Letras Libres ha reunido a un grupo de expertos para que detallen los desafíos más apremiantes que tiene México hoy día en materia económica, ambiental, educativa, de género y seguridad. Si en algo coinciden todas esas voces es en que la voluntad política se ha contentado con crear instituciones huecas y aprobar reformas mancas que no convocan el apoyo de los sectores clave ni de la ciudadanía. ¿Qué diagnósticos tomar en cuenta para poner estos temas sobre la mesa? Este número es una apretada agenda de malestares nacionales. Pero más que eso: un panorama para empezar a tener una discusión más transparente
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México no es Siria, pero tampoco es Suiza. El país luce bien en comparación con sus vecinos centro y sudamericanos, pero no tan bien cuando la mirada se extiende al resto del mundo. En 2017 unas treinta mil personas fueron asesinadas, el doble que en Estados Unidos; nuestra tasa de homicidio es diez veces superior a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y en México hay más asesinatos en una semana de los que hay en España en un año. No hay manera, pues, de ocultarlo: nuestro presente es terrible.
Pero nuestro futuro puede ser muy diferente. No el futuro cercano, no el del próximo sexenio. Ese se anticipa horrible.
Nos encontramos en medio de una terrible epidemia de violencia homicida. El 2017 acabó con un número absoluto de homicidios nunca visto en la historia reciente del país y con una tasa que no se había registrado desde hace (tal vez) medio siglo. Con ello, se revirtió toda la caída en el número de asesinatos acumulada entre el 2011 y el 2014. Peor aún, nada sugiere que ya llegamos al pico de la curva.
¿Cuál es la causa de esta reciente oleada de violencia? Nadie lo sabe con precisión. Entre los posibles motores está la creciente fragmentación de los grupos criminales. En una década pasamos de un submundo criminal dominado por seis o siete grandes bandas, dedicadas en lo fundamental al tráfico internacional de drogas, a uno donde hay docenas de grupos, grupúsculos y células, orientados no solo a contrabandear drogas, sino también a explotar economías locales por la vía del secuestro, la extorsión o el robo.
Pero además hay motores externos, como la explosión del consumo de opiáceos en Estados Unidos, que ha producido una batalla campal por el control de las zonas de producción de amapola en varias regiones de la geografía nacional.
El calendario mismo puede ser una de las causas de la violencia. Pienso, por ejemplo, en la transición política simultánea que se dio en más de la mitad de los estados del país o en el cambio de personal en decenas de cuerpos policiacos y procuradurías, y la consecuente desestabilización de las relaciones entre las instituciones estatales y las bandas criminales.
En el fondo hay una debilidad estructural de las instituciones de seguridad y justicia. Bastan algunos datos para comprender la magnitud de esta crisis. Según una encuesta de la organización Causa en Común, casi la mitad de los policías estatales refiere que su salario mensual es inferior a diez mil pesos; nueve de cada diez dijeron que nunca han recibido una promoción o reconocimiento, y dos de cada tres nunca han sido ascendidos de puesto.
Además de estar mal pagados y no recibir reconocimiento alguno, los policías tienen que poner de su bolsillo: el 41% dijo que tuvo que pagar por sus botas; el 38%, por su uniforme; el 26%, por reparaciones de las patrullas; el 12%, por la gasolina; el 20%, por los cartuchos, y el 11%, por sus chalecos antibalas.
De remate, los policías son objetos constantes de maltrato dentro de sus corporaciones: el 30% afirmó haber sido blanco de humillaciones; el 28%, de discriminación; el 16%, de acoso sexual, y el 15%, de abuso físico.
Datos similares pueden encontrarse en la procuración de justicia y en las prisiones. Por donde se le vea, el sistema es un desastre.
Tampoco ha habido un gran esfuerzo reciente por atender las carencias de nuestras instituciones. La Policía Federal tenía el mismo número de miembros en 2017 que en 2012 y las transferencias de policías a estados y municipios se han reducido en términos reales en los últimos cinco años. Los cambios legislativos, ya sea en materia de fiscalías o policías, están atorados por cálculos políticos de corto plazo.
Entonces sí, el futuro inmediato no es muy alentador.
