La ofensiva terrorista que emprendió ETA con el cambio de siglo, en el año 2000, tras el fracaso de la tregua de Lizarra, no puede entenderse sin tener en cuenta las circunstancias políticas que precedieron y envolvieron ambos acontecimientos. Unas circunstancias inéditas en la por entonces ya prolongada trayectoria violenta de la organización, puesto que suponen un notorio cambio en su estrategia, así como en las relaciones y consensos que habían mantenido los partidos vascos durante la década anterior de forma singular, desde el Pacto de Ajuria Enea, suscrito en enero de 1988 por los todos los partidos representados en el Parlamento vasco, excepto Herri Batasuna.
Mi análisis de este contexto no lo hago como historiador, que no lo soy, sino como el periodista que era entonces. Por lo tanto, no debe esperarse un trabajo sólidamente ordenado y articulado, sino una exposición de hechos e impresiones que espero ayude a comprender cómo y por qué se llegó a todo aquello que ocurrió en esas fechas fatídicas.
Cuando se echa la vista a aquella época es difícil no verse asaltado por dos sensaciones. La primera es de extrañeza: acostumbrados ya a nuestro presente sin violencia, lo que sucedió hace veinticinco años nos parece un mal sueño lejano. La segunda sensación es de vértigo y de estupor, y a quienes vivimos aquellos hechos, o a quienes los hayan conocido indirectamente, nos llevará a preguntarnos cómo fue posible aquella pesadilla; cómo pudo soportarse tal despliegue de crueldad, vileza y desprecio por parte de los terroristas y sus secuaces; y cómo puede explicarse tanta insensibilidad, tanta falta de empatía del mundo nacionalista hacia quienes padecieron aquella acometida criminal.
La llamada socialización del sufrimiento, como se explica con mayor profundidad en otros trabajos recogidos en el libro 2000. La vuelta del terror (Catarata), había sido elaborada por ETA y sus estructuras a mediados de los años noventa, y fue asumida mayoritariamente por las distintas asambleas locales de Herri Batasuna hacia 1995. Su aplicación comenzó inmediatamente, con atentados y secuestros de gran impacto y la generalización del terrorismo callejero. Uno de los efectos colaterales de la estrategia, aunque pretendido por sus maquinadores, fue la quiebra definitiva, en marzo de 1998, del Pacto de Ajuria Enea, que tan positivo había sido durante la década anterior para aislar políticamente a Herri Batasuna y posibilitar el rearme de la sociedad vasca contra el terrorismo. Su extinción fue fruto, sobre todo, de las tensiones que se habían instalado entre los partidos nacionalistas y las fuerzas llamadas constitucionalistas tras la respuesta social al asesinato de Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997.
De hecho, el Pacto ya venía renqueando desde algunos años atrás. El principio esencial de que las cuestiones políticas planteadas en el contencioso vasco debían ser abordadas exclusivamente por los representantes legítimos de la sociedad de Euskadi habían comenzado a ser cuestionadas por voces no marginales del PNV y Eusko Alkartasuna (EA) que, defendían la necesidad de negociar esos contenidos incluso con ETA para propiciar la paz. Dicha tesis aparece expresamente recogida en el libro Una vía hacia la paz, publicado a finales de 1996 por el burukide Juan María Ollora, que había participado tiempo atrás, junto con sus compañeros de la dirección del PNV Joseba Egibar y Gorka Agirre, en las conversaciones exploratorias mantenidas fuera de los focos con dirigentes de la izquierda abertzale. Este incipiente cambio de postura del nacionalismo institucional tenía dos fuentes de alimentación. Por un lado, la persistencia de ETA, a cuyos atentados se unía ahora la explosión del terrorismo callejero, la llamada kale borroka, que extendió la experiencia de la violencia a sectores de la sociedad vasca que solo la habían sufrido de forma tangencial. Y, por otro, la sensación de que el Pacto de Ajuria Enea, al supeditar el abordaje de las cuestiones políticas al final de la violencia, ahogaba sus aspiraciones de ir más allá del Estatuto de Gernika, para comodidad de los partidos no nacionalistas.
