El pasado nunca acaba de pasar. El de nuestro periodo republicano, con un síndrome tan brutal como lo fueron la guerra, la represión y la dictadura franquista posteriores, mucho menos. La sucesión de acontecimientos de aquella agitada época (1931-1936) ha sido objeto de múltiples y variados análisis históricos. Uno de ellos ha sido recientemente publicado por José Luis del Hierro: ¿Salvar la República? (Tirant Humanidades), donde con exhaustiva precisión se comparan dos de aquellos acontecimientos, de sentido antagónico: el intento de golpe de agosto de 1932 (“La Sanjurjada”) y la revolución de octubre de 1934.
De la lectura de esta curiosa comparación y de los contextos políticos que los motivaron me han surgido algunas reflexiones aplicables a nuestro periodo democrático y a nuestra situación política actual.
¿Pacto del olvido?
La transición democrática y la reconciliación nacional a la muerte de Franco han sido calificadas por la historiografía de la época como fruto de “un pacto del olvido”. Voces interesadas en desprestigiar aquellos acuerdos y aquella transición han utilizado este término para señalar una supuesta desmemoria impuesta por los partidos que protagonizaron el paso de nuestra política a la democracia.
No creo que nuestra transición a la democracia se basara en un pacto del olvido, sino en un pacto del perdón. Del perdón mutuo. La materialización de ese perdón fue la Ley de Amnistía de 1977. Es verdad que la izquierda política perdonó al franquismo, pero ese perdón fue consciente, no impuesto. No fue un perdón temeroso, obligado o pragmático. Era, desde luego, una condición sine qua non de la conquista democrática, pero era también nuestra propia convicción para construir un país para todos, en el que la convivencia no estuviera marcada o condicionada por las heridas del pasado. Quisimos, voluntaria y generosamente, superar las dos Españas para hacer una sola.
No fue una imposición de los viejos poderes, sino una convicción de los jóvenes demócratas que queríamos construir un marco de convivencia para todos. Por eso la Constitución nunca fue un texto de unos sobre otros, sino la suma de renuncias de unos y otros para hacer posible la alternancia de todos en un régimen de libertades y democracia.
Había en los demócratas de entonces una voluntad de aceptación y respeto a los herederos del viejo régimen. Había una necesidad de conocer, reconocer y respetar al otro, para que nuestro pluralismo democrático fuera real y eficaz. Gregorio Peces Barba lo decía recordando los versos de Machado: “El ojo que ves no es / ojo porque tú lo veas; / es ojo porque te ve.” Junto a nosotros está el otro. Construimos sociedad reconociéndonos, respetándonos y conviviendo en nuestra legítima pluralidad.
A quienes interpretan la amnistía del 77 como una cesión a los poderes fácticos o como una traición a la memoria de la represión franquista les recuerdo que no fue una señal de debilidad ni de pragmatismo, sino la fortaleza de una convicción: la democracia exigía la aceptación de todos. Hoy, 45 años más tarde, sabemos que no habríamos construido la España que tenemos si no hubiéramos basado nuestro marco democrático en la aceptación plena del pluralismo social y político del país, construido sobre ese perdón mutuo imprescindible.
Es verdad que muchos confundieron perdón con olvido. Pero solo en parte, porque los gobiernos de Suárez y González recordaron y compensaron a los perdedores de la guerra y a los represaliados por Franco. Permítanme que lo recuerde: se indemnizó a los fallecidos en la guerra del bando republicano. Se indemnizó a los mutilados en la guerra del bando republicano. Se indemnizó a los que sufrieron prisión en las cárceles franquistas. Se devolvió la condición y el grado a los militares republicanos. Se devolvió la condición y el grado a los maestros represaliados. Son solo algunas de las más importantes medidas adoptadas por los gobiernos democráticos para hacer justicia al universo republicano de la España de los ochenta.
