El profesor de derecho administrativo Pablo Antonio Gutiérrez Colantuono publicó recientemente en el Anuario Iberoamericano de Buen Gobierno y Calidad Democrática un artículo doctrinal denominado “Prevención de riesgos democráticos”. El autor propone que el Estado, la ciudadanía y el sector privado colaboren para mitigar amenazas como el autoritarismo administrativo, la politización judicial y la opacidad legislativa. Lo verdaderamente interesante del texto es la advertencia que se hace del enorme riesgo que supone la normalización de las disfunciones institucionales, donde los ataques pequeños, constantes y deliberados van vaciando poco a poco la democracia hasta dejarla en una estructura hueca.

No es la única vez en la que se ha analizado la teoría sociológica del riesgo, donde las sociedades y las instituciones pueden llegar a convivir con niveles de peligro crecientes sin activar mecanismos de reacción provocando que el riesgo se naturalice y se integre en la rutina. Es lo que en psicología se conoce como “desensibilización”: conseguir reducir la respuesta emocional ante un estímulo que se repite. Los ataques del ejecutivo y de ciertos medios afines a este contra los jueces provocan alarma en la comunidad jurídica y en parte de la opinión pública, pero, con el tiempo, las reacciones se van amortiguando y la sociedad se llega a acomodar a niveles cada vez más elevados de agresividad y deslealtad institucional hasta que se convierte en algo cotidiano.

En España estamos en un punto muy peligroso de normalización del riesgo, surfeando una ola iliberal que nos acerca a democracias populistas en lo que a respeto al poder judicial y a las instituciones se refiere.

Tres encuestas y una misma estrategia

En el mes de julio de 2026 se publicaron sendas encuestas –coincidentes en el tiempo– en los medios nacionales El País y la Ser (fuente: 40db), La Vanguardia (fuente: ipsos) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (cis). Los tres estudios muestran el mismo cuadro de desconfianza elevada de los ciudadanos hacia la justicia y una percepción de su politización en asuntos políticos, si bien las tres fueron publicadas en un momento crucial coincidente con la proliferación de diversos asuntos judiciales que cercan al entorno del presidente del gobierno y su partido, del que Sánchez es secretario general.

No creo en las casualidades: conocida la sentencia que ha condenado por corrupción al exministro de Transportes del actual gobierno, José Luis Ábalos, a su mano derecha, Koldo García, y al empresario corruptor Víctor de Aldama, en ciernes de saberse el fallo de la condena al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y en los días previos a conocerse el procesamiento de la mujer del presidente, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y malversación, tres encuestas encargadas por medios afines al psoe y por un cis de independencia discutida refuerzan la estrategia comunicativa de poner “bajo sospecha” al poder judicial.

Las tres encuestas construyen un mensaje único reforzado: la ciudadanía percibe una fuerte politización en los asuntos que afectan a los políticos, muchos creen que hay jueces “haciendo política”, que existe lawfare y que hay un funcionamiento problemático de la justicia (lenta y desigual). Pese a todo esto, los jueces siguen siendo un poder del Estado que genera más confianza relativa que el ejecutivo y el legislativo, lo que dibuja a la justicia como “institución menos desacreditada” en un contexto general de desconfianza hacia todos los poderes.

La pregunta es: ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué parte de la percepción ciudadana es propia y qué parte inducida? ¿Qué responsabilidad tiene el ejecutivo en el hecho de que la justicia se perciba como lenta y desigual?

No puede realizarse un análisis aislado sin proyectar una visión retroactiva. Hasta mediados de la década de 2010 las críticas se concentraban sobre todo en casos concretos y jueces determinados, aunque existían ya discursos más generales sobre una “justicia politizada”. El Partido Popular –entonces en el poder– lanzaba críticas duras hacia jueces y fiscales y sus decisiones en macrocausas como la Gürtel, hablando de “montajes de la policía”. En paralelo, desde el independentismo catalán y la Generalitat de Catalunya se presentaba a los jueces como instrumento de represión política del procés.

