Constitución: El primer punto del debate en torno al alza de cuotas de la Universidad Nacional es sobre su carácter constitucional. El artículo 3 establece que toda la educación que ejerza el Estado deberá ser gratuita. La salvedad es que luego aclara que la educación que ejerce el Estado es a través de la Federación, los estados y los municipios, categorías exclusivas en las que no cae la UNAM. Además, la Constitución establece como obligatoria la educación primaria y secundaria, y no la media superior ni la superior.
La UNAM es un organismo descentralizado del Estado, que se rige por su propia ley orgánica y que está facultada para establecer sus propios criterios académicos y administrativos. En un sentido estricto, no forma parte del Estado mexicano: al rector no lo elige ninguno de los poderes de la Federación, los trabajadores de la UNAM no pertenecen al escalafón de los funcionarios públicos, etcétera. La UNAM siempre ha cobrado cuotas, lo que pasa es que lleva 50 años sin actualizarlas. Todos los que estudiamos en ella sabíamos que había que pagar en caja para poder inscribirse, aunque a decir verdad nunca nos preocupamos por el cambio cuando soltábamos una moneda de 50 centavos. Otro elemento jurídico adicional es que el Tribunal Supremo declaró, hace años, la constitucionalidad de la posible alza a las cuotas y sentó precedente jurídico, ya que se trata del único órgano legal facultado para declarar la constitucionalidad o no de una ley, decreto, medida. Lo que en otras latitudes es el tribunal constitucional.
Justicia: El segundo punto tiene que ver con la justicia social y el apoyo a los más desfavorecidos. La gente que exige la gratuidad de la UNAM, como en efecto es ahora con los 20 centavos de marras, cree que el Estado tiene dinero propio y que, en su maldad neoliberal, no quiere gastarlo en la UNAM. Todo el dinero que gasta el Estado proviene de la sociedad, de pobres y ricos, de los impuestos que pagan empresarios, profesionistas, burócratas. Si los alumnos que pueden contribuir con su aportación lo hacen, liberan de esa carga al resto de la sociedad. Lo grave sería que sólo estudiaran quienes pueden pagar las nuevas cuotas (hecho que de cualquier forma implica un subsidio enorme por parte del Estado), pero más grave es aun que todos paguemos las cuotas, incluidos los que menos tienen. Dicho en otras palabras: todos los ricos que estudian en la UNAM se aprovechan del pueblo de México si no contribuyen con sus pagos. Así de fácil.
Autonomía: Si la UNAM tiene que mendigar su presupuesto a un posible gobierno panista con botas en el 2000 (por proponer un escenario), mejor contar con recursos propios. Entre menos se dependa del gobierno, mejor.
Transparencia: Necesitamos saber en qué se gasta el dinero y cuánto valen las cosas en la UNAM, no se vale exigir el apoyo de los exalumnos, empresas, alumnos y no presentar cuentas claras: cuánto ganan los funcionarios, de qué dinero disponen, que se entiende por gastos de representación. Urge cambiar el paradigma de gastos de la UNAM, como ha escrito hasta el cansancio Guillermo Sheridan: la función docente debe estar mejor situada en el escalafón universitario que la administrativa. Cárdenas: Tiene derecho a opinar, faltaba más. El problema es que su gobierno ha enviado una señal unívoca: todos los líderes importantes del CEU trabajan (es decir, cobran) en el Gobierno del Distrito Federal. Los jóvenes actuales que logren hacer una gran movilización y parar las cuotas saben que podrán aspirar a algo semejante. Y a la UNAM, a la que todos dicen defender, que se la lleven al baile el TEC, la Ibero y demás universidades con presupuesto. –
(ciudad de México, 1969) ensayista.
