En 2023 México desplazó a China como principal socio exportador de Estados Unidos. No fue un accidente estadístico: fue el resultado de décadas de desarrollo manufacturero en sectores de alta complejidad –automóviles, electrónica, aeronáutica– mientras el resto de América Latina se desindustrializaba. Argentina nunca desarrolló una industria exportadora de escala; Brasil la alcanzó hacia mediados de los 2000, pero el boom de materias primas la fue desplazando por soya. De los tres países con posibilidades de cumplir el viejo sueño cepalino –la industrialización exportadora como vía de salida del subdesarrollo–, solo México lo logró.
Pero no estaríamos hablando de México si no hubiera una cara oscura detrás del éxito. El país tiene una economía sobre la línea de flotación: el PIB per cápita lleva una década sin crecer –hoy es equivalente al de 2016–. El problema es hondo: desde 1994, la tasa de crecimiento anual per cápita ha sido de apenas el 0.6%, la más baja de cualquier economía comparable, con la sola excepción de Venezuela. Para peor, un Estado que durante décadas mantuvo la disciplina presupuestaria como ancla de credibilidad macroeconómica la sacrificó en un sexenio: el déficit trepó al 5.3% del PIB en 2024, la deuda pública saltó del 40% a casi el 50% del PIB entre 2023 y 2025, y Moody’s dejó al país a un escalón de perder el grado de inversión –todo ello a consecuencia de una expansión sostenida de la asistencia social sin el crecimiento de la base productiva que la hiciera sostenible–. La aritmética no perdona.
Tampoco estaríamos hablando de México si la cara oscura fuera solo una. Es un Estado que ha perdido el control de franjas significativas de su territorio: los cárteles operan activamente en 30 de los 32 estados del país y controlan cerca de un tercio del territorio nacional, cobran impuestos informales, administran justicia y reclutan ejércitos propios. La situación llegó al punto en que Washington dejó de solicitar autorización para operar en suelo mexicano –drones, fuerzas especiales, designaciones unilaterales de organizaciones criminales como grupos terroristas extranjeros–. En abril de este año, por primera vez en la historia, Estados Unidos requirió la extradición de un gobernador mexicano en funciones por complicidad con el narco. México enfrenta una doble amenaza a su soberanía territorial: los cárteles gobiernan desde adentro, Washington interviene desde afuera.
El país es, al mismo tiempo, una de las treinta economías más complejas del mundo según el Growth Lab de Harvard y uno de los diez Estados más frágiles fuera del África subsahariana y Medio Oriente. Afganistán y Haití tienen Estados fallidos –pero estamos hablando de catástrofes humanitarias, no de miembros de la ocde–. Economías con el nivel de complejidad de la mexicana no suelen tolerar Estados tan débiles, ni Estados tan débiles como el mexicano suelen sostener economías tan sofisticadas. Esa improbabilidad estadística es el nuevo milagro mexicano. Y el nuevo milagro es más verdadero que el viejo.
La opinión especializada sobre México se concentra en el deterioro de la democracia –el debilitamiento de contralorías, el asalto a los tribunales y la partidización del árbitro electoral–. Todo eso es real. Pero eclipsa un proceso más silencioso y profundo: el debilitamiento del Estado mismo, de su capacidad burocrática, de su monopolio de la violencia, de su aptitud para recaudar, regular y proveer. El debate es sobre la calidad de la democracia; el problema más hondo es la existencia del Estado.
La inédita combinación de éxito exportador y fragilidad estatal no es la continuación inevitable de un país condenado a los contrastes extremos. El presente mexicano opaca el hecho de que hacia 2018 México seguía una trayectoria firme, aunque no exenta de reveses, de fortalecimiento institucional. Ese proceso, iniciado con el retorno de la democracia en 2000, fue interrumpido deliberadamente. Ese es el tema de este ensayo.
I. El sueño cepalino cumplido
El éxito exportador mexicano tiene una explicación de la que ningún gobierno puede alardear: la geografía. Más de tres mil kilómetros de frontera con la economía más grande del mundo son una ventaja estructural que precede a cualquier política y que el resto de la región no tiene cómo reproducir. Los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá –impulsados por la percepción de Carlos Salinas de que México se quedaba afuera de un mundo cada vez más integrado– convirtieron esa ventaja en arquitectura legal: cadenas de valor integradas, aranceles eliminados, inversión extranjera con certeza jurídica. El primer tratado, el TLCAN, entró en vigor en 1994. El segundo, el tmec, de 2020, incorporó nuevas reglas sobre contenido regional, trabajo y propiedad intelectual.
