En 2025 la economía de México creció 0.8%, para colocarse como el cuarto país con el peor crecimiento económico de América Latina. Y, aunque en tres de los siete años en los que ha gobernado la Cuarta Transformación o 4T (nombre que el expresidente López Obrador le puso al periodo en el que Morena ha ejercido la presidencia de México) el crecimiento per cápita ha sido negativo, el estancamiento económico de México es un problema estructural y endémico, no meramente coyuntural. Podemos desglosar el problema en dos dimensiones: una raíz estructural histórica, que nos arrojaba un crecimiento promedio cercano a 2%, y una parálisis coyuntural ligada al modelo actual que ha reducido esa tasa de crecimiento a la mitad. Aunque la 4T resalta logros en reducción de pobreza y estabilidad macroeconómica, su modelo –centrado en la redistribución sin motores de productividad y crecimiento– muestra ya signos de agotamiento.
En los últimos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado un notable interés por construir una agenda que acelere el crecimiento económico del país. Posiblemente preocupada de que el modelo de redistribución sin crecimiento sea insostenible en el mediano plazo, ha mantenido varias reuniones con el sector privado y grupos de economistas. De este proceso surgió la propuesta del plan de infraestructura. Sin embargo, es poco probable que en estas reuniones se hayan abordado cuatro asuntos centrales que ayudan a entender la reciente reducción en el crecimiento económico en México y que no se atienden en dicho plan: a) el proyecto de consolidación y permanencia del poder político, b) la ideología, c) la baja capacidad administrativa y de ejecución del gobierno y d) la falta de competencia en varios sectores de la economía nacional.
El primer tema es de índole política. El proyecto político de Morena –ahora en fase de consolidación institucional– es incompatible con la creación de una política económica que fomente el crecimiento. El proyecto de consolidación de un poder político hegemónico, a través del fortalecimiento del poder ejecutivo y el partido, así como el debilitamiento de los poderes judicial y legislativo, la erosión de las instituciones electorales y el acoso a las asociaciones de la sociedad civil, seguirá socavando los derechos individuales, las capacidades de defensa de los ciudadanos y las empresas frente al Estado y finalmente desgastando a la joven democracia mexicana. Esto, a su vez, reduce la inversión, acelera la migración del capital humano y, en consecuencia, disminuye el crecimiento y el empleo. Si bien los académicos todavía debaten el efecto que los regímenes políticos tienen sobre el crecimiento económico, los análisis más recientes obtienen resultados bastante claros. Estos estudios1 estiman que la transición a un régimen democrático aumenta –o disminuye si la transición es hacia un régimen autocrático– el PIB per cápita en el largo plazo en un 20% a través de una mayor inversión en capital físico y mejoras en la salud y la educación de la población. En América Latina, el ejemplo más extremo de este fenómeno es Venezuela, donde durante los años del presidente Maduro la economía se contrajo un 70%.2 Asimismo, los estudios sugieren que la mayor parte del efecto negativo que sobre el crecimiento económico presentan las autocracias se da en los regímenes personalistas. Estas lecturas, junto con la literatura sobre las consecuencias de las instituciones y el “populismo” sobre la prosperidad económica y social, dejan ver los efectos que tendremos sobre el crecimiento económico si seguimos en nuestro camino hacia un sistema más autocrático y de debilidad e incertidumbre institucional.3
Por otra parte, el uso de las transferencias sociales con fines políticos y el abandono de los servicios públicos generan resultados positivos sobre la distribución del ingreso, pero lo hacen a costa de la movilidad social. Los efectos negativos en el crecimiento económico en el mediano y largo plazo se deben principalmente al impacto negativo sobre la educación y la salud. Las mejoras que sobre la distribución del ingreso producen las políticas social y económica deben aplaudirse, pero al mismo tiempo es necesario criticar su clara intención partidista y la negligencia con respecto a la calidad y disponibilidad de los servicios públicos. Mientras casi dos terceras partes del crecimiento del gasto público (sin tomar en cuenta los intereses de la deuda y participaciones a los estados) se destinaron a transferencias y pensiones, los indicadores de salud y educación se han deteriorado notablemente durante los gobiernos de la 4T.
