A fines de noviembre de 2008 Hermann Bellinghausen denunció la existencia de un complot para reactivar la Cocopa, “que podría conducir a [su] disolución, y con ello al riesgo de un reinicio de la guerra del gobierno federal y del EZLN”. A su decir, el principal motor del complot era la publicación de una antología en veinte volúmenes, coordinada por Marco Estrada Saavedra y cuyos editores habrían de ser el Congreso de la Unión, El Colegio de México y el Gobierno de Chiapas. Dicha antología estaría conformada por un “diagnóstico sobre la situación de las comunidades en las regiones indígenas donde están los municipios autónomos zapatistas”, que no sería más que el “enmascaramiento de una argumentación ‘académica’ que permitiría al poder desfondar la ley de paz vigente, reanudar la guerra contra los rebeldes [zapatistas] y, de paso, dejar sin materia de trabajo a los diputados y senadores de la Cocopa”.
Obviamente tan imaginativo complot nunca se llevó a cabo, sin duda gracias a la oportuna denuncia de Bellinghausen. No hubo, pues, ninguna reactivación de la Cocopa por la sencilla razón de que el EZLN no tiene la menor intención de regresar a la mesa de negociaciones. El statu quo legal le acomoda perfectamente: las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes están suspendidas, y sus insurgentes y milicianos tienen el derecho de seguir portando sus armas. Por otra parte, ningún partido político desea proponer iniciativa alguna sobre un tema muy espinoso que ya no le interesa mayormente a la opinión pública. Grave error porque la falta de regularización de las tierras invadidas por el EZLN podría terminar suscitando nuevos enfrentamientos violentos. En efecto, aunque en los hechos los propietarios de los predios invadidos por zapatistas ya han sido indemnizados –a través de fideicomisos–, como formalmente siguen siendo los titulares de los predios, algunos de ellos, viendo la extrema debilidad del EZLN y su aislamiento en la región, se han propuesto recuperarlos por cualquier medio. Vale la pena precisar que este problema no se plantea en el caso de las tierras que fueron ocupadas por otras organizaciones campesinas porque estas negociaron con el gobierno su adquisición y regularización.
Si bien no hubo ni reactivación ni desaparición de la Cocopa, la antología coordinada por Estrada, un encargo de dicha comisión, sí llegó a publicarse, con el título Chiapas después de la tormenta / Estudios sobre economía, sociedad y política. Obviamente no se compone de veinte volúmenes –como denunció el cronista del EZLN–, sino tan sólo de uno, que incluye trece contribuciones de académicos especialistas en distintos aspectos de la realidad de Chiapas. Pero bueno, veinte volúmenes o trece capítulos son lo mismo, por lo menos para una persona impregnada hasta la médula del pensamiento maya: los dos son números altamente simbólicos para las civilizaciones mesoamericanas.
Sin duda los anticipados ataques de Bellinghausen habrán despertado la curiosidad de los lectores por el contenido de la obra que, según el periodista, podía incluso llevar al estallamiento de la guerra. Pero frente a las más de seiscientas páginas de abundante información y de sesudos análisis académicos, al lector le costará trabajo descubrir cuáles son las peligrosas tesis que era indispensable denunciar. ¿Se encontrarán en el denso artículo de Daniel Villafuerte, quien afirma con copiosos datos estadísticos que la economía chiapaneca, debido a su fuerte dependencia del sector agrícola y ganadero, atraviesa una grave crisis desde la segunda mitad de la década de 1980, cuando se empezaron a poner en práctica las políticas neoliberales en el estado, crisis que se agravó después del levantamiento zapatista de 1994? ¿Se esconderán en el fino trabajo de Rosa Isela Aguilar, quien demuestra que la discriminación contra los indígenas es de tal magnitud que incluso en los datos de la muestra censal de 2000 se puede ver –mediante un modelo estadístico de regresión lineal– que en las mismas condiciones de edad, de escolaridad, de tamaño de la localidad, de tipo de actividad económica y de posición en el trabajo, un indígena percibe un ingreso significativamente inferior que un mestizo?
Es poco probable que el motivo del escándalo se encuentre en los fascinantes trabajos de Jan Rus y de Sophie Hvostoff sobre los indígenas que han migrado a la ciudad de San Cristóbal. A partir de dos enfoques complementarios, los dos autores nos muestran la paulatina indianización de la antigua capital de Chiapas y sobre todo la recreación de amplias redes de solidaridad familiar, barrial, religiosa e identitaria que permiten a los migrantes tzotziles y tzeltales integrarse a la vida urbana en condiciones menos desfavorables.
¿Será peligroso para la causa zapatista saber que Chiapas tiene el menor porcentaje de católicos del país y que las iglesias rivales van ganando terreno y, sobre todo, conocer la geografía y las razones de este crecimiento, como nos lo muestra en una apretada síntesis Carolina Rivera?