Señales de viraje
A partir del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, los acontecimientos se precipitan en Euskadi: se produce, entre otros sobresaltos, el encarcelamiento por parte del juez Baltasar Garzón de la vieja Mesa Nacional de Herri Batasuna (diciembre de 1997) y la eclosión en la nueva cúpula dirigente de la figura de Arnaldo Otegi; y, apenas seis meses más tarde, en junio de 1998, tiene lugar la salida de los socialistas del Gobierno vasco del lehendakari Ardanza ante el acercamiento patente del PNV de Arzalluz y Egibar a postulados de Herri Batasuna, siguiendo el viraje apuntado en la llamada Vía Ollora. La nueva apuesta del PNV, como escribió posteriormente el historiador José Luis de la Granja, implicaba “el progresivo abandono del autonomismo y la asunción sin ambages del independentismo, prescindiendo de la seña de identidad más conspicua del PNV a lo largo del siglo XX: su calculada ambigüedad sobre su meta, su balanceo político pendular entre su independentismo teórico y su estatutismo práctico”.
La justificación de esta ciaboga del PNV era, como se ha indicado, la posibilidad de conseguir el fin de la violencia terrorista aun al precio de aceptar el guion abertzale de la soberanía y la territorialidad; es decir, la autodeterminación y la integración, al menos, del País Vasco y Navarra. Bajo el influjo de esa aspiración, y sin debate e información previos entre las bases y los órganos inferiores del partido, el nacionalismo gobernante se desentiende ideológicamente del Estatuto de Gernika, que había sido declarado “muerto” por el influyente sindicato ELA un año antes, y abraza las posiciones de Herri Batasuna sobre el llamado conflicto vasco y la forma de abordarlo.
Ese nuevo ciclo, en el que el PNV se ve acompañado por Eusko Alkartasuna, ELA y el conglomerado de grupos que se denominó “tercer espacio”, se presentó solemnemente en la localidad navarra de Estella el 12 de septiembre con el Acuerdo de Lizarra. La declaración suscrita es una reivindicación de la naturaleza política e histórica del contencioso vasco, que debe resolverse políticamente en clave de soberanía y territorialidad. No pareció importar que ello implicara, de alguna manera, revisar la postura del PNV en las conversaciones de Txiberta de 1977, cuando las formaciones nacionalistas debatieron si participar o no en las primeras elecciones, dando así la razón a quienes impugnaron desde el principio la vía estatutaria incluso con la violencia y dejando a la intemperie a las fuerzas que seguían defendiendo el acuerdo entre diferentes plasmado en el Estatuto de Gernika.
Sobre la plataforma de Lizarra descendió, pocos días más tarde, el esperado comunicado de ETA donde anunciaba una tregua unilateral e indefinida con el fin de facilitar aquel proceso. Hubo que esperar sin embargo al final del alto el fuego, en diciembre de 1999, para conocer que la tregua había estado precedida de un acuerdo secreto entre ETA, el PNV y EA, por el cual estos partidos se comprometían a involucrarse en dicho proceso soberanista, creando “una institución con una estructura única y soberana” (lo que fue Udalbiltza), que englobara a todos los territorios de Euskal Herria –Euskadi, Navarra y el País Vasco francés– y a romper sus lazos con los partidos españoles; es decir, con socialistas y populares.
ETA eligió y propició el momento más adecuado para lanzar su tregua. La práctica de la socialización del sufrimiento había llevado a la sociedad vasca a un punto extremo de estrés, que la hacía permeable a los mensajes favorables a buscar otras soluciones distintas a las ya ensayadas hasta entonces para poner fin a la violencia terrorista. Unas propuestas cocinadas y difundidas por plataformas no desinteresadas, como Elkarri o la Fundación Robles Arangiz del sindicato ELA. El ejemplo del Ulster, donde los gobiernos de Gran Bretaña e Irlanda habían firmado en abril de ese mismo año el Acuerdo de Viernes Santo con el apoyo mayoritario de las fuerzas norirlandesas enfrentadas, y que vino precedido por una tregua del IRA, contribuyó a dar aire a la dinámica de Lizarra. No casualmente sus firmantes participaban ya del llamado Foro de Irlanda, y bajo este paraguas se habían reunido en la localidad navarra.