El segundo tema a considerar es la ideología. El nuevo régimen tiende a menospreciar y sospechar de la actividad del sector privado en comparación con la del sector público. No comprende los cambios tecnológicos, económicos y geopolíticos que han tenido lugar en las últimas décadas y se mantiene intelectualmente anclado a un modelo de desarrollo cuyo centro es el Estado. Esta postura implica que el Estado no solo actúa como regulador, sino que también interviene directamente cada vez más en actividades donde el sector privado tiene competencias más adecuadas. En la actualidad, esto se traduce en la existencia de una aerolínea pública, varios trenes propiedad del gobierno, la adquisición de plantas de generación eléctrica antiguas que no representaban un costo para el gobierno, una nueva refinería casi inactiva y un pequeño aeropuerto que no ha resuelto, como lo hubiese hecho el proyecto original cancelado tardíamente, la falta de capacidad aeroportuaria en el Valle de México, entre otros ejemplos.
Los avances tecnológicos en la generación eléctrica, la capacidad privada para financiar proyectos y la facultad estatal para regular, fijar tarifas y sancionar a los participantes hacen innecesaria la participación directa del Estado en este sector.4 Los recursos que usamos hoy en día para la generación y transmisión eléctrica podrían redirigirse hacia la salud pública, la educación, la seguridad y la modernización del sistema judicial.
Resulta aún más difícil justificar el incremento de la presencia del Estado en el sector de petróleo y gas. Hoy en día son pocos los países que mantienen empresas públicas tradicionales en estas áreas. Más allá de los retornos económicos que podrían obtenerse si Pemex se administrara eficientemente, se necesita mucha voluntad para encontrar un beneficio adicional que este activo pueda aportarle a la sociedad cuando lo gestiona el sector público. El beneficio económico que obtendría el Estado bajo un esquema privado provendría de las regalías, impuestos y pagos de licencias y permisos.5 En los últimos diez años, la producción de crudo en el golfo de México, pero del lado de Estados Unidos donde opera el sector privado, ha aumentado casi un 30%, mientras que en el lado mexicano ha disminuido más del 40%. Obviamente, si tuviéramos un sector privado dinámico en materia de petróleo y gas, y cobrásemos bien los impuestos y las regalías, nuestros ingresos petroleros estarían aumentando y el sector representaría una fuente de crecimiento económico y de fortalecimiento financiero gubernamental, en lugar de ser uno de los puntos vulnerables de nuestras finanzas públicas.
Otro sector contaminado por la ideología es la educación pública, donde se eliminaron los mecanismos de rendición de cuentas y medición de la calidad, para enfocarse en el adoctrinamiento de la niñez y la juventud. De esta forma se limita severamente la capacidad de que las nuevas generaciones de los sectores más desfavorecidos de la sociedad puedan tener las herramientas para aspirar a condiciones de vida significativamente mejores a las de sus padres.
Resulta incongruente, como lo hace el oficialismo, sostener la necesidad de un Estado más intervencionista y, a la vez, negarse a implementar una reforma fiscal. Esta posición genera situaciones contradictorias, como los retrasos en los pagos a proveedores de Pemex y la CFE, la escasez de medicamentos en hospitales públicos y el deterioro de la cobertura de las campañas de vacunación, al mismo tiempo que se gestionan aerolíneas, aeropuertos y trenes deficitarios en términos de pasajeros y viabilidad financiera.
El tercer tema es la falta de capacidad administrativa, analítica y ejecutiva de la mayoría de los funcionarios del régimen. Aquí el ejemplo más importante es el sector salud. Primero tenemos el pésimo manejo de la pandemia, cuando México estuvo entre los peores países del G20 y el segundo peor de América Latina en términos de muertes en exceso per cápita. De acuerdo con los indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los últimos seis años las muertes evitables han aumentado un 14%, la incidencia de diabetes un 10% y la cobertura de los servicios de salud se ha reducido de un 89 a un 78%. La puesta en funcionamiento de la Megafarmacia, que concentraría la compra y distribución de medicamentos, fue otro desastre de ejecución que afectó al sistema de salud.