Del caso por caso al ataque sistemático

Tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, se intensificaron las críticas gubernamentales y partidistas a decisiones judiciales sobre corrupción y procesos territoriales, pero seguían siendo más reactivas que proactivas. A finales de 2021 ya empieza a hablarse de una tendencia deslegitimadora. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria remitió al Parlamento Europeo un informe donde se subrayaba que los distintos actores políticos utilizaban el descrédito de la justicia como herramienta de lucha partidista.

En 2023 se produjo el verdadero punto de inflexión, tras las elecciones generales que renovaron a Pedro Sánchez como presidente, fruto de un acuerdo de gobierno con distintos partidos independentistas que pusieron como condición que en el pacto de investidura el psoe se comprometiera a realizar acciones contra el lawfare que había llevado a los líderes del procés a sus respectivas condenas. A partir del reconocimiento del ejecutivo de que el poder judicial en España no se guía por decisiones técnico-jurídicas sino por filias y fobias políticas –lo que no deja de ser acusar a los jueces de prevaricar–, los medios de comunicación de referencia del espacio afín al gobierno adoptaron el término lawfare de forma cotidiana, y con él empezaron a describir cualesquiera investigaciones que afectaran al ejecutivo, a la amnistía o a personas afines a los partidos de la coalición de la investidura. Lo que al principio espantaba comenzó a ser utilizado con normalidad, signo evidente de la estrategia de desensibilización a la que hacía referencia anteriormente.

Nada habría sido posible sin la colaboración necesaria, coadyuvante y decisiva de profesionales de la comunicación que, de forma machacona, han ido repitiendo consignas comunes, como cuando se sostiene que “cada vez que el ejecutivo mueve ficha, un juez mueve ficha” para boicotearlo, o que los jueces son un poder “conservador” que bloquea las reformas sociales. Las críticas del gobierno y quienes formaron parte del pacto de investidura son amplificadas y justificadas por prensa afín, mientras la prensa crítica lo presenta como guerra contra los jueces, golpes a la justicia y asedio judicial, produciendo un escenario mayor de polarización, tal y como las instituciones europeas han puesto de manifiesto en diversos informes.

Por tanto, en una dinámica creciente de ataques a los jueces, se ha transitado desde críticas aisladas vinculadas a casos concretos y practicadas por diversos partidos a que, desde 2023, el patrón haya sido más sistemático y generalizado, en el que miembros visibles del gobierno han construido una narrativa persistente de justicia politizada, lawfare,jueces franquistas y castas judiciales al margen de la democracia, mientras los casos de corrupción, las investigaciones en torno al partido en el gobierno y los familiares del presidente proliferan, iniciados por jueces de distinta procedencia, especialidad y adscripción asociativa.

Buenos y malos jueces

según a quién investiguen

El juez Santiago Pedraz era buen juez cuando participó en diligencias de Gürtel y Kitchen,o en los papeles de Bárcenas y la corrupción del 3% de ciu pero es un juez “conservador” cuando investiga el caso Fontanera, una trama que supuestamente pretendía presionar a jueces, fiscales y policías en causas relacionadas con el presidente Sánchez o su entorno. Arturo Zamarriego era independiente cuando investigó al “Pequeño Nicolás”, pero está bajo sospecha cuando ahora tiene entre manos el caso sepi, por tráfico de influencias y cohecho. Andrés Martínez Arrieta fue un gran jurista cuando fue ponente de la pieza Fitur de Gürtel sobre el pp valenciano, ratificando condenas por malversación y tráfico de influencias, o cuando instruyó el caso Nanide violencia policial en los ochenta, pero “condenó sin pruebas” al fiscal general del Estado.

Al final la lectura que se induce es que los jueces son justos cuando investigan al partido en la oposición, pero practican persecuciones políticas y tratan de derribar gobiernos cuando sus instrucciones o enjuiciamientos afectan al partido en el gobierno.

