El uso del aparato judicial para perjudicar a uno de los candidatos de la oposición ha provocado cuestionamientos sobre la injerencia del gobierno federal en el proceso electoral.
A diferencia de otros casos de lavado de dinero y corrupción donde la PGR no da noticias sobre los avances, la celeridad con que ha trabajado en el caso donde es investigado Ricardo Anaya ha sido considerada un hecho inédito. La PGR publicó de manera oficial el video a color y con audio de la visita de Ricardo Anaya a las oficinas de la SEIDO. En la grabación se escucha la conversación que sostuvieron Anaya y Diego Fernández de Cevallos con los funcionarios que los recibieron, entre ellos el jefe de la unidad antilavado, Mauro Rodríguez. Aunque la institución se justificó diciendo que el material era de interés periodístico, en ningún otro caso de relevancia pública, como el de Odebrecht y la comparecencia de Emilio Lozoya, han salido a la luz videos similares. Más allá del posible lavado de dinero, escandaliza el uso que se ha hecho de recursos federales para dañar la reputación de Anaya y atraer más votos hacia Meade, como reportó The Wall Street Journal.
Los candidatos presidenciales han reaccionado de distintas maneras. En una conferencia de prensa, Anaya denunció el ataque del gobierno federal y consideró que se debe a que prometió acabar con el pacto de impunidad y la corrupción. “Señor presidente Peña Nieto, con respeto, serenidad y firmeza le digo: así no, saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad”, dijo. Posteriormente, en un encuentro con militantes de Movimiento Ciudadano, el candidato de la coalición Por México al Frente declaró que estaría dispuesto a encarcelar al presidente si se demuestra que cometió actos de corrupción: “[…] ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro país. Aquí, el que la haya hecho la tendrá que pagar”. En otro evento con empresarios insistió en contar con una Fiscalía General verdaderamente autónoma y propuso crear una Comisión de la Verdad con apoyo de la ONU.
Por su parte, el presidente dijo que no se involucrará en el proceso electoral y no responderá “a dimes y diretes” de las campañas políticas. Ante el llamado de los ciudadanos para que no se usen las instituciones en contra de los candidatos, el presidente guardó silencio.
José Antonio Meade también se pronunció sobre el caso Anaya y aprobó el trabajo de la PGR. Le pidió a su contrincante que “no sea rajón” y asuma la responsabilidad sobre las posibles irregularidades de sus propiedades. En caso de ganar la presidencia, se comprometió a brindarle autonomía a los ministerios públicos para que estos puedan enjuiciar al presidente: “Mientras no nos animemos a cortar el cordón umbilical del control de la corrupción del Ejecutivo y se lo asignemos con plena independencia al Ministerio Público, nos va a costar mucho trabajo resolver el problema de la corrupción”. También habló acerca de Andrés Manuel López Obrador y lo llamó “fantasma fiscal”, pues desde hace quince años dice que solamente maneja efectivo y no posee cuentas.
En respuesta, el candidato de Morena afirmó que no es un fantasma fiscal porque el SAT está al tanto de todos sus movimientos. Sobre el caso de Anaya comentó que se trata de: “corrupción, manipulación y circo, una estrategia más de la mafia del poder”. Durante un evento con empresarios, López Obrador también hizo una propuesta para reformar el artículo 108 para quitarle el fuero y los privilegios al presidente en funciones en caso de que cometa actos de corrupción. Además, reconoció la decisión del presidente Peña Nieto de no intervenir en las elecciones.
Por su parte, Margarita Zavala, aspirante independiente a la presidencia, presentó a su Consejo Político en el que se encuentran varios panistas y funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Para combatir la corrupción ha propuesto una oficina de ética desde la presidencia, “para que quede claro cuándo hay conflicto de interés y cuándo no lo hay, para que la vida pública sea honesta y no un acto heroico”.
Un grupo de intelectuales, periodistas, académicos y activistas de distintas filiaciones políticas publicaron este domingo una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto para exigir que deje de utilizar a las instituciones del Estado “para incidir en el destino de los comicios”.
La persecución a opositores y la falta de transparencia son síntomas de la escasa autonomía de las instituciones encargadas de impartir justicia. Mientras no haya auditor, fiscal anticorrupción ni procurador de justicia dotados de verdadera autonomía, el Ejecutivo será juez y parte. La falta de credibilidad de las instituciones afecta a la democracia. ¿Cómo confiarán los electores en los resultados de las elecciones si el gobierno ha puesto en marcha su maquinaria para incidir de forma decisiva en el proceso electoral?
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Las acusaciones por corrupción no son exclusivas de la elección presidencial. En la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México, el candidato del PRI, Mikel Arriola ha acusado a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, de negligencia y corrupción. Para Arriola, las gestiones de Sheinbaum como delegada de Tlalpan y secretaria del Medio Ambiente estuvieron llenas de irregularidades que ponen en duda su honestidad.
Sheinbaum respondió a los señalamientos del exdirector del IMSS con un mensaje en sus redes sociales:
