Durante su visita a la comunidad Etchojoa en Sonora, el presidente López Obrador comparó sus programas sociales con el cristianismo: “el propósito es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados, esto es humano, es justicia social y es también cristianismo”. Luego recordó que Jesús fue perseguido por defender a los pobres y pidió a la audiencia no alarmarse cuando escuchen la palabra cristianismo, pues él se refiere al humanismo y la justicia social. No es la primera vez que el presidente hace alusión a Jesús y sus enseñanzas en una audiencia pública. El presidente ignora su investidura presidencial cuando usa el estrado como un púlpito para predicar. Ello representa un riesgo al Estado laico.
El presidente puede profesar la religión que desee, pero los artículos 24, 40 y 130 de la Constitución, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establecen la separación entre el Estado y la Iglesia. El Estado no puede expresar una afinidad hacia cierto grupo religioso porque, de lo contrario, no estaría garantizando la libertad de creencias de todos los ciudadanos ni de aquellos que son ateos o agnósticos. Por tal motivo, ni el presidente ni los funcionarios deben pronunciarse a favor de alguna consagración religiosa.
En febrero, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) le pidió al presidente concesiones de radio y televisión para predicar a través de los medios de comunicación y ayudarlo en la divulgación de los valores que promueve. De acuerdo con Arturo Farela, líder del grupo y amigo cercano de López Obrador, la iniciativa sería presentada por el Ejecutivo ante el Congreso de la Unión. “López Obrador es un presidente cristiano. Y su Cuarta Transformación es también una transformación moral, pues se fundamenta en el amor a la familia, al matrimonio, a la patria y a la naturaleza. Todo esto es bíblico. De ahí que esté abierto a otorgarnos a las Iglesias concesiones y permisos para tener canales de televisión y estaciones de radio, a fin de que apoyemos su proyecto”, comentó el presidente de Confraternice en entrevista con Proceso.
La propuesta provocó críticas atendibles entre quienes la consideraron una violación constitucional y una herramienta de proselitismo político. En respuesta, López Obrador dijo que “si es para moralizar” buscaría que su gobierno otorgara facilidades a las iglesias, pero que al tratarse de un tema polémico consideraría realizar una consulta ciudadana. La iniciativa no se ha presentado ante el Legislativo, pero eso no significa que la idea haya sido abandonada.
En mayo, el Palacio de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura se vieron envueltos en una polémica después de que el recinto fue rentado por la iglesia de la Luz del Mundo para rendirle un homenaje a su líder Naasón Joaquín García. Debido a que los eventos religiosos están prohibidos en el inmueble, al final solo se permitió la presentación de la Orquesta de la Secretaría de Marina y no se realizó la entrega del reconocimiento al llamado “Apóstol de Cristo”. Varios funcionarios públicos asistieron al evento, entre ellos el diputado Sergio Mayer y el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien gestionó la renta del teatro para la asociación religiosa. Días después, Naasón Joaquín García fue detenido en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores de edad. Al respecto, López Obrador dijo que su conciencia estaba tranquila porque no sabía si se le hizo un homenaje o no y no comentó sobre las acusaciones contra el líder religioso.
A inicios de julio, las iglesias cristianas iniciaron la distribución de diez mil ejemplares de la Cartilla moral, texto que Alfonso Reyes escribió en 1944 y que ha recuperado López Obrador para formar en valores a la ciudadanía y promover una convivencia armónica. La Cartilla se reparte en los siete mil templos de la Confraternice. Para Farela, la difusión de este documento no es un atentado contra el Estado laico porque su contenido “no es religioso”, sino que “aborda principios universales para vivir de manera armónica”. Por su parte, la Iglesia Católica rechazó repartirla a sus feligreses. Alfonso Miranda, Obispo Auxiliar de Monterrey y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), declaró que no estaba en sus planes difundir la Cartilla porque tienen otros proyectos prioritarios como la atención a migrantes y jóvenes.
López Obrador justificó la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán diciendo que se actuó con “humanismo” para “salvar vidas y evitar una masacre”. Algunos celebran que la conciencia del presidente haya quedado tranquila, pero es claro que este recurso a la doctrina cristiana omite ahondar en los errores de planeación que llevaron al fracaso del operativo. La fe personal no debe interferir en las decisiones del gobierno ni volverse una razón de Estado.
Al equiparar a su gobierno con el cristianismo, el presidente la entroniza como una religión cuasioficial. En Etchojoa también dijo: “Todas las religiones tienen ese propósito: el humanismo, el amor al prójimo, esa es la justicia social”. Pero él no es la cabeza de una religión, sino el representante de un república democrática, representativa, laica y federal. López Obrador se asume como un presidente liberal, que desea emular a Benito Juárez, pero su concepción de laicidad se limita a la libertad religiosa. El principio de laicidad garantiza “remover los obstáculos que impiden ejercer la libertad de conciencia y revertir las inercias a través de las cuales el poder religioso impone coactivamente su particular concepción del mundo sobre toda la sociedad”, como recuerda el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar. En un Estado laico no hay lugar para que los criterios religiosos primen en el ejercicio del poder.
Con investigación de Karla Sánchez.
