Un subibaja oxidado se hunde cada vez más en la marisma al borde de la ciudad más peligrosa del mundo. Hace un año, unas cuantas casas de ladrillo de esa zona, implacablemente iguales, fueron abandonadas, quemadas o convertidas en fumaderos de crack. Ahora, franjas enteras están vacías o convertidas en guaridas de las pandillas de narcotraficantes que controlan el territorio y lo marcan: pfk, west side. El mk18 parece haberse apoderado de una hilera de casas que conduce a un drenaje abierto. La brisa trae una bocanada pestilente de excrementos y basura. Dos hombres con radios portátiles están sentados en tumbonas, vigilando desde sus puestos. “Esto es nuestro”, bufa uno de ellos. “Si se quedan aquí, veremos que no les hagan daño. Pero una vez que hayan estado aquí, no crucen al otro lado del drenaje.” Al final de una calle, cada casa es un cascarón incinerado, salvo por una, que pertenece a un hombre llamado Mario, quien vuelve a casa cansado, con sus hijos, empujando carritos de supermercado llenos de chatarra recolectada en las casas vacías para ser vendida.
Estas son las ruinas desoladas de Riberas del Bravo, un barrio en las afueras de Ciudad Juárez. La ciudad, ubicada frente a El Paso, Texas, es el fulcro de la línea fronteriza entre México y Estados Unidos, y el germen de la guerra que azota México. Unas 28,000 personas han muerto –muchas de ellas con una crueldad perversa– desde que el presidente Felipe Calderón movilizara al ejército mexicano en diciembre de 2006.
Por lo general, el conflicto es descrito en pocas palabras como una guerra entre los cárteles de la droga por el control de las rutas del contrabando hacia Estados Unidos y, de hecho, esta fue una de sus causas iniciales. Pero muchas de las muertes en Juárez parecen menos una guerra entre cárteles que una anarquía criminal. La ciudad ha visto 2,926 asesinatos hasta ahora este año, y cerca de 7,303 desde enero de 2008. Durante mi visita más reciente, en octubre, trece personas fueron asesinadas en un solo día, y a la mañana siguiente un autobús que llevaba trabajadoras a una de las cientos de maquiladoras que rodean la ciudad fue atacado por sicarios. Esa misma semana, se encontraron dos cadáveres decapitados dentro de un auto; sus cabezas estaban en el cofre. El 22 de octubre, en una masacre que ilustró el sinsentido de la violencia en este lugar, trece adolescentes, que aparentemente no tenían nada que ver con el negocio de la droga, fueron ejecutados sumariamente en una fiesta de cumpleaños.
Las autoridades mexicanas hablan a menudo sobre la necesidad de “tijuanificar” Juárez. Esto se debe a que en años recientes se ha mantenido una relativa contención de la violencia de los cárteles en Tijuana, bajo la mano de hierro de Alfonso Duarte Mújica, el general del ejército a cargo de la región que comprende Baja California y Sonora, así como del jefe de policía nombrado por el ejército, el coronel Julián Leyzaola. El 24 de octubre, a unos días del decomiso de mariguana más grande realizado por las autoridades mexicanas desde que Calderón declarara la guerra a los cárteles, trece personas fueron masacradas en Tijuana en un centro de rehabilitación. Un mensaje de los asesinos logró colarse a la frecuencia de radio de la policía, advirtiendo que las ejecuciones eran “una probadita de Juárez”.
Conforme las condiciones se deterioran en todo el país, es posible ver signos embrionarios de la “juarezificación” en otros lugares: en zonas rurales desesperadamente pobres de Sinaloa y Michoacán, donde los campesinos han perdido sus tierras comunales, pero también en el ultramoderno Monterrey, que se pensaba inmune a los estragos y se ha convertido en un blanco y una tierra fértil para el reclutamiento de la terrorífica milicia del narco, los Zetas. Ni siquiera los remansos turísticos de Acapulco y Cancún se han salvado.
“Este no es un colapso del orden social”, escribe Charles Bowden en Murder City, su reciente libro sobre Juárez. “Este es el nuevo orden.”
