Si una anciana golpea la puerta del Estado para reclamar los restos de su padre, asesinado durante la Guerra Civil y arrojado a una cuneta, no hay otra que decir: hágase. Y hágase cuanto antes. Y, sin embargo, el Estado español sigue sin atender esa demanda, como si la cosa no fuera competencia suya, como si se tratara de una petición caprichosa hecha para molestar.
España sigue estando llena de esas fosas que los asesinos improvisaron para esconder los cadáveres de su ignominia. No es raro que haya quien señale con un dedo a la vera de un río, al claro de un bosque, a un descampado, al rincón de un cementerio, y añada: “ahí siguen”. Son restos que conservan la huella de crímenes brutales, y de las humillaciones que muchas veces padecieron los que sobrevivieron en el entor- no de las víctimas, hablan de disparos y de golpes (acaso de torturas), del matonismo de unos cuantos (y de su cobardía), son todavía las marcas de una época terrible. Hubo violencia gratuita en los dos bandos que se enfrentaron en la guerra que provocó el golpe de los militares rebeldes, aunque es verdad que se prolongó en el de los franquistas, y es que obedecían a la consigna de destruir a todos sus enemigos: de ahí la terrible represión de la posguerra.
Los ganadores tuvieron tiempo para ocuparse de los suyos. Orquestaron todo tipo de ceremoniales y levantaron monumentos para consagrar el heroísmo de sus caídos. Los que perdieron, en cambio, no pudieron sino callar, y muchos de sus muertos quedaron desamparados, abandonados en el mayor de los silencios. Los últimos testigos del bando derrotado, y quedan cada vez menos, coinciden casi siempre cuando cuentan que para salir adelante se vieron forzados durante largos años a no decir nada. Por miedo, por la pura urgencia de sobrevivir, por el dolor de las vejaciones y la derrota. Fueron los nietos, cuando la democracia ya llevaba instalada una temporada, los que preguntaron. La Guerra Civil y la dictadura nunca fueron un misterio, se escribió y se investigó y se discutió mucho sobre lo que había pasado, hubo relatos distintos, y posturas y valoraciones que chocaban a la hora de establecer qué fue lo que sucedió exactamente. Lo que acaso no han sabido hacer los políticos, que durante la Transición prepararon distintas reparaciones para los vencidos, es terminar el duelo. Para hacerlo tenían que haberse ocupado de las fosas. Cumplir ese último paso, reconocer una vez más el horror y las terribles consecuencias del odio, exhumar los restos de los que habían sido tanto tiempo despreciados, los más débiles de todos: los arrojados a las cunetas, y devolverlos a los suyos, y luego entre todos enterrar definitivamente aquellos tiempos aciagos. No lo hicieron, no lo hicimos. ¿Llorar? Sí, a la democracia le faltó llorar por los olvidados.
Claro que no era fácil, y seguramente no se pudo hacer durante los años en que se dejaba atrás la dictadura, existían otras prioridades. Convenía ocuparse cuanto antes de establecer unas instituciones democráticas, controlar las tentaciones de tantos militares por volver atrás, una grave crisis económica azotaba el país, eta mataba, seguía matando (a pesar de los cambios que se producían). Cuando se pudo hablar de nuevo de las fosas, cuando los nietos empezaron a mirar allí donde apuntaban los dedos de sus abuelos, a los olvidados, y le pidieron al Estado que se ocupara de aquello, hubo quienes despreciaron esas exigencias tachándolas de artificiales. De banales, de innecesarias, de arbitrarias. Volver a abrir las heridas, se dijo, cuando las fosas son justo lo que todavía queda pendiente para cerrar el desolador recuerdo de esa España que pasó una larga temporada en el infierno.
