En el futuro, cuando los historiadores aborden el caso de Mรฉxico en el siglo XXI, probablemente ubicarรกn al gobierno de Andrรฉs Manuel Lรณpez Obrador como parte del mismo periodo de violencia desbordada del que tanto pretendรญa diferenciarse frente a sus antecesores. Serรก asรญ no solo porque las cifras de homicidios dolosos lo indican โsu gobierno ha sido el de la estabilizaciรณn de este crimen en los niveles mรกs altos de las รบltimas seis dรฉcadasโ sino, sobre todo, porque se ha profundizado la causa que subyace a este fenรณmeno: la crisis de hegemonรญa del Estado mexicano en su territorio; es decir, la incapacidad estatal para ejercer control y legitimidad frente a otras formas de violencia organizada.
Los Estados no nacen en las constituciones ni en los idรญlicos pactos sociales. En esencia, los Estados se forman en las guerras, como argumentaba Charles Tilly, y brotan de quienes logran organizar y centralizar la violencia para extraer rentas (impuestos) y ofrecer redes de protecciรณn (seguridad). Hacer la guerra y financiarla conlleva a la construcciรณn de aparatos burocrรกticos y, eventualmente, el poder estatal se expande a la periferia por medio de esas burocracias. El Estado no es otra cosa que el monopolio de los medios coercitivos y de las redes de protecciรณn.
Mรฉxico, sin embargo, ha sido un Estado histรณricamente incapaz de monopolizar la violencia, de financiarse adecuadamente para construir burocracias eficaces, y menos de ofrecer protecciรณn a sus ciudadanos. Se podrรก argumentar que en la รฉpoca de la hegemonรญa priista se avanzรณ en ese sentido. En parte es cierto, los mecanismos de coerciรณn se monopolizaron y el paรญs viviรณ un proceso sostenido de pacificaciรณn (de 1931 al aรฑo 2000, los homicidios se redujeron en casi 80%). No obstante, esa paz nunca se sustentรณ en una institucionalidad plena: en las urbes, el control dependรญa de esquemas de corrupciรณn por parte de las corporaciones policiacas y en la periferia, de actores y grupos paraestatales que se beneficiaban de redes de protecciรณn informales. Ese modelo era inestable pues dependรญan de arreglos con el poder en turno y se generaban brotes de violencia cuando cambiaban los equilibrios polรญticos.
Asรญ llegรณ Mรฉxico al siglo XXI: con la herencia de un rรฉgimen que no consolidรณ instituciones eficaces para proveer seguridad pรบblica en un contexto de legalidad y, mรกs grave aรบn, entrรณ a la democracia enfrentando un fenรณmeno preestatal en zonas que quedaron abandonadas tras el rompimiento de la hegemonรญa priista: organizaciones armadas que controlan porciones de territorios y ejercen legitimidades alternas a las del Estado.
Ante ello, la pulsiรณn de gobiernos como el de Felipe Calderรณn fue expandir el poder estatal por su medio natural: el de la guerra. El grave error de esta simplificaciรณn fue no entender que al hacer la guerra en tu territorio generas consecuencias funestas para tu propia poblaciรณn que hacen insostenible el esfuerzo. Por otro lado, las Fuerzas Armadas mexicanas no estaban listas para enfrentar un conflicto armado no convencional y el poco sentido estratรฉgico de las operaciones terminรณ atomizando a las organizaciones criminales, incentivando aรบn mรกs a que ejercieran la violencia entre ellas y de ellas contra el Estado.
No obstante, pese a los yerros y carencias de ese gobierno y el de Enrique Peรฑa Nieto, hubo destellos de claridad sobre el problema de fondo y por lo tanto la salida de largo plazo: el de la construcciรณn de instituciones que consolidaran el poder estatal en todo el paรญs. Calderรณn apostรณ a la Policรญa Federal como un modelo subsidiario para apoyar a los estados y, aunque tardรญamente, impulsรณ la reforma al sistema de justicia penal mรกs ambiciosa de las รบltimas dรฉcadas. Enrique Peรฑa Nieto, por su parte, dio continuidad a esa reforma e intentรณ (fallidamente) dos cambios institucionales de fondo: la Ley de Seguridad Interior (por mucho, mejor que la militarizaciรณn permanente que hoy enfrentamos) y la creaciรณn del Mando รnico Policial.
