Los economistas pueden desarrollar complejas ecuaciones econométricas o diseñar políticas públicas de impacto social. Algunos se concentran en predecir tendencias de variables e indicadores para formular nuevas teorías. Otros dedican sus esfuerzos a la dimensión más política para comprender dinámicas sociales y resolver problemas estructurales. La elección depende de los intereses y motivaciones que tenga cada uno. Carmelo Mesa-Lago (La Habana, 1934) es uno de esos economistas enfocados en mejorar las condiciones de vida de la población, para quien es vital salirse de los recintos universitarios y adentrarse en el terreno de las políticas públicas. Es en la aplicación de sus propuestas en donde se consolida su legado.
Mesa-Lago es esencialmente humanista. Sus importantes contribuciones en el campo de la seguridad social y los estudios cubanos evidencian una preocupación genuina por el bienestar y la dignidad del ser humano. Ha impartido conferencias en aproximadamente cuarenta países y publicado más de noventa libros y trescientos artículos. Su prolífica carrera lo ha avalado para servir como consultor de diversos organismos internacionales y presidentes de países latinoamericanos. Ha sido reconocido por sus aportes en el ámbito de políticas públicas con más de 78 premios y distinciones; entre ellos el otorgado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Trabajo Decente en 2007 que compartió con Nelson Mandela. Sus investigaciones no solo han impactado en el debate académico, sino que han venido transformando las políticas de seguridad social en América Latina.
Usted cuenta con una formación peculiar dentro de las ciencias sociales, pasando del derecho a la economía. ¿Cómo sucedió esa transición y qué valor considera usted que ha tenido en su obra?
Recuerdo que desde muy pequeño sabía que iba a estudiar derecho, por influencia de mi padre. Desde que entré en la Universidad de La Habana, tenía predilección por temas sociales. En la universidad había cursos de derecho del trabajo, pero nunca se tocaba el tema de seguridad social. Incluso yo publiqué en la Revista Cubana de Derecho en La Habana un artículo titulado “¿Existe un derecho de la seguridad social?”. Después me di cuenta de que no era solo típico en Cuba, sino que era así en casi toda América Latina.
Tras terminar la licenciatura en La Habana, gané una beca y me fui a estudiar un posgrado en la Universidad de Madrid. Por azar, supe de un curso sobre administración de seguridad social ofrecido por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) que me interesó. Así que combiné el doctorado en derecho con el diplomado de la OISS. Mi tesis de grado fue sobre la unificación de los seguros sociales de pensiones en Cuba, que en ese tiempo tenía 56 cajas de pensiones organizadas por profesiones. No había una coordinación central y era muy costoso. Yo propuse unificarlas todas. En la discusión de la tesis asistieron Carlos Martí Bufill, Eugenio Pérez Botija y Gaspar Bayón, referentes del derecho del trabajo y de la seguridad social en América Latina. Al terminar, mi tesis fue premiada como la mejor realizada por un iberoamericano ese año.
Regresé a Cuba a fines del año 1958 y el 8 de enero me llamó Manuel Fernández, recién nombrado ministro del Trabajo por el gobierno revolucionario, para decirme que conocía mi tesis sobre la unificación de las cajas de seguro y quería que la implementase; el sueño de cualquier graduado. Inmediatamente contacté a Peter Thullen, quien era director del Departamento de Seguridad Social de la OIT, hicimos la ley y creamos el Banco de Seguros Sociales. En el banco fui nombrado miembro de la Junta Directiva y secretario ejecutivo.
Pronto Fidel Castro nos pidió cuarenta millones de dólares para la reforma agraria. Eso era un problema serio pues era el dinero de los trabajadores. A fin de tener garantías, se firmó un contrato con el presidente del Banco Nacional de Cuba, Felipe Pazos, y se resolvió el problema. Poco tiempo después volvió Fidel y pidió sesenta millones de dólares. Yo además había tenido dificultades al proponer un plan de racionalización del personal que era excesivo después de la unificación de todas las cajas. El plan era eliminar parte de los tres mil trabajadores buscándoles empleo en otras entidades a fin de aumentar las bajísimas pensiones, pero yo no tenía experiencia política. Como es lógico, los empleados se fueron en demostración al Palacio Presidencial. Por último, tenía conflictos con el gobierno por diversas razones, así que decidí renunciar.
