, 29 de septiembre de 2012; Enrique Peรฑa Nieto, “Latinoamรฉrica, una tarea pendiente para Mรฉxico”, El Tiempo, 17 de septiembre de 2012.
(Culiacรกn, Sinaloa, 1953) es doctor en sociologรญa por la Universidad de la Sorbona, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores.
