Las elecciones generales del 29 de noviembre fueron convocadas por el presidente Sánchez con un planteamiento nítidamente plebiscitario. Su sedicente “declaración institucional” en la que comunicó el adelanto electoral –en realidad fue el primer mitin– no deja lugar a dudas: “Los españoles y las españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en [esta época de grandes peligros y oportunidades]. Y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna. O deseáis que España siga siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un Gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social. O preferís entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos ocho años, para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas. Porque sé que sois un pueblo valiente y solidario…”.
El líder de la oposición, Feijóo, recogió el guante y respondió en los mismos términos: “No son unas elecciones más. La disyuntiva del 29 de noviembre es algo más que escoger entre dos partidos. […] No son unas elecciones como las anteriores en democracia. Esto va de que España le gane a Sánchez y a lo que representa, de que la Nación y la democracia venzan a quien más daño le ha causado. Esa es la elección. Entre la corrupción y la decencia, entre la decadencia y la prosperidad, entre un Gobierno que solo aspira a sobrevivir y un país que piense en su futuro”.
Se trata de una estrategia de comunicación política que abunda en lo que ha sido la tónica de los últimos años en los que nuestro sistema de partidos ha pasado de un bipartidismo imperfecto a un bibloquismo polarizado. Nuestra política ha pasado a desarrollarse en el terreno de la división en dos bloques enfrentados que nos recuerda la imagen de esas dos Españas que nuestra Transición quiso dejar atrás.
El contraste con los discursos señeros de aquel momento es revelador. Podemos recordar cómo el rey Juan Carlos en su proclamación ante las Cortes todavía franquistas en 1975 afirmó que la Corona “integra a todos los españoles”, porque el futuro se tenía que basar en un “efectivo consenso de concordia nacional”. Añadiendo: “Que nadie tema que su causa sea olvidada; que nadie espere una ventaja o un privilegio. Juntos podremos hacerlo todo si a todos damos su justa oportunidad”. O don Fernando Suárez, quien, ante esas mismas Cortes franquistas, cuando se debatía la Ley para la Reforma Política en 1976, apeló a ser capaces de “rebajar el concepto de enemigo irreconciliable al más civilizado y cristiano concepto de adversario político pacífico, que tiene una visión del futuro tan digna de consideración, por lo menos, como la nuestra y el irrenunciable derecho de proponerla a los demás y de trabajar por su consecución, sin que ello deba producir nuevos desgarramientos y nuevos traumas, porque se ha garantizado de manera permanente la posibilidad de acceso pacífico al poder”.
Ciertamente, el momento de la Transición fue único e irrepetible. No podemos esperar que en una democracia plural no haya confrontación política. Ahora bien, el otro extremo también es insostenible. No es posible mantener una democracia cuando se socavan sus cimientos institucionales, cuando no existe una dosis mínima de concordia y de lealtad institucional, cuando se cavan trincheras ideológicas y se buscan enemigos políticos convirtiendo la alternancia política en causa de nuevos “desgarramientos”.
Incluso, hemos de ser conscientes del coste económico de la polarización y de los bloqueos políticos allí donde se producen, como ha evidenciado un reciente estudio comparado del Banco de España.
Aún más, el planteamiento plebiscitario de las elecciones que sigue una lógica binaria, donde se busca el voto popular directo para aceptar o rechazar una opción política, resulta incompatible con el sentido de una democracia parlamentaria –como es la que diseña la Constitución del 78–. Las elecciones parlamentarias presuponen que los ciudadanos podrán elegir entre una amplia oferta de fuerzas políticas y a través del sistema electoral esos votos darán lugar a un Parlamento representativo de la pluralidad social. La primera función de ese Parlamento después de unas elecciones en la forma de gobierno que llamamos parlamentaria es precisamente ser capaz de reconducir esa representación plural para ahormar una mayoría que sostenga un Gobierno con su correspondiente programa político.
