Oriol Junqueras ha dicho que el supuesto nuevo sistema de financiación autonómica es un acuerdo en el que todos ganan y nadie pierde. Tanto Junqueras como la ministra de Hacienda han declarado que se respetará el principio de ordinalidad, pero solo para Cataluña. Eso da una idea de la seriedad de la iniciativa, que postula que todas las comunidades (y todos los ciudadanos) son iguales, pero algunas son más iguales que otras.

La ordinalidad, en el sentido “fuerte” en que se presenta, va contra la idea de redistribución. Trasladada a términos individuales, equivaldría a sostener que, si tú pagas más, tienes derecho a más servicios públicos. No solo es contraria a una visión socialdemócrata, sino también al sistema tributario basado en la igualdad y progresividad que estipula la Constitución (con la obscena excepción del cupo y el concierto). Y es incompatible con la idea de nación, entendida como una trama de solidaridad. Para Junqueras y los suyos, puede haber redistribución, pero solo dentro de Cataluña. Puede esperarse en un partido secesionista como Esquerra Republicana. Es, o debería ser, más sorprendente que lo defienda el PSOE.

La administración central pierde unos 21.000 millones que van a las comunidades autónomas. El Gobierno no se ha molestado en detallar el método de cálculo. Hace bien: lo que cuenta es el resultado y luego ya se busca la justificación. Según ha explicado Miguel Ángel García, se benefician las comunidades infrafinanciadas y Cataluña (que no lo está) y pierden las demás. Como han mostrado Jon González y Francisco de la Torre (coautor junto a Jesús Fernández Villaverde del imprescindible La factura del cupo catalán), el cambio favorece a Cataluña y perjudica a Madrid: en el régimen común, pasarían a ser la primera y la penúltima en financiación per cápita. Implica una pérdida de recursos comunes, que requerirá subidas de impuestos. De la Torre sintetiza: el ganador es la Generalitat, los perdedores son los contribuyentes del régimen común.

El cambio de sistema lo impulsa un gobierno incapaz de aprobar los presupuestos, cercado por la corrupción y obsesionado por camuflar su debilidad: necesita disimular a cualquier precio (que no pague él) una semana, un par de días, qué más da. Como es difícil que sus aliados lo apoyen, los coristas canturrean que la pelota está en el tejado del PP. 

Es un juego en el que el gobierno y sus pseudosocios intentan engañarse mutuamente. No satisfará a los nacionalistas y provoca malestar en los socialistas; causa agravios en el presente y  los generará en el futuro. El Gobierno, y la izquierda, acepta falacias como que el problema de la Generalitat de Cataluña es de ingresos y no de gastos, premia la mala gestión y la deslealtad, bendice los ataques a la redistribución y al concepto mismo de país, y sanciona ideas feudales como que son los territorios y no los ciudadanos quienes pagan impuestos. Que la propuesta prospere o no es secundario: el error más grave es asumir las mentiras del nacionalismo.

Publicado originalmente en El Periódico de Aragón.