En cambio, el terrible legado del gobierno de AMLO no serรก solo el de su burdo planteamiento estratรฉgico de los โabrazos, no balazosโ, ni su aparente aceptaciรณn de una paz pactada y la claudicaciรณn a combatir de manera frontal al crimen organizado (bajo mitos como el de Sinaloa, cuya โpazโ palidece con tasas de asesinatos tres veces superiores a la mundial). Su mรกs infausta aportaciรณn serรก la destrucciรณn institucional que ha emprendido.
En primer lugar, la desapariciรณn de la Policรญa Federal, que no ha sido dimensionada en su justa magnitud, implicรณ tirar por la borda aรฑos de conocimiento, experiencia y cultura organizacional acumulada. Por su parte, la apuesta de la Guardia Nacional tiene errores de diseรฑo que ponen en duda su pertinencia. El carรกcter permanente de su despliegue โes decir, que cuenta con un nรบmero de bases establecidas a lo largo y ancho del paรญs en lugar del modelo itinerante de la Policรญa Federalโ es absurdo para el territorio que tiene que cubrir. La intuiciรณn del presidente es que una mayor presencia de policรญas (o militares disfrazados de policรญas) patrullando calles y carreteras serรก suficiente para disuadir la comisiรณn de delitos. Bรกsicamente ha buscado replicar el modelo de la Ciudad de Mรฉxico, mostrando un enorme desconocimiento del territorio nacional que sorprende de alguien que se jacta de conocer todos los municipios del paรญs.
De la creaciรณn de la Guardia Nacional se desprende otro de los grandes retrocesos: el de la dependencia inusitada sobre las Fuerzas Armadas. Estรก de mรกs describir el excesivo rol que las instituciones castrenses tienen hoy en la vida pรบblica, pero basta destacar que su labor en seguridad pรบblica terminarรก siendo total y permanente (contrario a estรกndares internacionales) si se termina por adscribir la Guardia Nacional al ejรฉrcito. Es cierto que las Fuerzas Armadas son necesarias en algunos lugares del paรญs, particularmente donde existen autรฉnticos conflictos armados como en Michoacรกn o Zacatecas, o donde tienen mayor experiencia operativa. Pero depender de ellas de manera permanente desincentiva la creaciรณn de corporaciones civiles eficaces, implica riesgos para los derechos humanos e incluso las condena a no modernizarse en su labor central que es la defensa nacional.
Esa dependencia a las Fuerzas Armadas, ademรกs de conllevar obvios riesgos de regresiรณn autoritaria, muestra una pulsiรณn centralista que es evidente en diversas รกreas de este gobierno, pero que es particularmente tangible en seguridad. Como nunca antes, se ha abandonado a las corporaciones estatales y municipales de seguridad. Esta administraciรณn desapareciรณ los subsidios y fondos de los que muchas policรญas dependรญan. Con lo anterior, se dio muerte al esfuerzo nacional para la tan urgente reforma policial. Dado el sistema fiscal que impera en Mรฉxico, solo algunos estados, los mรกs ricos, tendrรกn las capacidades de impulsar sus propias transformaciones, como Nuevo Leรณn y Guanajuato, mientras otros como Guerrero o Chiapas quedarรกn en el abandono profundizando su problema histรณrico de ausencia estatal.
El abandono financiero de las fuerzas policiales es a su vez un subproducto de la pauperizaciรณn de lo pรบblico producida por la obstinada y anacrรณnica austeridad fiscal impulsada por Lรณpez Obrador y solapada por su equipo de gobierno. El problema de la violencia no se resolverรก con esfuerzos insipientes de โprevenciรณn socialโ que apenas y se reflejan en colonias pintadas de colores o canchas de futbol. En las zonas donde grupos armados tienen gran influencia, se requiere inversiรณn pรบblica de alto impacto: infraestructura, servicios pรบblicos y polรญticas de atracciรณn de inversiones que las integren con el resto del paรญs. Se tiene la seguridad que se paga y este gobierno dejรณ pasar la oportunidad de realizar una reforma fiscal que nos permitiera contar con los recursos necesarios para abordar el problema de forma integral.
Nos encontramos, en suma, en un momento crรญtico de debilitamiento y retroceso institucional. Las consecuencias de este periodo destructivo probablemente las veremos en los aรฑos por venir. De este gobierno, difรญcilmente habrรก mucho que esperar mรกs que autocomplacencias que miran al pasado o que regatean logros en los puntos decimales de las cifras delictivas. Lo cierto es que quienes decรญan que atacarรญan las causas de raรญz de la violencia, no han hecho sino agravar la mรกs profunda de ellas: la de la debilidad estructural del Estado mexicano. ~
Politรณlogo por la UNAM. MPA en Seguridad y Resoluciรณn de Conflictos por la Universidad de Columbia.
