Este domingo 20 de agosto, Guatemala concurrirá a las urnas para elegir a su próximo presidente. Los candidatos de la segunda vuelta son Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), portador de un discurso conservador, y Bernardo Arévalo, representante del emergente partido socialdemócrata, Movimiento Semilla.
Lo sorprendente de esta contienda fue el segundo lugar de Arévalo. Antes de la primera vuelta, la encuesta Libre 23 le otorgaba menos del 3% en intención de voto. El primer lugar de Sandra Torres sí era esperable, ya había ocurrido en sus anteriores incursiones en las elecciones de 2015 y 2019. El problema de esta candidata son las segundas vueltas porque se unifica el voto en su contra
Torres es una figura ampliamente reconocida en la política guatemalteca. Figuró como primera dama durante la administración de Álvaro Colom (2008-2012) y tuvo un papel protagónico en la implementación de programas sociales a través del Consejo de Cohesión Social, aunque también recibió críticas por el carácter clientelar de dichos programas.
Por su parte, Bernardo Arévalo es un sociólogo con doctorado en Filosofía y Antropología Social. Actualmente se desempeña como diputado por el Movimiento Semilla. Este partido surgió en el marco de las protestas anticorrupción de 2015, que culminaron con la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina. Arévalo, candidato por primera vez, representa a un partido que ha formado parte de la oposición, aunque con una representación modesta en el Congreso: 7 de 160 escaños. Se imponen las preguntas de cómo Arévalo logró llegar a la segunda vuelta y qué está en juego este 20 de agosto. Se requiere analizar el contexto para comprender la situación.
El retroceso democrático en Guatemala ha presentado peculiaridades distintivas. Principalmente, destaca la ausencia de partidos políticos con verdadero arraigo en la población. Desde la apertura democrática en 1986, cada elección ha resultado en la victoria de un presidente proveniente de un partido político diferente. En Guatemala, se dice en corrillos universitarios, los partidos políticos, en el mejor de los casos, nacen, triunfan en elecciones y luego mueren.
Un segundo aspecto a considerar es la marcada fragmentación política. En la actualidad, el Congreso acoge la representación de 19 partidos políticos, y se espera que en el Congreso de 2024 esta cifra se mantenga elevada, con alrededor de 17 bloques. El presidente en funciones, Alejandro Giammattei, resultó victorioso en las elecciones de 2019 en una segunda vuelta contra Sandra Torres. Sin embargo, en la primera vuelta apenas obtuvo el 14% de los votos y consiguió únicamente 17 escaños en un Congreso compuesto por 160 diputados. Esta elección no es muy distinta: Torres obtuvo el 21% de los votos válidos y Arévalo el 15.6%.
Giammattei se puso al frente de una coalición gobernante conformada por alrededor de diez a doce partidos políticos, que le ha permitido aprobar leyes de su interés en el Congreso. La crisis democrática es consecuencia de los intereses de buena parte de esta coalición empeñada, con relativo éxito, en neutralizar a los distintos órganos de control.
Desde julio de 2021, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, que había tenido un papel estelar al perseguir casos de corrupción de alto impacto, fue desmantelada. El jefe de la fiscalía marchó al exilio y más de 20 agentes fiscales que veían casos de corrupción han sido removidos, transferidos o reasignados a otras tareas por temor a represalias. Varios jueces que conocían casos muy relevantes o relacionados con violaciones a derechos humanos también han salido al exilio.
Con tales antecedentes, se esperaba una elección marcada por la exclusión de candidatos por la vía judicial. Efectivamente, en el mes de febrero dos candidatos que no pertenecían a la coalición gobernante –Thelma Cabrera, del partido de extrema izquierda Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y el derechista Roberto Arzú del partido Podemos– fueron excluidos debido a sus chances de éxito electoral. Más escandalosa aún fue la exclusión del líder en las encuestas, el populista Carlos Pineda de Prosperidad Ciudadana, a un mes de las elecciones. Todas estas exclusiones fueron arbitrarias y contrarias a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Arévalo, pese a tan enrarecido clima político, logró avanzar a la segunda vuelta. La coalición gobernante presentó entonces un amparo ante la Corte de Constitucionalidad buscando forzar la repetición del conteo de actas con el fin de deslegitimar la elección. Gracias a que en Guatemala el conteo es muy seguro, al estar en manos de ciudadanos voluntarios que integran las Juntas Electorales, esta maniobra no tuvo éxito. Aunque fue necesario repetir el proceso de conteo de actas, los resultados se mantuvieron casi idénticos.
Tras este intento fallido, el Ministerio Público armó rápidamente un caso por falsificación de firmas contra el Movimiento Semilla y, con el apoyo de un juez penal, intentó suspender al partido. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad intervino, garantizando la segunda vuelta.
La crisis democrática en Guatemala ha alcanzado niveles preocupantes, lo que condujo a la reciente visita del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al país. Al concluir su visita, Almagro presentó un informe en el cual destacó la profunda judicialización del proceso electoral guatemalteco. Además, se acordó que la misión de la OEA permanecerá en Guatemala hasta el 14 de enero de 2024, fecha en la que el nuevo gobierno asumirá sus funciones.
La fragmentación política y el hecho de que la coalición gobernante no cuenta con un candidato único favorecen un triunfo opositor, pero Arévalo no es un candidato de masas ni Movimiento Semilla un partido con una fuerte organización territorial.
No obstante, es crucial resaltar el cansancio de los guatemaltecos respecto a la coalición que ha sostenido a Giammattei y su rechazo a las iniciativas del Ministerio Público para perjudicar a este partido. Tales acciones no han favorecido a dicha coalición: una encuesta reciente de CID Gallup encargada por Fundación Libertad y Desarrollo revela que el 76% de los consultados piensa que el país va por el camino equivocado, el 70% cree que el gobierno es corrupto y el 67% está en contra del intento eliminar al Movimiento Semilla de la contienda.
La misma encuesta muestra una ventaja para Arévalo del 63% frente al 37% de Torres. La coalición gobernante parece no entender que la elección presidencial se ha convertido en un referéndum entre el sistema actual y la opción de cambio que Arévalo representa. Si resulta ganador, será un claro mensaje de los guatemaltecos en repudio a la actuación de un bloque político que conculca derechos políticos, manipula a los organismo de control como el Ministerio Público y, para colmo, limita la libertad de expresión de los medios independientes. ~
es abogado por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y Máster en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Profesor universitario especializado en derecho constitucional y riesgo político. Editor asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL).