Por su parte, la inquietud suscitada por la contundente reacción ciudadana contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco en el seno de la dirección del PNV de Arzalluz, que temió que pudiera volverse contra el nacionalismo, acentuó su distanciamiento con el Partido Socialista –con quien gestionaba gran parte de las instituciones vascas– y con el gobernante Partido Popular de José María Aznar –del que era socio parlamentario en Madrid– y, sobre todo, su mutación soberanista bajo el pretexto de conseguir la paz.
Nuevo guión
La maniobra de Lizarra y de la tregua fue un planteamiento táctico muy elaborado y ambicioso de ETA, indicador de la existencia en su conglomerado de un cerebro político de más altura y sofisticación que el de sus jefes militares conocidos. De hecho, suponía apartarse notablemente de su histórica estrategia de forzar la negociación con el Estado español para arrancarle la independencia de Euskadi. Esta fórmula era sustituida ahora por su pretensión, más sutil y factible, de embarcar a todo el nacionalismo, bajo su tutela, en un proyecto de construcción nacional y de desafío abierto a la legalidad estatal. Salvando las distancias, lo que, tres lustros después, ensayó el nacionalismo catalán con el Procés, aunque sin la presión detrás de una organización terrorista.
Sin embargo, ese alto el fuego inédito tenía sus fallas, que resultaron apreciables desde el principio. La principal era que, si bien decía inspirarse en el ejemplo norirlandés, la tregua no era resultado de ninguna previa Declaración de Downing Street, como fue el caso de la del IRA en 1996. Al contrario, en Lizarra se excluía completamente del esquema a las formaciones vascas no nacionalistas y al propio Gobierno español –pese a ser este responsable de las fuerzas policiales, de las prisiones y del mantenimiento del orden constitucional–, como si no tuvieran nada que decir sobre un asunto de tanta trascendencia.
A pesar y por encima de todo ello, el nacionalismo gobernante y gran parte de la sociedad vasca, consideraron que el alto el fuego era un paso definitivo. Quisieron creer –y con ellos también amplios sectores del resto de España— que una ETA más débil de lo que aparentaba iba a aprovechar la gran oportunidad que se le estaba brindando para poner un fin honorable a casi cuatro décadas de actividad terrorista. Aunque fuera al precio, como se ha indicado, de permitir legitimar su trayectoria criminal y de desautorizar la apuesta mayoritaria por la vía reformista que había puesto en marcha la Euskadi que conocemos.
En este clima, el Gobierno popular de José María Aznar, que recibió la maniobra de Lizarra con desagrado y desconcierto, y que pronto comenzó a calificar de “tregua-trampa” el alto el fuego de ETA, se vio obligado a participar de algún modo en el proceso del que se le había excluido. Así, durante el año de la tregua acercó a un buen número de presos de la organización a cárceles de Euskadi y sus alrededores y, a primeros de noviembre de 1998, autorizó establecer una negociación directa con la banda, que esta clausuró desdeñosamente tras una primera y única reunión celebrada en Zurich en la primavera de 1999.
El colapso de Lizarra
Sin embargo, ETA sí se creía lo firmado y en ningún momento renunció a tutelar el proceso y a exigir la puesta en práctica de lo que el PNV y EA habían pactado con ella, con la presunción por parte de estos partidos de que lo acordado era más que nada la fórmula para traer el fin de la violencia y que su desarrollo posterior era interpretable o estaba, en sus aspectos más crudos, sujeto a unos plazos nebulosos. Más tarde se supo que la organización terrorista en ningún momento se planteó seriamente dejar las armas y desaparecer de la escena. Así, los equívocos, sobreentendidos y medias verdades de Lizarra llevaron, mientras se prolongó la tregua, a una situación de gran ambigüedad. Lo que para unos de los firmantes era un proceso para alcanzar la paz, para otros no era sino el primer paso para avanzar hacia la independencia.
