El presidente Donald Trump está cumpliendo sus promesas. El 1 de febrero impuso aranceles de 25% a sus socios comerciales más importantes, México y Canadá, y un arancel de 10% a China. Un par de días después, se anunció que, tras una llamada telefónica entre los presidentes Trump y Sheinbaum, las tarifas a México se suspenderían un mes. A cambio, México se comprometió a reforzar la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional para combatir el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, y trabajar conjuntamente en seguridad y comercio. Trump informó que se estarán negociando los términos de dicha suspensión, liderados por altos funcionarios de ambos países.
Si bien el anuncio de aranceles enfureció a sus dos principales aliados regionales, no debió de haber causado sorpresa. En gran parte, Trump ganó la contienda electoral debido a sus políticas comerciales y migratorias. El presidente regresó a la Casa Blanca con mayor conocimiento del funcionamiento del gobierno federal, equipado con un gabinete de aliados ideológicos y fieles a su plataforma política de “Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo” (MAGA). En sus primeras semanas, ha dejado claro que tiene toda la intención de avanzar con sus promesas electorales a costa de lo que sea.
La suspensión de los aranceles está ligada a la capacidad del gobierno mexicano de frenar el flujo de migrantes, evitar la producción y distribución del fentanilo y combatir el crimen organizado. Ya no existen aquellas épocas cuando la migración, el comercio y la seguridad se abordaban de manera separada. Ahora, los tres temas están vinculados y, para evitar la eventual imposición de tarifas, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que producir resultados inmediatos en materia migratoria y de seguridad. Ojalá que hayan alcanzado un acuerdo en cuanto a los indicadores y las métricas que utilizarán para evaluar esos resultados, pues de lo contrario, será la interpretación del presidente Trump la que dictamine si los esfuerzos fueron suficientes como para evitar una guerra comercial.
Es cierto que la imposición de aranceles elevaría los costos de productos básicos en Estados Unidos. México se posicionó como el primer socio comercial de Estados Unidos en 2023, con 800 mil millones de dólares en comercio binacional, superando a Canadá y a China. En 2024, México fue el principal destino para productos agrícolas de Estados Unidos, y suministra aproximadamente la mitad de las frutas y verduras frescas que llegan al vecino del norte. Justificar un aumento en los precios de estos y otros productos será un desafío para Trump, considerando que prometió reducir la inflación y los costos en el país.
Desde la entrada en vigor del T-MEC, en julio de 2020, las cadenas de suministro regionales son cada vez más interdependientes. Sectores clave, como el automotriz, el manufacturero y la industria electrónica se verían severamente impactados con los aranceles, debido a que ciertos productos cruzan la frontera múltiples veces a lo largo de su proceso de fabricación.
Pero, a pesar de esta profunda y exitosa integración, Trump sigue considerando imponer aranceles. Si hay algo que el neoyorquino odia tanto como ama los aranceles, son los déficits comerciales. En 2023, Estados Unidos registró un déficit de 152.48 mil millones de dólares frente a México. Este déficit, acompañado de las preocupaciones tanto de demócratas como de republicanos sobre la creciente presencia, influencia e inversión china en México, explican en parte la lógica detrás de los aranceles. Irónicamente, al debilitar la credibilidad y la certidumbre de América del Norte, la nación que más podría beneficiarse de esta situación es China.
Los aranceles también deben entenderse desde la migración y el fentanilo. Ambos forman parte del argumento de Trump para convencer a los estadounidenses que el dolor de una eventual alza de precios valdrá la pena. De acuerdo con cifras del Migration Policy Institute, hay aproximadamente 11.3 millones de indocumentados residiendo en Estados Unidos, de los cuales 45% (5.1 millones) son mexicanos. Las políticas migratorias fallidas del presidente Biden, que registraron números récord de encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos, sentaron las bases para el regreso de Trump y agravaron el sentimiento antiinmigrante en el país. La Casa Blanca tiene como objetivo deportar primero a migrantes indocumentados con antecedentes criminales (entre 400 mil y 600 mil), seguidos por aquellos que llegaron al país hace dos años, y luego al resto de la comunidad indocumentada, con la meta de deportar un millón de migrantes en el año fiscal 2026.
Aunque habrá barreras legales y retos logísticos, las deportaciones masivas se llevarán a cabo y Trump les exigirá, por las buenas o las malas, a los países de origen que reciban a sus connacionales. En un reciente artículo publicado en el Wall Street Journal, el secretario de Estado, Marco Rubio, escribió: “algunos países están cooperando con nosotros con entusiasmo; otros, no tanto. Los primeros serán recompensados.” Ahí está la clave para sostener una buena relación con la administración Trump. Ahí está lo que ocurrió con Colombia: más claro, ni el agua.
En materia de seguridad, la cooperación bilateral se deterioró durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La falta de confianza mutua, intercambio de inteligencia, objetivos compartidos y acciones conjuntas distanciaron a los dos países. En su comunicado sobre la imposición de aranceles, la Casa Blanca declara que el gobierno de México tiene una “alianza intolerable” con las organizaciones que trafican droga, una clara respuesta a los años de nula cooperación en materia de seguridad.
Dicho esto, el plan de seguridad de Claudia Sheinbaum integra componentes esperanzadores para el futuro de la relación con Estados Unidos, con un enfoque en fortalecer las capacidades de inteligencia, la coordinación interinstitucional y el combate frontal a los carteles. El gran desafío hacia adelante será buscar la manera de colaborar con una Casa Blanca que considera que el gobierno de México esta coludido con el crimen organizado y que tiene como prioridad reducir el flujo de opioides sintéticos que han causado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Trump ha lanzado la posibilidad de designar a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que podría justificar una posible intervención militar unilateral en México en el futuro próximo.
Existe una desconexión entre lo que México percibe –un momento único para atraer inversión y fortalecer la región de América del Norte– y lo que se vive y dice en Washington. Apenas la semana pasada, varios funcionarios mexicanos estaban convencidos de que los aranceles no ocurrirían, que las deportaciones masivas no se realizarían, e incluso, que una intervención militar unilateral por parte de Estados Unidos sería inconcebible. Mientras México sigue apostando por el fenómeno de nearshoring, el gobierno estadounidense vira hacia el reshoring y se distancia cada vez más del libre comercio. Trump utiliza los aranceles como medida de presión, pero estos también forman parte de la ideología comercial de MAGA.
Al gobierno de Claudia Sheinbaum le corresponde enfocarse en desarrollar estrategias contundentes para enfrentar lo que puede ser el mayor revés en la relación bilateral entre ambos países en la historia moderna. Debe prepararse para lo peor y esperar lo mejor. De no ser así, tendrá que aprender a golpes que lo que dice el mandatario estadounidense lo lleva a cabo.
El país no debe gastar energías analizando el impacto que tendrán las deportaciones masivas y los aranceles en el sector laboral, las industrias y los precios en Estados Unidos. Solo entendiendo los incentivos y la lógica e ideología de Donald Trump y su movimiento, México y otros países podrán desarrollar estrategias que brinden buenos resultados con Estados Unidos. Washington ha cambiado y los países de América Latina y del resto del mundo deben aceptar esta nueva realidad, preservando su soberanía y sus propios intereses, y manteniendo la flexibilidad para crear nuevas vías de colaboración. ~
es directora del Instituto México del Wilson Center. Ha laborado en el gobierno federal de México, fue asesora de políticas públicas para América Latina en un despacho de abogados internacional en Washington DC y fungió como corresponsal de la Casa Blanca para NTN24. Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobierno de la Universidad de Georgetown.
