De tanto en tanto, los reos de tal o cual cárcel boliviana lanzan a las autoridades una sugestiva amenaza. Les advierten que no aceptarán que ningún otro interno entre en el resguardado edificio que ocupan. Y en verdad no debiera, porque no cabe.
El hacinamiento de las prisiones tiene una doble causa. En primer lugar, resulta de las condiciones carcelarias, que guardan similitudes con las descritas por Charles Dickens en sus novelas. Los presos deben alquilar o “comprar” sus celdas, y no es raro que vivan en ellas con sus mujeres e hijos, cumpliendo sus labores tradicionales de sastres, peluqueros o dirigentes sindicales, entre otras curiosidades.
La segunda explicación es lacerante: se detiene a la gente sin completar o, como dicen los abogados, “perfeccionar” la demostración de su culpa. El 75 por ciento de los reos se hallan en “prisión preventiva”, es decir, detenidos sin condena. Esto convierte a Bolivia –según el estudio ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena?, de Guillermo Zepeda– en el segundo país del mundo que más sufre este problema, solo superado por Andorra.
Al mismo tiempo, Bolivia tiene 85 reos por cada 100 mil habitantes, es decir, el índice de encarcelamiento más bajo de Latinoamérica. Dada esta situación relativamente holgada (que no necesariamente implica un bajo nivel de criminalidad), el hecho de que sus establecimientos rebosen de presos sin condenas reviste una gravedad mayor. En Chile, donde hay 380 reos por cada 100 mil habitantes, es decir, la proporción más alta de encarcelados del continente, únicamente el 20 por ciento espera una sentencia.
En opinión de Waldo Albarracín, ex Defensor del Pueblo, el sistema judicial vive una crisis muy grave que empeora ante la mirada indiferente del Gobierno. Según informó el diario Página 7, un juez puede llegar a atender alrededor de 500 casos al mismo tiempo. Esta carga es humanamente imposible de llevar, pero nadie parece verlo. Nadie espera de la burocracia más que una tradicional ineptitud y los jueces se ganan su puesto haciendo favores políticos a los poderosos de turno, antes que por los resultados de su trabajo.
Los jueces no reciben incentivos para responsabilizarse de lo que hacen, pero sí para encerrar de inmediato a los posibles delincuentes. Así justifican su labor ante la sociedad, que no está interesada en los derechos de los acusados, sino en que disminuyan los crímenes. Por eso la reforma del Código Penal que se realizó en 1997, la cual prohibía la detención preventiva excepto en casos en los que existiera riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, fue criticada por los partidos de izquierda y los agitadores sociales a lo largo de una década, y luego, en los últimos años, ha sido prácticamente anulada. Hoy la detención inmediata está autorizada en más de una decena de casos, y es automática cuando el sospechoso tiene antecedentes judiciales.
Albarracín dice que de esta forma, es decir, metiendo a los raterillos en masa a la cárcel, el Estado se desentiende de su obligación de reinsertarlos en la sociedad y ayudarlos a reanudar su vida. Al mismo tiempo el aparato público responde así, como explica el jurista Gonzalo Mendieta, a la cultura “inquisitorial” del pueblo, que también suele denominarse “populismo penal”, y que consiste en el deseo de ver a todo el mundo en prisión, o penando sus culpas de formas bárbaras (en los linchamientos), para satisfacer un ánimo revanchista subyacente, y compensar así, perversamente, las amarguras de la pobreza.
Por ejemplo, Mendieta nos recuerda que en Latinoamérica no se aplica el procedimiento de quiebra que funciona en los países anglosajones. Es que suponemos que perder la bolsa no resulta suficiente castigo; el incumplido o el desafortunado que caen en bancarrota deben pagar físicamente, con el encierro. De ahí también la debilidad del Derecho Civil latinoamericano, pues la mayoría de las disputas termina en tribunales penales en los que no solo se hallan en juego indemnizaciones y multas, sino periodos “a la sombra”.
Aunque en comparación con otros países Bolivia sea apacible, también puede ser al mismo tiempo, como hemos visto, de una crueldad retorcida. El 75 por ciento de sus presos languidece tras rejas sin una razón jurídica definitiva y –lo que es todavía más terrorífico– sin saber por cuánto tiempo tendrán que vivir en tal situación. Póngase el lector en sus zapatos. En algunos casos, pasarán más tiempo en prisión que el establecido por la ley, cuando ésta finalmente se pronuncie. Y sin embargo, a casi nadie le importa.
– Fernando Molina
(Imagen tomada de aquí)
Periodista y ensayista boliviano. Autor de varios libros de interpretación de la política de su país, entre ellos El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (2009).