En suma, esta deriva política polarizadora de corte plebiscitario que viene cuajando en nuestro país en la última década, en el ámbito nacional, pero también en el autonómico, está teniendo unos efectos demoledores para nuestra gobernanza, para la forma de gobierno parlamentaria ya casi irreconocible y en general para la convivencia cívica. España es hoy un país en el que crece la desconfianza y donde el grado de crispación política percibido aumenta –pueden verse los resultados de los estudios de polarización del CEMOP–; bloqueado políticamente, con una mermada capacidad de impulso de políticas públicas y de respuesta ante situaciones de crisis como trágicamente hemos comprobado de Ceuta a Paiporta; y donde el deterioro institucional es cada vez mayor, como hemos podido acreditar en el estudio sobre la situación del Estado de Derecho en España elaborado por la Fundación Hay Derecho –la última edición de 2026 acaba de ser presentada–.
Por ello, en este contexto debemos preguntarnos: ¿a qué escenarios postelectorales nos enfrentamos tras el 29-N? ¿Hay alternativas al actual planteamiento binario y polarizador?
No soy experto en analizar tendencias electorales, pero los escenarios en el caso de que se mantengan los actuales planteamientos son claros: un país dividido en dos bloques –seguramente sin una mayoría holgada por ninguna de las dos partes– y dificultades para formar gobierno, que necesariamente será de coalición en lógica frentista. De forma que, si hay cambio –como apuntan la mayoría de las encuestas–, el Gobierno sería del PP con Vox. La incertidumbre sería la fuerza que llegaría a tener este último partido y por tanto el peso en el Gobierno y su capacidad de influir en políticas, con una calle incendiada desde la izquierda y los nacionalismos –como ya se va adelantando–. Aunque a algunos les parezca el mal menor –y quizás lo sea–, un Gobierno así difícilmente podrá afrontar la imprescindible función de apuntalamiento de nuestra deteriorada democracia, sobre todo cuando Vox ya abraza abiertamente los postulados iliberales como prueba el hecho de que en el Parlamento Europeo haya abandonado el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, la familia política de Meloni, para irse con el húngaro Orbán a Patriotas por Europa.
La otra opción en este escenario postelectoral en el que se mantenga la polarización bibloquista es que las urnas no dieran la mayoría para el cambio y el presidente Sánchez lograra mantenerse en el Gobierno sostenido por la actual coalición “Frankenstein”. Tal escenario me atrevo a sostener que podría ser demoledor a la luz de la deriva que venimos sufriendo en especial desde las elecciones de 2023. Un Gobierno capaz de actuar sin respeto a reglas elementales de una democracia parlamentaria, que busca minar la confianza en el Poder Judicial –con reformas que podrían afectar al núcleo de la independencia judicial– y capturar los órganos de garantía como el Constitucional, y que tendría que seguir pagando la factura a partidos independentistas para transformar nuestro país en una confederación plurinacional que desbordaría el Estado de las autonomías diseñado por la Constitución, haciendo insostenible –sobre todo con la financiación singular para Cataluña– la solidaridad interterritorial y la suficiencia de recursos estatales para afrontar los desafíos crecientes que reclaman respuestas nacionales.
Pues bien, frente a esta disyuntiva, una democracia madura como debería ser la española tendría que poder ofrecer otras alternativas al abismo de la polarización bibloquista. Sin llegar a fórmulas como la gran coalición a la alemana, que reúne a los dos grandes partidos en un mismo Gobierno, hay alternativas como son los pactos de legislatura con unos compromisos mínimos e, incluso, reclamando perfiles de ministros o de un presidente consensuados que no se hubieran quemado en la contienda electoral, sostenidos gracias a la abstención o al apoyo puntual del principal partido de la oposición o de terceros partidos con vocación reformista. Hasta el momento no hemos sido capaces de apostar por algo así en nuestro país, aunque estuvimos cerca. Ahí queda para la historia el “pacto del abrazo” en 2016 con las más de doscientas reformas consensuadas entre PSOE y Cs, pero que fue frustrado por el no de Podemos y del PP. Después, vino todo lo que vino…
En la actualidad, recuperar algo de lo que pudo ser y no fue, reconducir nuestra política hacia derroteros más constructivos exige que alguien en el escenario político decida salirse de las dinámicas presentes. Que, como en la película italiana Viva la libertad, de repente alguien decidiera romper los moldes políticos y cambiara radicalmente el discurso. Algo difícil de imaginar, pero no imposible; se pueden señalar tres actores que podrían catalizarlo.