No, la democracia no impuso el olvido. Fue la prudencia del pueblo, conocedor del momento histórico que estábamos viviendo, la que condujo a la intimidad de los hogares la memoria de la tragedia vivida. Se produjo así aquella sabia definición del pasado que nos hacía el filósofo francés Paul Ricoeur: “un delicado equilibrio entre los excesos del olvido y los abusos de la memoria”.
Nadie olvidó. Entre otras cosas porque el olvido no se establece por decreto. Por eso, veinte años después de aquellas medidas, nuestros hijos, los nietos de la guerra y de la represión, reclamaron actualizar y culminar aquella tarea restaurativa. La Ley de Memoria Histórica nació así porque quedaban materias pendientes de aquellos recuerdos. Por ejemplo, las fosas o los símbolos franquistas o los fusilados por sentencias ilegítimas y sin arreglo a derecho, de los tribunales militares a quienes solo pudimos hacer un reconocimiento de esa ilegitimidad.
La desgracia es que esa tarea no fuera hecha por el mismo consenso entre PSOE y PP como lo fueron las medidas acordadas por Suárez y González en los primeros años de la democracia. La desgracia ha sido perder aquel espíritu que nos permitió recordar sin culpabilizar, que instauró una memoria reconciliada sin afán vengativo, sin abrir esa inmensa caja de Pandora sobre culpabilidades penales, aunque todos sabíamos y sabemos que las hubo. Sabemos que no podemos tener una memoria compartida porque nuestro trágico pasado nos enfrentó y nos dividió, pero esos o parecidos síndromes históricos los tienen casi todos los pueblos y son capaces de convivir aunque no tengan un relato compartido de su pasado. Me pregunto, todavía hoy, si es posible recordar sin culpar, ni perseguir a nadie por nuestros recuerdos. ¿Por qué fue posible una memoria reconciliada entonces y no lo es ahora?
Dejo a los historiadores que analicen por qué y quiénes fueron o fuimos los responsables. Yo puedo decir que cuando me tocó desarrollar la ley en relación con el Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros, lo hice creando una comisión plural y pactada con PP, nacionalistas, Izquierda Unida y PSOE. La presidieron Virgilio Zapatero y González Trevijano y de aquel informe se dedujeron los acontecimientos producidos en esa basílica, algunos años después.
Reformismo versus radicalidad
Una segunda reflexión surgida también al releer la intensidad de los cambios políticos que propició la República desde su instauración en abril de 1931 fue la comparación entre radicalidad y reformismo, al tomar como espacio comparativo aquellos dos primeros años republicanos con el inicio de los gobiernos socialistas en 1982.
El contexto histórico de 1931 explica por sí mismo las urgencias de aquel primer gobierno republicano para combatir viejos y seculares problemas estructurales de aquella España: reformas laborales, reforma agraria, reformas económicas, reformas militares… Pero donde las prisas se convierten en radicalidad es en la cuestión religiosa. A pesar de que Fernando de los Ríos era un socialista liberal y un cristiano erasmista, el volumen y la dureza de las reformas religiosas alarma incluso hoy.
Algunas eran de sentido común –la secularización de los cementerios, la Ley del Divorcio, la Ley del Matrimonio Civil–, pero hay dos que provocaron alta conflictividad política: la disolución de la Compañía de Jesús y la reversión de todos sus bienes al Estado y sobre todo la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas por la que se prohibía a la Iglesia católica la enseñanza, lo que implicaba el cierre de todos los establecimientos docentes de órdenes religiosas (hablamos de más de cinco mil centros de enseñanza que abarcaban más de un tercio de la red escolar española de la época).
Si uno compara esta y otras medidas de aquel gobierno de la República con el gradualismo y la mesura del primer gobierno de Felipe González, aprecia las virtudes de estabilidad y potencia transformadora que tuvieron los casi catorce años de gobiernos socialistas de la época, frente a los resultados electorales de diciembre del 1933, con un triunfo arrollador de las derechas. Basta comparar la prohibición de la enseñanza a las congregaciones religiosas con la estrategia de concertación con las escuelas religiosas del ministro Maravall.