Salí de Cuba y llegué a Estados Unidos. Siempre digo que el azar ha jugado un papel importante en mi vida. Tenía una oferta de trabajo como profesor de español en la Universidad de Oklahoma, pero al llegar al país me hablaron de un proyecto en la Universidad de Miami bajo el Grupo de Investigaciones Económicas sobre Cuba. Estaban buscando un experto en el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Solicité la plaza y me aceptaron.
En el departamento estábamos afiliados a la Facultad de Economía cuyo decano era una persona excelente, James Vadikan. Él animó a todos los miembros del grupo a que estudiaran la maestría en economía. A mí me interesaba la seguridad social y me daba cuenta de que, con los instrumentos jurídicos que yo tenía, no podía seguir avanzando. La visión jurídica de la seguridad social en aquel entonces era filantrópica, lo cual me parece muy bien como un ideal: tratar de dar el mayor número de derechos a las personas. Sin embargo, me preocupaba mucho cómo financiarlo. Entonces, matriculé la maestría en economía.
Al terminar la maestría, estudié una especialización en economía de la seguridad social en la Universidad de Cornell, también por recomendación de Vadikan. Mi tesis demostraba cómo la teoría que proclama el pleno empleo en la economía socialista no está validada en la práctica. Para la investigación comparé la Unión Soviética, China, Yugoslavia y Cuba, que tenían modelos diferentes en el uso de mano de obra. En ese trabajo demostré, por ejemplo, que en el caso de Cuba se había transformado el desempleo declarado en subempleo o desempleo invisible. Eso Raúl Castro lo reconoció cuarenta años después con las “nóminas infladas”, o sea, mano de obra innecesaria que debía ser despedida.
Así es como pasé del derecho a la economía, aunque esa combinación es extremadamente rara en la profesión. Los que se especializaban en seguridad social solían ser expertos en derecho y administración, también sociólogos y politólogos, pero en mi caso la combinación de derecho y economía fue clave. Yo podía entender la ley, que era muy difícil para los economistas, y a la vez tenía las armas económicas para analizar la sostenibilidad financiera de los sistemas. Esa combinación fue extraordinaria permitiéndome hacer muchas cosas que otros no podían.
¿Cuáles han sido sus principales mentores, o referentes académicos, a lo largo de su carrera?
En la Universidad de Miami, el profesor Warren Samuels me adentró en el estudio de la escuela institucionalista americana de enfoque progresista y preocupada por los trabajadores. Su método era completamente distinto al resto por estar más inclinado hacia la política económica y el estudio de las instituciones. Tuve también la influencia de la escuela de J. M. Keynes, el principal paradigma de la época. Otros referentes fueron el New Deal de Roosevelt y el plan de William Beveridge para la seguridad social universal en Inglaterra. Luego vino Amartya Sen y sus estudios sobre la pobreza. Uno de los temas que la seguridad social aborda es cómo los pobres pueden acceder al sistema, pues normalmente este se restringe a los empleados asalariados en el sector formal. Uno de mis libros –Atención de salud para los pobres en la América Latina y el Caribe– profundizó en el tema de cómo extender la protección de la salud a los pobres. Finalmente, Albert O. Hirschman fue otra gran influencia. Él planteaba que un economista debe hacer su trabajo académico, pero tiene que embarrarse las manos, es decir, educar a la población en temas económicos complejos. Yo desde el principio adopté esa filosofía. Tuve una columna en el periódico El Mundo cuando vivía en Cuba y después desde Estados Unidos por muchos años una sección de opinión en El País. Además, he publicado en numerosos periódicos y revistas en muchos países.
¿Cuáles han sido sus principales interlocutores y espacios de influencia?
En Pittsburgh formé a muchos profesionales en el campo de la seguridad social que trabajan en todo el mundo. He dado clases en la Universidad de Berlín, en Uruguay, México, España y varios centros en los Estados Unidos como Florida International University, Tulane y la Universidad de Miami. En ellas he formado docenas de expertos en materia de seguridad social que son funcionarios de la OIT, ocupan cátedras en universidades o altos puestos en los gobiernos. El autor de la ley de reforma de las pensiones en Chile, la primera bajo el gobierno de Michelle Bachelet, Alberto Arenas de Mesa, estudió conmigo y escribió su tesis precisamente sobre la reforma de las pensiones neoliberales en Chile. El director para el Cono Sur de la OIT, Fabio Bertranou, fue alumno mío. Helmut Schwarzer, exsecretario de Seguridad Social de Brasil, fue mi estudiante en Alemania. Nos llamamos a nosotros mismos the Pitt boys. Pitt por la abreviatura de la Universidad de Pittsburgh y en contraposición con los Chicago boys de la Universidad de Chicago, pues tenemos puntos de vista completamente distintos.
