Los atentados que sufrieron los ductos de Petróleos Mexicanos en las últimas semanas han revivido el fantasma de la violencia, de la guerrilla, del “México bronco”. Si bien es cierto que la violencia nunca ha desaparecido de la vida de México, en los últimos años parecía que se había avanzado por la ruta de la institucionalidad. Incluso la oposición de izquierda, que durante décadas estuvo en la clandestinidad, lleva ya años de haberse integrado a la competencia electoral con todo éxito, cosa que la llevó incluso a ser una opción de gran peso en las elecciones de 1988 y en 2006, más allá de las discusiones sobre fraudes electorales supuestos o verdaderos.
En este sentido, el país ha visto cómo las opciones extrainstitucionales, como la guerrilla, se han venido incorporando paulatinamente a la lucha institucional en los últimos años. Por ello sorprende que todavía haya grupos que recurran a la violencia para hacer valer sus demandas. Desde luego, no faltará quien diga que las acciones violentas son sólo el reflejo de un México injusto y que mientras no se resuelva la honda desigualdad, tales fenómenos van a prevalecer. Los ataques a Pemex pueden tener una explicación sociológica, y, si es cierto que el autor fue el llamado Ejército Popular Revolucionario, se refieren también a la situación de inestabilidad en Oaxaca y, al parecer, a la presunta desaparición de dos miembros de esa organización delictiva. Pero ello no significa, desde luego, que los atentados tengan legitimidad.
Según un informe reciente de la Secretaría de la Defensa Nacional, el EPR estaría preparando acciones espectaculares para el 2010, cuando se conmemora el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Ello es muy probable, porque estos grupos gustan de verse a sí mismos en una perspectiva histórica y como parte de una ola de cambio que se remonta a siglos pasados. Sería absurdo negar el fortalecimiento que han tenido las instituciones y las actividades democráticas en nuestro país durante los últimos años, lo cual ciertamente hace difícil pensar que la mayoría prefiera la violencia para cambiar o corregir el orden social. Sin embargo, y tal vez precisamente por el fortalecimiento de la vía institucional pacífica, se puede creer que los grupos que actúan al margen de la legalidad también radicalicen su actividad. Eso no significa que estemos frente a un movimiento que pueda desafiar ni desequilibrar la autoridad del Estado, aunque este tipo de atentados se sigan presentando de manera esporádica.
Frente a este panorama ¿qué puede hacer el Estado? En el plazo corto es evidente que debe fortalecer su capacidad de investigación secreta –la llamada inteligencia– y la de vigilancia general a favor de las instituciones e instalaciones estratégicas. Finalmente el Estado tiene el deber de aplicar la ley y no puede abdicar de él, aunque algunas acciones violentas se realicen al amparo de demandas sociales legítimas. El Estado mexicano debe igualmente apresurarse a eliminar las dudas que genera la competencia electoral; es cierto que existen sectores de la población para los cuales ningún sistema electoral va a estar libre de sospecha; el sistema que tenemos presenta todavía serias fallas que se deben corregir, como se vio en las elecciones del 2006: una reforma electoral en la que participaran todas las fuerzas políticas que actúan dentro de la institucionalidad no haría que los grupos radicales dejaran de actuar, pero les quitaría el argumento de que la lucha por la vía institucional es infructuosa. Asimismo, el Estado debe poner un énfasis particular en resolver de raíz conflictos locales como el de Oaxaca, que nutren el desarrollo de opciones radicales.
En el plazo mediano se debe trabajar, desde luego, en disminuir aceleradamente las terribles desigualdades sociales que enfrenta el país, y también –como antes– en ser absolutamente escrupulosos en la aplicación de la ley. Si es cierto el reclamo del EPR de que se hizo desaparecer a dos de sus miembros en Oaxaca, presumiblemente por fuerzas del Estado mexicano, estamos frente a una situación grave que el gobierno debe aclarar y solucionar. Ello no justifica los atentados contra Pemex, pero es evidente que este tipo de situaciones estimulan la acción de grupos radicales.
Es muy probable que en el futuro se presenten ataques similares, y que el Estado sea incapaz de evitarlos, pero eso no significa que estemos frente a una ola incontrolada de violencia. El terrorismo guerrillero no va a detener la transición democrática del país, aunque sí es una llamada de atención para que el Estado consolide esa transición. Para ello necesitamos instituciones más eficientes y honradas, y un Estado que haga mejor su trabajo: desde la seguridad que provee hasta los derechos humanos que resguarda, pasando por una muy sensible y sostenida mejoría de las condiciones socioeconómicas de la población. Esto no va a evitar las acciones violentas de grupos radicales, pero las volverá cada vez más una anomalía histórica. ~