Soy muy consciente de que esta comparación es un poco grosera porque no se hacen referencias a los contextos sociopolíticos tan diferentes en la España de 1931 y la España de 1982. Pero es interesante extraer consecuencias políticas de la ecuación radicalidad-reformismo para concluir que este último es el que verdaderamente conquista aspiraciones sociales muy sentidas, como lo fueron la construcción de los dos grandes pilares de nuestro Estado del bienestar: la educación y la sanidad universales y gratuitas a lo largo de los años 1982 a 1996.
En este punto considero obligado hacer una referencia a un hombre demasiado humilde pero lleno de sabiduría que presidía el PSOE de aquellos años. Ramón Rubial, veinte años en las cárceles de Franco y, salvando las distancias, nuestro Nelson Mandela, tenía dos obsesiones como enseñanzas de su experiencia republicana: la primera era su enemistad manifiesta con los comunistas; la segunda era la paz social. En la primera comisión ejecutiva del PSOE, celebrada después de la victoria del 28 de octubre en 1982, tomó la palabra ceremoniosamente y entre sus recomendaciones dijo: “Felipe, controla el orden público, que el país no se desmadre.”
Seguramente estas recomendaciones no eran necesarias en el caso de Felipe González, pero viene bien recordarlas como contraposición a lo que muchos calificaron de agresiva radicalidad de aquellos primeros años de la Segunda República. En concreto, la que se desató en el ámbito de la enseñanza, que más tarde Ortega y Gasset denunció en uno de sus conocidos discursos críticos con la acción gubernamental de la República.
Nacionalismo catalán y crisis política en España
La tercera reflexión que me sugiere este libro de José Luis del Hierro es de plena actualidad. El titular podría ser este: El nacionalismo catalán se radicaliza y expresa su proyecto más abiertamente estatalista o independentista en las crisis políticas de España. Dejo también para los historiadores la confirmación de esta tesis, pero me parece sugerente recordar estas fechas de nuestra historia:
-En 1917, durante la primera huelga general revolucionaria en España, la Liga denuncia la falta de representatividad del régimen de la Restauración y exige la reforma de la Constitución de 1876 para incluir en ella las identidades nacionales. Cambó convoca una asamblea extraoficial de diputados y senadores que el gobierno civil disuelve deteniendo a todos los participantes.
-El 14 de abril de 1931, Francesc Macià, líder de Esquerra, proclama de forma unilateral la república independiente de Cataluña (hablamos del primer día de la República española). El gobierno provisional republicano envía a tres ministros para negociar la solución política, que fue el reconocimiento de la Generalitat y la tramitación urgente del Estatuto de Autonomía, que ya estaba acordado en el Pacto de San Sebastián.
-El 5 de octubre de 1934, tras conocerse la entrada de la CEDA en el gobierno de Lerroux, las organizaciones socialistas convocan una huelga general que debería convertirse en insurrección revolucionaria. Como bien sabemos, ese intento se materializó solo en Asturias durante quince días y fracasó. Pero conviene recordar que al día siguiente, el 6 de octubre, las autoridades de la Generalitat de Cataluña proclaman “El Estat catalán en la República Federal española”, en un gesto de abierto enfrentamiento al orden constitucional. Companys se rindió al general Batet después de que el gobierno de la República declarase el estado de guerra.
-En septiembre de 1936, dos meses después de comenzada la Guerra Civil, la tensión entre la Generalitat y el gobierno del Frente Popular estalló por la aprobación unilateral de un Estatuto de Autonomía de Cataluña con medidas y reformas que iban más allá de lo que el gobierno estaba dispuesto a aceptar y de lo que contemplaba el anterior Estatuto de Autonomía aprobado en el año 32.
