Leí la reciente propuesta de la UNAM sobre seguridad (“Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”) con atención e interés pues –se dice– es uno de los logros más serios en la materia.
Su lectura me frustró. Parece más el manifiesto de un universitario idealista o utópico que el resumen del trabajo de 88 especialistas.
La propuesta es un cúmulo de repetidas perogrulladas, no exentas de errores de ortografía y puntuación –ese descuido de las miniaturas demerita cualquier empeño. Es previsible en todos sus puntos, carece de imaginación y no implica ningún reto a la inteligencia. Al acumular todas las características de una democracia funcional y perfecta, más justo le vendría el título de Modelo de País. No veo manera de estar en desacuerdo con ella porque abunda en obviedades del tipo “necesitamos mayor transparencia”, “debemos tener una reforma penal”, “hay que establecer una política de prevención”, “se tiene que planear a largo plazo, no solo a corto plazo”.
Porque lo quiere todo, el niño no jerarquiza, ni enfatiza, ni ordena o distingue: todo le parece igualmente principal, urgente e imprescindible. De manera análoga, la propuesta no cesa de prescribir lo que “debe ser” y es rica en adjetivos como “importante” y “necesario”. Valga un ejemplo: es “prioritario” –es decir, primero– el respeto a los derechos humanos (p. 10), atender a los ciudadanos más vulnerables (p. 12), un pacto político (p. 12), cuidar a la juventud (p. 22), resolver la violencia familiar (p. 23), ocuparse de los conflictos personales y comunitarios (p. 23) y mejorar las condiciones de los policías (p. 25).
Un estado de emergencia exige un plan de acciones concretas, ejecutables y urgentes. En ese plano, la propuesta tiene poca utilidad. No sugiere etapas, puntos de partida ni estrategias viables. Es inútil por no ser realista, excepto si se la lee como diagnóstico de lo disfuncional. Tampoco es “económica” (en el sentido ockhamiano del término), sino que acuña nuevos conceptos y –con un tufo a burocracia rancia– multiplica dependencias, instituciones y programas.
Hacia el final de la propuesta se enlistan treinta sugerencias que llevan la mácula de ser generales e ingenuas, del tipo: “celebrar un pacto político y social”, “combatir la impunidad y la corrupción”, “priorizar el municipio”, “acabar con la discriminación”. Queda ambiguo el inciso 25 de la propuesta, que puede entenderse como una sugerencia a la despenalización de alguna(s) droga(s).Son cuatro los puntos aterrizados: un registro nacional de víctimas y ayuda a sus familiares, retirar al ejército, perseguir el lavado de dinero con ayuda de inteligencia civil, midiendo y publicando los resultados, y una cumbre internacional para discutir los problemas.
Antes de precipitarnos a honrar a las víctimas, José Antonio Aguilar Rivera pregunta oportunamente si todos los muertos son iguales.* No. De los miles de muertos, ¿cuántos son niños, cuántos peatones inocentes, cuántos soldados o policías, cuántos son criminales? Pensar es distinguir es ordenar.
Echo de menos que al encarar un problema tan complejo y que implica jugadores externos se omita el apoyo extranjero. Hoy, el gobierno mexicano es incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sin claudicar de la soberanía, sino por sensatez, el auténtico sentido de la cumbre sería solicitar ayuda internacional para resolver una matemática adversa en tres frentes: la violencia ocasionada por el tráfico de drogas ilícitas antes de llegar al consumidor final, el ingreso de armas al país desde Estados Unidos, Europa, China y Rusia, y el lavado de dinero en bancos extranjeros a través de casas de bolsa mexicanas.
En esta coyuntura histórica se nos presenta la pregunta por el tipo de Estado y de sociedad que queremos. Se lo preguntó México hace cien años, Alemania en 1945 y, junto con Europa Oriental, también en 1989, Montenegro en 2006, Sudán del Sur hace unas semanas. La pregunta está en el aire y –muy con el espíritu de la época– es global: Europa y Estados Unidos están en una crisis de identidad desatada por la situación económica adversa.
En México, la pregunta irrumpe desde la violencia: ¿qué tipo de Estado queremos, qué identidad política y cohesión social vamos a conquistar?
Con todo, esta propuesta es ya un hito: un primer puente entre el gobierno y los académicos. El reto inmediato es cuidar y profundizar este diálogo incipiente para instrumentar estrategias eficaces que alivien la sociedad. Los cuatro puntos que destacan son aprovechables, perseguibles: nuestros posibles aztlanes para emprender el ansiado camino que culmine en la refundación de México. ~
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*“El espacio simbólico de las víctimas”, Nexos, agosto de 2011.
Doctor en Filosofía por la Humboldt-Universität de Berlín.