Un gesto forzado: todas las ceremonias de despedida son artificios que se construyen para sortear el difícil tránsito de decir el último adiós. Si la violencia y el odio irrumpieron un día en los hogares de esos ancianos que han reclamado la exhumación de los restos de sus familiares, que fueron entonces asesinados cuando ellos eran niños o jóvenes por una turba de fanáticos descontrolados (o por una soldadesca que obedecía los designios del dictador), la suya es una reclamación legítima para poner fin de una vez a un largo duelo. Pero el Estado miró hacia otra parte, o no supo poner en juego los recursos necesarios para que aquello se hiciera (y se hiciera bien). Y el tiempo sigue corriendo, y cada vez son más los que se mueren, con lo que las cosas podrían quedar al final como un profundo fracaso de esa democracia que tanto costó construir.
Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que decidió dar respuesta a quienes exigían que el Estado se ocupara de lo que había quedado pendiente de resolver durante la Transición. Lo hizo a través de la llamada “ley de memoria histórica”. Aquella iniciativa se sostenía en el afán de enfrentarse a esos últimos flecos que aún podían dificultar la reconciliación entre todos los españoles. Se ocupaba de las fosas, pero también entraba de lleno en el tratamiento de las huellas que la democracia había heredado de la dictadura: monumentos, nombres de plazas y calles, el Valle de los Caídos. Era necesario intervenir para acabar con los símbolos que quedaban del franquismo: una democracia no puede glorificar a ningún dictador. Tal vez fue una ley que debería haber puesto en marcha el Partido Popular, y no los socialistas: nada de cuanto allí se proponía podía resultarle extravagante a un demócrata.
El concepto de “memoria histórica”, que tanta suerte ha tenido y que se maneja con una ligereza que a veces sorprende, no deja de ser equívoco. En sentido estricto, solo las personas tienen memoria de lo ocurrido, solo los individuos pueden acordarse de lo que han vivido, y ya se sabe: la memoria es caprichosa, voluble, gratuita. La vida empuja a cada cual a reinventarse, a borrar aquello que ha dejado de gustarle, o que no agrada a los demás, a subrayar lo más favorable, a liquidar de un tajo cuanto no tiene aprobación social, se tapa lo peor para hacerse un apaño y tirar adelante (no queda rastro de las traiciones, las deslealtades, los baldones de cada día, las desvergüenzas). No hay manera, es imposible, de que una sociedad comparta de manera espontánea una memoria colectiva: cada cual guarda recuerdos distintos de una huelga, unas elecciones, una manifestación.
La “memoria histórica” es una construcción, otro artificio más, y es obra de las fuerzas políticas, los sindicatos, las empresas, las iglesias, es una tarea que pone en marcha cualquier tipo de asociación de personas que quiera compartir un relato común sobre el pasado. Ese relato no siempre tiene que ver necesariamente con la verdad de lo que ocurrió, es más bien un mito que se arma para fortalecer los lazos que unen a individuos muy distintos que coinciden en un proyecto común. Igual que cada individuo esconde de su pasado lo que menos le gusta, otro tanto les ocurre a las sociedades. Es por eso que tiene algo de aberrante decir que hay que conocer la “memoria histórica” para saber lo que ocurrió. Si se trata en verdad de conocer lo que pasó, solo la historia puede darnos cuenta más o menos cabal de lo que fue el pasado.
Tiene todo el sentido que, en un momento dado, la democracia española se enfrentara a los símbolos heredados del franquismo. Y es de cajón que todas las fuerzas políticas se unieran para apartar todo aquello que glorificara al régimen de Franco: cualquiera de los partidos constitucionalistas podía haber liderado esa tarea. Lo que la complica extraordinariamente es que cuando se quita algo suele ser necesario poner otra cosa que vaya a ocupar su sitio. Así que, si se querían hacer las cosas bien, era imprescindible trenzar grandes acuerdos entre todos. De otra manera se corría el riesgo de que esa “memoria histórica” que tenía que ser de todos los demócratas fuera solo de una parte de ellos. Y la gresca estaba así garantizada. Y fue, efectivamente, lo que ocurrió.
