En 2008, un inquietante informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hacía alarmantes advertencias sobre la viabilidad del país por el creciente poder del crimen organizado.
Recuerdo muy bien la nota del diario Milenio porque me puso los pelos de punta el término “viabilidad del país”, que inmediatamente asocié con Estado fallido y otros conceptos que sirven mal para decir que una sociedad deja de tener autoridad legítima y capaz y da paso a la anarquía. Esta semana lo recordé al leer al periodista Carlos Marín, quien hizo alusión a ese informe en su columna y me ayudó a encontrar la nota.
Algunos datos que inquietaban a los militares en ese momento eran los siguientes: en dos años de combate al narcotráfico, la Sedena había detenido a 9 mil personas, confiscado 7 mil 683 vehículos al crimen (aeronaves, barcos y terrestres) y decomisado 17 mil armas. El narcotráfico representaba, decían, una amenaza mayúscula a la seguridad interior, su fuerza retaba ya la infraestructura militar y debía ser considerada una prioridad de Estado por su impacto político y económico. Decían, además, que el crimen empezaría a tener poblaciones y políticos como objetivos selectivos.
Añado algunos datos sobre ese año: hubo 14 mil homicidios y el negocio del mercado de drogas se estimaba en 10 mil millones de dólares según la propia Secretaría de Seguridad Pública.
Desde entonces, tres presidentes han enfrentado este desafío, cada uno con enfoques diferentes y resultados insatisfactorios. La Iniciativa Mérida, la militarización, la legalización, los cambios en el sistema de justicia y los programas sociales no han logrado contener la violencia ni disminuir la influencia del narcotráfico.
Me pregunto a qué conclusión llegaría hoy el grupo de inteligencia militar que hablaba de la viabilidad comprometida en 2008. Los homicidios son el doble. Think tanks como Global Financial Integrity estiman hasta en 121 mil millones de dólares (12 veces más que en 2008) el valor del negocio de las drogas, y las cifras de decomisos llegan al doble. En los últimos dos años (el informe aludido era también bianual), la Sedena reporta oficialmente 17 mil detenidos en la lucha contra el narcotráfico y la incautación de 16 mil 774 vehículos aéreos marítimos y terrestres.
Me estoy saltando todo el peñanietismo y simplificando en demasía, pero es que el objetivo no es comparar administraciones, sino recuperar el inquietante concepto que ponían sobre la mesa los militares alarmados.
No sé cómo definían viabilidad. Yo lo defino amparándome en la ciencia política, que aunque no tiene resuelto el concepto de colapso estatal, estado fallido o inviabilidad estatal, ha construido algunos mínimos para hablar de Estados que tienen agujeros o dejan de funcionar del todo. La viabilidad está en la legitimidad, la capacidad y la seguridad. La primera le permite hacer cumplir la ley y tener interlocutores válidos. La capacidad se refiere a que sepa hacerse de recursos y pueda usarlos para servicios, para mantenerse o para distribuir. La tercera significa eso: que pueda dar seguridad. Algunos autores añaden: en todo el territorio.
El Estado mexicano pasa todas, pero no en todo el territorio. Aunque se advierte que el gobierno federal es sólido, las autoridades han perdido el control fiscal, legal, territorial y la legitimidad para operar en zonas cada vez más amplias y eso remite a las estrategias en seguridad. Ya se ve que para disminuir la violencia y combatir los mercados ilícitos no funcionaron ni las de Calderón, ni las de Peña Nieto ni las de Andrés Manuel López Obrador, pero me pregunto si esas decisiones, además de no funcionar, tienen la espantosa característica de debilitar a las instituciones estatales. Ya Fernando Escalante había analizado el impacto de la militarización de la seguridad pública en la erosión de las autoridades locales, así que algo hay. ¿Se están impulsando las decisiones adecuadas? ¿Las propuestas de Claudia Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez tienen la misma tendencia a aumentar la fuerza sin complementarla con una visión más amplia de rehabilitación del Estado?
Quizás hay que cambiar el enfoque, porque intentar meter a la cárcel a los malos y destruir el mercado con más soldados no solo no logra eso sino que es probable que empobrezca las capacidades estatales. Hoy tenemos más armas que nunca, más agentes que nunca, más dinero que nunca y lo más que se ha logrado, si escuchamos al presidente, es estancar la tendencia homicida.
Felipe Calderón se equivocó. Enrique Peña Nieto se equivocó. Andrés Manuel López Obrador se equivocó. Ahora le tocará a la presidenta resolver, no solo la violencia, sino el dilema del Estado. ~
es politóloga y analista.