Respecto a la seguridad social, algunos países latinoamericanos han avanzado más que otros. ¿Qué Estados considera usted que poseen sistemas de pensiones más robustos y resilientes ante situaciones de crisis?
Un país fundamental en América Latina es Uruguay. Fue el pionero en el Estado de bienestar social en la región. También Costa Rica, a pesar de ser un país pequeño, tiene un sistema de salud que para mí es ideal, siendo el único latinoamericano en que el seguro social de salud cubre a los trabajadores y también a los pobres. No es casualidad que en estos dos países, con una larga tradición democrática, las decisiones se toman de manera consensuada. En Uruguay los partidos políticos y las asociaciones de jubilados y pensionados han tenido un papel fundamental en el desarrollo del sistema. En Costa Rica existe una larga tradición de consenso; por ejemplo, hubo un momento en que se trató de imponer una reforma de las pensiones y los trabajadores ocuparon la Caja de Seguro Social en San José. A raíz de esto se organizó el Foro de la Seguridad Social, en que yo intervine, y donde se discutió la reforma de las pensiones. Terminaron creando un modelo mixto de seguro social con pensión básica pública, complementada con un sistema de cuentas individuales, similar al uruguayo. No hay nada que sea perfecto. La tendencia para América Latina es hacia un modelo mixto en seguridad social, como el de esos dos países.
Regresando a sus espacios de incidencia, ha logrado dialogar y publicar dentro de Cuba, a pesar de lo que usted llama el costo político de la objetividad. ¿Cómo ha sido ese proceso y qué importancia cree usted que tiene el diálogo para los cubanos?
Cuando entré a la Universidad de Pittsburgh se me ocurrió organizar una conferencia multidisciplinaria sobre Cuba. Ya había establecido yo relación con distintos colegas de varias corrientes políticas y quisimos analizar el primer decenio de la Revolución desde la política, la economía y la sociedad. Con las mejores ponencias edité el libro Revolutionary change in Cuba, que publicó la imprenta de la universidad. Ya antes había comenzado a impartir cursos sobre economía cubana. Así fue que inicié mis trabajos sobre Cuba.
En 1978 me invitaron al diálogo del gobierno de Castro con la comunidad cubana en Estados Unidos. Esto era muy difícil en el plano político y en el personal. Lo primero que hice fue ir a visitar a mi familia en Miami para explicarles mis razones de participar en ese evento. Yo sabía que eso no iba a ser un diálogo, pero me parecía muy importante estar ahí. Se consiguió la liberación de seis mil presos políticos y la reunificación familiar. Esto último tuvo un efecto muy adverso para la Revolución. La idea que imperaba dentro de la isla era que los cubanos en Miami eran una mafia y que estaban pasando hambre. Cuando esos cubanos volvieron, y trataron de ayudar a sus familiares y restablecer lazos afectivos, se cambió la imagen. Pero la mayoría de mis amigos dejaron de hablarme porque era un dialoguero.
Otra persona que tuvo gran influencia sobre mí fue María Cristina Herrera. Ella creó en Miami el Instituto de Estudios Cubanos alrededor de 1964-65. El propósito era que pudiéramos debatir entre cubanos sin importar ideologías, respetando las opiniones de los demás, siempre que se sustentaran en cifras y estudios. Luego nos planteamos la necesidad de tener un diálogo con los intelectuales de Cuba. Habíamos estado discutiendo entre nosotros, la diáspora, pero había que dar el próximo paso. En 1980 tuvimos una reunión en Cuba donde asistimos quince cubanos de afuera, no solo de Estados Unidos sino también de España. Nos reunimos en La Habana y pudimos intercambiar ideas, aunque fueron reuniones muy tensas y difíciles: nosotros quince teníamos posturas diversas mientras que los cubanos presentaron un bloque unido. Pero estábamos preparados, presentamos ponencias bien fundamentadas, y criticamos los puntos sin sustento académico, lo cual los tomó de sorpresa. En esa visita fui al Centro de Estudios de la Economía Cubana, impartí una conferencia y logré establecer una relación respetuosa con ellos.