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Juárez no es más que un templo del mercado desatado, una ciudad donde los cárteles de la droga ya operaban como un tlc embrionario mucho antes del tlc; no como pastiches de las corporaciones globales que llegarían más tarde a la ciudad, sino como pioneros llegados antes que ellas. Y Riberas del Bravo es un monumento a lo que Julián Cardona, un fotógrafo que ha hecho la crónica de la caída de Juárez, llama el Frankenstein urbano: la monstruosa simiente no de la guerra por las drogas sino de las maquiladoras.
Cuando se fundó el barrio, hace unos quince años, albergaba –en casuchas de cartón– a decenas de miles de mexicanos que llegaron del tremendamente pobre interior para trabajar en las líneas de ensamblaje de estas plantas. Riberas del Bravo no tenía una razón lógica para ser la sede de llegada de trabajadores migrantes. Pero, según Hugo Almada Mireles, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que ha estudiado esta historia, lucrativos acuerdos entre los terratenientes y los políticos dictaron cómo y dónde se albergarían los trabajadores, incluso si esto significaba levantar un pueblo sobre una marisma donde alguna vez creció el algodón en campos de arrozales. No se construyó ninguna infraestructura para alojar a los recién llegados. Los servicios públicos llegaron lentamente, si es que llegaron; el transporte, además del que lleva al trabajo, es casi inexistente; y la educación no es una posibilidad, incluso aunque los niños logren soportar el cruce de dos horas a través del pueblo.
A las maquiladoras, particularmente vulnerables a los caprichos del mercado global, no les ha ido bien en los últimos años. Según la Asociación de Maquiladoras de Juárez, hay al menos cincuenta maquiladoras más en la ciudad que hace diez años; sin embargo, 68,400 trabajadores han sido despedidos desde noviembre de 2007. Primero, las corporaciones estadounidenses hicieron un simple cálculo: los sueldos en Asia eran tan menores que valía la pena irse y cubrir los costos generados por las distancias que los bienes tendrían que recorrer. Luego llegaron las recesiones de 2001 y 2008, que golpearon aún más la ya de por sí debilitada economía de maquila.
En consecuencia, la proporción de casas vacías es alta, incluso para Juárez.
Un informe de El Colegio de la Frontera Norte publicado en enero reveló que existen 116,000 casas deshabitadas en toda la ciudad, de un total de 416,000 unidades. Según el informe, “la despoblación incrementó en gran medida en los dos años anteriores debido a la violencia y la inseguridad. Muchos migrantes que vinieron del sur de México a trabajar en la industria maquiladora han decidido regresar a sus lugares de origen. Otros han migrado a Estados Unidos”. Además, el informe señala que más de 10,670 negocios han cerrado desde 2008, dejando muchos edificios de fábricas vacíos pero, dadas las actuales condiciones, invendibles a ningún precio.
La llegada y, ahora, la constante retirada de mano de obra de las maquiladoras alimenta una masacre social que, a su vez, trae consigo una masacre física. Alfredo Aguilar, un expandillero que ahora trabaja con un sacerdote local proporcionando refugio a víctimas de ataques sexuales, ha visto las repercusiones de primera mano. “Hay tanta violencia, tantas drogas, entre cinco y diez personas viviendo en una casa pequeña, una sobre la otra, con abuso, violencia contra los niños, sin privacidad, sin poder dormir…”, dice Aguilar. “Cuando la maquila te escupe, la venta de droga se vuelve una forma de quedarte, una forma de vivir. Te quedas y sobrevives lo mejor que puedes, o te vas y tu casa se convierte en un fumadero de crack.”
Este es, pues, el escenario para la guerra del narco en México, al menos tal como ocurre en Juárez. “Narco-migración-maquiladoras, ese es el triángulo”, dice Cardona mientras vamos en su camioneta Toyota color vino. “Estos tres mundos se entremezclan, son inseparables”, explica. “Las familias jóvenes vienen al norte, la mujer consigue trabajo en la maquiladora y el hombre queda económicamente impotente, pero sexualmente potente. Si el hombre no tiene ingresos, puede ganar dinero trabajando para los narcos. Y si tiene una adicción él mismo, lo cual es probable, recurre al crimen y a la venta de droga para mantenerla, así que su adicción se convierte en una actividad económica en el mercado. Si mantienes las cosas separadas”, advierte Cardona, “no entiendes lo que está pasando en esta ciudad”.