Indudablemente, la sociedad vasca y los sectores más amenazados de ella, respiraron con el cese temporal de los asesinatos y del terrorismo callejero. No obstante, el ambiente político estaba cargado y se respiraba ansiedad al ver que no se producían nuevos avances sustanciales en ese extraño camino iniciado. De hecho, mientras callaban las pistolas y las bombas de ETA se mantuvo como recuerdo la violencia callejera y no cesó la extorsión económica a los empresarios.
Si se me disculpa la autocita, así resumía el atasco en el verano siguiente a Lizarra, en un análisis titulado “Dos versiones del mismo proceso”, que se publicó el 27 de agosto en El País, donde entonces trabajaba: “…A la postre, la ausencia de atentados ha sido el aspecto más definitorio y positivo de la situación vivida durante el último año. El objetivo esencial de ETA con la estrategia de Lizarra y el del Gobierno con su concepto de la “tregua-trampa” no ha sido nunca concluir en una mesa de negociaciones, como acontece en otros conflictos tan analizados desde el País Vasco. Desde su comunicado del 16 de septiembre pasado, la organización terrorista, rompiendo con su vieja doctrina de la ‘negociación política’, ha obviado de forma deliberada al Gobierno. Su apuesta ha sido la del desbordamiento. La negociación ya no sería necesaria, porque la estrategia conjunta de las fuerzas nacionalistas en pos de la plena soberanía y la territorialidad de Euskal Herria dejaría al Estado español sin más margen de maniobra que la de aceptar la autodeterminación por la vía de hecho”.
Previamente, el 25 de octubre de 1998 se celebraron elecciones autonómicas. Un Juan José Ibarretxe hasta entonces políticamente inédito como vicelehendakari sustituyó como candidato del PNV al lehendakari Ardanza, apartado por Arzalluz para afrontar el giro. Un año antes había sido sustituido como consejero del Interior Juan María Atutxa, cuya firmeza frente a ETA y la kale borroka era vista desde la dirección peneuvista –y obviamente por la izquierda abertzale– como un obstáculo para la nueva etapa que pretendían. En las urnas, los peneuvistas se impusieron con comodidad pese a perder un escaño, el PP fue la segunda fuerza, con 16 parlamentarios, y Herri Batasuna, que se presentaba bajo la fórmula de la agrupación de electores Euskal Herritarrok, vacunándose para una posible ilegalización, se vio recompensada con el tercer puesto y 14 escaños, los mismos que el PSE-EE. Obviando la larga colaboración anterior, el PNV no intentó seriamente reeditar un Gobierno de coalición con los socialistas. La opción, siguiendo la senda definida en Lizarra, fue formar con Eusko Alkartasuna un Gobierno sin mayoría y lograr el apoyo externo de la formación de Arnaldo Otegi. La izquierda abertzale, que hasta entonces había despreciado la participación en las instituciones autonómicas que calificaba peyorativamente de “vascongadas”, se involucró ahora en la actividad del Parlamento de Vitoria, aunque lo hiciera sobre todo para marcar al PNV y al Gobierno de Ibarretxe e impedir que se olvidaran de los compromisos asumidos en Lizarra.
El acuerdo de legislatura con Euskal Herritarrok no se alcanzó hasta mayo del año siguiente, pero su firma solemne plasmó el frente abertzale buscado por unos y temido por otros. Su sentido lo expresó a las claras Xabier Arzalluz en aquel acto: “Iniciamos un camino”, declaró, “en el que no solo creemos que se va a acabar la violencia, sino que estamos sentando las bases para encontrar una solución definitiva al problema político del pueblo vasco”.
