La epidemia de covid-19 ha afectado las oportunidades políticas y las opciones sobre la mesa en Venezuela. El 10 de marzo, la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, había celebrado una marcha en Caracas. “A la calle otra vez” era la consigna. El 12 de marzo, antes de que el primer caso de covid-19 se registrara oficialmente en Venezuela, Maduro prohibió las reuniones y manifestaciones públicas. El 13 de marzo se anunció el primer caso de covid-19 y decretó el Estado de Alarma para atender el coronavirus. A tono con el talante autoritario del chavismo, el decreto estableció restricciones al libre tránsito y medidas de cuarentena o aislamiento aplicadas de manera coercitiva, dándole a los órganos de seguridad un rol central en la respuesta a la epidemia.
Comencemos por caracterizar al chavismo en el poder actualmente: un autoritarismo hegemónico que despliega sistemáticamente controles biopolíticos en consonancia con su vocación totalitaria. Al chavismo se le opone principalmente una coalición pro-democratización (G4 y sus aliados) que adolece de problemas de coordinación, baja capacidad de movilización y dificultades para mantener una estrategia en el largo plazo. Existen otros sectores que se identifican como de oposición, pero su rol es secundario puesto que no cuentan con recursos para desarrollar sus objetivos (caso del Movimiento 16 de julio) o se han convertido en oposición leal accesoria al chavismo (caso las organizaciones que participan en la Mesa de Diálogo o “Mesita”).
La vía armada para derrocar al chavismo en el poder tiene poca viabilidad. No existe un flanco armado de la oposición. La organización de ese flanco armado ni siquiera es vista como alternativa deseable por la coalición pro democratización. Las expectativas de un quiebre en la Fuerza Armada Bolivariana son hoy bajas, luego de que se fracasara en propiciarlo en 2019.
La vía armada que más se ha discutido es la invasión por fuerzas militares extranjeras que derrocarían a Nicolás Maduro y traspasarían el control del territorio al liderazgo democrático venezolano. Esa hipótesis de conflicto cobró fuerza en 2019 con el discurso que planteaba que frente a una amenaza creíble el chavismo negociaría su salida del poder. “amenaza creíble”. En la práctica, esa hipótesis solo se ha expresado en la caracterización como régimen forajido del chavismo en el poder, con las consiguientes acusaciones criminales contra su cúpula. Más allá de esas acusaciones, la invasión ha sido útil para que el chavismo cohesione sus fuerzas; mientras que para la coalición pro democratización ha sido un frente de desgaste y división interna.
A principios de junio, partiendo de la caracterización de Venezuela como estado fallido, María Corina Machado propuso la conformación de una fuerza internacional para desplegar una Operación de Paz y Estabilización, bajo la doctrina de responsabilidad de proteger (R2P). El diagnóstico de Vente, el partido que lidera Machado, obvia el contexto de la pandemia que hace prácticamente imposible organizar una fuerza militar multilateral. No obstante, la invocación del principio R2P para una acción multilateral en Venezuela no puede descartarse en el futuro.
Por su parte, los partidarios de elecciones pactadas pretenden ignorar el historial de desconocimiento por parte del chavismo de los efectos prácticos de los resultados electorales que le son adversos. Ese historial comienza en 2009, cuando se aprueban, por medio de leyes orgánicas, cambios en la estructura política del país, que habían sido negados con el rechazo a la reforma constitucional propuesta por Chávez en 2007. En 2018, el chavismo convocó una simulación de elecciones presidenciales. En 2020 está convocando una simulación de elecciones parlamentarias, donde sólo participará la “oposición” que ellos permitan y sin observación internacional, con prohibición de las concentraciones públicas y con una oleada de represión selectiva bajo la marca “Furia Bolivariana”. Frente a este contexto, los partidos pro democratización se ven compelidos a rechazar la simulación y a reimpulsar la ruta marcada en el Estatuto que rige la Transición a la democracia, que se orienta a lograr las condiciones para la realización de elecciones transparentes, libres y competitivas.
La coalición del G4 (Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática) ha puesto sobre la mesa la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional con competencias en seguridad nacional, atención a la emergencia humanitaria compleja (incluyendo la atención de la epidemia de coronavirus) y convocatoria a elecciones libres. En ese Gobierno de Emergencia tendrían cabida todos los sectores políticos y sociales. El requisito previo para constituir ese Gobierno sería la salida de Nicolás Maduro, lo que implica su renuncia voluntaria al poder o un quiebre en la coalición que lo sostiene. No obstante, a pesar de la conflictividad social interna y la presión externa por la vía de sanciones económicas, el chavismo parece dispuesto a mantenerse en el poder en un permanente estado de excepción, en donde de facto ha sido suspendido el estado de derecho.
El chavismo se mantiene en el poder desplegando dispositivos biopolíticos que permiten el ejercicio de controles directos sobre la vida de los habitantes del territorio. Controles que la epidemia de coronavirus facilita, al ofrecer justificación para el confinamiento masivo de gente que ya ha sido despojada de sus derechos como ciudadanos, al punto que se les puede llamar “armas biológicas”. En este contexto, la oferta del Gobierno de Emergencia no resulta atractiva. No por falta de incentivos, sino porque el chavismo es maximalista en su proyecto de anulación de la alternabilidad política y en su aspiración al control de los recursos en el territorio.
Ha sido problemático para la coalición democrática definirse como gobierno cuando no tiene control sobre el territorio. Definirse como resistencia podría abrir espacios. Mientras el chavismo en el poder y sus accesorios practican la simulación de lo electoral, podría ensayarse una oposición de resistencia y desobediencia política. Hace falta movilizar la indignación para rebelarse contra la opresión abyecta. Quizás en la movilización se produzca el quiebre; ya está visto que el calculo racional no lo ha producido. ¿Es posible que un pueblo se rebele en medio de una epidemia con alta tasa de mortalidad? Es posible.
investigadora senior de la Iniciativa Democracia + Tecnología del Atlantic Council. Su investigación se centra principalmente en el impacto de las redes sociales en los conflictos políticos y en el estudio de las operaciones globales de información que socavan la democracia.