No es este el lugar de repasar los episodios concretos que jalonaron el recorrido que tuvo la ley de memoria histórica. Solo se pretende aquí establecer las líneas maestras que han marcado un conflicto que ha terminado por enquistarse y que, más que invitar a cerrar heridas, puede estar contribuyendo a recuperar una vieja polarización que es extremadamente tóxica para la democracia. Así que no hay lugar para detenerse en las discusiones parlamentarias que la ley generó, o en las iniciativas de algunos jueces, las investigaciones de los expertos, los conflictos que surgieron aquí y allá. Se hicieron bastantes cosas, desaparecieron monumentos de Franco que ocupaban lugares señalados en las grandes ciudades, se cambiaron nombres de calles y plazas, se exhumaron los restos de algunas fosas, se propiciaron estudios históricos locales que iluminaron cómo el odio y las antiguas cuentas pendientes llenaron las afueras de los pueblos de cadáveres. Pero quedaron muchas cosas por hacer. Nunca se entendió bien por qué el partido socialista no dejó en manos del Estado la tarea que le correspondía de ocuparse de los restos que quedaban en las fosas. Hacer un plan, dotarlo de presupuesto, explicar hasta dónde se podía llegar, e invitar a la sociedad entera a repetir de nuevo la máxima que sirvió de motor para hacer la Transición: ¡nunca más! En vez de tomar ese camino, el Gobierno de Zapatero dejó en manos de las asociaciones de memoria histórica la compleja tarea de ocuparse de las fosas. No hubo directrices comunes, ni protocolos: cada asociación lo hizo lo mejor que pudo.
El lado oscuro de la iniciativa fue que la vuelta al pasado de la guerra y la dictadura reveló desde muy pronto cuán fértil podía resultar para encender viejas emociones y hacer políticas en el presente. Las “batallas culturales” son útiles para polarizar, ya que encienden esas pasiones antiguas que se quisieron enterrar durante la Transición y que regresan para abonar las fidelidades de los tuyos en las luchas partidistas del ahora. No hay mayor vileza que reconstruir las trincheras de una guerra que tuvo lugar en los años treinta de la centuria pasada para situarse en una posición de superioridad moral en los conflictos políticos del siglo XXI. ¿Cómo se generó esa deriva malsana, fue cosa de la oposición a Zapatero para cortarle alas al proyecto o favoreció a la fuerzas progresistas porque les ayudó a cerrar filas y fortalecerse? Los historiadores lo dirán cuando haya la distancia suficiente, y calle el barullo de tantas proclamas y se reduzca esa querencia por enfrentar a los unos contra los otros y hacer caja en los aprietos del presente.
Y en esas estamos. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha tomado la iniciativa de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Puede ser discutible, pero es una idea que contribuye a vaciar de contenido el engendro de Cuelgamuros. Así que bienvenida sea. Para obtener un respaldo pleno a su gesto, el Gobierno llevó al Senado una moción de condena rotunda al franquismo y “a cualquier acto de exaltación del mismo”. Se abstuvieron el pp, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. ¿Hay alguien que lo entienda? El psoe ha preparado también una reforma de la ley de memoria histórica. Hay distintos detalles que chirrían, pero lo más llamativo es un cambio de gran calado: pone en el centro a las víctimas –el psoe se apunta a los réditos que produce la fórmula del “victimato”– y las define como “los que lucharon por los derechos y libertades fundamentales del pueblo español”. ¿No fueron más bien combatientes los que pelearon para derrotar a los franquistas?, ¿han dejado ya de ser víctimas de la guerra quienes padecieron los excesos de los milicianos del lado republicano? Demasiada confusión. La hay también en otra de sus propuestas, la de crear una “comisión de la verdad”, que de tan extemporánea resulta casi incomprensible: ¿fijar una lectura única sobre la Guerra Civil y la dictadura?
El conflicto vuelve a estar servido a propósito de un pasado ante el cual todas las fuerzas demócratas deberían tener una posición común, firme, inequívoca, sin fisuras. Y en este panorama tan sombrío todos los partidos son responsables. ~
