Sobre los compromisos por la democracia

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Estimado Enrique: Leí con interés y atención la iniciativa que Letras Libres ha decidido promover para retomar los "Veinte compromisos por la democracia" que a principios de 1994, en el contexto de la campaña presidencial de aquel año, promovimos un grupo de ciudadanos de muy diversas tendencias políticas e ideológicas.
     Me correspondió redactar el texto que finalmente se puso a consideración de los candidatos presidenciales, por lo que me siento autorizado a dar una opinión sobre los quince compromisos que, se afirma, "todavía aguardan su cumplimiento total o parcial".
     1. La realización de consultas públicas sobre "cualquier iniciativa" para modificar la Constitución General de la República parece una medida democrática, pero tiene varios problemas. Por principio debería excluir algunos puntos cruciales de la Constitución (sistema democrático y republicano; las garantías individuales; las materias de impuestos y seguridad nacional, etc.). Creo que no hace falta abundar sobre lo peligroso que resultaría para el sistema democrático someterlo al riesgo de "consultas" que atenten contra él, o de lo inviable de que asuntos como los
impuestos sean sometidos a consulta.
     2. La obligación del Ejecutivo en esta materia ya quedó establecida en la nueva Ley Orgánica del Congreso, aprobada por unanimidad en ambas Cámaras en 1999.
     3. El artículo 76, fracción II de la Constitución establece la facultad del Senado para ratificar el nombramiento del procurador general. Parece acertado que sea el Senado quien tenga esa facultad, por las atribuciones y competencias del citado funcionario.
     4. La reforma integral del Poder Judicial ya fue realizada. Queda por discutirse la situación de los tribunales laborales y su ubicación en el ámbito del Poder Judicial. Al respecto, hay opiniones atendibles en ambos sentidos.
     5. Este punto está efectivamente pendiente, pero hasta donde tengo información existe un acuerdo básico entre los tres mayores partidos para llevarlo a la Constitución. Las resistencias han estado del lado del Congreso, que considera que una medida así invade su esfera de competencia y vulneraría la división de poderes. Una alternativa sería que, sentada la jurisprudencia de la Corte, el Congreso estuviese obligado a corregir la ley o a derogarla, respetando lo establecido en la propia Constitución respecto al procedimiento para la formación, aprobación, reforma y derogación de las leyes. (Artículo 72, inciso f de la Constitución.)
     6. Ya existe, en la Constitución, la norma que faculta al Senado para ratificar, a propuesta del Ejecutivo, con el voto de las dos terceras partes, a los ministros de la Suprema Corte. Existe un amplio debate, tanto en México como en otras naciones, sobre la conveniencia de la "autogeneración" de la Corte. En lo personal, creo que el sistema de concurrencia de los dos poderes de elección popular en la formación de la SCJN es adecuado y debe continuar. Por otra parte, los nombramientos de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados deben ser definitivos, pero no vitalicios. Varios estados ya han avanzado en este terreno, pero convendría colocar la norma general en la Constitución General.
     7. Ya existe la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. Creo que se requiere reglamentar adecuadamente esa autonomía (al igual que la del poder Legislativo o del IFE), pues no pueden ser absolutas; es decir, no pueden hacer caso omiso de las posibilidades y/o restricciones presupuestarias en cada año.
     8. Con problemas innegables, el criterio propuesto en este punto ya se aplica. Lo que me parece dudoso es que convenga dejar a cada municipio la responsabilidad directa (e irrestricta) de esos programas. Si bien estamos muy lejos, por fortuna, de que "fuera del d.f., todo sea Cuautitlán", la heterogeneidad municipal sigue siendo muy acentuada. En todo caso, recomiendo leer el nuevo texto del artículo 115 constitucional, aprobado por unanimidad en ambas cámaras en 1999, que fortalece a los municipios y los reconoce plenamente como el tercer "orden de gobierno".
     9. La descentralización en favor de estados y municipios avanzó de manera importante, pero enfrenta problemas que van más allá de la voluntad del Ejecutivo o del Congreso. Hacer tabla rasa de situaciones y problemas concretos puede inducir a problemas mayores que los que se pretende resolver, y quien pagará ese error es la gente (casi siempre la más pobre).
     10. Los ayuntamientos tienen el derecho de acudir a la SCJN en controversia constitucional contra el gobierno estatal o federal. Esa medida ya ha dado frutos muy importantes (la declaración de inconstitucionalidad de la llamada "Ley Bartlett" en Puebla).
     11. El asunto está pendiente. Se discutió en 1998, sin resultados.
     12. El asunto está pendiente, pero es importante que todos los candidatos presidenciales ya coinciden, públicamente, en la propuesta.
     13. El asunto está pendiente y sigue siendo pertinente.
     14. El problema no es una ley, sino los propios medios. El debate es duro y complicado. Regulación externa (por ley) o autorregulación mediante códigos de ética.
     15. Insistir en "reglamentar el derecho a la información" es posible, pero poco fructífero. Una alternativa, que produciría un avance democrático en este terreno, sería reglamentar la obligación del Estado de informar de sus actos a la sociedad, acompañada de una ley nacional de archivos públicos, que defina, con un sentido democrático, los documentos oficiales que serán del dominio público sin reserva alguna, y aquéllos que requieren, por su naturaleza, de reserva, en cuyo caso deberá establecerse el tiempo de la misma.
     Como puedes ver, la iniciativa que Letras Libres ha promovido puede conducir a dar batallas ya ganadas, o de dudosa aportación democrática. En lo personal suscribiría la pertinencia de los compromisos 12 y 13.
     Creo que hoy es necesario mirar hacia adelante, valorando lo que hemos avanzado. No tengo duda de que nuevos compromisos por la democracia son necesarios; el primero de ellos, en mi opinión, es el de todos los candidatos y partidos con una elección limpia, legal y transparente el próximo 2 de julio, y con el respeto, sin condiciones, a sus resultados. –

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