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Uno de los secretos oscuros y más temibles de Juárez es la regularidad de los asesinatos en masa en centros de rehabilitación. Cardona y yo visitamos uno de estos centros, el Anexo de Vida, en Barrio Azul, trece horas después de una masacre en la víspera de las fiestas por la independencia de México, el 15 de septiembre de 2009. Charcos de sangre salpicaban el patio. No hacía falta un gran examen forense para darse cuenta de que esto era el trabajo de un escuadrón de la muerte experto y fuertemente armado.
Pero, ¿quién querría asesinar a unos pobres diablos que trataban de vencer sus adicciones en centros de rehabilitación? Existen varias hipótesis. El pastor José Antonio Galván, que dirige un centro llamado Visión en Acción, cree que las agrupaciones del narco –el cártel de Sinaloa y La Línea, vinculados al cártel de Juárez– están identificando a exespías que alguna vez trabajaron para sus rivales. Otra versión es sugerida por un expaciente y ahora asistente de otra clínica de rehabilitación que prefiere permanecer en el anonimato: los cárteles están interesados en eliminar a sus propios miembros, bajo la lógica de que, quienes tratan de limpiarse y hacer una nueva vida, podrían volverse peligrosos, pues ya no estarían vinculados a la organización y sabrían demasiado.
Existe una tercera posibilidad, una herejía sugerida por Cardona y un excolega suyo llamado Ignacio Alvarado Álvarez. El ejército mexicano, sospechan, podría estar usando la crisis para facilitar, o incluso involucrarse en una campaña de lo que llaman “limpia social” del basurero humano: los indeseables, los drogadictos, los vagos y los ladronzuelos o más que ladronzuelos. El ejército prácticamente no disipó esta idea cuando, en una conferencia de prensa el 1° de abril de 2008, Jorge Juárez Loera, el general a cargo del enésimo distrito militar (del que Juárez forma parte), describió cada muerte ocurrida bajo su vigilancia como “un delincuente menos”.
Esta herejía se oyó en público por vez primera en boca de un senador de la República, en septiembre, cuando Ricardo Monreal Ávila, del Partido del Trabajo, pidió al Centro de Investigación y Seguridad Nacional del gobierno proporcionar detalles de lo que él mismo llamó “escuadrones de la muerte” operando “al margen de la ley y con la complicidad, reconocimiento y/o tolerancia del Estado mexicano”. El senador dijo que quería que se investigaran las “pirámides de limpieza social” respaldadas por elementos invisibles del aparato estatal.
Gustavo de la Rosa Hickerson, quizás la figura pública más convincente surgida de la guerra en Juárez, cree que todas las explicaciones anteriores pueden ser ciertas al mismo tiempo, incluida la provocadora teoría de que el ejército es cómplice de la “limpia social”. En abril de 2008, De la Rosa fue nombrado director jurídico de la sede en Chihuahua de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De la Rosa ha mantenido su puesto, pero se ha visto obligado a pasar mucho tiempo del otro lado del río, en El Paso, debido a amenazas. Tras varios cafés, el año pasado en el Hotel Camino Real de El Paso, habló sobre “un conjunto de asesinatos, cerca de 400 o 500 este año, de malandros –delincuentes comunes, adictos, nadies– como los de los centros de rehabilitación, las casas de crack y las casas abandonadas”. No tienen ningún papel en esta guerra, dice, más allá del hecho de que son adictos. Y no son asesinados ritualmente ni mutilados, sino que son asesinados de una forma “característica de los soldados o la policía, en medio de una lluvia de balas regadas por todos lados, mecánicamente, sin importar la cantidad de municiones gastadas, como es característico de los comandos militares o los escuadrones de la muerte”. Este tipo de matanza mecánica, concluye De la Rosa, “sugiere un entrenamiento en el ejército o la policía federal”.
