Hay mucho que elogiar en Capital e ideología, de Thomas Piketty: desde su extraordinaria riqueza de material empírico hasta la amplitud de su alcance cultural, y desde la extraña alianza entre la precisión estadística y las referencias literarias hasta el nivel de su ambición intelectual y política.
Pero desde el punto de vista de las políticas públicas, la última parte, donde el autor propone una agenda de justicia social, es profundamente cuestionable. Es un capítulo mucho más corto, pero igual de ambicioso que los más analíticos.
El objetivo de Piketty es ofrecer un nuevo paradigma que sustituya el proyecto socialdemócrata, en buena medida obsoleto. Parece una ambición excesiva. Es fundamentalmente acertada. En el contexto actual de indignación social, los catálogos de políticas “sensatas” no convencen a los votantes ni proporcionan a los legisladores una guía para tomar decisiones en tiempo real en un entorno impredecible. Las democracias hoy necesitan direcciones tan ambiciosas como el keynesianismo bienestarista de los años sesenta o el proyecto de gobierno pequeño y mercados libres de los ochenta.
Las agendas supuestamente realistas, además, a menudo fracasan a la hora de enfrentarse a retos urgentes. La desigualdad de riqueza, la desigualdad de renta, la desigualdad en el acceso a bienes esenciales como la educación y la sanidad han alcanzado niveles tan altos que no pueden solucionarse mediante pequeños ajustes en el margen, como se suele defender en los debates políticos.
La audaz agenda de Piketty se basa en tres pilares principales. El primero es el empoderamiento de los empleados a través de una reforma radical de la gobernanza corporativa; el segundo es una masiva redistribución de la riqueza y la renta a través de una reparación del sistema fiscal; el tercero, que solo se aplica a Europa, es moverse hacia un federalismo transnacional. Hay buenas razones para tenerlos en cuenta, pero también son muy problemáticos.
En primer lugar, la gobernanza corporativa. Un tema recurrente en el libro es la crítica al absolutismo de los derechos de propiedad (lo que denomina proprietarisme). Piketty desprecia el comunismo, pero cree que una extensión gradual de la esfera de la propiedad privada (desde la tierra a la manufactura, el capital intangible y los datos) y el aumento paralelo del poder de los accionistas son los principales problemas del capitalismo actual y una causa fundamental que explica el aumento de la desigualdad. Basándose en las experiencias alemana y sueca, aspira a recuperar el equilibrio entre los propietarios de capital y los empleados.
Sus propuestas, sin embargo, van más allá del modelo alemán de codeterminación, en el cual los representantes de los empleados obtienen la mitad de los puestos en el consejo de administración mientras que los accionistas generalmente eligen al comité ejecutivo, lo que en la práctica garantiza a estos últimos controlar las decisiones, pero permite también a los representantes de los trabajadores un buen acceso a la información y tener voz en las decisiones estratégicas generales.
Piketty va más allá en dos frentes: reivindica dar a los empleados la mitad de los puestos en los consejos de grandes empresas y limitar los derechos de voto de los accionistas reteniendo más del 10% del capital de la empresa.
No hay razones para no contemplar reformas de gobernanza corporativa que favorezcan a los trabajadores, especialmente en una economía en la que el capital humano importa cada vez más. Lo que resulta sorprendente de las propuestas de Piketty, sin embargo, es que ve el problema exclusivamente desde un punto de vista distributivo. Si sus reformas pueden conducir a una mayor eficiencia social, fomentar la innovación o reducir la obsesión con el corto plazo de las empresas es algo que está fuera de su enfoque. Piketty ve el capitalismo principalmente como una maquinaria de acumulación de riqueza, no como un impulsor de transformaciones económicas.
El segundo instrumento con el que Piketty pretende contener la concentración de riqueza y propiedad es los impuestos. Sus propuestas al respecto son precisas y radicales. Propone indicadores numéricos, pero su objetivo es inequívoco: transformar la naturaleza de la propiedad para hacerla temporal en vez de permanente. La utopía social de Piketty se parece mucho a un régimen de titularidad de la tierra en el que la propiedad se redistribuye regularmente de los propietarios a los campesinos.
Para ello hace falta movilizar tres tipos de impuestos progresivos: un impuesto al patrimonio, un impuesto de sucesiones y un impuesto sobre la renta. Los dos primeros, que representan más o menos un 5% del pib, financiarían una asignación universal de capital por la cual al cumplir veinticinco años cada ciudadano tendría derecho a un 60% de la riqueza media (o alrededor de 130.000 dólares [117.000 euros] en los países avanzados). El tercero podría suponer alrededor de un 40% del PIB y financiar bienes públicos, seguridad social y una renta básica para los pobres.
