La crisis de violencia homicida que vive nuestro país ha cobrado al menos 142 mil 864 vidas en los primeros cuatro años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
{{ Mónica Daniela Osorio Reyes [2023], Atlas de homicidios: México 2022. Una crisis que no cesa. Disponible en: mucd.org.mx. }}
Si sumamos los homicidios dolosos ocurridos durante los dos sexenios anteriores, la dimensión del horror alcanza niveles superlativos con más de 400 mil personas asesinadas de diciembre de 2006 a la fecha.
{{ Inegi [2023], Defunciones por homicidio. Disponible en: inegi.org.mx.}}
Se trata del periodo más violento de nuestra historia desde que se tienen registros y, sin embargo, poco se hace para revertir la principal causa de la mayoría de estas muertes: las armas de fuego.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 70% de los homicidios dolosos ocurridos en México entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2022 se cometieron con arma de fuego.
{{ Osorio Reyes, op. cit. }}
Esta proporción, de por sí en aumento, se ha mantenido en niveles alarmantemente altos desde 2006
{{ Según datos del Inegi, en el sexenio de Felipe Calderón el 66% del total de homicidios dolosos ocurridos se cometieron con arma de fuego, mientras que en el de Enrique Peña Nieto la violencia homicida por arma de fuego alcanzó el 65% del total de muertes violentas. }}
sin que por ello la estrategia de seguridad se oriente a mejorar el control de las armas, reducir su disponibilidad o, incluso, promover el desarme como una medida efectiva para mitigar la violencia.
En una revisión detallada de la política pública actual de control de armas, realizada a finales de 2023, México Unido Contra la Delincuencia concluyó que en nuestro país sí existe una legislación estricta en materia de armas de fuego que no les reconoce a las personas un derecho absoluto a portarlas; además, le reserva al Estado las facultades de controlar su comercialización –apoyándose fuertemente en las autoridades castrenses–; y también establece un restrictivo sistema de licencias para su portación, sobre todo cuando estas se encuentran en manos de privados.
{{ Gerardo Álvarez [2023], “La regulación de las armas de fuego en México”. Disponible en: mucd.org.mx. }}
El estudio concluyó también que la legislación nacional contempla la existencia de varios tipos penales y fuertes sanciones para quien infrinja el sistema regulatorio e impone robustas obligaciones a distintas autoridades para mantener, entre otras herramientas, registros actualizados sobre el número y tipo de armas en circulación.
Sin embargo, pese al carácter restrictivo de esta legislación, el análisis realizado revela que, en los hechos, la política pública de control de armas se caracteriza por la fragmentación y la descoordinación de unas autoridades civiles con pocas facultades de control y unas autoridades castrenses que ocupan un rol preponderante en materia de producción, comercialización y fiscalización, pero no transparentan ni publicitan la información necesaria sobre el tema.
{{ Gerardo Álvarez [2023], “La Sedena como órgano regulador de las armas de fuego en México”. Disponible en: mucd.org.mx. }}
Esto no solo dificulta conocer con certeza cosas tan básicas como el número de armas que se producen o importan a México en un determinado momento, sino también aspectos mucho más relevantes para la construcción de una estrategia de seguridad integral como el tipo de armamento en posesión de organizaciones criminales o individuos que ejercen violencia.
Un ejemplo de cómo difiere el deber ser de lo que es fue revelado en meses recientes por Intersecta y Data Cívica en su informe “Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena”. En dicho trabajo, las organizaciones documentan cómo la Secretaría de la Defensa Nacional sí recopila información sobre el tipo de armas utilizadas en enfrentamientos entre sus miembros y presuntos criminales,
{{ Data Cívica e Intersecta [2023], “Con copia oculta. La guerra que cuenta la Sedena”. Disponible en: concopiaoculta.org. }}
pero estos datos no figuran en los registros oficiales del gobierno mexicano ni alimentan, por ejemplo, los registros de defunciones por homicidio que sistematiza el Inegi. La brecha de información es abismal. Para el 69.9% de los casos registrados en la base de datos de muertes por rivalidad delincuencial –recopilada de modo secreto por la Sedena– existe información sobre el calibre de las armas,
{{ Ibidem. }}
mientras que para las estadísticas de defunción por homicidio doloso publicadas por el Inegi solo se registra el tipo de arma (larga o corta) en el 1% de los casos.