En el ojo de este huracán, y en la última esquina del café, Sandra Rodríguez sorbe una taza de té verde.
Rodríguez, una de las reporteras más experimentadas del principal periódico local, El Diario, habla directamente sobre el peligro en que vive y trabaja, y habla con una bravura que es una lección de humildad por su dignidad y resolución. Pero a Rodríguez no le falta sentido de la ironía. Nacida en el estado de Chihuahua, regresó a Juárez desde la ciudad de México, dice, tras recibir una amenaza en la calle: regresó porque pensaba que la capital era muy peligrosa.
Para hacer su trabajo Rodríguez tiene que conducir por zonas de la ciudad a las que pocos se atreven a ir de noche, escuchar a personas que podrían saber respuestas a preguntas que parecen imposibles de elucidar. Aunque su trabajo se vuelve cada vez más peligroso, permanece atada a la ciudad y a su empleo en ella. Pero reconoce: “Estoy muy, muy preocupada por algunos de los reporteros que tienen familias jóvenes. Hubo una colega mía, una joven con un niño, que iba a hacer un reportaje, y yo dije ‘Déjame hacerlo: yo no tengo hijos’. Pero esta mujer dijo, ‘Yo tengo que hacerlo, como mi deber, porque es mi trabajo’. No estaba buscando fama, porque ya no tenemos firma de autor. Solo sabía que todos debemos seguir con nuestra tarea para mostrar lo que está pasando.”
Pero, ¿qué está pasando? “Sobre todo, hablamos de una cultura de total impunidad”, dice Rodríguez. “Esto empieza desde arriba, con gente como los que arreglaron la construcción de Riberas del Bravo ahí donde está, que crearon un monstruo de ciudad meramente por ganancia personal. La urbanización entera es una empresa criminal. Y va desde los que están en el poder hasta abajo: hasta los niños que crecen en esta ciudad criminal, que nunca van a la escuela, que en cambio se van con los narcos. Hasta abajo, hasta el niño de 16 años sobre el que escribí un reportaje, que mató a su madre, a su padre y a su hermana menor. Cuando le pregunté por qué, dijo: ‘Porque podía.’”
Conforme se intensifica el conflicto, un número creciente de profesionales de los medios se quedan atrapados en el fuego cruzado, o son blancos directos. En enero de 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México publicó una cifra de 56 reporteros muertos durante los nueve años anteriores, ocho desaparecidos y siete oficinas de diarios atacadas, y eso fue antes de una súbita intensificación de la violencia a lo largo de la frontera entre Texas y el estado de Tamaulipas la primavera pasada, cuando ocho reporteros fueron secuestrados y uno torturado hasta la muerte. La Comisión calculaba que 66 reporteros habían muerto desde el 19 de noviembre.
El 6 de noviembre de 2008 fue encontrado un cadáver decapitado colgando de un paso elevado en Juárez, suspendido de las axilas, las manos esposadas atrás de la cintura. La cabeza cercenada del hombre fue encontrada días más tarde en la Plaza del Periodista, al pie de la estatua de un niño voceador –una celebración del viejo orgullo de Juárez como cuna de la prensa libre durante la Revolución mexicana de 1910. El mensaje para los periodistas no podía haber sido más elocuente: una semana después de la ejecución, uno de los principales reporteros del crimen en Juárez, Armando Rodríguez, de El Diario (sin relación alguna con Sandra), fue baleado a muerte mientras calentaba su auto. Su hija de ocho años, a quien llevaba a la escuela, estaba en el asiento del copiloto.
