Luego de las protestas ocurridas el 11 de julio de 2021, todo cambió en Cuba. Puede que el gobierno no lo reconozca, y eso no es lo importante ahora, pero las reglas del pacto social existente hasta ese momento se quebraron. Puede que el principal antecedente de estos acontecimientos sea la concentración de artistas, intelectuales y otros actores de la sociedad civil, esa que las autoridades se niegan a visibilizar, que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2020 frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana. Sin embargo, eso tampoco es importante en este momento.
Lo verdaderamente significativo es que esas manifestaciones constituyen la más clara evidencia de que el modelo sociopolítico y socioeconómico cubano está en crisis. Sus causas no son la caída del turismo –el principal renglón de la economía– como consecuencia de la pandemia de covid-19, ni la apertura de tiendas en divisas extranjeras donde se venden productos de primera necesidad a los cuales no pueden acceder todos los cubanos. Tampoco lo es el reordenamiento monetario implementado a inicios de 2021, que disparó la inflación y deterioró aún más la calidad de vida del ciudadano promedio. Estos ejemplos son algunas de las últimas manifestaciones de esa crisis. Se trata de una que no es solo económica y política, sino también ética, cívica, social y cultural, la cual tiene en su esencia más de dos décadas de demandas aplazadas que solo podrán resolverse con un proceso democratizador del estado y la sociedad cubanos.
En medio de este complejo panorama surgió Archipiélago, una plataforma que busca favorecer un diálogo nacional entre el gobierno cubano y esos sectores sociales preteridos durante décadas. Sus promotores rechazan toda manifestación de violencia u odio, en un país en el cual cada cuestionamiento al orden imperante es respondido desde el aparato de poder con mensajes difamatorios, actos de repudio, prisión domiciliaria sin previa acusación formal, cortes de internet, detenciones arbitrarias, entre otras modalidades de represión. Además, los organizadores de dicha plataforma pretenden incidir en la liberación de los presos políticos, la solución de las diferencias por vías democráticas y pacíficas. Se caracteriza por una amplia diversidad política; incluye personas que se identifican como de izquierda, centro-izquierda o derecha, algunos de los cuales han manifestado su desacuerdo con la política de Estados Unidos hacia Cuba.
Debido al complejo panorama nacional, desde Archipiélago se convocó a una marcha pacífica para el 15 de noviembre pasado. Se hizo en virtud del derecho de manifestación establecido en el artículo 56 de la Constitución cubana, y se formularon solicitudes en ese sentido ante las autoridades de varias provincias y municipios del país. La respuesta oficial fue negar el ejercicio de ese derecho. No podía ser otra. Es imposible esperar que en un país donde nunca se ha permitido el ejercicio de los derechos constitucionales en contraposición a los intereses del estado, esta postura vaya a cambiar solo porque hace un poco más de dos años se adoptó una nueva constitución. El politólogo estadounidense Joel S. Migdal, en su libro Estados débiles, Estados fuertes, sostiene que las prácticas del Estado pueden reforzar o debilitar su imagen, y por más que en el artículo 1 del texto constitucional se diga que Cuba es un Estado socialista de derecho, las prácticas indican otra realidad.
A pesar de la negativa estatal, los líderes de Archipiélago, con Yunior García Aguilera a la cabeza, han insistido en realizar su marcha pacífica. Durante los meses de octubre y noviembre muchos de los integrantes de esta plataforma han sido citados en más de una ocasión por la Seguridad del Estado e inclusive por la fiscalía. En todos los casos han recibido amenazas de acciones legales en su contra si se llegaba a realizar la marcha del 15 de noviembre. El resto de los mecanismos de presión antes mencionados continúan manifestándose. Uno de los más recurrentes ha sido la utilización de los medios de prensa oficiales para desatar una campaña de desprestigio en contra de Archipiélago. Los argumentos han sido los mismos de siempre: son personas pagadas por gobiernos y organizaciones extranjeras. Tal parece que las personas no pueden pensar y formularse opiniones contrarias al gobierno por sí solas.
El propio Yunior García Aguilera ha sido el principal blanco de ataque. El domingo 14 de noviembre pretendió salir solo a la calle, para marchar con una rosa blanca en sus manos. Alrededor de su casa se montó un operativo de vigilancia policial, mientras otras personas realizaron un acto de repudio. Al mismo tiempo, desde hace varios días los principales espacios públicos por los cuales manifestó que iba a marchar, han sido ocupados con miembros de organizaciones sociales y de masas afines al gobierno cubano, que cuentan con protección policial. Es muy probable que esta movilización continúe durante varios días, mediante una combinación de medidas para limitar la movilidad de los organizadores de la manifestación y otras destinadas a intentar imponer la imagen de un país que regresa a la nueva normalidad.
¿Qué pasó el 15 de noviembre en Cuba? Lo previsible. Detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios, actos de repudio, vigilancia masiva de los líderes de Archipiélago, opositores políticos, periodistas independientes y activistas por los derechos humanos. En resumen: represión. No podía ser de otra forma. Sin embargo, Archipiélago ganó la partida política. Que no se hayan podido realizar las manifestaciones no es un indicativo de fracaso, sobre todo porque quedó en evidencia que solo la represión puede evitar manifestaciones pacíficas contrarias al gobierno.
Los líderes de Archipiélago y sus activistas en general han demostrado con creces que no responden a intereses extranjeros, que no buscan un cambio por la vía violenta, y que su agenda es legítima, genuina y se identifica con el pensamiento de muchos ciudadanos cubanos que viven dentro y fuera del país. Confirmaron que el gobierno cubano no está dispuesto a dialogar con sus oponentes. Han dejado en evidencia que la reforma constitucional de 2019 no fue un proceso para democratizar Cuba. Que ante la imposibilidad de ejercer los derechos constitucionales contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo, tal cual se establecía en el texto constitucional de 1976, se elevan hoy otras barreras como la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la constitución y a las leyes.
El problema no está en que esos límites existan. Tiene mucho sentido su existencia. El inconveniente radica en que solo se invocan para restringir los derechos de quienes pretenden ejercerlos contra el gobierno, porque nada es más importante que el derecho de la revolución a defenderse. Mientras impere este orden de cosas y Cuba no supere las causas internas de sus males sociales, habrán otros 11 de julio y 15 de noviembre, sin importar si existe o no Archipiélago. No se trata de una premonición, sino de elemental sentido común.
es jurista. Máster en Derecho Constitucional y Administrativo y estudiante de Maestría en Ciencia Política en El Colegio de México.