Para entonces, sin embargo, comenzaban a acumularse las señales de alarma. ETA no dejó de advertir en los meses previos de la condicionalidad de su parón, y la violencia callejera y el acoso a cargos del PP y del PSE se reactivaron, acompañando a las exigencias de la izquierda abertzale al PNV y EA para que aplicaran las cláusulas más rupturistas de su acuerdo. Al comienzo del verano de 1999 se produce el cierre del diario Egin, por considerarlo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón una estructura controlada por ETA, y tiene lugar una nueva reunión secreta de la organización con representantes del PNV y EA. En ella, Mikel Antza, el jefe político de ETA, les insta a convocar unas elecciones en los siete territorios –es decir, en Euskadi, Navarra y el País Vasco francés– para elegir un parlamento constituyente de toda Euskal Herria, con el señuelo de que si se comprometen a ello abandonarían “definitivamente” las armas. Y con la amenaza de retomarlas en caso contrario.
Heridas profundas
En septiembre se reúnen en el Palacio Euskalduna de Bilbao 1.800 alcaldes y concejales para constituir solemnemente Udalbiltza, la asamblea municipal de Euskal Herria, con significativas divergencias entre la izquierda abertzale y el nacionalismo institucional sobre su alcance. Visto retrospectivamente, fue un postrero intento, si bien insuficiente, para ganar tiempo y frenar lo inevitable. Pocos días más tarde, ETA asaltaba el polvorín de la empresa Titanite S.A. en la localidad de Plevin (Bretaña) y se hacía con varias toneladas de dinamita. Cuando dos meses más tarde, el 28 de noviembre, anunció en un comunicado el fin de la tregua, se extendió por Euskadi una mezcla de incredulidad, pesimismo y menguante esperanza, que se convirtió en desolación cuando el 21 de enero del 2000 fue asesinado en Madrid el coronel Pedro Antonio Blanco. El atentado marcó el comienzo de un año aterrador por la intensidad de los atentados, la significación de las veintitrés víctimas asesinadas y la intencionalidad desestabilizadora de los terroristas al elegirlas.
Esa ofensiva supuso el estrambote más cruel de la socialización del sufrimiento, aunque estratégicamente resultara insostenible y fatal para las aspiraciones del mundo de ETA. Sus responsables no se dieron cuenta de que lanzar a esas alturas de la historia un desafío total a una sociedad y a un Estado democráticos suponía precipitar una respuesta también total por parte de todos los poderes de ese Estado. Y hay que remarcar que esta vez la respuesta, con el hito la Ley de Partidos Políticos de 2002 y la ilegalización de Batasuna, se produjo sin salirse de los cauces de la ley y contando con la aquiescencia y colaboración de las instituciones de la Unión Europea. No puede obviarse, sin embargo, que ese periodo dejó heridas muy profundas en la sociedad vasca, cuya expresión más cruda se evidenció en la crispada manifestación tras el funeral de Fernando Buesa, aquel 23 de febrero de 2000. Fue, sin duda, el momento en el que se estuvo más cerca de un enfrentamiento civil. Plataformas como el Foro de Ermua y ¡Basta ya! articularon una sólida respuesta ciudadana contra el “nacionalismo obligatorio”, que iba más allá del PSE-EE y el PP, y desbordaba con su activismo la encomiable denuncia ética de la violencia asumida por la Coordinadora Gesto por la Paz.
A pesar de todo, en enero, el PNV de Arzalluz y Egibar se afianzó en la doctrina de Lizarra, consagrando en su ponencia “Ser para decidir” el giro soberanista adoptado. De hecho, no se dignó a romper el pacto de legislatura con Euskal Herritarrok hasta que se produjo el asesinato de Buesa y su escolta Jorge Díez. El resultado de todos estos acontecimientos repasados escuetamente fue la apertura de una sima de división, desconfianza y crispación en el seno de la sociedad vasca, y entre sus instituciones y las del Estado, que persistió durante casi una década. Un periodo muy convulso en lo político, alimentado con el intento del PNV de Ibarretxe de seguir vinculando voluntarista e interesadamente –primero con el Nuevo Estatuto Político y más tarde con la consulta sobre el derecho a decidir– la paz deseada por todos con el avance hacia la autodeterminación pretendido por los nacionalistas.
Este artículo aparece en el volumen colectivo 2000. La vuelta del terror (Catarata, 2026).