Tres décadas de integración comercial produjeron una transformación manufacturera real: Nemak provee componentes de aluminio a Ford, BMW y Volkswagen; Frisa Aerospace fabrica anillos para turbinas de Rolls-Royce, Pratt & Whitney y SpaceX. Ambas empresas son regiomontanas, hijas de la sustitución de importaciones hoy integradas a las cadenas de valor más sofisticadas del mundo. Son dos ejemplos de cientos en el estado de Nuevo León. El estado de Querétaro hospeda hoy uno de los hubs automotrices más competitivos del mundo: 972 empresas instaladas, más de 85,000 empleos directos y 9,600 millones de dólares en producción de autopartes en 2024. Tableros para BMW, Mercedes y Audi salen de sus plantas con la misma eficiencia que los que se producen en Stuttgart o Múnich.
Cuando la rivalidad entre Estados Unidos y China encareció políticamente las manufacturas chinas, México era el único candidato con la escala, la infraestructura y los tratados para absorber el nearshoring –la relocalización de cadenas de producción que empresas norteamericanas y asiáticas habían instalado en China–. Foxconn, la ensambladora taiwanesa del iPhone, LG, la electrónica surcoreana, y Bosch, el gigante electromecánico alemán, expandieron operaciones en México; BMW anunció 870 millones de dólares de inversión adicional. Entre 2018 y 2022, llegaron 830 nuevas empresas extranjeras a parques industriales en México.
Entre ventaja geográfica y maldición política hay un corto camino. Históricamente, los Estados se construyen por dos vías: la guerra y el comercio. La guerra es el motor más poderoso —obliga a extraer, organizar y administrar para sobrevivir, como ocurrió en Europa entre los siglos XVII y XIX—. El comercio también puede construir Estado, pero de manera más lenta y frágil, y solo cuando el Estado es capaz de traducir el dinamismo comercial en recaudación, regulación y capacidad administrativa. En México, esa conversión fue nula.
La integración con Estados Unidos generó riqueza privada y encadenamientos productivos, pero no produjo el Estado weberiano que hubiera consolidado sus ganancias.Lo que la geografía no dio, el Estado no lo completó –y esa deficiencia es fuente de una fenomenal divergencia–. El resultado es un combo de potencia exportadora y debilidad institucional. Un Estado que no construyó capacidad cuando el comercio se lo permitía es un Estado que tampoco puede sostener el éxito cuando las condiciones se complican. El éxito es real –las fábricas existen, las cadenas de valor funcionan, los empleos son concretos– pero el boom exportador no se tradujo en crecimiento generalizado: los salarios son bajos, los encadenamientos con el mercado interno son limitados, y más de la mitad de la fuerza laboral permanece atrapada en la informalidad, en sectores de productividad bajísima que las cadenas de valor no tocan. México creció en complejidad exportadora sin crecer en bienestar. Y esa divergencia es la huella más visible de un Estado que dejó pasar repetidas veces la oportunidad de transformar el boom exportador en infraestructura, educación y capital humano.
La consecuencia es concreta: desde 2018 China perdió ocho puntos porcentuales de market share en importaciones norteamericanas a causa del nearshoring inducido por la política comercial de Trump. Pero México capturó apenas dos. Sin las ventajas de la escala, la cercanía y los tratados, Vietnam se llevó casi el doble. Debe agradecer a la debilidad del Estado mexicano, que puso un techo férreo a su milagro exportador.
Para colmo, México tiene no una sino dos economías transfronterizas con Estados Unidos –una legal y otra ilegal–. Si las cadenas de valor manufactureras generaron riqueza pero no construyeron Estado, los cárteles fueron más lejos. No solo no construyeron Estado sino que lo destruyeron activamente, convirtiendo su control del comercio ilegal en territorios arrebatados, recaudación paralela y monopolios locales de violencia que desplazan al Estado. El mismo dinamismo transfronterizo, que en un caso produce parques industriales, en el otro produce ejércitos privados.
II. La trayectoria interrumpida
En 2018, con dos décadas de retraso respecto de Sudamérica, llegó a México el populismo de izquierda. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena compartían el diagnóstico y el repertorio de Chávez, Correa y los Kirchner –la denuncia del modelo neoliberal, la apelación directa al pueblo, la desconfianza hacia las instituciones técnicas–, a pesar de las sobradas pruebas de los riesgos de descalabro asociados al experimento.
