El 28 de abril de 2024, en las instalaciones de los Estudios Churubusco de la Ciudad de México, se celebró el segundo debate presidencial entre los candidatos Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. En el transcurso de las casi dos horas que duraría el intercambio, la candidata del PAN-PRI-PRD repitió por lo menos tres veces una acusación seria en contra de la aspirante morenista (que competía con la coalición Sigamos Haciendo Historia). Sostuvo que Morena era un narcopartido (minuto 10:50), que la hoy presidenta Sheinbaum era candidata de un narcopartido (minuto 15:50) y que, por lo tanto, podía referirse a ella como narcocandidata (minuto 104:30).1
Cinco semanas después, Claudia Sheinbaum ganó la Presidencia de la República con casi 60% de los votos; Xóchitl Gálvez obtuvo menos de la mitad. Por supuesto que esta diferencia puede atribuirse a muchas otras variables antes que a lo sucedido en el debate. Es más, me atrevo a decir que los debates difícilmente catapultan una candidatura, pero también es cierto que, en los relatos poselectorales de nuestro país, tanto el desempeño de Diego Fernández de Cevallos (en 1994) como el contrapunteo entre Vicente Fox y Francisco Labastida (en 2000) se han considerado momentos decisivos para ambos panistas, al grado de que podemos reducir a una frase el momento en que conquistaron a los espectadores. No sabemos con certeza qué variables fueron determinantes para la victoria de Sheinbaum, pero lo que sí sabemos es que frente a las acusaciones lanzadas por Gálvez ocurrió que las personas no se enteraron de la acusación, no le confirieron credibilidad o no les importó.
Destaco la ineficacia de esas acusaciones porque en los últimos meses el PAN pareciera haberlas revivido con la esperanza de capitalizarlas rumbo a las elecciones del próximo año. Desde mi perspectiva, este relato merece algunos ajustes para figurar mínimamente como discurso electoral.
Hace algunos meses, el 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, funcionarios y exfuncionarios estatales, por presuntamente operar una red de protección al Cártel de Sinaloa. No es un detalle menor que, días antes, la gobernadora de Chihuahua Maru Campos hubiera reconocido la muerte de dos agentes de la CIA fallecidos en un accidente automovilístico, tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el estado. Según el gobierno federal, la presencia de estos agentes en labores de campo se habría dado sin su conocimiento, lo que comprometía la soberanía nacional y contravenía, según la propia presidenta, Claudia Sheinbaum, la Ley de Seguridad Nacional.
La cercanía entre ambos acontecimientos permitió al PAN atizar un discurso que contraponía la supuesta cooperación de Morena con el crimen organizado frente al combate protagonizado por el gobierno panista. Morena también entendió rápidamente que la coincidencia temporal de ambos sucesos obligaba a un relato más completo de contraste. El gobierno federal negó la extradición de Rocha Moya alegando la falta de debido proceso, pero, sobre todo, por ser una afrenta contra la soberanía. Mientras Maru Campos había vulnerado dicha soberanía, ellos la estaban defendiendo. La ultraderecha internacional, dejaron ver, buscaba ayudar a la derecha mexicana para combatir al “gobierno de la gente”.
En las siguientes semanas, políticas españolas de derecha pisaron suelo mexicano para criticar a los “gobiernos populistas de izquierda”, dándole pretexto a Morena para validar su relato: es un asunto de soberanía, no de colusión con el crimen organizado. Sin embargo, a las pocas semanas, se filtraron audios de Marina del Pilar, gobernadora morenista de Baja California, a quien sin mayores explicaciones se le revocó la visa estadounidense a mediados del año pasado. En estos audios se escucha a la mandataria ofreciendo cooperación e información a supuestos funcionarios de inteligencia estadounidense. No queda claro qué ganaría la gobernadora a cambio de ello, pero defender la soberanía no parece la preocupación más apremiante de la llamada.