¿Serán los sesudos análisis de la transición democrática en Chiapas que realiza Willibald Sonnleitner, con profusión de datos electorales, gráficas y mapas, los que amenazan la paz en ese estado? Sin duda, no debe ser del agrado de los incondicionales del EZLN saber que, en las secciones electorales con fuerte presencia zapatista, el PRI fue recuperando presencia entre 1995 y 2000 hasta obtener, en muchos casos, un mayor porcentaje de votos sobre el total de inscritos en la lista nominal que en algunos de sus antiguos bastiones como Chamula; menos aún enterarse de que el abstencionismo promovido por el EZLN ha disminuido como resultado de la deserción de sus bases de apoyo hasta volverse casi imperceptible en las elecciones de 2006. Pero nada de esto resulta comparable con el disgusto que les ha de haber provocado ver que en estas últimas elecciones de julio de 2009, en los distritos de Ocosingo y de Palenque (que cubren la totalidad de la Selva Lacandona), el abstencionismo ha sido menor que en el resto del estado de Chiapas y que los triunfadores han sido los candidatos del PRD, gracias al apoyo de organizaciones indígenas como la CIOAC y Xi Nich que se han distanciado del EZLN.
A esta alturas, ya estamos entrando al último tercio del libro y sigue sin aparecer el famoso “diagnóstico sobre la situación de las comunidades en las regiones indígenas donde están los municipios autónomos zapatistas”. ¿Será posible que Bellinghausen se haya lanzado contra este libro no digamos sin haberlo leído sino incluso sin tener la menor idea de su contenido? Descartemos esta posibilidad: su profesionalismo nunca le hubiera permitido hacer algo semejante.
Tal vez entonces el mal anide en los últimos cinco capítulos, que guardan alguna relación con las comunidades zapatistas. Pero qué desilusión: la muy informada síntesis de José Luis Escalona, que muestra los cambios recientes en la región tojolabal y la extrema diversidad de sus afiliaciones religiosas y políticas, se centra en unas comunidades que nunca fueron zapatistas; y el original trabajo de Alejandro Agudo sobre la zona chol, resultado de un intenso trabajo de campo, trata de una localidad, El Limar, en la que los únicos zapatistas que hubo lo fueron sólo de manera “virtual”. En efecto, sin tener ninguna relación orgánica con la organización armada, algunos avecindados se declararon seguidores del EZLN para invadir unos predios de propiedad privada y una vez logrado su objetivo se adscribieron a otra organización campesina.
Probablemente entonces el espíritu contrainsurgente del libro se haya refugiado en la contribución de Gabriel Ascencio que se atreve a hablar en el título de esta de “logros agrarios” entre 2003 y 2006 como resultado de la aplicación del Procede –programa, como es bien sabido, emanado de la “contrarreforma agraria privatizadora” de Carlos Salinas de Gortari– en varios casos de conflictos de tierras. Pero el lector no tardará en descubrir que se trata de un título irónico: ninguno de los conflictos agrarios mencionados ha encontrado solución alguna.
Por fin cuando abordamos el capítulo X, escrito por el coordinador del libro, Marco Estrada Saavedra, descubrimos la posible razón de la ira de Bellinghausen. En efecto, en unas límpidas páginas, el autor revela ahí el secreto mejor guardado del EZLN: esta organización no está estructurada con base en el principio democrático del “mandar, obedeciendo”, sino que tiene unas complejas estructuras jerárquicas que son descritas con detalle, lo que nos hace sospechar que el subcomandante Marcos es algo más que su “portavoz”.
Es de temerse que los dos últimos capítulos del libro mantengan esta línea desmitificadora, pero esta inquietud se desvanece rápidamente. El estudio sobre el funcionamiento del municipio autónomo zapatista “17 de Noviembre” está escrito por una conocida simpatizante de la causa rebelde, Gemma van der Haar, quien no por ello deja de señalar discretamente algunas de las dificultades que han encontrado los indígenas a la hora de echar a andar su proyecto autogestivo.
Por último, Maya Lorena Pérez Ruiz analiza las relaciones entre el EZLN y otras organizaciones campesinas e indígenas. Al recurrir al término de “cerco antizapatista” para referirse a los esfuerzos que hizo el gobierno federal para resolver en 1994 y 1995 las demandas de las organizaciones aliadas a los zapatistas, en especial la regularización de los predios de propiedad privada invadidos, da a entender que hubiera sido preferible que este hubiera ordenado su desalojo para que así las organizaciones independientes hubiesen mantenido su estrecha alianza con los zapatistas. Su interpretación no difiere demasiado de la que hizo el propio EZLN cuando denunció la “traición” de los líderes de esas organizaciones, que habían negociado con el gobierno acuerdos muy favorables a los campesinos que militaban en sus filas.
El lector cierra las páginas de este grueso libro habiendo aprendido muchísimo sobre la compleja realidad chiapaneca después del levantamiento armado del EZLN, pero sin entender cuál es la causa de tanto escándalo si estamos ante una obra de calidad, no exenta de una cierta dosis de “corrección política”, en la que renombrados investigadores pueden expresar con libertad sus muy distintos puntos de vista. Pero es justamente esto lo que parece ser inaceptable para el cronista oficial del EZLN: la existencia de una obra colectiva en la que sus participantes no fueron elegidos en función de sus pasiones políticas, sino por el rigor y la originalidad de sus investigaciones; la publicación de un libro en el que caben todos los artículos de calidad: esto es, obviamente, contrainsurgencia pura. ~
(ciudad de México, 1954), historiador, es autor, entre otras obras, de Encrucijadas chiapanecas. Economía, religión e identidades (Tusquets/El Colegio de México, 2002).
