La masiva red de espionaje expuesta por Edward Snowden reveló lo vulnerable que puede ser la privacidad de los usuarios de los servicios de internet y de telefonía en todo el mundo. Después de hacer pública la forma en que el gobierno de Estados Unidos ha estado vigilando a millones de personas alrededor del planeta, quedó claro que el espionaje gubernamental es una práctica generalizada en muchas naciones. México no es la excepción. Apenas hace un par de meses se dio a conocer que nuestro país es el principal cliente de Hacking Team, una empresa dedicada a vender a los gobiernos herramientas para espiar a sus ciudadanos. Entre las instancias mexicanas que adquirieron sus servicios sobresalen dependencias federales, como el CISEN y la Policía Federal, y los estados de Campeche, Puebla y Yucatán.
Es natural que, ante estos escándalos, el debate se enfoque en cómo impedir que los gobiernos tengan libre acceso a los servidores de las empresas de telecomunicaciones. Por desgracia, en un segundo plano suele quedar una circunstancia no menos preocupante: en su mayor parte, los datos privados son obtenidos, almacenados y utilizados discrecionalmente por compañías particulares.
Que las empresas guarden y utilicen los datos de sus clientes para fines comerciales no es una novedad. Sí resulta inédita la cantidad de información que es posible recopilar en un mundo cada vez más datificado, lo que esta información puede revelar de la vida de las personas y la forma en que es utilizada por las compañías. En su libro Privacidad amenazada Helen Nissenbaum postula que ya no es posible hablar de datos como si se tratara de mercancías en un almacén, dado que esta metáfora sugiere que la información simplemente se deposita en el interior de un espacio determinado. De acuerdo con esta profesora de la Universidad de Nueva York, lo que en realidad sucede es que los datos no solo son acumulados, sino que de ellos se extraen descripciones, predicciones y significados.
A los registros masivos de datos sobre acciones pasadas o preferencias de los usuarios generados a través del uso de los servicios de distintas empresas o plataformas se les denomina metadatos. Gracias a sofisticados algoritmos o herramientas analíticas, las empresas pueden generar conocimientos adicionales de sus posibles clientes que les permiten no solo realizar ofertas personalizadas basadas en sus hábitos de consumo, sino pronosticar futuras decisiones personales que no se limitan al ámbito comercial. Así, actualmente Amazon puede predecir, con increíble certeza, qué libros serán atractivos para un cliente en particular. Teóricamente también sería posible anticipar, por ejemplo, no solo qué personas tienen más posibilidades de adoptar un perro, de viajar o de amistarse con otro ser humano, sino determinar la raza del can, el destino de las vacaciones y quién podría ser ese nuevo amigo.
Si bien el reclamo permanece desarticulado, en algunos países la preocupación por la recolección de información y su uso es muy real. Según encuestas del Pew Research Center en Estados Unidos, la mayoría de las personas siente que su privacidad está poco o nada segura al enviar correos electrónicos, mensajes de texto o usar redes sociales y, contrario a lo que podría suponerse, son más los adultos que afirman que las corporaciones están recolectando demasiada información que los que piensan lo mismo del gobierno. Nueve de cada diez estadounidenses están de acuerdo en que los consumidores han perdido control de la forma en que su información es recopilada y utilizada por las empresas.
En su lucha por limitar la intromisión del gobierno en sus vidas privadas los individuos han tenido de su lado a las grandes compañías, que no están nada conformes con tener al Estado husmeando en sus servidores. Empero, enfrentar a estas compañías y a sus políticas unilaterales de privacidad puede resultar un asunto más complicado. En teoría las personas podrían dar la espalda a las empresas si no les parecen las condiciones o los contratos que estas les ofrecen, pero en la práctica se enfrentan a un puñado de grandes corporaciones que controlan cada vez más espacios. La guerra entre Facebook, Google o Apple por posicionar sus logins como llaves de acceso universal a diversos sitios y servicios en línea –y, por tanto, disponer de todos los datos que sus usuarios generen en ellos– refleja esta tendencia.
Ante tal circunstancia el camino más lógico parecería ser pedir al Estado que intervenga para regular y vigilar a las empresas privadas. Sin embargo, esto generaría una paradoja que ha sido identificada por Scott Anderson en su texto “Privacy without the right to privacy”: el derecho a la privacidad es especial porque se encuentra en tensión permanente con los medios institucionales coercitivos que se usan para garantizarlo. Para Anderson si el derecho a la privacidad significa no solo que el Estado no puede intervenir más allá de la frontera público/privado, sino un derecho genérico ante otros individuos, requiere por fuerza de la intervención coercitiva del Estado. El problema es que la privacidad de una persona terminaría entonces por enredarse dentro del aparato del Estado asignado para garantizar este derecho.
No contamos hoy día con un mecanismo lo suficientemente desarrollado para proteger la privacidad de los individuos de las grandes empresas y del Estado simultáneamente. La clave podría estar, como sugiere Eleanor Saitta, en las matemáticas. Una opción muy prometedora es la encriptación de los metadatos, que consiste en la codificación de cierta información mediante una clave gracias al uso de algoritmos; pero esto depende de que se implementen protocolos compartidos entre los diferentes sistemas de los dispositivos con conexión a internet. Y de la resistencia que presenten los gobiernos y las empresas ante el riesgo de perder algo que hoy les resulta, por distintos motivos, invaluable. ~
Es profesor universitario y colaborador semanal del Diario de Yucatán