Pero el futuro más lejano, el que nos podría esperar en unas décadas, en 2042, a una generación de distancia, parece mucho más promisorio.
¿Qué depara ese futuro remoto? En primer lugar, es previsible una caída sustancial de los ingresos por la exportación de drogas ilegales, debida a los cambios en la composición del mercado de drogas, el fin del tráfico de la mariguana, la posible sustitución de la heroína por opiáceos sintéticos y –más importante aún– por una transformación en la estructura socioeconómica del país: en el largo plazo, es probable que el costo del trabajo y de la tierra crezcan lo suficiente para hacer menos redituables (en términos relativos) la producción y el tráfico internacional de drogas ilegales en México.
Una evolución similar es previsible en otras formas de tráfico ilícito. El número de migrantes mexicanos a Estados Unidos ha disminuido en dos terceras partes desde el 2006. En parte, la caída fue resultado de la crisis económica que ocurrió entre el 2008 y el 2009, y también de sus secuelas. Hasta ahora, la recuperación económica del país vecino no ha provocado un incremento en el flujo de migrantes.
Lo anterior sugiere que tal vez estamos ante un cambio estructural: la experiencia de varios países europeos demuestra que no se necesita cerrar totalmente la brecha del ingreso con los vecinos ricos para frenar casi por completo la migración; basta con llegar a cierto nivel absoluto de ingreso, y México podría cruzar ese umbral en algún punto durante los próximos quince años.
Con cierto rezago, sucederá lo mismo en Centroamérica y en otros países que mandan mano de obra a Estados Unidos. Dicho de otro modo, es muy probable que los coyotes pierdan a la mayor parte de su clientela en las próximas dos décadas.
Otros delitos van a subsistir y prosperar. Muchos actos ilícitos se trasladarán al ciberespacio, lo que incluye muchas formas de piratería (música, películas, etc.) pero también diversas modalidades de fraude y robo de identidad. A la vez, es muy probable que los ladrones digitales intenten apropiarse de una multiplicidad de activos virtuales, desde el “dinero” de los juegos en línea hasta las “propiedades” de mundos virtuales. Todo esto, por supuesto, ya sucede pero, en la medida en que crezca el componente en línea de nuestras vidas, aumentará el porcentaje del delito en que el arma es un teclado y no una pistola.
Entre los delitos violentos es muy probable que el secuestro disminuya de manera radical. En los países desarrollados el secuestro extorsivo es poco frecuente porque, a partir de que las autoridades adquieren cierto nivel de capacidad, este crimen implica demasiado riesgo. Algo similar puede suceder en México.
Hay además otro fenómeno que dificultará algunas formas del delito: el efectivo como medio de pago tenderá a desaparecer; de hecho, los medios electrónicos ya están desplazándolo en una infinidad de transacciones. Esta transición se acelerará en las próximas décadas. Es muy probable que para el 2042, si no es que mucho antes, no tenga sentido alguno que los bancos centrales emitan billetes y monedas (salvo como souvenirs).
Prosperarán las criptomonedas, el bitcóin o sus sucesores, lo que seguirá haciendo posibles las transacciones anónimas que son indispensables para el secuestro o la extorsión. Pero quienes tengan el nivel de sofisticación para usarlas quizá prefieran secuestrar archivos digitales en vez de seres humanos –menos riesgo, menos tiempo y recompensa similar.
La extinción gradual del efectivo ayudará a reducir diversas formas de robo, con y sin violencia. ¿Qué va a robar un carterista cuando ya nadie necesite cartera, cuando toda nuestra información financiera esté vinculada a nuestros datos biométricos? ¿Cuántas personas asaltarán una tienda de conveniencia solo para llevarse cervezas y cigarros? Probablemente pocas. ¿Y los asaltabancos? Son una especie en extinción. Quienes deseen robar se mudarán al ciberespacio.
Otras evoluciones tecnológicas contribuirán a prevenir el robo de activos físicos. La masificación del gps facilitará de forma drástica la capacidad de rastrear cosas. Hoy en día varios ladrones de celulares han sido detenidos gracias a la geolocalización y los automóviles (incluso las autopartes) empiezan a incorporar de fábrica este tipo de tecnología. Si bien es cierto que existen programas para bloquear la señal del gps, eso implica ya un costo y un riesgo adicional para los ladrones y sus clientes. De modo que si se suma la capacidad para rastrear las cosas y la ausencia de efectivo, los mercados de artículos robados tenderán a volverse riesgosos, caros y de escala reducida.