AMLO gobernó seis años y dejó un saldo excepcionalmente negativo: el deterioro simultáneo de las instituciones democráticas y de la capacidad estatal. Antes de analizarlo, conviene desactivar el relato que lo naturaliza: que el Estado mexicano siempre fue débil, que el narco siempre fue incontrolable y que lo ocurrido después de 2018 continuó una historia sin redención. Ese relato es falso —o al menos incompleto—. México llegó a 2018 más cerca de la consolidación institucional de lo que esa historia permite ver.
Felipe Calderón (2006-2012) tomó una decisión que ningún presidente mexicano había tomado con esa claridad: confrontar directamente al crimen organizado con la fuerza del Estado. El costo fue brutal –más de 120,000 homicidios, una militarización que dejó secuelas, una violencia que en algunos estados se salió de control antes de contenerse–. Pero debajo de ese costo había una lógica de construcción estatal: el Estado no puede mantener el monopolio de la violencia si no está dispuesto a defenderlo cuando se le desafía. Calderón lo defendió. Y justo cuando la estrategia empezaba a mostrar resultados –capturas de capos, foco en los grupos criminales más violentos, desarticulación de estructuras, recuperación de territorios– el PAN perdió las elecciones. El electorado rechazó el costo sin esperar el rédito. Buena parte de él creyó que el PRI, un partido con mejores relaciones con gobernadores y liderazgos regionales, llevaría a cabo la confrontación con mayor velocidad y menor costo.
La derrota del PAN en 2012 ocurrió en un contexto de contracción económica global en el que prácticamente todos los gobiernos del mundo perdieron elecciones. El PRI proponía reformas que mejoraran la competitividad de la economía y, por añadidura, aceleraran el crecimiento. El PRI se diferenciaba del PAN menos en el componente técnico que en el político de las reformas: propuso cambios parecidos a los que había bloqueado en el Congreso a lo largo del sexenio que terminaba, pero prometía habilitarlos desde la cúspide del poder.
Junto al costado económico, la elección de 2012 también puso en juego el problema de la seguridad. En México se le dieron dos lecturas a la derrota del PAN. Una sostuvo que la confrontación misma había sido el error: que la violencia era consecuencia de intentar imponer la autoridad estatal por la fuerza. La otra lectura era menos radical. Veía la elección no como un referéndum sobre la conveniencia de confrontar al crimen organizado, sino sobre quién estaba mejor equipado para hacerlo (del mismo modo que se veía al PRI mejor equipado para la reforma económica). Con el tiempo la interpretación radical se convertiría en el núcleo de la doctrina de AMLO, pero en 2012 era minoritaria, con menos de un tercio del apoyo. El regreso del PRI reflejaba la expectativa de que un partido con relaciones más fluidas con gobernadores, sindicatos y liderazgos regionales —y con una larga tradición de negociación pragmática del conflicto, incluyendo actores al margen de la ley— podría ser más eficaz.
Peña Nieto construyó más de lo que se recuerda. El Pacto por México –un acuerdo entre los tres principales partidos, incluido el PRD– produjo reformas estructurales que llevaban décadas bloqueadas: energética, fiscal, educativa, de telecomunicaciones y financiera. Eran las reformas que el modelo exportador necesitaba para consolidarse más allá de la geografía y los tratados. El símbolo de esa ambición modernizadora fue Texcoco, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, diseñado por Norman Foster: México a la altura de Dubai, al menos en conectividad aérea.
El arquitecto político del paquete modernizador había sido Luis Videgaray, un operador que sin embargo estaba dispuesto a pagar altos costos de corto plazo, como lo reflejan la reforma educativa, la consolidación fiscal y el gasolinazo de 2017. El cálculo era que una parte del beneficio de las reformas llegaría a tiempo para que el PRI ganara las elecciones de 2018 y la otra parte, de largo plazo, sería capitalizada por el mismo PRI en sexenios posteriores. Parecía finalmente ser el Mexican Moment.
