En fechas recientes se han manifestado los efectos de la austeridad republicana en los centros públicos de investigación. Tanto en artículos periodísticos como en columnas de opinión se habla de la destrucción del CIDE, el CIESAS, el Instituto Mora y el Instituto de Ecología, entre otros. En algunos casos, es cierto, no se puede hablar de un verdadero colapso, pero de la información que circula sí se puede inferir que la operación actual de estos centros es muy complicada.
Al respecto, hablaré de mi experiencia en el CIDE. Su situación no inició en este sexenio: desde que llegué, nuestro salario real (el que mide nuestra capacidad de compra) ha disminuido considerablemente. Para ponerlo en perspectiva, entré al CIDE en 2010 y mi esposo, un año antes, al Colmex. Entonces yo ganaba cerca del 5% más que él; para 2018, él ganaba aproximadamente 30% más que yo. Con el ánimo de atender esta caída en las remuneraciones, el CIDE ideó varios estímulos para los profesores, ligados a su productividad docente y de investigación, que provenían tanto de fideicomisos creados con recursos propios como de recursos fiscales. En este escenario llega la Cuarta Transformación con la ley de remuneraciones y el memorándum del 3 de mayo: sus medidas agregaron mucha incertidumbre a la ya existente precariedad salarial y nuestras remuneraciones se hicieron todavía menos competitivas. Por ello, varios profesores hemos optado por buscar otras oportunidades laborales tanto en instituciones privadas como en el extranjero.
Atraer talento cuesta, y cuesta mucho. Cuando uno decide qué oferta laboral aceptará dentro de la academia, se fija en la calidad del departamento, en las remuneraciones laborales y en la proyección de la universidad o institución. El CIDE logró contratar talento nacional y extranjero, lo que colocó a sus divisiones como un referente en América Latina y el mundo. La salida de colegas, relacionada con las bajas remuneraciones, afecta negativamente esos tres factores de atracción de talento. Más allá de eso, mina la calidad de nuestros programas académicos.
Además de estas medidas de austeridad, he visto, no sin cierta consternación, un constante desprecio por la labor de los investigadores y científicos en México. Ese tufillo de desprecio se percibe desde las conferencias mañaneras, se contagia entre políticos, inunda las redes sociales, se pega a nosotros y daña nuestra reputación. Nos han llamado “turistas académicos” por tener un empleo que nos llama a viajar al extranjero para presentar nuestro trabajo de investigación y fortalecerlo. Nos han tachado de ser “parásitos del erario” por recibir becas y estímulos a la productividad. Nos han tildado de flojos por nuestra aparente flexibilidad laboral, que en mi caso me hace tener tres turnos (mañana en el CIDE, tarde con mis hijas y noches de trabajo en mi casa). Nos llaman privilegiados como si todo lo anterior fuese un regalo completamente desligado de nuestro trabajo y esfuerzo.
Lo que no alcanzan a ver es que nuestro privilegio es el privilegio de todos. Nuestra investigación añade al conocimiento de cómo funciona nuestra economía, nuestra administración pública, nuestros programas sociales, aparato de justicia y sistema democrático, entre muchas otras instituciones. En cierta medida, actuamos como el termómetro de lo que ocurre en el país. Encendemos focos rojos cuando algo no va bien, hacemos los diagnósticos y muchas veces damos recomendaciones. Minar nuestro trabajo es minar estas señales de alerta. Nunca antes había sentido que las voces de la academia fueran tan necesarias como cuando se argumenta con datos alternativos, datos que nadie conoce.
Otro aspecto importante del CIDE es la movilidad social. Desde que llegué, he atestiguado cómo estudiantes de todos los estratos socioeconómicos egresan de nuestras licenciaturas y programas de posgrado. Entre sus alumnos, he tenido la alegría de ver a los primeros licenciados de una familia; al primer joven con posgrado, cuyos padres no terminaron la primaria, a estudiantes que obtienen, a través de los recursos del CIDE, su primera computadora o salen al extranjero por primera vez gracias a nuestros intercambios. El CIDE abre oportunidades para sus estudiantes. Este es uno de los mayores placeres que he recibido: tener la certeza de que le estamos cambiando la vida a alguien.
¿Qué hacer en este escenario? ¿Cómo defender a las instituciones que promueven la movilidad de ese puñado de jóvenes? Primero, me parece que tenemos la responsabilidad de diseminar el conocimiento que creamos. Como académicos necesitamos que la población vea los resultados de lo invertido en nuestro sector; en particular, necesitamos hacer llegar el mensaje de que somos una inversión y no un gasto. Debe saberse que mucha de nuestra investigación se puede aplicar para resolver problemas nacionales, para ello es necesario entrar a la conversación con quienes resuelven estos problemas. Otras investigaciones académicas encuentran soluciones a problemas humanos: productos biodegradables, generadores eléctricos con fuentes alternativas de energía, formas más precisas y rápidas de diagnosticar enfermedades, creación de materiales nuevos con diversas aplicaciones. Estos descubrimientos necesitan recursos públicos porque su inversión supone un gran riesgo: no todo proyecto obtiene resultados. En cuanto a esto, debe saberse que no todo el conocimiento es patentable, y que a veces las patentes no son socialmente deseables –piénsese en una vacuna para prevenir el cáncer–. (Ciertos inventos, en algunas ocasiones, pueden ser comercializados por la iniciativa privada; en esos casos, habrá que iniciar una conversación con las empresas.) De cualquier modo, los recursos del Estado en la investigación y su desarrollo son fundamentales. Por ese motivo, debemos difundir los productos de nuestra investigación, explicar a la población nuestros descubrimientos y su potencial. Una parte de esto pasa por conversar con los medios de comunicación e incluso por capacitar a periodistas en temas científicos.
En segundo lugar, debemos atender las exigencias de nuestro tiempo. Es cierto que hay quienes se aprovechan del sistema, los hay en todos lados. Pero dejar de promover el desarrollo científico del país y la continuidad de instituciones de élite es como talar el bosque para deshacerse de una plaga en plena crisis del cambio climático. Para deshacerse de quienes toman ventaja, los centros de investigación y las universidades deben promover una mayor transparencia en el destino de los recursos que les han encomendado y en la contratación del personal de sus facultades. En lo que respecta a los viajes académicos, todas las instituciones deben tener procedimientos para autorizarlos: que se aprueben en vistas a una ponencia, que las estancias académicas dependan de un proyecto definido o de la debida recolección de datos y material para la investigación.
Por último, en nuestra labor docente, debemos ser una fuerza de movilidad social. Para conseguirlo necesitamos más presupuesto, no menos. Necesitamos becar a más estudiantes, nivelarlos para contrarrestar las deficiencias que les deja su formación previa, darles la oportunidad de desarrollarse a la par de sus compañeros. Sin embargo, la educación superior no puede resolver las deficiencias de todo el sistema educativo; es demasiado pedir, empezando porque nos llega menos del 20% de la población que tiene entre dieciocho y veinticuatro años, cuando la movilidad social se gesta desde el vientre.
Estas son mi defensa y mis propuestas. Defender a los centros públicos de investigación es defender a las voces críticas que buscan la verdad. Defender la labor de científicos e investigadores es abogar por el progreso del país. Hay muchos aspectos por mejorar en la academia mexicana, pero ninguno se arreglará al desprestigiarnos y ahorcarnos con presupuestos magros. Se logrará con la comunicación y la transparencia de nuestras labores, y solo con el Estado como nuestro primer aliado. ~
Doctora en Economía por la Universidad de California, Berkeley. Académica de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana.