-A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Autonomía, el descontento nacionalista alcanza su máximo clímax con el procés, iniciado en medio de la crisis social española de 2009-2014, con grandes descontentos por la dureza de las medidas anticrisis, una protesta social enorme, tanto en Barcelona como en Madrid, y la aparición de nuevos partidos políticos en plena decadencia del bipartidismo.
-Por último, podríamos remitirnos a estos días, cuando la inestabilidad española y una investidura compleja ponen al nacionalismo catalán ante su mejor oportunidad política.
Me pregunto si todas estas fechas son pura coincidencia.
La amnistía de 1936 y la de ahora
Dejo para otros espacios y para otros expertos los aspectos jurídicos y políticos de la amnistía en 2023. No desprecio los argumentos en favor de la distensión social como base del diálogo político futuro en Cataluña. Pero hay un factor que llama mi atención en comparación con otros procesos similares. En concreto, me refiero a la legitimación democrática para adoptar esta decisión que surge de una voluntad expresa del pueblo español. Así ocurrió, por ejemplo, en 1977, cuando la amnistía era una reivindicación previa para construir la nueva democracia española y también en aquella otra ocasión en que se adoptó con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936.
Efectivamente, en las elecciones de 1936 la amnistía sobre la revolución de Asturias y la rebelión de la Generalitat estuvo muy presente. Es verdad que eran hechos muy recientes: octubre de 1934 y febrero de 1936, pero en el programa electoral los sucesos de octubre del 34 aparecen en el primer punto, acentuando su carácter emblemático.
Ese punto uno comprometía una amplia amnistía, reposición de funcionarios, readmisión de obreros despedidos y reparación a las víctimas de la represión, y afectaba a todos los delitos políticos y sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933. Se trataba pues del punto más simbólico del programa del Frente Popular. Es más, muchos historiadores piensan que fue clave y causa en su victoria electoral.
Hay que recordar que las penas impuestas por aquellos hechos en los tribunales militares y civiles fueron extraordinarias por su contundencia: en Asturias 1.500 sumarios con más de 3.500 personas procesadas. Veinticuatro penas de muerte, dos de ellas ejecutadas, y todo el gobierno catalán condenado a treinta años de reclusión e inhabilitación absoluta por rebelión. El 21 de febrero de 1936, es decir, cinco días después de la victoria electoral, todos los condenados fueron amnistiados y quedaron en libertad. Se cuenta que la propia Pasionaria se dirigió a la cárcel a liberar presos de la revolución de octubre el mismo domingo electoral por la noche, una vez conocida la victoria en las urnas.
Hay muchas diferencias entre aquellos hechos y los actuales: la base legal es distinta, como lo era la Constitución de entonces y la de ahora; los hechos fueron muy diferentes, especialmente los de Asturias, no tanto los de Cataluña; la represión de entonces fue brutal y la dimensión de las penas nada tiene que ver con las del procés. Pero una en particular merece destacarse. Aquella amnistía estaba legitimada por la voluntad popular porque fue el punto principal de las elecciones de 1936.
Tentaciones revisionistas de nuestro pacto constitucional
Por último quiero hacer una reflexión sobre nuestra Constitución. Decimos con frecuencia que hay que conocer la historia para no repetirla. Yo no sé si sabemos poca historia o sencillamente no extraemos sus consecuencias, pero al repasar la vorágine, las pasiones desatadas y sobre todo el extremismo y la polarización de los acontecimientos en los años de la República, parece que olvidamos pronto.
La raíz de nuestra complejidad política se expresa en esas brechas históricas que marcan nuestra malograda identidad española. Desde principios del siglo XIX España ha sido incapaz de forjar una identidad nacional suficientemente amplia como para abarcar su pluralidad. El inicio, en 1808, de un sentimiento colectivo vertebrador de una incipiente nación fue torpedeado por una historia repetidamente fratricida a lo largo de los dos últimos siglos. Unas élites retardatarias se empeñaron en dar vida a una España uniforme, negadora de su diversidad ideológica y territorial e incapaz de compartir un proyecto colectivo abierto a las transformaciones sociales que se fueron sucediendo en ese tiempo. Más tarde, la Guerra Civil, la represión y una dictadura demasiado trágicas y largas como para olvidar culminaron nuestra división social.