Cuando en 1980 fui elegido presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de los Estados Unidos (LASA), el primer latinoamericano en ocupar ese puesto desde su fundación en 1964, invité por primera vez a los académicos cubanos de la isla a las reuniones. El intercambio ha sido extremadamente importante porque coincidimos en muchos puntos clave, hemos escrito trabajos juntos, y ellos son críticos –como nosotros– de los problemas económicos que sufre el país. Recientemente firmé junto a otros colegas una carta pidiendo a LASA que se pronunciara sobre los derechos humanos en Cuba, tal como he hecho para otros países con gobiernos autocráticos. Mi mayor preocupación esta vez era que mis colegas cubanos fueran presionados por el gobierno de Cuba y surgieran grietas entre nosotros, lo cual no ha ocurrido. Por cierto, esto tuvo lugar antes de las protestas masivas en cincuenta ciudades en Cuba.
El costo político de ser objetivo es muy alto. Algunos en Miami creen que soy comunista, lo cual es absurdo. Por otro lado, el periódico Granma de Cuba –cuando todavía Trump estaba en la presidencia– afirmó que era el propagandista del gobierno estadounidense sobre las ideas neoliberales en América Latina y un fuerte defensor del embargo de Estados Unidos contra Cuba. Yo escribí varios artículos criticando las políticas de Trump, mi trabajo en seguridad social repudia las políticas neoliberales y desde 1965 he estado contra el embargo; rechacé todas estas acusaciones falsas en un artículo que publicó Letras Libres.
El prejuicio contra los que publicamos trabajos académicos con críticas a los defectos del régimen cubano se manifiesta de múltiples formas. En conversaciones con personas de extrema izquierda, me preguntan siempre de dónde soy, si de la Cuba de Miami o de la isla. Mi respuesta es: ni de una ni de otra, de Pittsburgh. Con eso me someten a una categorización ideológica, sin haber leído ninguno de mis escritos. Lo mismo me ha ocurrido del otro lado. En los años ochenta me invitaron al Banco Interamericano de Desarrollo a dar una charla sobre Cuba. Había varios economistas cubanoamericanos que empezaron a criticarme antes de que yo pudiera hablar. En ambos casos he tenido que pagar por mi intento de sesenta años de mantener una posición fundamentada y objetiva sobre Cuba, y otros temas como la seguridad social donde existe una politización ideológica similar.
No obstante, colegas míos en Cuba me han dicho que he contribuido a un mejor debate sobre la economía cubana. En los años sesenta y setenta todo era extremadamente ideológico, con poquísima base en cifras. Al usar yo el andamiaje estadístico, ellos tuvieron que responderme de la misma manera. Mi debate con José Luis Rodríguez, quien llegó a ser ministro de Economía y Planificación, fue muy importante. Él publicó un libro, Crítica a nuestros críticos,y yo le propuse que mi respuesta fuese publicada en Cuba, mientras que su reacción a la mía la publicaría en Estudios Cubanos en Pittsburgh. Fue la primera vez que un debate salía en ambos países sentando un buen antecedente para el intercambio de ideas. Un diálogo con base documentada y respeto mutuo es esencial y es lo que se necesita urgentemente en Cuba. El gobierno debería dialogar con los opositores sin tratarlos de traidores a la nación y, por otra parte, se debe aceptar al gobierno como un interlocutor válido. Puede ser una utopía, pero ya ha ocurrido en otros países como Sudáfrica. Así que sigo con esa esperanza.
A lo largo de su carrera, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción?
Mi primera satisfacción es mi familia. Elena y yo tenemos tres hijas y dos nietos. Ella ha sido un apoyo extraordinario para mí. Siempre digo, cuando me dan un premio o un reconocimiento, esto se lo debo a Elena. Sin ella yo no podría ser lo que soy. Mis tres hijas se han graduado: una estudió filosofía y después derecho, la otra literatura y es profesora en poesía, y la mayor es una artista creadora y profesora en artes. La segunda satisfacción son mis alumnos. No te puedes imaginar lo que significa para mí cuando uno de ellos tiene éxito; si es un ministro, o lo nombran director de una institución importante, o lo hacen profesor titular. El éxito de mis estudiantes yo lo considero como un éxito mío. Es una satisfacción enorme para mí constatar que todos estos años de trabajo no terminan, siguen a través de mis alumnos; y espero que ellos a su vez formen a otros. Finalmente, mi tercera satisfacción es que mi obra ha calado en Cuba. Cuando he estado en la isla muchos se han acercado para decirme que conocen mi trabajo, que se ha difundido dentro de Cuba a través de múltiples publicaciones y blogs. Entonces, poco a poco me he dado cuenta de que, contrario a lo que yo pensaba, no estaba arando en el mar. ~
es doctora en ciencias
económicas por la Universidad de Macerata
(Italia) y profesora de economía política en
el Colegio Interamericano de Defensa (Washington D. C.).