En la lucha contra el crimen organizado Peña Nieto dio continuidad despareja a la estrategia de Calderón. Mantuvo el liderazgo del Ejército y la táctica de decapitar cárteles. La tasa de homicidios continuó bajando por dos años. Logró la captura más buscada por dos sexenios: la del Chapo. La saga del Chapo fue sintomática de lo que faltaba: capturado en 2014, se fugó en 2015 por un túnel construido bajo las narices del sistema penitenciario; fue recapturado en 2016 y extraditado a Estados Unidos en 2017. Las instituciones capaces de retenerlo estaban al norte de la frontera, no al sur.
Ese era el patrón del sexenio: el Ejército podía golpear, pero el Estado no tenía los policías, fiscalías y jueces necesarios para consolidar lo que el Ejército lograba. Sin esa cadena, cada golpe abría un vacío que grupos nuevos y más violentos se apresuraban a llenar. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, prácticamente inexistente en 2012, era al final del sexenio una potencia equiparable al Cártel de Sinaloa. La tasa de homicidios retomó el crecimiento en 2015. Y se aceleró a partir de entonces.
Al mismo tiempo, la corrupción seguía operando con normalidad debajo de la modernización: contratos, favores, patrimonialismo de manual. Esa convivencia tenía fecha de vencimiento. Llegó en septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, desaparecieron después de ser entregados por policías municipales a un cártel local. No fue solo una tragedia: fue la demostración más brutal de que la colusión entre autoridades y crimen organizado no era la excepción, sino el sistema. Semanas después, una investigación periodística reveló que la esposa de Peña Nieto era propietaria de una mansión de 7 millones de dólares construida por un contratista del gobierno. Ya no había manera de sostener simultáneamente la imagen del modernizador y la realidad del patrimonialista. Peña Nieto nunca se recuperó. El PRI perdió gubernaturas históricas en 2015 y 2016. Morena dejó de ser un movimiento de protesta y se convirtió en partido nacional.
México llegó a 2018, en suma, con más capacidad institucional de la que tenía en 2006 –pero menos de la que pudo haber tenido–. La puerta no estaba cerrada. Estaba entreabierta. Fue entonces cuando llegó un líder dispuesto a cerrarla. Y ponerle llave.
III. El desmantelamiento deliberado
López Obrador llegó al poder en 2018 con una convicción genuina: el México de los últimos treinta años –integrado a los mercados globales, disciplinado en lo fiscal, conducido por expertos– había producido crecimiento sin distribución y modernización sin justicia. No era solo retórica electoral. Había un plan de acción política: la Cuarta Transformación, que se equiparaba a sí misma con la Independencia, la Reforma y la Revolución. Aun antes de tomar posesión mandó una señal: canceló el aeropuerto de Texcoco, el proyecto insignia del sexenio anterior.
Para millones de mexicanos, el sexenio produjo ganancias tangibles. El salario mínimo creció de manera sostenida durante todo el periodo. La participación de la masa salarial en el PIB pasó del 30% en 2018 al 40% en 2024. Los programas sociales expandieron su cobertura. Los indicadores de pobreza mejoraron. El problema no fue que la redistribución fuera falsa, sino que estaba financiada sobre cimientos que el propio gobierno estaba destruyendo.
Para llevar a cabo su programa de reparación social, AMLO necesitaba aliados que fortalecieran su base de apoyo: los sindicatos de maestros que la reforma educativa anterior había buscado disciplinar, los trabajadores de Pemex y la CFE que la reforma energética había amenazado, los empleados públicos de regímenes clientelistas desplazados por la modernización administrativa. Para incorporarlos a su coalición, revirtió reformas que habían costado años de negociación política: devolvió al sindicato de maestros el control sobre la formación y evaluación docente, frenó la apertura energética que ponía en peligro el monopolio de Pemex y la CFE, y restauró esquemas de padrinazgo en el empleo público que la modernización administrativa había recortado. El desmantelamiento institucional comenzó, en buena medida, como moneda de cambio para ampliar la base de apoyo del nuevo gobierno. Las convicciones ideológicas señalaron el rumbo; las necesidades políticas, la selección de aliados.
