Las incertidumbres y preguntas que abrió la captura y detención –¿secuestro?– de Nicolás Maduro en el búnker de Fuerte Tiuna, en Caracas, la madrugada del 3 de enero, tardarán semanas, meses y quizás años en despejarse. ¿Por qué el gobierno de Donald Trump decidió sacar a Maduro del juego, marginando a la oposición legítima y dejando intacta buena parte de la estructura de poder chavista? ¿Se abrirá una transición democrática como anhelan millones de venezolanos? ¿O estamos ante una reconfiguración del poder, ahora bajo la tutela del Tío Sam, pero no necesariamente del régimen chavista?

Hay, sin embargo, una pregunta que atraviesa todas las demás y que los líderes opositores han esquivado con notable esfuerzo: ¿qué ocurre con la soberanía de un país cuando el presidente de otra nación afirma que gobernará ese territorio hasta que se den las condiciones “adecuadas” para devolverlo a sus ciudadanos? ¿Les será devuelta entonces la soberanía a los venezolanos para que puedan ejercer su destino? ¿O estamos entrando en una nueva era de hegemonía estadounidense, con una Doctrina Monroe reciclada como punta de lanza?

Responder esas preguntas no es un ejercicio teórico. Es entender con realismo lo ocurrido y tratar de hallar una verdad que permita acceder a un futuro mejor para Venezuela. Decir que la soberanía venezolana peligra no es una frase vacía. En clave contemporánea, soberanía implica el reconocimiento de un Estado por otros Estados en situación de igualdad dentro de un orden internacional que les ofrece garantías básicas de existencia y autodeterminación. Trump ha asegurado que la supervisión de Venezuela por parte de Estados Unidos podría durar años. Esto significa que el Estado venezolano no podrá decidir su desarrollo económico ni su estatus político, social o cultural sin la injerencia estadounidense. En otras palabras, la remoción de Maduro no significa ni libertad ni democracia. Al contrario, se paga con una pérdida de soberanía que podría representar la entrada indefinida a un orden colonial. El papel de la oposición es frenar esa posibilidad.

Drogas, mentiras y petróleo

Desde el inicio, la intervención estadounidense se sostuvo sobre una arquitectura argumental endeble, construida con subterfugios, exageraciones y medias verdades. Como ocurre en toda operación de poder contemporánea, la fuerza no llegó sola: vino escoltada por un relato que buscaba hacerla aceptable, necesaria, incluso moralmente indispensable.

Para justificar el despliegue de su flota en el Caribe, la Casa Blanca afirmó que buscaba eliminar el narcotráfico que opera desde Venezuela. El fentanilo mata a cientos de miles de estadounidenses al año, pero Venezuela no es productor de fentanilo. Es, en el mejor de los casos, un país de tránsito de la cocaína que se contrabandea hacia Europa y África. El dato revela una constante del discurso hegemónico: no dejes que un mal dato eche al suelo una buena coartada. Cuando los hechos no encajan, cambia el relato.

Según The New York Times y The Washington Post, fue Stephen Miller –ideólogo de ultraderecha y arquitecto de la narrativa más agresiva del trumpismo– quien diseñó una trama alambicada para vincular a Maduro con el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua. El objetivo no tanto parecía desmontar una red criminal como construir un enemigo funcional, capaz de justificar un despliegue de fuerza destinado a reafirmar la primacía estadounidense en América Latina.

En nombre de esa cruzada, la armada estadounidense atacó decenas de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con más de un centenar de muertos. Trump aseguró que los bombardeos redujeron el tráfico marítimo de drogas en un 97%. Nadie ha podido corroborar esa cifra. Como suele ocurrir en estas campañas, el número cumple una función retórica más que informativa: no describe la realidad, la reemplaza.

Tampoco ha podido demostrarse que Maduro sea el jefe del cártel de los Soles ni el cabecilla del Tren de Aragua. Existen evidencias históricas de vínculos entre sectores del chavismo, guerrillas colombianas y narcotraficantes. Pero hasta ahora no hay pruebas sólidas de que Maduro encabece una gran estructura criminal transnacional. La inteligencia estadounidense negó vínculos entre Maduro y el Tren de Aragua. Aun así, Trump insistió en que el dictador abrió cárceles y manicomios para enviar criminales y lunáticos a Estados Unidos, otra afirmación sin sustento. La fragilidad del caso quedó en evidencia cuando el Departamento de Justicia abandonó la designación del Cártel de los Soles como organización criminal: no existe como tal y, por lo tanto, Maduro no puede ser su jefe.

El último pretexto fue el petróleo. Trump afirmó que Venezuela “robó” la industria petrolera estadounidense. Es falso. El petróleo pertenece a la nación venezolana, aunque Chávez expropiara empresas sin pagar todas las indemnizaciones. Pero Trump ha repetido sin ningún rubor que decidirá sobre el petróleo venezolano: a quién vender, a cuánto y lo que Venezuela podrá hacer o no con las ganancias de su riqueza. Manejará ese recurso estratégico a su antojo, como si decirlo con total desfachatez fuera parte del mensaje.

Nada de esto absuelve a Maduro. No hay duda de que merece prisión de por vida por corrupción, represión, crímenes de lesa humanidad, el robo de las elecciones y la destrucción sistemática del país, que obligó a millones de venezolanos a huir en busca de un futuro posible. Pero el punto central es otro: la intervención se construyó sobre una narrativa débil. Y las narrativas frágiles pueden producir efectos indeseados, como ya se está viendo, o convertirse en el fundamento de un nuevo poder.

