Con las recientes decisiones de las supremas cortes de México y Estados Unidos que garantizan el matrimonio igualitario, parece existir un sentimiento de triunfo absoluto, como si el matrimonio representara la culminación de la lucha de la comunidad LGBT. Y se entiende: si el problema ha sido la discriminación de las personas por virtud de las relaciones sexuales y afectivas que establecen, el matrimonio, dado su significado social, es su máxima reivindicación. Con el reconocimiento marital, estas relaciones han pasado de ser perseguidas a ser validadas por el mismo Estado. De poder existir solo en los confines de la privacidad del hogar, ahora pueden disfrutarse y celebrarse en público.
A pesar del optimismo, la batalla en contra de la discriminación no ha terminado. Un cambio normativo no lleva automáticamente a una transformación social. La renuencia a reconocer la legitimidad de estas relaciones persiste y la historia reciente del matrimonio igualitario en México da muestras de que existe todavía una férrea resistencia. Por ejemplo: después de que el Distrito Federal reconoció el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2009, el imss y el issste se rehusaron a incorporar a estas parejas al régimen de seguridad social. Argumentaban que su propia legislación –a diferencia de la capitalina– no reconocía a estos matrimonios. El caso se llevó a litigio para que estas autoridades dejaran de oponerse. Si bien todos los amparos se ganaron, no se pueden minimizar los costos que generó a las parejas tener que defender sus derechos en un juicio. El solo tiempo que tarda un proceso judicial puede ser un asunto de vida o muerte. Este, de hecho, fue el caso de una pareja de mujeres en Monterrey: el imss se rehusó a inscribir a la esposa embarazada de una de sus propias trabajadoras al régimen de seguridad social, incluso a sabiendas que había sido diagnosticada con diabetes gestacional y que el feto tenía ectasia renal. De no ser por la demanda que interpuso la pareja y la presión mediática, no quiero imaginar lo que habría pasado. Lo que queda claro es que la discriminación pone vidas en riesgo.
Dado que en algún momento fue necesario que la Suprema Corte se pronunciara sobre la inscripción de las parejas del mismo sexo al régimen de seguridad social para que el imss y el issste modificaran su política, el temor actual es que el Registro Civil les niegue el matrimonio a este tipo de parejas a pesar de la jurisprudencia de la Corte. De la misma manera en la que el imss y el issste argumentaron que sus leyes no reconocían estos matrimonios, se teme que el Registro Civil sostenga que la jurisprudencia solo vincula a la judicatura. Que se aferre, pues, a una lectura textualista y restrictiva de la ley, cuando su mandato constitucional es interpretarla a la luz de los derechos humanos –interpretación que ya ha sido ratificada una y otra vez por la Suprema Corte–. ¿Será necesario seguir litigando?
En semanas recientes, una pareja denunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores –parte del mismo Ejecutivo federal que el 26 de junio “celebró” la diversidad en redes sociales– porque llevaba más de dos meses sin renovar los pasaportes a dos niños. ¿La razón? Que sus actas de nacimiento habían cambiado: de ser hijos de una sola madre –única posibilidad que existía cuando nacieron hace ocho años–, pasaron formalmente a ser hijos de dos madres hace dos años. Ello a través de un procedimiento civil viejísimo, diseñado para que los padres puedan reconocer a sus hijos después de su registro. Un niño que finalmente tiene padre y no solo madre no enfrenta mayores problemas. ¿Pero qué sucede cuando un hijo tiene a dos madres reconocidas por la ley? Es un caso a investigar.
Valga un último ejemplo para mostrar cómo el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo no ha significado el fin de la discriminación. Desde el 2012, la Ley Federal del Trabajo explícitamente prohíbe la discriminación por género y orientación sexual. Es ilegal que una persona sea maltratada, despedida o que no consiga un trabajo por estas razones. En mayo de 2014, la organización Espolea publicó la primera encuesta sobre homofobia en el trabajo en México. El 20% de las personas encuestadas afirmaron que se les había preguntado por su orientación sexual o su identidad de género antes de ser contratadas, al 14% se le negó un trabajo por esa razón y el 35% dijo ser víctima de algún tipo de discriminación en el trabajo. Según la encuesta, solo 17% de las personas que sufrieron discriminación interpusieron una denuncia ante alguna autoridad y 26% de los encuestados ni siquiera saben cómo funcionan las comisiones de derechos humanos o los consejos para prevenir y eliminar la discriminación. Ante este escenario, no sorprende que 55% hayan afirmado que nadie o pocas personas de su trabajo saben de su orientación sexual o identidad de género. Bien se sabe: que la Constitución reconozca un derecho no significa que se pueda ejercer sin obstáculos.
En los últimos cinco años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha dejado de emitir comunicados alertando sobre los asesinatos de personas en México a causa de su orientación sexual e identidad de género. Hay uno, en particular, que no me deja de estremecer: en junio de 2012, dos días después de la marcha por la diversidad sexual en Guerrero, se encontró en un barranco el cuerpo “con heridas profundas y golpes contusos” de una persona de dieciocho años –identificada por su madre como su hijo y que los medios reportaron “que estaba vestido con ropas de mujer”–. Este asesinato era el octavo en Guerrero en lo que iba del año. En ninguno de los casos se había detenido a los culpables. Un ejemplo de impunidad y falta de transparencia que puede compararse con lo sucedido con las muertas de Juárez y con casos recientes como Ayotzinapa y Tlatlaya.
¿Qué sigue después del matrimonio? ¿En este país? Todo. Empezando por el derecho a vivir. ~
responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud de CIDE. "El área en la que estoy es única."