Pero los resultados no llegaron con la velocidad ni la magnitud que el proyecto prometía. La economía no despegó –el PIB per cápita cayó durante el sexenio–, ni el déficit récord de 2024 logró revivir la actividad económica. La violencia no cedió –los homicidios se mantuvieron en niveles récord–, en parte porque la doctrina de “abrazos, no balazos” permitió la expansión territorial de los cárteles sin resistencia estatal, y en parte porque en las elecciones de 2021 grupos criminales operaron abiertamente a favor de Morena en Sinaloa y Michoacán sin que las autoridades intervinieran. Los programas sociales llegaron, pero sin la infraestructura de servicios que los haría transformadores. Transferencias de ingresos sin educación, salud ni servicios públicos son más clientelismo que redistribución propiamente dicha. Y la Secretaría de Bienestar se convirtió en la red operativa de ese clientelismo: decenas de miles de empleados desplegados en todo el territorio nacional para identificar beneficiarios, gestionar transferencias y movilizar votos, borrando la línea entre política social y maquinaria electoral.
Todo gobierno que no cumple lo que prometió busca sostenerse por otros medios. En el caso de Morena, esa búsqueda tomó una dirección muy concreta: colocar leales en las instituciones que quedaban, vaciar las que podían producir evidencias incómodas y neutralizar a las que oficiaban de contrapeso –árbitros electorales, jueces, reguladores independientes–. No para lograr un Estado más eficaz, sino para producir un gobierno más discrecional.
Morena no apuntó contra las instituciones más corruptas, sino contra las más autónomas. El INE administraba elecciones limpias: fue intervenido. El Coneval medía si los programas sociales funcionaban: fue desaparecido. El INAI garantizaba el acceso ciudadano a la información pública: fue pulverizado. El poder judicial podía declarar inconstitucionales los decretos presidenciales: fue “democratizado”. La Cofece vigilaba la competencia en mercados donde Pemex y la CFE querían recuperar posiciones dominantes: fue limitada. La CNDH documentaba violaciones a derechos humanos: fue convertida en vocera oficialista. El hilo conductor no era la corrupción de esas instituciones sino su capacidad de operar con criterios propios. Lo que se destruyó no fueron los privilegios del antiguo régimen, fueron los frenos del nuevo.
Hay una excepción aparente que confirma la regla: las fuerzas armadas. Bajo AMLO, el presupuesto militar casi se triplicó –de 151,000 a 437,000 millones de pesos entre 2018 y 2024– y llegó a ser un 239% mayor que el de todas las instituciones civiles de seguridad combinadas. La Policía Federal fue disuelta y reemplazada por la Guardia Nacional –nominalmente civil, pero en la práctica otro cuerpo bajo mando militar, que desde 2022 fue adscrito a la Secretaría de la Defensa–. El Ejército no ganó un contrapeso civil: ganó una extensión con otro nombre. Sin embargo, la militarización no se detuvo en la seguridad. AMLO les asignó a las fuerzas armadas funciones que en cualquier democracia consolidada corresponden a los civiles. El Ejército construyó el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, administró puertos y aduanas, operó una aerolínea pública, distribuyó programas sociales. El 83% de sus convenios con instituciones federales no tenían relación con la seguridad. A primera vista parece construcción estatal. Pero la lógica es la inversa: no se fortaleció al Ejército para construir capacidad, sino para crear dependencia política. Un Ejército que construye aeropuertos y reparte becas es un Ejército que necesita al gobierno que le asigna esos contratos y esas funciones. El fortalecimiento militar de Morena fue lealtad comprada, no capacidad construida.
Como era de esperar, la acumulación de responsabilidades terminó por debilitar a las fuerzas armadas, especialmente cuando el costado no legal de la economía es tan rico en oportunidades. A la Marina le encargaron los puertos. Resultado: el mayor caso de corrupción documentado en México, el huachicol fiscal. Fueron 600,000 millones de pesos de impuestos evadidos por la importación ilegal de combustibles disfrazados de lubricantes.
El caso de Ayotzinapa ilustra en un solo episodio cómo el desmantelamiento institucional y la deferencia a las fuerzas armadas se fortalecen mutuamente. AMLO llegó al poder convirtiendo la desaparición de los 43 estudiantes en símbolo de todo lo que el régimen anterior había corrompido. Creó una Comisión de la Verdad, empoderó a los familiares, prometió verdad y justicia. Ignorando el aumento de desapariciones bajo su sexenio, cuando la investigación empezó a señalar responsabilidades militares, AMLO giró en redondo: desmanteló la Comisión y expulsó a sus miembros. Archivó el caso que había usado para llegar al poder cuando la verdad amenazó a sus propios aliados. Ayotzinapa quedó sin resolver por segunda vez –y por las mismas razones.