La ideología no ha sido la única causa detrás del deterioro del sector energético. También la falta de capacidad administrativa ha tenido un rol clave: no ha habido, al día de hoy, una ejecución efectiva y rápida para incrementar la capacidad de transmisión y generación eléctrica, uno de los grandes cuellos de botella de nuestra economía. En el ámbito del petróleo y el gas ocurre lo mismo: hasta la fecha no existe un plan operativo creíble que garantice la rentabilidad económica de Pemex, y el gobierno tardó más de un año en estructurar un plan que, de facto, le otorga la garantía soberana a los pasivos de Pemex, la principal fuente de debilidad financiera del Estado. Otro ejemplo más de la pésima capacidad administrativa del actual gobierno fue la concentración de la distribución de gasolinas, lo cual creó un desabasto y gasto innecesario en nuevas pipas transportadoras de gasolina. Eso sin mencionar el robo e importación ilegal de gasolina que dejan ver un enorme desastre administrativo y de corrupción; y los problemas de construcción, operativos y financieros de las grandes obras del sexenio anterior –la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Tren Interoceánico–, debidos a la falta de estudios de factibilidad, rentabilidad social y de ingeniería básica.
Finalmente, con respecto al gasto social, la falta de capacidad de diseño y operación ha conducido a duplicidades, gasto operativo elevado y fallas en la ejecución de dicho gasto. Varios programas sociales en México muestran bajo o nulo impacto social, ya que han sido diseñados para ser rentables electoralmente. Informes del Coneval y análisis presupuestarios revelan que estos programas enfrentan problemas de bajo desempeño, ineficiencia y falta de resultados medibles. Los ejemplos incluyen el “Crédito Ganadero a la Palabra”, que carece de un diseño efectivo; “Sembrando Vida”, con cuestionables resultados en reforestación y beneficios económicos; y el Programa de Vivienda Social, que no demuestra eficacia en la reducción del rezago habitacional. Los programas de salud también enfrentan críticas por la disminución de la cobertura y calidad.
El cuarto tema es consecuencia de los tres anteriores. La combinación de una agenda de construcción de un régimen autocrático, el diseño de una política económica y social basada en una ideología que minimiza el rol del sector privado y la incompetente capacidad administrativa y de ejecución agrava uno de los principales frenos al crecimiento de largo plazo de nuestra economía: la falta de competencia. La ausencia de derecho de defensa de la propiedad privada, una creciente incertidumbre sobre las políticas públicas y la incapacidad de la burocracia hacen mucho más difícil la atracción de nuevos inversionistas a nuestra economía, ya que estos temas se convierten, en los hechos, en una barrera de entrada que protege a los participantes con “acceso”, que, en muchos casos, no son los más eficientes, ni los más innovadores, ni los más íntegros. Diversos estudios han señalado que la gran concentración económica en México actúa como un freno a la inversión y al crecimiento. Esto recuerda la frase del chef en retiro de la residencia presidencial de Olivos en Argentina que, en una entrevista, comentó que lo que más le había sorprendido, durante tantos años cerca del poder, es que por ahí habían pasado presidentes de derecha, izquierda y centro pero los invitados a cenar eran siempre los mismos.6 También en México la misma élite concentra la actividad productiva, es la invitada a estas reuniones de consulta y tiene acceso a influir en decisiones que contribuyen a seguir consolidando esa posición de privilegio.
La política económica desde 2018 ha priorizado la distribución del ingreso a través del aumento de las transferencias, pensiones y el salario mínimo; ha introducido un mayor grado de presencia del Estado en la economía, sobre todo en el sector energético; y ha generado una gran incertidumbre en su interpretación de la legislación tributaria, regulación y aprobación o revocación de proyectos. Con respecto a este último fenómeno cabe recordar las cancelaciones del aeropuerto de Texcoco y de la planta de producción de cerveza Constellation Brands y las renegociaciones de las concesiones de gasoductos y aeropuertos. Independientemente del fondo del asunto, la arbitrariedad de las decisiones y la falta de recurso jurídico de defensa ante las amenazas de las autoridades tributarias y regulatorias tienen consecuencias sobre toda la economía y no solo en las empresas o sectores afectados. Esto ocurre porque, al no existir una lógica clara, recursos legales de defensa, un órgano imparcial que valide estas acciones, aunado a la falta de transparencia en la implementación de la ley, los empresarios de distintos sectores temen ser los siguientes en padecer una revisión absurda e injusta de la autoridad tributaria o la pérdida de un permiso para operar. Lo anterior eleva sustancialmente el riesgo de invertir y operar en México.