(( Osorio Reyes, op. cit. ))
Otro ejemplo de cómo difiere la política pública escrita de la implementada está en el incumplimiento de obligaciones legales en el que se encuentran varias autoridades. Este es el caso del Registro Nacional de Armamento y Equipo (Renae) previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo objetivo era dar cuenta de todas las armas autorizadas para el uso de instituciones de seguridad pública
{{ Álvarez, op. cit. }}
y que, a pesar de haber sido instruido desde 2019, aún no existe.
Abrevando únicamente de los dos ejemplos aquí mencionados es posible concluir que México necesita, de manera urgente, materializar la política de control de armas establecida en la ley, e incluso reforzarla para cumplir a cabalidad con objetivos tan básicos como conocer el tamaño real del mercado ilícito de armas de fuego que circulan en nuestro país; evaluar la efectividad de los esfuerzos de control realizados por autoridades de los distintos órdenes de gobierno; e incorporar correctamente esta información en la investigación penal de delitos cometidos con arma de fuego para lograr su sanción, entre otros aspectos cruciales del control de armas y la prevención de la violencia armada.
Es insostenible que la información disponible sobre la circulación de armas a México provenga de estimaciones realizadas por instituciones académicas o de sociedad civil del extranjero mientras nuestras autoridades se mantienen omisas ante la obligación de contar con registros actualizados como el Renae.
{{ Small Arms Survey en Suiza y el Instituto Igarapé en Brasil son ejemplos de instituciones no gubernamentales extranjeras que han desarrollado estimaciones acerca de la magnitud de la disponibilidad de armas de fuego en México. }}
De la misma manera, es imperdonable que exista información valiosísima sobre el tipo de armas y municiones utilizadas por corporaciones de seguridad y actores privados y que esta no figure, al menos de manera pública, en los registros de las autoridades civiles encargadas de investigar los homicidios dolosos y los 3.3 millones de delitos en los que se estima que hubo presencia de un arma de fuego.
{{ Inegi [2023], Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública [Envipe] 2023. Disponible en: inegi.org. }}
Es inaceptable que hagamos oídos sordos a la urgencia de exigir mayor responsabilidad a las empresas productoras de armas y municiones, no solo en el extranjero sino también en México, a fin de garantizar que estas, así sean empresas militares, lleven un estricto control del destinatario final de las armas que producen, así como de sus inventarios.
Entender y atender el fenómeno de la violencia armada es elemental para la pacificación del país. Por ello, en México Unido Contra la Delincuencia nos dimos a la tarea de sistematizar, en un solo lugar (mucd.org.mx/armas/) cuál es el modelo regulatorio con el que cuenta México para controlar la disponibilidad de armas de fuego; cuáles son los instrumentos internacionales que estamos obligados a cumplir; cuáles son las atribuciones, obligaciones y hasta omisiones de la Sedena como principal órgano regulador de las armas de fuego; qué podemos aprender de la experiencia de otros países en materia de control de armas; cuál ha sido el abordaje del tema en la relación bilateral México-Estados Unidos; y cuáles son los datos con los que contamos para entender este fenómeno.
Esperamos, con ello, contribuir a la búsqueda de soluciones y al mejoramiento de la política pública vigente con miras a reducir la crisis de violencia armada que nos aqueja. La escala del problema nos lo demanda. ~
Es maestra en Gestión Pública y Gobernanza por la London School of Economics, maestra en Ciencia Política por la Universidad Sorbona y licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto de Estudios Políticos de París. Es directora general de México Unido Contra la Delincuencia, A.C.