Finalmente, a mediados de julio, la Fiscalía General de la República detuvo a Ernesto Ruffo Appel por su presunta participación en un esquema de venta ilegal de combustible, conocido como huachicol. Si bien Ruffo hoy ya no es militante del PAN, es una figura simbólica para el panismo por haber sido el primer gobernador emanado de la oposición en nuestro país. Como respuesta a su aprehensión, los panistas salieron en su defensa, acusando nuevamente una persecución política y olvidando, pareciera, que el exgobernador, exsenador y exdiputado ahora es consejero de otro partido político.
Los hechos que sintetizo omiten, por supuesto, mucho de lo ocurrido en estas fechas, pero sirven para plantear los relatos en disputa. Esto es necesario porque, si bien hay muchas variables que definen una elección, es difícil encabezar una candidatura exitosa sin un relato poderoso. Los relatos sirven para dividir al electorado entre quienes apoyan una alternativa y quienes lo hacen por la otra. Generalmente sobresimplifican la disyuntiva porque buscan apelar a una preferencia emocional. Las fórmulas clásicas deciden por la esperanza o la amenaza; la justicia social o la eficiencia económica; un futuro prometedor o la estabilidad del legado. Desde mi perspectiva, el gran acierto de Morena ha sido la capacidad de articular un relato poderoso: la reivindicación de los pobres frente a la rapacidad de los privilegiados. Otro relato consistente, pero insuficiente (aunque tal vez solo por el momento), es el de Movimiento Ciudadano que plantea la disyuntiva entre la nueva y la vieja política. Ni el PRI ni el PAN han encontrado un relato que los albergue. Por eso es interesante escuchar al PAN tratando de plantear un relato dominante para la siguiente elección, aunque hasta ahora no parece del todo exitoso por distintas razones:
1. La “costumbre” del narco. El narcotráfico no es, por supuesto, una novedad en nuestro país. Por el contrario, desde los primeros registros de su existencia, a principios del siglo pasado, no hay un solo periodo en que este fenómeno delictivo se haya combatido con la eficacia suficiente para erradicarlo. Es una estructura intrínseca a la economía nacional que desde sus inicios se nutrió del comercio transfronterizo con Estados Unidos, alimentando a los gobiernos locales de recursos que enriquecían el presupuesto público o algunas manos privadas. Lo que ha variado, en un sentido o el otro, ha sido su visibilidad, su virulencia y, sobre todo, el grado de infiltración en las instituciones del Estado.
No es tampoco nuevo que se acuse a los políticos y/o servidores públicos de estar coludidos con el crimen organizado. Todos los partidos políticos que han sido gobierno, aunque sea de un municipio en nuestro país, han enfrentado acusaciones más o menos serias de colusión con el narco; a veces como parte de una investigación formal, a veces a propósito de una campaña electoral, otras solo como un rumor entre los habitantes de sus comunidades. (Tampoco es novedad saber de operativos secretos de agentes de la DEA en territorio nacional que se conocen porque terminan en un accidente o una muerte inesperada.)
Por años y años distintas comunidades del país han convivido con el narcotráfico operando de manera menos o más velada, sin que eso haya significado una condena hacia las autoridades que los dejaban operar. Es más, me atrevo a decir que muchas comunidades viven del narco y de la derrama económica que genera. Para diferentes estados, el narco significa cosas distintas. Mientras que, en Sinaloa por ejemplo, ha sido capaz de constituir incluso un partido político, en Chihuahua el rechazo responde a una presencia de confrontación significativamente más violenta. Tamaulipas ha tenido épocas en las que convive y otras en las que sufre directamente la presencia del narco.
Un discurso que apele al crimen organizado como divisor social deberá tener en cuenta las diferencias regionales que existen y plantear, tal vez, la colusión de las autoridades como una complicación para el flujo económico que caracteriza a la vida en la frontera, más que un asunto de corrupción.
