Los días de reflexión que en abril de 2024 solicitó el presidente Sánchez para decidir sobre su futuro supusieron, a la postre, un giro en la cultura política española. Suspendidos en la incertidumbre, los ciudadanos esperábamos que el jefe de gobierno se decidiera por alguna de estas opciones. Su dimisión, dando lugar a un nuevo procedimiento de investidura con un eventual candidato socialista; el planteamiento de la cuestión de confianza, a través de la cual podría exteriorizar el apoyo de la cámara y lo intacto de su legitimidad; la disolución de las Cortes, opción menos probable, ya que apenas se habían celebrado unas elecciones generales; y, por último, su mera continuidad, tras esa enigmática meditación. Como es sabido, esta última fue la opción, es decir, aquella que no activó ninguno de los mecanismos excepcionales que la Constitución ofrecía al presidente dubitativo y hastiado. Sin embargo, esa mera continuidad tuvo, en su contexto, un significado constitucional extraordinario, en tanto es ese el momento en el que se instaura la lógica binaria, propia del populismo, en la política española. Aquella carta a la ciudadanía, como delata su contenido, era en realidad una misiva dirigida a lo que se denominó el “pueblo de la coalición”, y a ella sucedió una segunda epístola donde el presidente confirmaba no albergar ya duda alguna de que le merecía la pena luchar contra el “fango”, sintagma comúnmente usado para integrar aquella opción por la que tuerce la otra parte del pueblo, la que vota a la derecha o la ultraderecha. Los matices de nuestro pluralismo político y de nuestro propio sistema de partidos, donde hasta 12 formaciones tienen representación en el Congreso, han sido progresivamente subsumidos, bajo esta lógica, en una opción disyuntiva, impropia de los sistemas parlamentarios y próxima, por el dramatismo con el que se plantea, a la deriva menos apetecible del presidencialismo que es la división social y, en no pocas ocasiones, el culto a la personalidad. Hay aquí, podríamos decir, un latinoamericanización de la vida política española. 

Dos años después del momento epistolar del presidente, y frente a sendos autos procesales que comprometen la credibilidad del partido de gobierno, podemos comprobar el efecto que tiene en la práctica, sobre nuestro sistema democrático, esa lógica binaria que se ha instalado en nuestra vida política y, con ello, en nuestra realidad parlamentaria. La Constitución, como es propio del parlamentarismo, prevé la moción de censura como mecanismo para exigir la responsabilidad política del presidente. En nuestro caso, dicha moción es exclusivamente constructiva, es decir, que demanda el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara al candidato que se presenta como alternativa. Se podría pensar que tendría sentido, por un lógico paralelismo de las formas, que este ciclo político, que inició con una moción de censura motivada por la corrupción, se cerrara con otra moción que respondiese a ese mismo motivo, por más que en este caso no haya aún resolución firme, aunque sí un retrato ético bastante nítido, sobre los casos objeto de juicio o investigación. La realidad es que frente a la mayoría parlamentaria que configuró aquella moción no existe hoy mayoría alternativa, fundamentalmente porque es imposible llegar a un acuerdo de mínimos sobre la comprensión de la nación que integre a las derechas nacionalistas vasca y catalana y al partido nacionalista español que se afirma en el extremo derecho del tablero. Ni cuestión de confianza ni moción de censura, ha escrito por las dudas el exlendakari Urkullu, casi de forma simultánea a que desde VOX se vuelva jugar con esa idea inconstitucional de ilegalizar formaciones políticas independentistas. A esta neutralización de hecho de la moción de censura se superpone una cierta neutralización del propio Parlamento, pues creo que así se puede calificar la circunstancia de que durante toda la legislatura se haya quebrado el mandato constitucional de presentar un proyecto de ley de presupuestos, algo que afecta a una de las funciones que hacen recognoscible la institución parlamentaria y que, en circunstancias normales, hubiera implicado que el presidente hiciera uso responsable de la prerrogativa que la Constitución le confiere para la disolución anticipada de las cámaras. 