La verdad como daño colateral y el pacto fáustico

Se sabe que la primera víctima de toda guerra es la verdad. El chavismo libró durante años una guerra contra la sociedad venezolana: la saqueó, la empobreció, la torturó y destruyó sistemáticamente todas las vías de cambio democrático. La última fue la elección presidencial del 28 de julio de 2024, que Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos y que Maduro se robó sin pudor. Desde entonces, el régimen desató una persecución sin cuartel contra el movimiento opositor.

Es comprensible que una oposición acorralada haya visto en Trump a un socio fuerte, incluso a su última esperanza. Pero lo ocurrido desde el 3 de enero deja una verdad incómoda: cuando se entra en una guerra política, no basta con escoger aliados poderosos. También hay que medir el costo de los argumentos que se adoptan. Las mentiras estratégicas no suelen quedarse en el campo de batalla: tarde o temprano regresan y reaparecen.

Trump ha demostrado ser un socio errático. Volodímir Zelenski lo aprendió pronto y a los golpes: el apoyo puede evaporarse en cuanto deja de servir a la narrativa del triunfo. Trump es imprevisible, pero constante en algo: su adicción a la victoria simbólica. Está dispuesto a cambiar de socios –o arrojarlos a la cuneta– si eso refuerza su imagen de poder.

En Venezuela lo hizo sin demasiados miramientos. Al marginar a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y al abrir un entendimiento con figuras del chavismo para administrar el periodo posmadurista, dejó claro que la transición no estaría en manos de los venezolanos.

El 3 de enero no solo pasó por encima del principio de no intervención consagrado en la Carta de la onu. También afirmó que controlaría el petróleo venezolano, un recurso estratégico que representa más del 90% de los ingresos por exportaciones del país. Días después anunció que administraría personalmente decenas de millones de barriles “en beneficio” de Venezuela y Estados Unidos. El mensaje fue inequívoco. Finalmente, añadió que el país solo podría comprar productos estadounidenses con los ingresos generados por la venta de su propio petróleo.

Venezuela se convirtió así en una vitrina de la hegemonía estadounidense en la era Trump: una Doctrina Monroe 2.0 –o Doctrina Donroe– ejercida a distancia, sin botas en el terreno. Un protectorado de facto, con la soberanía suspendida por tiempo indefinido.

Trump proclamó, “Venezuela c’est moi. I will make it great again”. Por eso, cuando digo que hacer un trato con Trump equivale a firmar un pacto fáustico, no exagero. Siempre cobrará cualquier “favor” con intereses de usura, imponiendo hipotecas políticas impagables, como solía hacer con los inquilinos pobres de sus inmuebles en Nueva York. Ese es el precio que hoy los venezolanos están pagando por haber sido liberados de Maduro.

El cambio de rumbo y lo que es correcto para los venezolanos

Aquí la oposición enfrenta su prueba más difícil. Le urge una rectificación profunda si no quiere condenarse a la irrelevancia después de haber sido humillada ante los ojos del mundo. La primera corrección debe ser narrativa. Al alinearse con Trump, promovió el discurso del narcotráfico y el terrorismo como eje del ataque contra Maduro, pese a sus debilidades. El argumento más fuerte nunca fue ese, sino el de la represión, la corrupción, la violación de derechos humanos, el arrasamiento institucional, el robo electoral y la mala administración que destruyó al país.

Recuperar la iniciativa implica volver a colocar ese argumento en el centro y exigir a los preceptores (Trump, Miller y Rubio) condiciones reales para un cambio democrático, no como concesión secundaria a la estabilidad, sino como objetivo principal. Implica también reclamar la devolución plena de la soberanía y del control del territorio y los recursos, mediante un plan verificable.

Un tercer elemento es la reinstitucionalización del país, que exige una hoja de ruta clara y acuerdos incómodos, pero transparentes, entre los sectores democráticos, empresariales y los remanentes del chavismo dispuestos a abandonar el autoritarismo y asumir la aventura democrática, con miras a una renovación a fondo de los poderes públicos, las fuerzas armadas, las policías y el aparato del Estado.

Un cuarto elemento es la justicia transicional, sin la cual los millones de venezolanos que han sido víctimas directas o indirectas del régimen no podrán cerrar ese ciclo histórico.

Finalmente, la transparencia. Sin medios libres, sin periodistas con capacidad real de investigar y contar lo que ocurre, no hay democracia posible. Recuperar la verdad no es un gesto simbólico: es una condición material del autogobierno. De allí la necesidad de una comisión de la verdad.

Maduro cayó. Pero Venezuela sigue en problemas, porque cuando una intervención se construye sobre medias verdades no libera: reordena jerarquías dentro de estructuras que ya demostraron su inutilidad. Los problemas alcanzan también a América Latina. La historia enseña que el poder no se ejerce solo con botas, sino con relatos que lo justifican. Trump ha dejado claro que puede reactivar su campaña hegemónica a la menor provocación, en Cuba, Colombia o donde mejor le parezca. Aunque no lo haga, el mensaje ya fue enviado: el miedo ha sido sembrado en el vecindario.

Otra lección queda a la vista: cuando la soberanía se suspende y la verdad se sacrifica en nombre de la estabilidad, el resultado no es libertad, sino tutelaje y dependencia. La propaganda promete orden y salvación, pero lo que va dejando es un país más débil, cuya historia comienza a escribirse no en Caracas, sino en Washington, con un lenguaje que no eligió y fines que no controla: un guion triunfalista hecho a la medida del ególatra en jefe. ~