En muchas partes del país, los medios de comunicación han sido silenciados. Al Este, en una zona controlada en gran medida por el cártel del Golfo y su ala paramilitar (y a veces rival), los Zetas, los reporteros han dejado de cubrir el conflicto. En Nuevo Laredo –uno de los cruces fronterizos más activos del mundo, que maneja un 40 por ciento de todo el comercio fronterizo entre México y Estados Unidos– el periódico local, El Mañana, fue atacado con granadas en febrero de 2006, siendo el blanco Jaime Orozco Tey, un periodista experimentado que investigaba el contrabando del narco y las condiciones en las maquiladoras, y que resultó herido. Dos años antes, en marzo de 2004, el editor del periódico, Roberto Javier Mora García, fue apuñalado a muerte fuera de su departamento. Ramón Cantú, editor del periódico, dice sencillamente: “Estamos censurando el periódico porque tenemos que llevar a nuestros hijos a la escuela. Esta gente nada más te mata. No inventan una calumnia, que tengas un amorío o estés tomando dinero de la mafia. Si no les gustas, te matan.”
Pero en Juárez, El Diario ha seguido publicando con detalle los recuentos diarios del baño de sangre. La respuesta de los cárteles –o quienesquiera que sean los asesinos– vino el 16 de septiembre, cuando el fotoperiodista de El Diario Luis Carlos Santiago y un joven que hacía sus prácticas con él fueron atacados por sicarios en su hora de comida. Santiago fue asesinado y el joven resultó herido. Una semana más tarde, El Diario publicó una carta abierta en su primera página dirigida a los “señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez”, y que tituló “¿Qué quieren de nosotros?” La editorial, hay que señalar, se dirigía a los criminales como “las autoridades de facto en esta ciudad”, evitando la palabra “cártel” como para abarcar todas las posibilidades relativas a quiénes podrían ser los asesinos, incluidos políticos, policía, pandillas y ejército. “Queremos que nos expliquen qué es lo que quieren de nosotros, qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar”, escribieron los editores, agregando un escalofriante “para saber a qué atenernos”.
Erróneamente, la carta abierta fue considerada en Estados Unidos como un signo de que El Diario estaba siguiendo el camino de El Mañana. Pero las intenciones del periódico eran más bien las opuestas. “No podemos dejar de informar lo que pasa aquí”, dice Rodríguez. “Es nuestro deber y todos lo sentimos así: tenemos una verdad que contar.”
Con igual importancia, pero sin tener difusión en Estados Unidos, la carta abierta continuaba fustigando a la secretaria de Educación y Cultura de Chihuahua, Guadalupe Chacón Monárrez, quien acusaba a los medios de convertirse en “socios” de la violencia por reportarla, ya que, según ella, “el terrorismo psicológico se logra a través de la comunicación”.
“¿Qué es lo que nos quiere decir con [eso]?”, rebatía el periódico.
“¿Que dejemos de publicar?” Chacón Monárrez, afirmaba el periódico, “ha creado una cortina de humo […] para esconder la incapacidad de autoridades que no han hecho bien su labor”.
Rodríguez misma fue víctima de una terrible calumnia en 2008, después de que comenzara a investigar las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército. Cuando hizo una pregunta sobre las violaciones
en una conferencia de prensa, un general del ejército mexicano la señaló y dijo: “usted me parece sospechosa”.
“Estaban insinuando que trabajo para un grupo criminal”, dice Rodríguez. “Incluso habían estado hablando de eso con el delegado de la fiscalía federal en Juárez, sugiriendo que yo estaba coludida.” Esa afiliación es una sentencia de muerte en los medios mexicanos: varios periodistas han sido asesinados no por defender la verdad sino por ser contactos de un cártel u otro, abatidos por un rival.
Resulta difícil imaginar un periodismo tan valiente y peligroso como el que Rodríguez y sus colegas practican en este garito criminal. Charles Bowden insiste en que, si el Premio Pulitzer es lo que dice ser, el siguiente debería ir con honores al personal de El Diario, cuyas preocupaciones son en gran medida tanto de Estados Unidos como de México, y cuyas oficinas están, después de todo, a unos pasos de Texas. “Si el Pulitzer defiende la publicación de la verdad contra la fuerza de los gobiernos y poniendo en riesgo la vida”, dice Bowden, “entonces este año los potentados del periodismo estadounidense lo tienen fácil: denle todos los premios periodísticos a la gente de El Diario”.