IV. El dique y sus grietas
Y sin embargo México no se ha derrumbado. Eso también requiere explicación. Mientras AMLO desmantelaba reguladores, capturaba jueces y negociaba con cárteles, la economía mexicana hacía algo inesperado: consolidaba su posición como el socio comercial más importante de Estados Unidos. El nearshoring encontró en México el único destino con la escala, la infraestructura y el marco legal para absorber la demanda. Las exportaciones crecieron y la inversión extranjera directa se mantuvo. Los mercados financieros miran el desmantelamiento causado por la 4T con preocupación, pero no han dejado de apostar a México: la tasa de interés y el superpeso –sostenido por la potencia exportadora, el turismo, las remesas y la economía ilegal– hacen irresistible al carry trade.
El TMEC es el dique. No porque sus cláusulas frenen a los gobiernos –AMLO las violó en numerosas ocasiones– sino porque crea una interdependencia tan profunda entre las economías mexicana y norteamericana que ninguno de los dos lados puede permitirse el colapso del otro. Washington necesita a México como plataforma manufacturera en un momento de rivalidad estratégica con China. México necesita el mercado norteamericano como destino del 80% de sus exportaciones. Esa interdependencia es el seguro de vida del proyecto. Mientras el dique aguante, el desmantelamiento institucional puede avanzar sin producir una crisis económica inmediata. Pero los diques no aguantan indefinidamente. Y este tiene grietas por dos flancos.
Desde afuera: Trump. Su agenda arancelaria y su visión transaccional de la integración norteamericana amenazan precisamente la interdependencia que sostiene el dique –independientemente de lo que México haga o deje de hacer–. Pero Trump es una amenaza acotada en el tiempo: los aranceles se negocian, los gobiernos cambian, la interdependencia económica tiene su propia lógica.
Las grietas internas son más graves porque probablemente sobrevivan a cualquier administración norteamericana. AMLO violó sistemáticamente las cláusulas del tmec en materia energética y de arbitraje de inversiones. Las decenas de casos de arbitraje internacional acumulados son una hipoteca sobre la confiabilidad de México como socio comercial. Sheinbaum no solo no revirtió la estrategia, sino que le dio rango constitucional a la posición dominante de la CFE y Pemex. Además de violar el tmec, esta decisión agrava el principal cuello de botella de la economía mexicana, el del suministro eléctrico.
El deterioro fiscal acumula una deuda que los mercados toleran por ahora pero que habrá que enfrentar más temprano que tarde. La captura judicial erosiona la certeza jurídica que demanda la inversión extranjera. La corrupción del propio gobierno –ilustrada por Segalmex, el organismo de seguridad alimentaria que la Auditoría Superior de la Federación documentó con irregularidades por más de 15,000 millones de pesos, reconocidas por AMLO como “la mancha que me llevo”– refuerza la percepción de que México no es el socio confiable. Y el narco no solo destruye capacidad estatal sino que corroe activamente el territorio donde opera el milagro exportador: las zonas industriales del norte y del Bajío –el corazón manufacturero de México– conviven con una presencia criminal que cobra impuestos informales, controla logística y amenaza la seguridad de inversores y trabajadores. Un modelo exportador que depende de cadenas de suministro just in time no puede funcionar indefinidamente en un territorio que el Estado no controla.
V. La trampa geopolítica
El populismo latinoamericano del siglo XXI tiene una constante que sus protagonistas nunca reconocen: vive de lo que critica. Néstor Kirchner llegó al poder denunciando el legado neoliberal de los noventa –las privatizaciones, la apertura comercial, la austeridad que había terminado en el colapso de 2001– y financió una década de bonanza redistributiva precisamente con lo que ese legado había dejado: empresas privatizadas que funcionaban, infraestructura modernizada y una economía cuya competitividad dependía de reformas que él nunca hubiera implementado. La denuncia era el discurso; el legado sin embargo era el músculo. Hugo Chávez construyó la revolución bolivariana sobre una ventaja que ningún gobierno había creado ni podía destruir: el petróleo. AMLO denunció durante décadas el modelo neoliberal –el TLCAN, las privatizaciones, la tecnocracia de Salinas y sus sucesores– y gobernó aprovechando exactamente ese modelo: las cadenas de valor, los tratados, la integración manufacturera con Estados Unidos que sus predecesores habían construido. Sin el legado que criticaba, no había transformación que financiar. En los tres casos, el populismo no generó la riqueza que distribuyó. La encontró, la aprovechó y, en el proceso, erosionó las condiciones que la hacían posible.