Es claro que la principal prioridad de Morena es el proyecto político de consolidación y permanencia en el poder y que el proyecto económico solo le interesa si es funcional a esa meta. Por ello, en el corto plazo no es posible pensar en cambios que contribuyan a disminuir la incertidumbre jurídica que enfrentan ciudadanos y empresas, a fin de tener un clima de negocios más próspero. Tampoco podemos anticipar que mejoren las condiciones de competencia en la economía, ya que –como bien han explicado Acemoglu y Robinson– pueden darse sinergias importantes entre las instituciones extractivas políticas y económicas, y ese es el caso de México. De ahí que para buscar un mayor crecimiento tengamos que pensar en un camino con menos ideología y más capacidad administrativa. Gradualmente estamos viendo mayor apertura para la participación privada en el sector energético y de infraestructura, ninguna nueva aventura pública en sectores que ya cubre la iniciativa privada y probablemente reacomodos en el gabinete para otorgar un mayor espacio a funcionarios que hayan probado una mayor capacidad de ejecución, un mejor diálogo con el sector privado y un discurso menos ideologizado.
Un tema que podría incidir positivamente sobre el crecimiento económico es el cambio de estrategia en la política de seguridad. De tener éxito, la reducción en el riesgo físico de la población y las empresas, del robo y de la extorsión, incrementaría la inversión, el empleo y la producción. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una reducción en los indicadores de homicidios en América Latina a la media mundial tendría un efecto de medio punto porcentual en el crecimiento económico.7
La experiencia reciente en América Latina también indica que los regímenes que buscaron la consolidación del poder político e implementaron políticas estatistas y de mejora agresiva en la distribución del ingreso terminaron en situaciones de crisis macroeconómicas y recesiones prolongadas. En el siglo XXI destacan los casos de Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela en donde las sociedades han optado nuevamente por gobiernos de derecha o centroderecha. ¿Cómo manejará Morena estas contradicciones presentes entre los modelos político y económico? ¿Tendrán sus líderes la visión de Estado para alcanzar ese equilibrio entre un autoritarismo moderado y un modelo económico sostenible? ¿O seguirán jugando con las mismas cartas hasta enfrentar un prolongado estancamiento económico y eventuales crisis financieras que lo obligarían a profundizar el modelo autoritario para mantenerse en el poder? ~
- Por ejemplo los estudios de Daron Acemoglu, Suresh Naidu, Pascual Restrepo y James A. Robinson, “Democracy does cause growth”, publicado en el Journal of Political Economy, vol. 127, núm. 1, 2019, y de Christopher Blattman, Scott Gehlbach y Zeyang Yu, “The personalist penalty: Varieties of autocracy and economic growth”, documento de trabajo del NBER, núm. 34093.
↩︎ - Véase José F. Ursúa y Alejandro M. Werner (PIIE, working paper 23-7, 2023), “Rare macroeconomic disasters and lost decades in Latin America: The covid-19 experience in a historical context”. ↩︎
- Por ejemplo el libro de Daron Acemoglu y James A. Robinson, Why nations fail. The origins of power, prosperity and poverty, Nueva York, Crown Business, 2012, y Manuel Funke, Moritz Schularick y Christoph Trebesch, “Populist leaders and the economy”, American Economic Review, vol. 113, núm. 12, diciembre de 2023 (pp. 3249-88).
↩︎ - La transmisión y distribución de electricidad es el único componente del sistema eléctrico que presenta características de un monopolio natural y podría considerarse un área que debería operar el Estado. Sin embargo, en algunos países esta función la realiza una empresa privada con la regulación apropiada.
↩︎ - Si quisiéramos que el país tenga exposición financiera del sector de petróleo y gas más allá de lo que mantiene por la recaudación tributaria se podrían invertir los ingresos petroleros en acciones de empresas petroleras que operan no solo en México y así obtener un retorno diversificado del sector petrolero. Una alternativa aún más sólida sería diversificar el riesgo total invirtiendo en un portafolio universal de acciones, no solo petroleras, tal como lo hace el fondo soberano noruego.
↩︎ - Argentina in transition: A Pan-American Economic Forum at the Miami Herbert Business School, University of Miami, febrero de 2024, presentación de Federico Sturzenegger.
↩︎ - Ilan Goldfajn y Rodrigo Valdés, “Breaking Latin America’s cycle of low growth and violence”, blog del FMI, diciembre de 2024. ↩︎