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Atreverse a compilar algún tipo de perfil académico sobre el Frankenstein urbano requiere una mezcla de descaro y valor, pero esto es lo que Hugo Almada Mireles emprendió en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El resultado es un libro notable llamado La realidad social de Ciudad Juárez, publicado en 2007, único intento por dar una explicación sociológica de lo que ha sucedido en esta ciudad.
El estudio forense de Almada sobre Juárez, en la medida en que alguien pueda realizar y producir uno, encuentra una población “cambiante”, conformada cada vez más por jóvenes migrantes. La ciudad, mientras tanto, se caracteriza por un “deterioro de los servicios y la salud”, con algunas zonas que “carecen de todos los órdenes básicos de infraestructura social”, lo que resulta en “inseguridad y delincuencia” y en “un problema muy grave de violencia doméstica y crímenes contra los niños”. Hay “pocos hospitales” y una “infraestructura escolar totalmente inadecuada para el número de niños”. El libro de Almada estudia los efectos del “exceso de trabajo, estrés, problemas de salud y violencia contra los niños, así como la ansiedad generada por vivir con lo mínimo necesario para la supervivencia”. Entre las consecuencias está que “el narcotráfico se convierte en un poder económico importante, tanto como para infiltrarse significativamente y, en última instancia, controlar a las fuerzas policíacas”.
El campus universitario es uno de los pocos territorios en Juárez que aún está dotado de un sentido de la vida normal y, sin embargo, Almada elige como punto de encuentro una sucursal de la cadena de comida rápida Carl’s Jr. en una transitada calle que ha visto su buen número de tiroteos. Mientras conversa, considera la influencia y el impacto de los narcos más allá de Juárez. “Sospecho que el fenómeno del narcotráfico tiene que ver con estructuras mayores que se extienden más allá de México, a Estados Unidos”, dice.
Según la dea y Naciones Unidas, las ganancias de la venta de drogas a nivel mundial ascienden a un mínimo de 350 mil millones de dólares al año, y parte importante del negocio provee a los adictos y usuarios de drogas de Estados Unidos y México. Almada, sin embargo, no está convencido de que las ganancias de este negocio goteen de nuevo hacia el sur, hacia los narcos [para más sobre el papel de la financiación estadounidense en el mercado de la droga mexicano, véase The Wachovia Whistleblower*]. “Creo que se queda en Estados Unidos”, dice. “Y si entra a los bancos y a las inversiones, ¿creeremos realmente que los banqueros y los inversionistas no tienen idea de la procedencia del dinero? Uno quizás debería preguntarse: si este es el caso, ¿cuántas personas poderosas en Estados Unidos no quieren en realidad terminar con el negocio de la droga, sino más bien mantenerlo bajo control y eliminar a los vendedores menores, mientras los grandes continúen poniendo el dinero en bancos e inversiones? No sé la respuesta. Solo me hago las preguntas.”
De vuelta en la esquina del café, Sandra Rodríguez toma otro sorbo de té y dice que no ve el dinero de la droga lavándose en los bancos del otro lado de la frontera; su entorno es la miseria diaria y la violencia que lo crean. “Claro que es un negocio, un gran negocio, y hay fuerzas internacionales involucradas”, dice. “Pero hay una dimensión mexicana también. Otras sociedades tienen un sistema legal, aunque sea nominalmente. Aquí tenemos un sistema de justicia que solo sirve a la gente en el poder, donde quiera que esté: en el gobierno, en la calle, donde sea.”
Rodríguez se apoya en el respaldo de su silla y reflexiona sobre el miedo que se ha apoderado de esta ciudad. “La gente me dice: ‘Ten cuidado, cuídate mucho.’ Y yo respondo, ‘¿Cuidarme de qué? ¿De quién? ¿Ten cuidado de los criminales, de las autoridades, de mis vecinos, de todo el mundo? ¿Ten cuidado cada minuto del día y de la noche?’” ~
Traducción de Marianela Santoveña
© The Nation
notas
* http://www.thenation.com/article/156986/wachovia-whistleblower