Pero las circunstancias no son normales, y su excepcionalidad no tiene que ver con las guerras que ahora mismo se cifran en el mundo, tal y como se nos ha explicado desde el gobierno, sino con un intento de superar la lógica medular del sistema parlamentario, con base a una idea expansiva del poder presidencial que, desvinculado de su relación de confianza con la Cámara, se presenta como  necesidad democrática. En síntesis, gobernar sin parlamento, como imperativo supraconstitucional. Esta atmósfera incide también en nuestro sistema de partidos. El Partido Socialista, como hemos visto, derrocha su valor y sentido territorial dejando de ser opción de gobierno en ámbitos autonómicos donde fue hegemónico y se transforma paulatinamente en una eficaz plataforma personal de la presidencia. Más eficaz aún, si, a su izquierda, se consolida esa aglutinación electoral de opciones soberanistas que va tomando cuerpo si consideramos los últimos gestos de actores como Rufián u Otegui. Tal y como reitera su ubicuo ex jefe de gabinete, el Presidente se va perfilando, ante la futura convocatoria electoral de 2027, no tanto como el candidato de un partido, sino como el eventual acreedor de una mayoría plurinacional movilizada sentimentalmente en defensa de su persona, erigida en símbolo de la democracia. En un contexto de degradación institucional y ante hechos que, a la espera de su calificación jurídica definitiva, denotan una corrupción política grave, parece que la alternancia política sólo puede evitarse a través de este planteamiento plebiscitario de unas futuras elecciones, donde la continuidad personal del presidente se confunda con la impugnación de las togas y la salvaguarda de las esencias democráticas. Un planteamiento así, en clave plebiscitaria, requiere a su vez subsumir toda la opción electoral contraria bajo un mismo significante, eliminando cualquier elemento diferencial, en este caso, entre la principal fuerza de la oposición y el partido reaccionario español, quienes conformarían la única mayoría aritméticamente viable como alternativa. Considerando que no hay plebiscito entre dos si uno no quiere, la incomodidad -o incapacidad- del líder de la oposición con este esquema de puja carismática podría ser, a la postre, el único obstáculo para que el proyecto de elecciones disyuntivas se perfeccione dialécticamente a favor del presidente. En todo caso, esa función integradora que, también en un sistema parlamentario, puede esperarse del jefe de gobierno, elevándose cuando sea necesario de su adscripción política parcial, ha sido suplantada, en un nuestro momento político, por una función separativa, al servicio de esa movilización electoral disyuntiva. 

Esta transformación de las elecciones parlamentarias en plebiscito, que ya vivimos en Cataluña, es ajena a la Constitución y pone en riesgo su propia indemnidad, más considerando las pulsiones destituyentes, reaccionarias y  antieuropeístas que laten en uno y otro bloque. Fueron precisamente los diputados socialistas –y comunistas– los que durante el proceso de elaboración de la Constitución se esforzaron de forma particular en que fueran las formas de la democracia representativa y del gobierno parlamentario las que definieran nuestro sistema político, postulando el perfil bajo que de hecho tiene la democracia directa en la Constitución. Las mayorías cualificadas que ésta exige no sólo para su reforma sino para todo aquello reservado a la ley orgánica, son el mejor ejemplo de que en el corazón del pacto constitucional está la idea de que no cabe un cambio sustancial en el sistema político al margen de algunos consensos trasversales e ideológicamente promiscuos. Por este motivo, ese horizonte plebiscitario al que parecemos abocados, y que profundizará en la fractura de la vida política española, es un horizonte políticamente estéril que pone en riesgo la integración de nuestra comunidad política sin despejar esa pregunta que, roto el nexo entre los dos principales partidos, y ante los problemas demográficos, políticos y económicos que marcan ya nuestro presente, empieza a necesitar respuesta: ¿Cómo se gobiernan los españoles?

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