Estas cifras quizá no parezcan tan radicales. El gasto público medio en la Unión Europea es de un 45% del PIB, así que en general la carga fiscal podría permanecer casi constante. Sin embargo, los parámetros que sugiere Piketty apuntan a una transformación fundamental del régimen de propiedad. Según la tabla 17.1 del libro, el tipo impositivo anual sobre el patrimonio podría alcanzar un 5% para los individuos con activos netos que tengan un valor diez veces superior al patrimonio medio. Teniendo en cuenta que Piketty impondría impuestos (con razón) a todas las formas de riqueza por igual y que la riqueza media de los hogares en Francia es de 250.000 dólares, el impuesto a un patrimonio de 2,5 millones sería de 125.000 anualmente. En comparación, en Estados Unidos la senadora Elizabeth Warren propone solo un impuesto del 2% para los patrimonios superiores a los 50 millones (en lugar del tipo efectivo del 10% en el caso de Piketty), que aumentaría a un 3% por encima de los 1.000 millones (en vez de más del 60%).
Además, a los mismos activos se les podría aplicar un impuesto de sucesiones de un 60%, y el tipo efectivo sobre la renta podría alcanzar un 60% para las personas que ganen diez veces más que el salario medio. Estos niveles erradicarían la propiedad por encima de un umbral relativamente bajo, excepto en el caso de los emprendedores capaces de obtener unos beneficios estelares de su capital. Las simulaciones de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman (2019) sobre los cuatrocientos individuos estadounidenses más ricos indican que un impuesto al patrimonio del 10% marginal en activos por encima de 1.000 millones de dólares podría haber evitado la deformación en la distribución de la riqueza que hemos observado desde los años ochenta.
La combinación que propone Piketty de un impuesto al patrimonio confiscatorio, un impuesto de sucesiones muy progresivo y un impuesto sobre la renta también muy progresivo va mucho más allá. Lo que implica es el fin de la propiedad del capital tal y como la conocemos.
De nuevo, no hay nada malo en romper tabúes y en proponer reformas fundamentales de la propiedad de capital. Pero con la condición de que se tengan en cuenta las repercusiones. El desdén aparente de Piketty por las repercusiones de sus propuestas es asombroso. No tiene en cuenta las consecuencias en las tasas de ahorro, el comportamiento de los inversores o la innovación. En la cuestión de la gobernanza corporativa, solo le interesa la distribución. Mientras que el uso repetido del concepto “capital” en el título de sus libros es una referencia innegable a Karl Marx, a Piketty no le interesa casi nada el lado de la producción. El capital, para él, no significa más que la riqueza.
El tercer pilar, el federalismo europeo, lo plantea para superar las limitaciones políticas que aparecen como consecuencia de las distorsiones creadas por la competición fiscal en la Unión Europea y la regla de unanimidad en impuestos (y, de manera oblicua, por la estricta infraestructura fiscal de la eurozona). Para resolver la parálisis que hay en el Consejo Europeo (donde cada país está representado por su ministro) por culpa de los poderes de veto, Piketty propone democratizar la Unión Europea y transferir los poderes tributarios a una nueva cámara que combine parlamentarios nacionales y europeos.
El diagnóstico es correcto, pero es poco probable que la solución vea la luz. El problema en Europa no es, como Piketty cree, la composición del parlamento. Surge del hecho mucho más básico de que los países que han coincidido en compartir soberanía económica en muchos aspectos no están dispuestos a otorgarle competencias a la Unión Europea en cuestiones tributarias o de redistribución de la riqueza. Esta ha sido su postura desde el principio y el actual clima político les hace ser aún menos favorables a un cambio.
Aparte del hecho de que una cámara que combine a parlamentarios nacionales y europeos no se comportaría como Piketty desea, ¿por qué tendrían que estar de acuerdo de pronto los Estados en cambiar la distribución de competencias? En Alemania, esto se ha convertido en una cuestión constitucional. En una serie de sentencias, el Tribunal Constitucional Federal ha levantado barreras a la transferencia de nuevos poderes a la Unión Europea. Irónicamente, su argumento es de la misma naturaleza que el de Piketty, pero sus consecuencias son las opuestas: para el tribunal de Karlsruhe, la Unión Europea no es suficientemente democrática como para otorgarle nuevas competencias, porque los ciudadanos del país cuyo peso demográfico es mayor –Alemania– están infrarrepresentados en su sistema institucional.
En las tres cuestiones –gobernanza corporativa, impuestos y gobernanza europea–, las propuestas de Piketty, por lo tanto, plantean muchas preguntas que no es capaz de responder. De hecho, ni siquiera lo intenta.
En ausencia de una discusión sistemática de las implicaciones y posibles objeciones a sus ideas, no pueden considerarse propuestas de políticas públicas serias. Al final, lo que resulta profundamente inquietante en este libro no es el radicalismo de sus planes. Es el contraste entre la meticulosidad de su análisis empírico y su descuido a la hora de plantear políticas públicas.
Traducción del inglés de Ricardo Dudda.
Publicado originalmente en bruegel.org
Jean Pisani-Ferry es un economista francés, senior fellow en el think tank Bruegel y profesor en el Instituto Universitario Europeo. Colabora en Project Syndicate y Le Monde.
es un economista francés, senior fellow en el think tank Bruegel y profesor en el Instituto Universitario Europeo. Colabora en Project Syndicate y Le Monde.