2. La ineficacia de los panistas para “combatir” al narco. Cuando el gobierno de Felipe Calderón dio inicio a la “lucha por la seguridad”, propuso un relato que no permeó: que el gobierno federal emprendía el ataque contra el crimen organizado, no por una postura moral frente al trasiego de drogas, sino por la diversificación de actividades ilícitas que amenazaban la paz de las comunidades y que resultaban tremendamente rentables para los criminales: secuestro, extorsión y venta de drogas que ocasionaba competencia por las plazas. En ese periodo, las cifras de violencia se incrementaron, dando a la oposición la oportunidad de denunciar que la cruzada fue moralista y en contra de las drogas, y que era la causa de los miles de víctimas que el país empezó a contabilizar. Por supuesto, en casos así, el contrafactual es difícil de establecer. ¿Qué habría pasado si el gobierno decidía no enfrentar a la delincuencia organizada? La hipótesis del gobierno calderonista es que habría sido peor.
Sin embargo, para muchos mexicanos que no comulgan con el panismo, la crisis de violencia que se vive hoy en muchas zonas del país es resultado directo de la decisión de combatir al narco. Que el PAN hoy proponga lo mismo –“combatir” sin pacificar– no será una oferta electoral atractiva.
Si a esto agregamos que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en ese sexenio, fue condenado a casi cuarenta años de prisión por una corte federal en Estados Unidos por colaborar durante años con el Cártel de Sinaloa, parece difícil vender la idea de que el PAN es inmune a la infiltración y eficaz en el combate.
3. Un país en donde la ley es de cumplimiento voluntario. Finalmente creo que vale la pena reconocer que México no es un país en el que el cumplimiento de la ley, por sí mismo, sea un valor no negociable. El pasado 26 de abril, el diario culiacanense Ríodoce publicó datos en los cuales aseguraba que la gran mayoría de los sinaloenses querían dejar de ser “una sociedad narca”. Citando la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Inegi, sostenía que el 84.4% de los habitantes de Culiacán consideraban que era inseguro vivir en esa ciudad. Tres años antes, al inicio del gobierno de Rocha Moya, esta cifra era de 56%. Citaba también a la consultora Lexia, según la cual el 51% de los habitantes de Culiacán sostenía que quería la aplicación de la ley, no un pacto. Una mayoría débil en un estado en donde nueve de cada diez habitantes dicen vivir con miedo. 70% de los encuestados dijeron querer una paz verdadera, no regresar a una pax narca. La publicación concluye que estos datos “demuestran” que la gente ya no quiere vivir en una narcosociedad. Yo concluyo algo distinto. Quienes responden creen que un acuerdo “no bastaría para solucionar”. Es decir, si los acuerdos funcionaran para pacificar de manera sostenida, no estarían mal vistos.
Lo que tendría que señalar un discurso anticolusión no es la colusión en sí misma, sino lo insostenible que resulta y ha resultado. Hoy el nivel de infiltración del crimen organizado vuelve insuficientes los acuerdos de épocas previas. En primer lugar, porque las actividades de los delincuentes son tan predatorias como rentables. Difícilmente los gobiernos pueden ofrecer compensación equiparable. Por otro lado, el Estado parece genuinamente rebasado. Sin una depuración profunda de las instituciones de gobierno, se ve complicado que pueda recuperar el monopolio del uso de la fuerza.
Frente a esto, el PAN no ha logrado plantear una sola estrategia seria. El pasado 25 de junio en un evento del partido, lanzaron un documento de “100 soluciones para México” en el que enlistaron propuestas que son un refrito de las propuestas de campaña que el electorado ya rechazó. Una lista en donde lo mismo impulsan iluminar calles que cadena perpetua para extorsionadores.
Al mismo tiempo, el relato es incompleto. En el evento en apoyo a Maru Campus que vimos el 30 de mayo ni la gobernadora ni el resto de los oradores lograron escindir la historia del crimen organizado de las acusaciones de autoritarismo2 contra Morena. Es difícil seguir un relato que no es redondo. Tendrán que escoger entre acusar al gobierno de colusión con el crimen o acusarlo de autoritario. O, en última instancia, construir una historia que interrelacione ambos fenómenos.
