En días recientes, el gobierno del presidente López Obrador ha emitido una serie de comunicados para dar a conocer la situación en Acapulco después del paso del huracán Otis y señalar las labores de ayuda humanitaria que se llevan a cabo. Entre lo informado, el propio presidente ha mencionado la entrega de despensas y agua, el censo de daños en viviendas y el despliegue de los planes Marina, DN-III-E y GN-A para el auxilio a la población afectada, además de la recuperación del sistema eléctrico, la lenta pero constante rehabilitación de carreteras y otras acciones.
La respuesta gubernamental ha estado bajo el ojo crítico de la sociedad, por lo que abundan las opiniones sobre lo que debería y no debería hacerse para atender la situación. No obstante, ya que las fuentes oficiales de información que nos actualizan son los comunicados que emite la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los datos que se presentan en la mañanera y las intermitentes comunicaciones en redes sociales del presidente, en ellos nos centraremos para analizar la respuesta ante el desastre.
En la página oficial de la SSPC se han publicado 20 comunicados oficiales, el primero fechado al 24 de octubre, y el último, hasta la redacción de este texto, al 2 de noviembre. De la información disponible resalta el despliegue de personal por parte de la Sedena, la SEMAR y la Guardia Nacional, que suman casi 20 mil unidades, sin contar el personal de otras dependencias que ya están operando en la zona. Pero también hay omisiones o fallas importantes. Por ejemplo, llama la atención que fue hasta el informe del 28 de octubre (cuatro días después de que Otis tocara tierra) que se menciona la integración de las autoridades estatales y locales en el Comité Nacional de Emergencias (CNE), cuando deberían estar presentes desde el primer momento de acuerdo con la Ley General de Protección Civil. Asimismo, encontramos que el 26 se emitió la declaratoria de emergencia para Guerrero por Otis, pero fue hasta el 2 de noviembre que se emitió la declaratoria de desastre para 47 municipios de Guerrero, como puede consultarse en el Diario Oficial de la Federación. El que la declaratoria llegue casi diez días después de que Otis tocara tierra deja ver que la toma de decisiones en la Coordinación Nacional de Protección Civil no es unificada, ágil ni consistente. Además, retrasa el proceso de recuperación temprana, ya que la Ley Federal de Protección Civil indica que deberán pasar otros diez días para tener los recursos disponibles después de la declaratoria. Esto se suma a la declaratoria similar para la tormenta tropical Max, que afectó a varios estados del Pacífico, incluyendo Guerrero, tan solo unos días antes.
El lenguaje importa
De un tiempo para acá se ha normalizado que los secretarios trabajen “porque el presidente así lo instruyó”, buscando fortalecer la figura presidencial, como se puede apreciar en las comunicaciones recientes. No obstante, en términos de institucionalidad y estructura, esto solo demuestra que se ignoran (por desconocimiento o voluntad) los procedimientos, normas y protocolos establecidos en la Ley General de Protección Civil. Esta señala con claridad, en los artículos 32 y 33, quién actúa, cuándo y cómo. El Comité Nacional de Emergencias es quien encabece la respuesta, de modo que esta no dependa de decisiones individuales. El discurso que predomina actualmente muestra funcionarios sometidos, incapaces de seguir procedimientos, sino solo “instrucciones”. Es decir que, siendo México pionero en la promulgación de marcos para la atención a desastres, que deberían funcionar por sí mismos, se ha vuelto un país que no los aplica. En un desastre, lo que menos se quiere es ralentizar la respuesta por temas burocráticos y decisiones individuales.
Por otro lado, en este y cualquier desastre, una persona muerta es mucho y no debería minimizarse jamás, sin importar cuánto se compare con otros desastres. Soslayar el número de fallecidos, por respeto a los familiares de las víctimas, no debería ser.
Una estructura institucional lenta y desarticulada
En los comunicados también se puede observar que no hay una evaluación de la infraestructura afectada desagregada por sector, con algunas excepciones, como la CFE. Por el contrario, se nos ofrecen datos sueltos, duplicados y a veces contradictorios, como es el número de fallecimientos que se reportan; 48 en el informe del 29, 45 en el del 30 de octubre y 46 en el del 2 de noviembre. Si bien se indicó que hay dos hospitales generales afectados, y el conteo de viviendas afectadas está en proceso, no se ha dicho nada sobre planteles educativos, instalaciones gubernamentales y otros servicios básicos que deberían cubrirse en una evaluación integral. Olvidemos el tema de infraestructura cultural.
El anunciado plan de recuperación para Guerrero, que contempla 20 puntos, parecería centrarse en la recuperación económica, que, si bien es fundamental, no es el único aspecto que requiere atención. Quedan fuera, por ejemplo, temas de educación como escuelas y clases, o de cultura, como centros culturales y actividades sociales que son fundamentales en la recuperación psicosocial de la población a mediano y largo plazo, por mencionar algunos puntos.
Los informes muestran de nueva cuenta una estructura institucional hipercentralizada que no funciona como un sistema nacional, como en teoría es el Sistema Nacional de Protección Civil, que debería operar a partir de protocolos, planes y estrategias previamente construidas. Este Sistema se ha vuelto, por el contrario, un órgano lento, centralizado y con poca autonomía, que solo funciona cuando el presidente así lo quiere. Los desastres de gran magnitud requieren de un enfoque multisectorial, multidimensional e interinstitucional ágil, con todos los actores sentados en la misma mesa, incluyendo los sectores privados y de la sociedad civil. No hay que olvidar que eventualmente el gobierno federal deberá salir de la zona de desastre y dejar el mando a los actores locales y estatales.
Información incompleta
En otro escenario, una evaluación de necesidades posterior al desastre, integral, sistemática y multisectorial permitiría que todas las acciones de respuesta sean acordes con las necesidades reales de la población. Por otra parte, es necesario un mayor y mejor flujo de la información. La transparencia en el manejo de las emergencias promueve procesos democráticos y de inclusión que contribuyen a proteger vidas y patrimonios. Además, la información construye confianza, evita conflictos, y permite a todos tomar decisiones responsables e inteligentes. Al mismo tiempo, facilita que la sociedad en general identifique espacios donde pueda ayudar. Esto se logra con información real y concreta, que acelera y mejora los procesos de recuperación.
Finalmente, la comunicación hacia el conjunto de la población ha sido muy deficiente. Los comunicados no siguen siquiera un mismo formato, un orden numérico y abordan de forma desordenada la información. Los desastres son fenómenos que nos afectan a todos de una o de otra manera. Por lo tanto, todos tenemos derecho a saber lo que está sucediendo con claridad y veracidad. La información que se nos ha ofrecido hasta ahora, tanto por la vía presidencial como por la SSPC ha sido insuficiente, desordenada y confusa. ~
es licenciado en Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, estudió Gestión de Riesgos aplicados al Patrimonio Cultural en la Universidad de Ritsumeikan, en Japón, y es maestro en Riesgo, Desastres y Resiliencia por la University College de Londres.