En primer lugar, el PP tiene una importante responsabilidad de mostrarse no ya como un partido de Estado, sino como un actor que de verdad fuera consciente de lo nocivo que es para la convivencia en democracia mantener las pulsiones polarizantes de los últimos años. Por mucho que haya interiorizado que sus posibilidades de llegar al Gobierno pasan por Vox, personalmente no dejo de preguntarme por qué Feijóo –como ya ocurriera en 2023– se lanza a la contienda electoral siguiendo el juego plebiscitario y polarizador del presidente Sánchez. ¿Podríamos imaginar un Feijóo que ante el frentismo sanchista apelara a la concordia y a la reunión de los españoles para afrontar los desafíos compartidos? ¿Un aspirante a presidente del Gobierno más cercano al ceutí Vivas que a la madrileña Ayuso? Quizá sea por mi ignorancia sobre cómo ganar votos, pero me planteo si de verdad el PP perdería votantes manteniendo un discurso más sereno y constructivo que lo distanciara de Vox. Me pregunto si endurecer su discurso para competir con este último acaso no moviliza a la izquierda y disuade al votante indeciso de centro.
En segundo lugar, cabe preguntarse si sobre todo en caso de derrota electoral hay alternativa interna en el PSOE para reconducirlo a la senda de la moderación. Se escucha alguna voz aislada que lo propugna e incluso personalidades como Jordi Sevilla han impulsado un movimiento crítico, Socialdemocracia 21, que apuesta por un cambio de rumbo del partido. De hecho, el exministro socialista, además de sus logros desde el Gobierno, tiene en su haber haber sido el negociador socialista, junto a Toni Roldán por Cs, de aquel acuerdo reformista del abrazo. Si esta alternativa se hiciera con las riendas del partido socialista, seguramente ayudaría a reconducir la deriva de nuestro panorama político.
Y, por último, estaría la posibilidad de que volviera a tener representación un partido moderado de signo reformista que asumiera aquella función “bisagra” que Ciudadanos olvidó –y a la que Sánchez finalmente no dio opción– para corregir las fuerzas centrífugas actuales. Una empresa nada fácil pero que podría tener un efecto sistémico muy positivo si alcanzara lo que en alguna ocasión he denominado el “escaño de oro”. Y es que este tipo de partidos quizá no tengan que buscar grandes crecimientos electorales y les baste con una aspiración más modesta para cumplir su finalidad: poder influir en las políticas del país y condicionar el tono del debate público. Para lo cual no se necesitan cincuenta diputados. Con un escaño sacado de la “hermandad de los huérfanos políticos” (Ignacio Varela), si es determinante de la gobernabilidad, puede ser suficiente. Si Puigdemont con siete escaños ha sido capaz de teledirigir una legislatura, ¿no podrían esos mismos escaños y aún menos servir para lo contrario? Recordemos el caso asturiano donde el escaño de Ignacio Prendes por UPyD fue determinante en 2012 entre el socialista Javier Fernández y el expopular de Foro Asturias Álvarez Cascos. O el caso de Murcia en la legislatura entre 2015 y 2019, en el que Ciudadanos facilitó el Gobierno popular pero desde la Asamblea fue capaz de impulsar importantes reformas institucionales –incluido un cambio de la ley electoral– y en materia fiscal y económica.
Es en ese espacio donde ha aparecido el partido Democracia 21 liderado por Miriam González, que ha anunciado que concurrirá a las elecciones en Madrid y Barcelona. Se apuesta por “otra política” y su primer lema es precisamente “Venimos a unir, no a dividir”, con un discurso que apela a volver a la gestión que resuelva problemas de la gente –no al relato– y con perfiles en el equipo de personas con trayectorias profesionales al margen de la política.
En fin, romper el actual marco plebiscitario en pleno proceso electoral es difícil, casi una ensoñación cinematográfica. Pero ante el deterioro que hemos venido sufriendo no podemos eludir la gran cuestión sobre cómo recuperar las riendas de nuestra democracia parlamentaria. De ahí la pertinencia de pensar en alternativas a la actual polarización bibloquista en las elecciones y, sobre todo, en fórmulas para ordenar el día después.
*El grabado de la imagen es de la Revolución de 1868, de autor desconocido. La imagen está tomada de aquí.
