Algunas veces me pregunto por la reacción que habrían suscitado algunas políticas públicas si, en vez de haber sido planteadas por un partido, hubieran nacido de la iniciativa de otro. Se trata de un contrafáctico imposible, claro, pero algo me dice que las declaraciones, los tuits, los gestos habrían sido diferentes.
O quizá no sea un contrafáctico tan imposible. Piensen, por ejemplo, en la necesidad de regular la gestación subrogada, que hoy solo defiende Ciudadanos entre los partidos nacionales, pero que hace no tanto contaba con apoyos transversales en todos los grupos. Durante un debate en televisión previo a las elecciones de diciembre de 2015, representantes de los principales partidos fueron preguntados sobre esta cuestión. Estaban Andrea Levy por el PP, Meritxell Batet por el PSOE, Carolina Bescansa por Podemos, Alberto Garzón por IU y Andrés Herzog por UPyD. Todos defendieron la regulación, a excepción de Garzón, que, como todo el mundo sabe, vive en algún lugar indeterminado, entre la segunda mitad del siglo XIX y el franquismo: era un dilema que le llegaba demasiado pronto.
Sin embargo, a medida que la propuesta de regulación fue identificándose como una bandera de Ciudadanos, todos los partidos fueron desmarcándose de ella. No es mi intención abordar en este artículo las bondades o maldades de regular la gestación subrogada, sino advertir que las posiciones que adoptan los partidos respecto a ciertos temas dependen en buena medida de quiénes los lideran.
En todo caso, si alguien quiere profundizar en la cuestión, hay un artículo estupendo de Beatriz Gimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, cuya tesis quedaba resumida así: “Eso es lo que proponemos: una gestación subrogada regularizada en nuestro país, que garantice que las mujeres gestantes no ven ninguno de sus derechos conculcados, que trate también de influir en las gestaciones que se están produciendo fuera de nuestro país, que garantice también el derecho de los menores y que combata la comercialización de los cuerpos de las mujeres”.
Es una postura sensata, si bien no es representativa de la opinión actual de Gimeno y su grupo: el artículo lo escribió hace un año y hoy se oponen a regular la gestación subrogada de forma radical y absoluta.
Algo parecido ha sucedido con la bajada de impuestos a las rentas bajas promovida también por Ciudadanos, que ha suscitado reacciones verdaderamente insólitas. Por ejemplo, el “nuevo PSOE” de Sánchez, que había hecho de la reforma del artículo 135 de la Constitución una de sus prioridades con el argumento de que el cumplimiento del déficit no podía comprometer ciertas políticas sociales, ha mutado ahora en una formación apologeta de la austeridad presupuestaria.
Hace solo unos días, la socialista Carmen Calvo tachaba de irresponsable una bajada de impuestos progresiva que beneficiará a tres millones y medio de mileuristas y a medio millón más de personas con dependientes a su cargo, apelando al cumplimiento de los objetivos de déficit. Y desde alguna izquierda se ha tratado de establecer, incluso, que los beneficiarios de la rebaja son poco menos que privilegiados.
Algunos críticos señalan que no podremos parecernos a Dinamarca reduciendo los ingresos destinados a sostener el estado de bienestar. Olvidan que para ser como Dinamarca primero tendríamos que tener un sistema que redistribuyera hacia quienes más lo necesitan y no hacia quienes más tienen. Pero en España sucede lo contrario. Por eso no es una mala idea dar dinero de forma directa a aquellos a los que los beneficios del estado de bienestar no les están llegado por la vía de la redistribución y no están sintiendo la recuperación económica, favoreciendo, de paso, un incremento del consumo que también redunde en una mayor recaudación. Y por eso también esa bajada de impuestos a las rentas bajas forma un buen tándem junto al complemento salarial para jóvenes y los cheques de formación para desempleados: son políticas destinadas a paliar los problemas de nuestro sistema laboral y las deficiencias de nuestro estado de bienestar.
Por otro lado, este mismo mes, tanto Podemos como PSOE han presentado propuestas sobre pensiones que representan modelos de redistribución regresiva, perjudicando a los colectivos sociales que han sufrido más la crisis para favorecer a los que la han padecido en menor medida. Pese a ello, ha sido la bajada de impuestos a las rentas bajas la que ha suscitado un mayor debate en torno a la progresividad en medios de izquierdas y redes sociales.
Un debate que llama la atención si atendemos a la vieja proclama de Zapatero, que argumentaba que “bajar los impuestos es de izquierdas” y defendía un modelo fiscal tendente a un tipo único con un mínimo exento que se aproximara a los 15.000 euros (la propuesta de Ciudadanos lo deja en 14.000) y la eliminación de deducciones que ocasionan una gran pérdida de recaudación. Y también si echamos un vistazo al programa económico de Podemos en 2015: “Se intensificará la progresividad del tramo autonómico reduciendo los tipos mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros, suavizando los tipos entre 25.000 y 50.000 euros”. Si quienes ganan 14.000 euros al año son unos privilegiados, ¿en qué liga juegan los que ganan entre 25.000 y 50.000 euros?
Todos los partidos, desde luego, tienen derecho a cambiar de opinión y a justificar tales cambios de posición. Sin embargo, suele suceder que los cambios de posición obedecen más a la necesidad de rivalizar con algún contrincante que a la consecuencia de un debate racional y sosegado.
En los últimos meses se ha hablado mucho de las políticas de Ciudadanos, quizá porque ha sido capaz de condicionar la acción de gobierno en mayor medida que PSOE y Podemos. Sus medidas, desde luego, han de ser sometidas al escrutinio del ojo público y a la crítica de los demás partidos. En democracia es saludable que así suceda.
Además, lo bueno de las políticas públicas es que, una vez se implementan, puede evaluarse su impacto y corregirse si fuera necesario. Lo que no se puede evaluar son las discusiones bizantinas sobre el “alma republicana” socialista, o la “plurinacionalidad” y sus exponentes belgas o bolivianos, o un tramabús, o las prevenciones al comercio con Canadá (estos días se ultiman los detalles de un acuerdo similar con Japón que no parece haber levantado tantas ampollas en Podemos y PSOE), o la ambigüedad respecto a un referéndum de independencia unilateral.
No se pueden evaluar porque se formulan en el ámbito de lo simbólico, cuando no de lo filosófico, y no tienen impacto real sobre el bienestar de los ciudadanos. En política solo hay dos opciones: ladrar, o cabalgar. Que cada uno decida el papel que quiere jugar.
Aurora Nacarino-Brabo (Madrid, 1987) ha trabajado como periodista, politóloga y editora. Es diputada del Partido Popular desde julio de 2023.
