“El caso de un periodista asesinado debería ser noticia permanente”
A Juan Daniel Martínez Gil, conductor de noticieros de W Guerrero, lo mataron en Acapulco el 27 de julio. Fue el octavo periodista asesinado en México este año y el tercero en el mes de julio, cifra que coloca al país en la cabeza de los más peligrosos para ejercer el periodismo, a la altura de Pakistán e Iraq y sólo por detrás de Somalia y Filipinas, en la clasificación del International News and Safety Institute. Balbina Flores (Xicotepec de Juárez, Puebla, 1965), corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México desde 2001, sabe bien los nombres y apellidos tras los números desnudos, y comienza hablando del punto de partida de esta situación crítica.
El grado de violencia con la que se mata a los periodistas es terrible desde 2006, y desde entonces México no ha retrocedido del primer lugar de América Latina en relación a agresiones a la prensa. Fue un año trágico en el que se registraron diez asesinatos y por primera vez se superó a Colombia.
¿Por qué se mata a periodistas en México?
Porque son incómodos. No sólo para los poderes públicos, sino también para esos poderes fácticos que conforman el crimen organizado. Desde luego el poder público sigue estando en primer lugar.
¿En qué sentido?
La cifra mayor de agresiones hacia periodistas proviene de funcionarios, policías, y ahora, desde el ejército. A mayor presencia de elementos policíacos debería haber mayor seguridad, pero no es así.
Viendo los lugares de ejercicio de los periodistas asesinados se podría pensar que los culpables se encuentran dentro del crimen organizado. ¿Se les puede poner cara a los agresores de los periodistas?
Sí, de algunos incluso tenemos nombre y apellidos. Gran parte de estos agresores son comandantes, policías, elementos del ejército. Son datos sustentados, que también han registrado otras organizaciones como el Centro de Periodismo y Ética Pública. En otros casos ha quedado claro que es el narcotráfico, como en el de Eliseo Barrón, cuyos presuntos autores materiales han sido detenidos. El autor intelectual en la gran mayoría de los casos no se termina de conocer.
Has denunciado la gravedad de la autocensura que genera esta situación.
Un periodista de Tamaulipas decía que la autocensura es peor que estar muerto. Cualquier agresión a un periodista tiene un impacto enorme en sus colegas. La advertencia es directa: “si sigues publicando esto, te puede pasar lo que le pasó a Eliseo o a Juan Daniel”. Sabemos de colegas que han decidido no seguir publicando más sobre el narcotráfico, o incluso, algunos, no seguir en el periodismo.
¿Y por qué no produce más escándalo?
Por una parte, son responsables los propios medios, que sólo convierten en noticia a los periodistas cuando algo así ocurre –y el caso de un periodista asesinado debería ser noticia permanente: siempre debería aparecer en las páginas de los diarios como un asunto no resuelto. Pero por otra parte, las autoridades federales no le han dado la suficiente importancia a estos casos, porque entienden que forman parte de la lucha contra el narcotráfico. Los consideran un número más en esta guerra.
¿No proponen ninguna medida?
Sabemos que Gobernación tiene la intención de armar un proyecto de protección a periodistas, pero no hay nada concreto. Nosotros proponemos la federalización de los delitos contra periodistas, pero sabemos que eso no va a resolver el problema. Se necesita un proyecto integral que incluya prevención, investigación, un marco jurídico adecuado y recursos materiales suficientes. Y sobre todo, hace falta voluntad.
¿Crees que tiene que ver con el hecho de que los periodistas asesinados no son de la capital? ¿No se agilizaría la justicia si fuera así?
Si mataran a periodistas de la capital tendría un mayor impacto: ojalá no ocurra. Pero creo que el asunto tiene que ver con otros factores. Hay ejemplos, como el de Eliseo Barrón [reportero de La Opinión Milenio en Torreón] o el de Amado Ramírez [corresponsal de Televisa en Acapulco], cuyos medios han tomado la iniciativa de presionar a la autoridad, y han tenido tanto impacto que los presuntos autores materiales han sido detenidos. Ahora, hay muchísimos más casos en los que no ocurre esto, es más, se han olvidado totalmente: hay ocho periodistas desaparecidos en este país y nadie habla de ellos.
Ponles nombre.
[De memoria] Jesús Mejía Lechuga, reportero de la emisora MS-Noticias en Martínez de la Torre, Veracruz; el joven periodista Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial, en Hermosillo, Sonora; Rafael Martínez, reportero del periódico Zócalo, de Monclova; el reportero de Tabasco Hoy Rodolfo Rincón Taracena; José Antonio García Apac, director del periódico local Ecos de la Cuenca de Tepalcatepec, Michoacán, y el más reciente, Mauricio Estrada, de La Opinión de Apatzingán. Dos casos más son Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes, reportero y camarógrafo, respectivamente, de TV Azteca en Monterrey.
¿Y dónde están los responsables?
No sólo en el narcotráfico, sino en redes delincuenciales locales. Rodolfo Rincón, por ejemplo, publicaba acerca de una red de extorsión en la zona de Tabasco antes de desaparecer.
¿Y qué hay de los periodistas supuestamente metidos en las redes del narcotráfico?
No tenemos nombres y apellidos de reporteros involucrados, pero sabemos que los hay. Lo que sí nos parece grave es que cuando se mata a un periodista, ésta sea una de las líneas que se empieza a difundir. Las dependencias públicas tienen que ser muy cuidadosas y responsables en estos casos, no adelantar conclusiones. Y los mismos periodistas también, porque finalmente reproducen esas declaraciones. De lo contrario se generan dudas infundadas.
¿Qué caso te ha impactado más?
Todos, hasta el último, pero siempre recuerdo el caso de Roberto Mora García, director editorial del periódico El Mañana, asesinado el 19 de marzo de 2004 en Tamaulipas. A puñaladas, a la entrada de su domicilio, cuando llegaba del periódico. Detuvieron a dos personas, una pareja de homosexuales, y se hizo aparentar el asunto como un caso pasional. Y descubrimos que no lo mataron por ser homosexual, sino por el ejercicio de su trabajo, porque estaba investigando algo que ya no pudo publicar, y lo podemos decir con pruebas: los vínculos de una autoridad –creo que un comandante–, con el crimen organizado.
¿Qué medidas concretas proponen ustedes para proteger a los periodistas?
Antes que nada, los periodistas debemos tomar muy en serio las amenazas. Gran parte de los periodistas asesinados habían sido amenazados previamente. No podemos ignorar ninguna llamada, ningún anónimo, aunque nos acusen de paranoicos, vengan de donde vengan, y hay que denunciarlo ante la autoridad.
¿Están esos periodistas de estados peligrosos condenados a callar o a ser héroes?
No creo que los colegas asesinados pensaran en ser siquiera tema de discusión. Los periodistas no investigamos o publicamos ciertas cosas para ser héroes. No somos ni queremos serlo.
– Yaiza Santos
(Huelva, España, 1978) es periodista y editora afincada en México. Imparte clases de periodismo en la Universidad Iberoamericana.