También Morena tendrá que decidir un relato que pueda sostener con acciones. Al día siguiente del evento en Chihuahua, la presidenta Sheinbaum dio un discurso en el Zócalo en el que llamó la atención la fuerza con la que se posicionó en contra del intervencionismo estadounidense.3 Al día siguiente moduló el tono, dando pie a concluir que la realidad se había impuesto: la presidenta no puede darse el lujo de confrontarse así con el gobierno de Trump.
Ahora bien, la imprecisión narrativa de los panistas no necesariamente es una garantía de éxito para Morena. Efectivamente, dada la capacidad que Morena había mostrado en ocho años de gobierno de controlar relatos desde la mañanera, el gobierno parece descolocado. Las explicaciones de Marina del Pilar son inverosímiles, y las aclaraciones de la presidenta de decir que es un asunto de la FGR o las declaraciones de Omar García Harfuch respecto a que en las mesas de seguridad de por sí no se discuten datos relevantes parecieran balazos de un relato poco consolidado.
Las advertencias por parte del gobierno estadounidense para tener mayor presencia en territorio mexicano en aras de combatir el crimen es un riesgo real. La presidenta Sheinbaum tendrá que tejer fino en un partido que, al gobernar la mayoría del país, es altamente susceptible a la captura del crimen organizado. La permisividad del sexenio anterior se ha vuelto insostenible; este gobierno lo ha reconocido y presume con gusto los decomisos y las extradiciones. Al mismo tiempo sigue protegiendo a figuras como Adán Augusto López y Rubén Rocha Moya.
La elección de candidaturas para el próximo ciclo electoral tendrá que ser evaluada desde la perspectiva de la funcionalidad. ¿Sirve a un estado fronterizo una gobernadora que no puede pisar los Estados Unidos? ¿Puede tolerar la economía de un estado episodios como el “Culiacanazo” o el toque de queda por meses? ¿Sirve a un gobierno que negocia el T-MEC que su interlocutor tenga expedientes de senadores que tendrán que votar el acuerdo? Me parece que estas son las dudas que el PAN tendría que estar planteando. Más que un tema moral, un tema de funcionalidad. Más que una oferta de mano dura, una alternativa de pacificación y fortalecimiento comunitario. Más que la súplica de que un gobierno extranjero se lleve a un gobernador, el reconocimiento de que el Estado debe tener instituciones sólidas (no solo aparentar “ser fuerte”) para resolver la seguridad. Tendrá que reconocer que su historia no habla de pureza ni de eficacia y plantearse, en lugar de como un partido dispuesto a dar la batalla ideológica, como una alternativa funcional, especialmente en estados fronterizos en donde los gobiernos panistas han sido eficientes para detonar la economía.
Por su parte, a la presidenta Sheinbaum le conviene tomar el liderazgo en las decisiones, sobre todo si su plan es insistir en la defensa de la soberanía. Pronto no bastará con declarar que “si hay pruebas, que las presenten” si se sigue omitiendo el ejercicio de la acción penal.
Tal vez al interior de su partido le convenga plantear las exigencias de Estados Unidos como inevitables, pero en el contexto general no parece suficiente para enfrentar el siguiente ciclo electoral. Morena no puede permitirse elegir candidaturas que sean vulnerables de persecución judicial desde Estados Unidos en un par de años. La política de ignorar las banderas rojas no se anticipa como una estrategia ganadora.
En los próximos meses veremos cómo evolucionan estos relatos y si alguno basta para convocar mayorías suficientes para dominar el discurso electoral. Vale la pena estar atentos. ~
Agradezco a Roberto Valladares, especialista
en seguridad, por la plática que contribuyó
a perfilar la reflexión que llevó a este texto.
- El 18 de julio de 2024, la Sala Regional Especializada del TEPJF impuso una sanción a la candidata Xóchitl Gálvez por la mención como narcocandidata de Claudia Sheinbaum. ↩︎
- “Discurso de la gobernadora Maru Campos, durante el evento #yoconmaru celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua”, disponible en wikipol.org. ↩︎
- “Versión estenográfica. A dos años del triunfo: honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria”, disponible en gob.mx. ↩︎
