El lunes pasado, la Knesset, el parlamento israelí, aprobó la primera de una serie de leyes que reforman al poder judicial del país. La decisión, que tuvo 64 votos a favor de la coalición gubernamental y cero de la oposición, implica un cambio radical en la historia institucional y en el devenir de este país.
Se multiplican las protestas masivas en las principales ciudades de Israel. Es un escenario que apenas tiene algún antecedente en los 75 años de la historia nacional, y no es para menos. La autonomía del poder judicial y de los quince jueces del Tribunal Supremo, la pertinaz y reiterada inclinación ciudadana a tomar parte activa en la defensa del país, la solidez de la economía y la continuidad del juego democrático son asuntos que, a mi entender, conocerán pronto una sustantiva redefinición, con graves resultados.
El triunvirato formado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y sus ministros de Justicia, Yariv Levin, y de Finanzas, Bezalel Smotrich, es el principal responsable de este franco deterioro nacional. El trío empujó la abolición del principio de razonabilidad, que garantiza la estricta división de poderes conforme al espíritu de Montesquieu y la firme continuidad del régimen democrático que hasta aquí nos ha regido. La reforma aprobada retira al Tribunal Supremo la posibilidad de anular las decisiones tomadas por el gobierno y sus funcionarios que considere irrazonables.
Es una desafortunada decisión que acelera el ascenso político de agrupaciones ortodoxas que pretenden remodelar el presente y los futuros del país. Considero que este dogmático liderazgo buscará reescribir la historia nacional y fortalecer a sus fanáticos partidarios.
En estas trágicas circunstancias, frases por parte de líderes de la oposición como “hemos perdido la batalla mas no la guerra” apenas reducen el pesimismo que hoy abruma a amplios sectores de la sociedad israelí.
La figura clave en este antidemocrático viraje es Benjamín Netanyahu. Los no pocos aciertos en sus quince años como líder del país se ven hoy sustancialmente rebajados por la perspectiva de un severo pronunciamiento de la Suprema Corte respecto a actos delictivos que habría cometido en el ejercicio del poder.
En estas circunstancias, restringir el poder y la autonomía de esta institución es hoy su irrefrenable impulso.
Para satisfacerlo, Bibi resolvió enhebrar una coalición con figuras y partidos que en nombre de Jehová exigen liberar del servicio militar a los presuntos estudiosos de las fuentes bíblicas y talmúdicas, ampliar las fronteras del país, fortalecer al tribunal rabínico que regularmente se pronuncia en contra de las mujeres y de los ciudadanos laicos, reorientar a las fuerzas policiales para mejor reprimir a ciudadanos presuntamente rebeldes y, en fin, promover unidades militares leales a un divino fundamentalismo. Un Israel iranizado.
Si estas tendencias toman impulso no sólo la capacidad militar y la economía del país conocerán severos trastornos. Veremos el franco debilitamiento de la capacidad militar israelí, debido a la decisión de miles de reservistas –más de 10 mil de las Fuerzas de Defensa de Israel, y otros mil de la Fuerza Aérea, incluyendo unos 400 pilotos– de abstenerse del servicio voluntario que hasta aquí habían ofrecido al país; el severo trastorno de la economía causado por la creciente fuga de organizaciones y personal ocupados en vitales tareas como las de computación y electrónica, que aportan un tercio del producto nacional; las crecientes tensiones en el entorno regional que, pueden conducir a ásperos choques militares y, en particular, el enfriamiento de los nexos de Israel con Estados Unidos y países europeos.
La iranización se perfila imparable. ~
es académico israelí. Su libro más reciente es M.S. Wionczek y el petróleo mexicano (El Colegio de México, 2018).
