La semana pasada, Fátima Monterroso presentó en el programa En Punto, conducido por Dennise Maerker, un video reportaje en el que revela, a través de facturas obtenidas por medio de solicitudes de información, que entre 2016 y 2017 los servicios administrativos de la Cámara de Senadores reembolsaron a Layda Sansores, senadora del PT con licencia y actual candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón, más de 700 mil pesos por gastos personales que no estaban relacionados con su labor legislativa.
Entre dichos gastos se cuentan tintes para el cabello, ropa, joyería, electrodomésticos, desodorante, pasta de dientes y hasta la despensa de su casa. Ver las facturas va de lo indignante (4 mil pesos en bacalao noruego, 2 mil en jamón serrano, otros 4 mil por una muñeca Truly me, 2 mil más para una silla Luis XV… bueno, hasta ¡las conchas de pan dulce facturaba!) a lo obsceno: entre las compras personales que hizo con dinero público están un vestido y mascada de diseñador que se mandó a confeccionar con los rostros de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Al día siguiente, Sansores publicó una deplorable excusa: no había sido una tranza, ni un acto de corrupción, sino ¡un acto de justicia social! “Los recursos” que se mencionaban en el reportaje fueron para apoyar a los “compañeros de resguardo e intendencia” (¿Qué cara habrán puesto cuando les rifaron la muñeca Truly Me?) y los gastos de alimentos fueron donados a “caravanas de migrantes y maestros” (Banquetes de bacalao noruego y jamón serrano. ¡Cuánta solidaridad!)
Pero lo verdaderamente problemático de esta noticia no son los actos de corrupción en los que incurrió Sansores, sino las muchas maneras en las que se intentó relativizar el acto (por ejemplo: Sansores se habrá llevado 700 mil, PERO Roberto Figueroa, Emilio Gamboa, Fidel Herrera y Miguel Barbosa se robaron 1,200 millones de pesos anuales. ¿Por qué no se apunta hacia ellos?) y las muchas muestras de apoyo que recibió Sansores (aunque no me queda claro exactamente en qué la apoyaban: ¿en la sabia decisión de cargarle al erario público una cafetera de 32 mil pesos?). Acá, por ejemplo, la muy posible próxima secretaria de la Función Pública[1], Irma Eréndira Sandoval, le declara su solidaridad y apoyo a la “próxima alcaldesa en Álvaro Obregón”:
Mi solidaridad y apoyo con nuestra senadora y próxima alcaldesa en Álvaro Obregón @LaydaSansores https://t.co/AYXOimvIcu
— Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) 15 de junio de 2018
En estos días las muestras de apoyo que acusan cacería de brujas o guerra sucia se han multiplicado. ¿Por qué nos fijamos en la corrupción chiquita? Preocupa, y mucho, que legisladores como Layda Sandores no entiendan la diferencia entre su sueldo y la “partida de gastos legislativos”. Pero preocupa más que una campaña que ha enarbolado el combate a la corrupción como su mantra y pilar fundacional reste importancia al asunto porque los montos no le parecen tan escandalosos.
P.d. No quiero omitir la única posición sensata del círculo cercano de AMLO que leí en esos días:
Lo de Layda Sansores es la punta del iceberg del dispendio de recursos públicos. Hay un margen enorme para ahorros fiscales en los tres poderes de la unión. Debe combatirse la cultura del despilfarro en todos los niveles.
— Gerardo Esquivel (@esquivelgerardo) 16 de junio de 2018
Esquivel tiene mucha razón, y quizá una fuente de ahorro inmediato sería acabar con la partida de “servicios generales” en el Congreso. ¿Una mayoría de la Coalición Juntos Haremos Historia votaría por una reforma de ese tipo?
[1] La secretaría que vigila que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones
Es politóloga, periodista y editora. Todas las opiniones son a título personal.
