Esta es, y que no quede duda, “una investigación periodística”, dice en sus primeras líneas el diario. La nota publicada a dos planas en el periódico Noreste entra pronto en los terrenos de la vida privada de la alcaldesa local, Elizabeth, a quien los editores llaman Beto.
“Nacida en Xalapa, desde su adolescencia mostró una preferencia sexual diferente la cual la apartó de la integración comunitaria. La capital de rancia tradición y costumbres tan propias de la provincia, se negó de siempre a los homosexuales y a las lesbianas (maricones y tortillas, se les decía desde aquella época)”.
“Elizabeth —continúa la nota— nunca tuvo el recato de esconder sentimientos, apetitos sexuales y preferencias de género, lo cual la llevó a trabar una primera relación de cuento de hadas, pero en versión gay”.
En Mérida, un candidato del PRI a una diputación local tiene un altercado con el reportero de Debate por Yucatán, un medio local, durante la entrega de su constancia de mayoría. En revancha, el periodista carga su pluma contra el diputado electo: “Vil y cobarde, cual gamberro surgido de la miasma”, “desequilibrado y enfermo mental”, “enano mental con pretensiones de pigmeo”. Y la última: “maricón”.
El pasado 6 de marzo, al resolver una disputa entre directivos de medios en Puebla, los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecieron durante una sesión pública que expresiones como “maricón” y “puñal” no están protegidas por la Constitución ni por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en tanto que constituyen términos discriminatorios y forman parte de un discurso “homofóbico”, pues se asume que la homosexualidad no es una opción sexual válida, convalidando violaciones a derechos fundamentales.
Aunque el fallo judicial fue aplaudido por la burocracia del Conapred, este no fue producto de la discusión pública, seria y profunda que desde hace tiempo se necesita sobre libertad de expresión en conflicto con otros derechos. La cuestión fue abordada merced al periodismo miserable que se practica en muchos lugares el país y que en este caso particular tiene origen en las disputas personales entre propietarios de medios (uno de los cuales preside una fundación para la libertad de expresión) ventiladas con insultos en la prensa local.
Cuando hace siete años La Prensa (propiedad de la Organización Editorial Mexicana) puso en su primera plana la palabra “Matajotos” para anunciar la captura de un secuestrador y asesino que escogía a jóvenes homosexuales como blanco, organizaciones en defensa de la diversidad sexual alzaron la voz y lograron el compromiso de los directivos de usar un lenguaje respetuoso y libre de prejuicios. El Conapred atestiguó y aplaudió.
A la vuelta de los años, sin embargo, los diarios de la OEM no parecen más sensibles al tema. Basta con hacer una búsqueda en sus páginas para encontrar textos con frases como “aunque el mayate intentó pelársele a los polis, fue sometido mientras que el maricón se daba a la fuga de la escena”, o epigramas como “El hecho de acariciarse / no debe de haber fijón / máxime después de aprobarse / el que ya pueden casarse / maricón con maricón”.
Sobre la determinación de la Corte, escribe un columnista de esa casa editorial:
“Se les llama maricones porque eso es lo que son. Si se dice de un hombre que es macho, de una mujer que es puta, o de un político que es pendejo, y si esos atributos corresponden a la realidad, no se les está insultando, se les está describiendo”.
Decía Milagros Pérez Oliva, hasta hace poco más de un año defensora del lector del diario El País que la oferta informativa de los medios no solo es una propuesta de jerarquía de la realidad, sino un modo de definirla, labor en la cual el lenguaje es la principal herramienta: “La arquitectura del periodismo se levanta sobre el lenguaje y el lenguaje es pensamiento. Construimos con ideas. Y con la elección de las palabras, no sólo hablamos de la realidad, sino de nosotros mismos como periódico”.
La Constitución no reconoce el derecho al insulto o a la injuria; las expresiones ultrajantes, el menosprecio y la vejación injustificada, se encuentran fuera del ámbito de protección de la ley. Sobre ello han decidido ya los ministros de la Corte.
Ahora hay que voltear a ver la primera plana de algunos diarios para advertir cómo muchos medios construyen agenda pública, sin siquiera articular un argumento. Nada ha cambiado sustancialmente cuando el penoso final de cobro de facturas entre dos empresarios de prensa es aplaudido por Conapred como avance sustantivo en el combate a la homofobia en México.
Los conflictos para afirmar falsas hombrías, y que en las películas de Cantinflas se resolvían con bravuconadas y duelos de coplas, hoy nos son presentados como si fuesen resultado de la larga noche de lucha por los derechos civiles. Habrá quien diga que hemos avanzado…
Periodista. Autor de Los voceros del fin del mundo (Libros de la Araucaria).