Los últimos informes de las instituciones europeas indican que no estamos solo ante una retórica dura, sino ante una tendencia que, acumulada en el tiempo, se percibe como amenaza al equilibrio institucional y a la confianza en la imparcialidad del sistema, aunque España siga siendo formalmente una democracia consolidada con salvaguardas estructurales todavía operativas.

Así, como más relevante, puede destacarse que la Comisión Europea, en el ciclo de “Estado de derecho” (2022-2024) recoge la preocupación por declaraciones públicas de políticos (miembros del gobierno y del parlamento) en las que critican al poder judicial y a jueces concretos. Si bien se reconoce el valor de la crítica a las resoluciones judiciales como parte del debate democrático, recuerdan que los miembros de los otros poderes deben evitar manifestaciones que puedan menoscabar la independencia judicial o la confianza pública en la justicia.

En definitiva, la desconfianza creciente en el poder judicial, generada desde 2023, ha creado un enquistamiento social de difícil reversión. Las posibles mejoras que pudieran desarrollarse para avanzar hacia una justicia ágil, neutral y ajena a tratos partidistas –la reforma que atribuiría a los fiscales la instrucción, cambio del modelo de elección de los vocales del cgpj, o mejoras procesales que permitan agilizar la respuesta judicial, entre otras– han quedado orilladas, enterradas entre el ruido y la batalla en el barro del ejecutivo contra los jueces. El poder judicial, el único poder profesionalizado que no es elegido por motivaciones políticas sino por su preparación técnica, que se organiza de forma difusa e independiente, carece de medios de defensa ante estos ataques. El Consejo General del Poder Judicial, lejos de defender a los jueces del acoso político y mediático, ha emitido tímidas declaraciones institucionales, por un lado, y ha permitido que vocales afines ideológicamente al gobierno echen leña al fuego, acusando a los jueces de actuar ideológicamente.

Lo peor de esta situación es que tiene difícil solución. Una vez que se atraviesan las líneas rojas del respeto institucional, ningún partido en el poder va a dejar de sucumbir a la tentación de aprovechar el hueco dejado por otros para atacar a los jueces, los únicos que pueden contener los excesos de poder del ejecutivo. Sembrando la desconfianza en los jueces, se recogen los frutos de la impunidad. Lo que se desea en realidad es que existan espacios de arbitrariedad y falta de control para que quienes ostentan en cada momento el poder puedan seguir actuando a su antojo.

España muestra dinámicas preocupantes que recuerdan a procesos de captura judicial vividos en la Hungría de Fidesz y Viktor Orbán, en Polonia con el partido Ley y Justicia (pis), en Turquía con Erdogan o en México con Morena. En todos estos países se han producido reformas legislativas como resultado de un proceso largo de deslegitimación de los jueces. En todos ellos, en mayor o menor medida, se han reformado los órganos de gobierno judicial para controlar nombramientos, ascensos y acceso a la carrera judicial; se han rediseñado los tribunales constitucionales para asegurar resoluciones alineadas con el gobierno; se han modificado las edades de jubilación, las condiciones laborales o la evaluación del desempeño para forzar la salida de magistrados incómodos para sustituirlos por perfiles afines; y se han endurecido los regímenes disciplinarios.

No olvidemos que, por falta de mayorías parlamentarias, no se ha llegado a reformar el acceso a la carrera judicial en España ni la reforma de la acusación popular, algo que el ministro Bolaños llevó al parlamento. Poco importa: el caldo de cultivo actual es propicio para aceptar cualquier cambio futuro que beneficie al gobierno.

Esto es una mala noticia. Un poder desbocado es un poder ilegítimo. Gobiernos populistas de distinto color pueden gobernar en cualquier momento. De no cambiar esta dinámica, ya no habrá jueces que los controlen. ~