Llevo años observando la cruzada de los bien intencionados contra la desinformación y me sorprende la cantidad de instituciones, recursos, ideas y solemnidad que se han invertido en impedir que el ciudadano tropiece con una mentira y la reproduzca. El empeño es admirable pero tiene una neurosis paternalista: la obsesión por acolchonar las esquinas de la realidad, separar cuidadosamente lo verdadero de lo falso y entregarnos un mundo previamente verificado para que podamos caminar por él sin hacernos daño.
He estudiado esto sobre el terreno. Entre 2020 y 2025 tuve el honor de coordinar en Alemania encuentros internacionales dedicados precisamente a la libertad de prensa, la desinformación, la ética periodística y las distintas fórmulas de regulación y autorregulación. Discutí sus alcances con decenas de periodistas de Asia, América, Africa y Europa; editores, verificadores, académicos y responsables de organismos profesionales de distintos países. De esas conversaciones, visitas y experiencias, además de las lecturas, proviene mi desconfianza frente a cualquier remedio universal.
En España, por ejemplo, el fact-checking alcanzó dimensiones industriales. Maldita.eses una agencia con una capacidad operativa que ya quisieran muchas redacciones mexicanas y desmiente bulos a una velocidad impresionante: desde alimentos que supuestamente hacen brotar granos verdes hasta infiltraciones rusas en las escuelas. Admiro el método, la disciplina y la paciencia de sus periodistas, aunque su éxito técnico convive con una dificultad enorme: quien desea creer en una conspiración suele incorporar el desmentido como una nueva prueba de que la conspiración existe y los desmentidos no se viralizan tanto como las atractivas fake news.
Los alemanes, inclinados como siempre a construir un edificio institucional para cada problema, apostaron por la autorregulación. Cuando el Estado amagó con sancionar la irresponsabilidad periodística, la prensa organizó un consejo que funciona como una especie de ombudsman colectivo. Ese modelo es el que más me gusta porque apela a la responsabilidad profesional, al prestigio y a la vergüenza pública entre pares, aunque su eficacia depende de que los medios valoren esas tres cosas y ahí está su debilidad.
En México hemos ensayado la figura del defensor de la audiencia de manera fragmentaria adentro de muchos medios nacionales y locales. La idea es razonable: una persona dentro del medio escucha las quejas, explica las decisiones editoriales y corrige cuando corresponde. El problema comienza con la nómina, porque el defensor recibe su salario de la empresa a la que debe incomodar. Su independencia descansa en la disposición del medio para exhibir y corregir sus propios errores y solo los medios serios tienen esa disposición.
También está el modelo del Estado como blindaje ante la desinformación como arma extranjera. Es el caso de Lituania, por ejemplo, donde la propaganda rusa forma parte de una guerra híbrida que se libra todos los días, de manera que el gobierno interviene directamente (tiene dos ministerios para ello) para identificar operaciones de influencia, bloquear campañas y proteger su espacio informativo. Ese esquema es muy peligroso si no hay guerra porque le da poderes extraordinarios al gobierno.
Otro esquema es el del organismo autónomo financiado por el Estado como si fuera un IFE o una CNDH de los de antes. En Zimbabwe, por ejemplo, tienen una institución autónoma muy poderosa con independencia y fuerza gremial para sancionar y verificar, aunque en algunos casos ha sido señalada de excederse.
Estos experimentos comparten la aspiración de proteger a los ciudadanos de la manipulación y la mentira pero ese es justamente el vicio de origen: imaginan la verdad como un objeto limpio, estable y empaquetable que alguien puede verificar, sellar y entregar al ciudadano. Si algo nos ha enseñado la filosofía es que la verdad forma parte de un proceso que exige contraste, juicio, experiencia y deliberación. La verdad es elusiva y contiene errores, correcciones, dudas, distintas perspectivas.
En México discutimos ahora los “Lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias”. La propuesta del gobierno obliga a los medios audiovisuales, entre otras cosas, a distinguir hechos de opiniones, mantener códigos de ética y contar con defensores que manden informes a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano cuyos integrantes dependen de una designación presidencial.
Leí el texto completo y debo decir que el mecanismo es menos feroz de lo que anuncian algunos críticos, pero está lleno de agujeros por los que se puede colar la presión a los medios y la inutilidad del mecanismo. La defensoría seguirá dependiendo económicamente del medio; la Comisión estará revisando constantemente los procedimientos, así que las televisoras y la radio tendrán que producir informes, respuestas, códigos y constancias. Tendremos más papeles, más ventanillas y más Estado alrededor de la prensa vigilando los informes del capataz. Esto añade carga a los medios y no resuelve problemas de calidad, rigor ni veracidad.
Además, la obligación de separar hechos de opiniones produce una tranquilidad engañosa. Una cifra puede ser correcta y al mismo tiempo ofrecer una representación tramposa de la realidad. Una opinión puede contener datos verificables y una nota de hechos puede estar cargada de decisiones ideológicas. La verdad es elusiva y la mentira puede estar compuesta de verdades.
Lo que más me preocupa, y creo que debería preocupar a alguien más, es que la protección de las audiencias termine concibiendo al ciudadano como un menor de edad frente a una pantalla, alguien incapaz de reconocer una opinión, contrastar una afirmación o sospechar de un presentador. Ese ciudadano tutelado recibe advertencias, etiquetas y explicaciones, mientras pierde poco a poco la práctica del juicio propio para saber si un periodista o una información son sospechosas o no.
Aldous Huxley registró muy bien esta tentación en Un mundo feliz. En su utopía, los ciudadanos están entretenidos, satisfechos, protegidos y cuidadosamente infantilizados, lo que hace innecesaria la prohibición o la censura. Yo desconfío de las instituciones que prometen protegernos de cada mentira: en realidad buscan protegernos del incómodo esfuerzo de pensar. ~