El pacto de 1978 fue casi una refundación de nuestro país. Por eso me preocupan tanto estas tendencias revisionistas de los acuerdos internos que tanta cohesión nos han traído y nos han dado estos últimos 45 años.
Una de ellas es la que pretende revisar los efectos de la amnistía de 1977 para exigir responsabilidades al franquismo (torturadores o tribunales militares o responsables políticos) en aplicación, al parecer, de la nueva Ley de Memoria Democrática de la que quizás se puede extraer la conclusión de que los delitos cometidos por el franquismo son imprescriptibles por ser delitos de lesa humanidad. Pero entonces quizá alguien reivindique que otros actos de semejante naturaleza y distinto signo político son también imprescriptibles. En definitiva: se está desnaturalizando el sentido histórico del perdón colectivo que nos dimos en la Ley de Amnistía de 1977.
Por cierto, en los mismos días que la fiscalía anunciaba la admisión de la denuncia de un torturado en 1975 en Barcelona, toda España supo que el dirigente histórico de ETA Urruticoechea se atribuía en una entrevista presentada con gran publicidad en el Festival de Cine de San Sebastián responsabilidad en dos asesinatos anteriores a la Ley de Amnistía. He leído artículos apreciando la actitud de la fiscalía, pero un enorme silencio sobre los asesinatos prescritos del dirigente etarra. ¿Son también imprescriptibles?
Me cuesta mucho comprender a aquellos que reclaman la amnistía sobre los hechos de 2017, pero la niegan para hechos ocurridos sesenta o setenta años antes. Extrañas paradojas.
Se replantea el modelo de monarquía parlamentaria y se defiende abiertamente la necesidad de incorporar España al modelo republicano.
Se cuestiona abiertamente el Título VIII del modelo autonómico de nuestra Constitución, para reclamar un estado centralizado, o, en sentido contrario, para avanzar hacia la autodeterminación en el camino hacia un Estado confederal, en el que sean las nacionalidades las que puedan separarse de España y no sean los ciudadanos españoles quienes, en su caso, puedan decidirlo.
No niego la legitimación de todas esas pretensiones o de otras, porque acepto que nuestra Constitución no persigue las ideas. Pero sí advierto de las consecuencias de este revisionismo sin límites: es una apuesta muy peligrosa, por no decir suicida, para nuestra convivencia.
España está construida sobre costosos consensos y delicados mimbres que articulan nuestra vertebración territorial identitaria y social. Quienes crean que se pueden sustituir las piedras de bóveda de nuestros arcos de convivencia, desconocen la historia y juegan con fuego.
Nuevos consensos como aquellos no son posibles de alcanzar en la España actual, desgraciadamente. Me encantaría que fuéramos capaces de revisar algunos aspectos constitucionales para abordar cambios que exigen las transformaciones sociales producidas, el cambio de época histórica que vivimos y especialmente la incorporación a Europa. Pero eso debe hacerse recuperando el mismo espíritu de consenso que presidió nuestra Constitución. Y, evidentemente, no lo tenemos.
A veces me pregunto si estas advertencias corresponden a los viejos de una generación, prisioneros de una nostalgia deudora de su protagonismo en otra época y de orgullos legítimos por lo construido. Me pregunto si exageramos nuestros temores porque no conocemos la modernidad y la tolerancia de la nueva sociedad española a estos “avances”. No tengo duda desde luego de que el protagonismo y la responsabilidad en las acciones políticas corresponden a otros, pero reivindico el derecho a exponer libremente mis ideas y en este caso mis reservas, porque temo que podamos acabar llorando sobre la leche derramada. ~
Ramón Jauregui (San Sebastián, 1948) es exministro, eurodiputado y portavoz de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo.