Pero México tiene una especificidad que lo distingue de Venezuela y Argentina –y que explica por qué su populismo puede durar más sin colapsar–. La renta de Chávez dependía del precio del petróleo: cuando cayó, el modelo debió mutar hacia la dictadura cerrada con una velocidad brutal. La renta de Kirchner dependía del commodity boom: cuando terminó, la economía argentina entró en una crisis que todavía no resuelve. La renta de Morena depende de la geografía –los tres mil kilómetros de frontera– y la geografía no fluctúa con los mercados internacionales ni se agota con el tiempo. Esa estabilidad es una ventaja para el modelo exportador y una trampa para la política: permite que el deterioro institucional avance más lejos antes de que la crisis llegue, acumulando un daño que será más difícil de revertir cuando finalmente se haga visible.
Lo que hace la situación mexicana verdaderamente singular es que su principal socio comercial es al mismo tiempo el país más afectado por su descomposición institucional y el menos capaz de presionar con eficacia sin dañarse a sí mismo. Estados Unidos sufre directamente las consecuencias del narco mexicano –el fentanilo que mata a decenas de miles de norteamericanos al año cruza esa frontera–. Pero también depende directamente del éxito económico mexicano: buena parte de las exportaciones mexicanas no son productos terminados que compiten con la manufactura norteamericana sino insumos integrados en sus propias cadenas de producción, que contienen componentes, capital y diseño de origen estadounidense –imposibles de sustituir sin costo masivo para empresas y consumidores–. Washington ha presionado, advertido, designado organizaciones criminales como terroristas, enviado señales cada vez menos diplomáticas. Pero cada vez que la presión se intensifica, la interdependencia económica actúa como amortiguador, porque el costo de un México desestabilizado recae también sobre la economía norteamericana. Es una trampa geopolítica sin equivalente en la historia del populismo latinoamericano: el guardián externo tiene demasiado que perder para actuar con consecuencia.
Con Claudia Sheinbaum en la presidencia, la retórica cambió pero la estructura no. Sheinbaum es más técnica, más cautelosa en las formas, menos inclinada al antagonismo frontal. Pero no pudo –o no quiso– revertir ninguno de los desmantelamientos centrales, y agregó su propia vuelta de tuerca: la amenaza de anular elecciones por presunta injerencia externa.
Mientras tanto, varias bombas de tiempo corren simultáneamente: la deuda soberana acumulada durante el sexenio anterior, el sector energético convertido en cuello de botella para la manufactura y en lastre fiscal por los crónicos balances rojos de Pemex, los casos de arbitraje internacional del tmec sin resolver y una renegociación del tratado en 2026 en condiciones de presión norteamericana sin precedente. El aparato institucional que podría gestionar cualquiera de estas crisis –reguladores técnicos, jueces independientes, organismos de evaluación– fue desmantelado metódicamente durante seis años. La pregunta relevante no es si Sheinbaum quiere ser diferente. Aunque quisiera cambiar el rumbo de la Cuarta Transformación (como lo está haciendo en materia de seguridad), quizás ya no pueda lograrlo: seis años de desmantelamiento sistemático pueden haber destruido precisamente la capacidad estatal que ese cambio requeriría.
La historia de México en las últimas tres décadas es, en el fondo, la historia de un Estado que estuvo más cerca de construirse de lo que sus detractores reconocen y más lejos de lograrlo de lo que sus defensores admiten. Calderón pagó el precio más alto. Peña Nieto avanzó más de lo que se recuerda y retrocedió donde más importaba. AMLO llegó con oportunidades de consolidación pero eligió dejarlas pasar. Lo que queda es un Estado que está siendo destruido simultáneamente desde arriba –por un gobierno que desmanteló sus contrapesos– y desde abajo –por un crimen organizado que ocupa los espacios que el Estado abandona–. Lo que lo sostiene, por ahora, es el comercio: la interdependencia con Estados Unidos es el único dique que contiene un deterioro que la lógica interna del sistema ya no puede revertir por sí sola. El desenlace está por escribirse –y hay razones tanto para el pesimismo como para la esperanza–. Lo que no admite duda es la escala de lo que está en juego: México es demasiado grande, demasiado integrado y demasiado central para los intereses norteamericanos como para que su rumbo, cualquiera que sea, no sea sísmico. ~