En resumen, el delito será cada vez más invisible, habrá una distancia creciente entre víctima y victimario. Eso necesariamente tendrá un impacto en la prevalencia del homicidio. La transición demográfica, por su parte, empujará en la misma dirección. Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), la población masculina entre quince y veintinueve años de edad alcanzó su tamaño máximo en términos absolutos a mediados de esta década, es decir, ya inició un declive sostenido y probablemente irreversible. Si las estimaciones del Conapo son correctas, ese grupo de población será, en términos absolutos, 21% menor en 2040 que en 2010, lo que por sí mismo debería conducir a un descenso significativo de la tasa de homicidio.
A esos cambios tecnológicos y demográficos, habría que añadir un factor político. Aun en condiciones de crecimiento económico moderado, el tamaño de la clase media urbana en México crecerá en los próximos veinticinco años. Esto incrementará la presión política para mejorar la calidad de los bienes y servicios públicos, como la policía y el sistema de justicia penal. En algún momento, esa presión podría conducir a una reforma significativa de las instituciones de seguridad y justicia. Y con un cambio legislativo, apuntalado por la evolución tecnológica, podría venir un incremento notable de la eficacia de las instituciones de seguridad y justicia.
Entonces sí, hay razones fundadas para el optimismo. En un plazo suficientemente largo, el arco de la historia apunta hacia la paz.
Acercar ese futuro más prometedor debería ser la tarea esencial del próximo gobierno. No se puede hacer mucho para acelerar las transformaciones demográficas, tecnológicas o económicas, pero tal vez se pueda hacer algo para detonar ciertos cambios institucionales. En específico, sugiero promover dos de ellos:
1. Crear un cuerpo nacional de policía. Esto no equivale a crear una policía nacional, más bien, implica centralizar varios procesos administrativos. Por ejemplo, el reclutamiento; en vez de dejarse en manos de los estados y municipios, se puede hacer a nivel central. Lo mismo es posible en el caso de la capacitación: se puede establecer una academia nacional con campus regionales para formar a todos los policías del país. También podría haber una unidad nacional de asuntos internos y un solo centro de control de confianza con sedes estatales. Para dotar de prestaciones a los policías, se podría crear un instituto de seguridad social para el personal policial y ministerial, a la manera del que existe para las Fuerzas Armadas. Los gobernadores y presidentes municipales seguirían teniendo el mando operativo de los policías desplegados en sus jurisdicciones, pero ya no serían responsables de su gestión administrativa.
2. Rediseñar la procuración de justicia. Las fiscalías deben ser organizaciones mucho más compactas y estar orientadas a armar expedientes y procesar casos ante los tribunales, no a recibir denuncias o investigar delitos. Esto supone varios cambios notables: a) las denuncias de los delitos deben ser recibidas directamente por la policía (como sucede en la mayor parte del mundo), no por las fiscalías, aunque también se debe eliminar la necesidad de ratificar una denuncia; b) la puesta a disposición de un detenido debe ser ante un juez, no ante el Ministerio Público (mp); c) el mp no debe ser intermediario entre el juez y la policía para solicitar actos de molestia, es decir, un investigador de la policía debería poder acudir sin mediaciones a un juez para, por ejemplo, solicitar una orden de cateo; d) las fiscalías no deben contar con sus propias policías: las funciones de investigación de las policías ministeriales deben ser trasladadas a las policías hoy llamadas preventivas.
¿Con esto se obtendría la paz deseada? No en el corto plazo. En esta materia, los cambios importantes toman tiempo, exigen paciencia y no arrojan frutos en los tiempos relevantes para los políticos. Pero tal vez, solo tal vez, podrían acelerar de manera marginal el proceso de pacificación del país.
Si de algo podemos estar seguros es que la paz viene, pero puede tardar. ~
es analista especializado en políticas de seguridad. Es socio consultor de GEA (Grupo de Economistas y Asociados)
