México posee el archivo histórico más rico del continente. Sus tesoros documentales incluyen códices del siglo xvi, los acervos de la administración virreinal, cartas de Hernán Cortés, de Sor Juana Inés de la Cruz, la cédula de creación de la primera universidad que abrió sus puertas en América, las tablas geográficas de Alejandro de Humboldt, el Acta de Independencia, todos los originales de las Constituciones de México —incluida la que nos rige— y nuestros símbolos patrios, por sólo mencionar algunos ejemplos. Sus ricos fondos han sido declarados parte de la memoria del mundo por la Unesco. Sin embargo, tales joyas documentales se encuentran en un edificio inadecuado, que no cumple con las normas internacionales para la preservación de los documentos.
El llamado “Palacio de Lecumberri”, sede del Archivo General de la Nación, fue construido para ser una cárcel modelo. Su estructura panóptica facilitaba la vigilancia de los internos, pero es del todo impráctica para depositar los documentos en sus celdas. Su forma arquitectónica imposibilita mantener la temperatura y humedad homogénea requerida.
La adaptación se hizo con materiales de baja calidad, los techos de las galeras —por ejemplo— no aíslan de los cambios de temperatura. Para quitarle el aspecto lúgubre de la prisión, se dejó todo sin puertas, por lo que los documentos quedaron a la intemperie durante años, en una de las zonas más contaminadas de la ciudad de México. Por ello, los ácidos nítrico y sulfúrico han destruido documentos, como los del Banco del Avío de Lucas Alamán, nada menos que del fundador del Archivo General y Público de México. Además, muchos documentos fueron robados, al ser el único archivo del mundo que tenía su estantería abierta.
Por si eso fuera poco, el edificio está en constante riesgo de inundación, por estar más de un metro y medio por debajo del nivel de la calle y por encontrarse a una cuadra del Gran Canal del desagüe, en la parte que corre a cielo abierto y que, dadas las condiciones del drenaje profundo, está en grave riesgo de desbordarse. Nunca se debió poner un archivo en semejante ubicación.
Es evidente que quienes ubicaron el agn en Lecumberri no obraron de mala fe, aunque subestimaron los riesgos. Se fascinaron con la idea de convertir al “Palacio Negro” en un centro de cultura, para que, donde antes el Estado vigilaba a los infractores de la ley, ahora la ciudadanía vigilara al Estado.
Sin embargo, el tiempo ha dado la razón a quienes opinaron en contra de poner el archivo en Lecumberri, como Charles Kecskemeti, secretario general del Consejo Internacional de Archivos —organismo fundado por Jaime Torres Bodet cuando fue secretario de la Unesco—, y el antiguo director del Archivo Nacional, Ignacio Rubio Mañé.
Todos podemos equivocarnos, lo grave es perseverar en el error, y peor todavía que, a sabiendas de que se está perdiendo el patrimonio documental de la nación, se impida salvarlo por intereses políticos, de partido o personales. Negar las evidencias científicas y técnicas de los especialistas ha sido irracional e irresponsable y ha causado un perjuicio, en muchos casos irreparable, al patrimonio documental de México.
Las condiciones políticas y económicas del país parecen poco propicias para emprender la empresa de construir el edificio que el Archivo requiere. Por ello es lamentable que tal obra se haya frenado seis años atrás, ya que el proceso es largo y llevará mucho más que un sexenio para realizarse. Mientras tanto, los documentos siguen perdiendo vida.
Hoy se discuten diversas iniciativas de una ley de archivos en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, para subsanar las omisiones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del año 2000; La lftai es, a su vez, la ley reglamentaria de la reforma al Artículo 60 Constitucional, que incorporó la frase: “El Estado garantizará el derecho a la información”, cuya aplicación —reglamentación— quedó pendiente desde 1977, por lo que tal derecho no se pudo ejercer.
Es deseable que la ley de archivos sea aprobada próximamente, para que se preserven los documentos y realmente se pueda ejercer el derecho a la información. Y que las autoridades correspondientes inicien cuanto antes la construcción de un edificio ad hoc, conforme a las normas internaciones, para preservar los documentos de la nación.
El mejor termómetro para medir el grado de civilización de los pueblos es su conciencia histórica y el cuidado que otorgan a sus bienes culturales. Siempre es mejor prevenir que lamentar. No permitamos que se siga deteriorando nuestro patrimonio documental. –
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