Hace unos días encabecé una brigada de reconocimiento de daños del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que visitó la zona afectada por los sismos ocurridos el 6 de febrero pasado en regiones de Turquía y Siria. En este artículo quiero hacer referencia a mis observaciones sobre la intersección de la ingeniería sísmica con las ciencias políticas y sociales en el entorno turco.
El primer sismo del 6 de febrero (magnitud M7.7) ocurrió a las 4:17 am, hora local, en la región de Anatolia Suroriental, en una zona conocida por su potencial peligro sísmico y vecina de Siria. Nueve horas después (1:24 pm) ocurrió otro temblor (M7.6).
Ambos sismos causaron la pérdida de más de 55 mil vidas en poblaciones turcas y sirias, así como más de 108 mil heridos. Al menos 13.5 millones de personas fueron afectadas. De acuerdo con datos del Ministerio del Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático (MMAUCC) de Turquía, 38,018 estructuras colapsaron, de las cuales 11,868 fueron de concreto. Más de 20 mil estructuras requieren demolición urgente. Del total de estructuras en la zona (2.14 millones), casi 15% experimentó daño moderado o más severo. De acuerdo con la Oficina de Estrategia y Presupuesto, el costo total del desastre se estima en 103.6 billones de dólares estadounidenses, equivalentes a 9% del Producto Interno Bruto de Turquía en 2023. Los daños en vivienda comprenden 55% del total. Estos son los sismos de mayor magnitud en ese país desde el temblor de 1939 (M7.9).
La República de Turquía está sujeta a sismos de considerable intensidad debido a la interacción de las placas de Anatolia, Arabia y África. La Falla de Anatolia del Norte atraviesa el país de este a oeste en latitud similar a la de Estambul; la Falla de Anatolia del Este, con rumbo noreste-suroeste, continúa en el Mar Mediterráneo hacia la isla de Chipre; ambas fallas se intersecan en el extremo oriental de Turquía. Bajo el liderazgo de la AFAD (agencia del gobierno turco para manejo de emergencias y desastres), y con la participación de varias universidades, el país cuenta con una densa red de medición de sismos (de hecho, con mayor cantidad de equipos que México). Gracias al estudio detallado de los datos de estas redes, los sismólogos e ingenieros turcos tenían identificada como peligrosa la zona donde ocurrieron los sismos de febrero; sin embargo, no se habían registrado sismos tan intensos desde el año 1513.
Turquía cuenta con un reglamento de construcciones nacional que, como en otros países, incluido México, se ha actualizado cada vez que ocurre un sismo de elevada intensidad y que produce mucho daño o, en promedio, cada 10 años. Así, la última actualización es de 2018, tras un par de modificaciones significativas, en 2000 y 2007, derivadas del sismo M7.6 del Mar de Mármara de 1999, que ocurrió cerca de Estambul. La ingeniería y la investigación sísmica turcas son reconocidas mundialmente por su alta calidad, originalidad e innovación. Sus contribuciones se encuentran plasmadas en métodos de diseño de edificios, así como en requisitos de normas de construcción turcas y de otros países.
Turquía ha adolecido de la observancia y cumplimiento del reglamento de construcción, en sus etapas de diseño y/o construcción, ya sea por razones económicas (asociadas a la corrupción) o por ignorancia. Este fenómeno de ausencia de estado de derecho (o de respeto a las leyes y reglamentos) no es único de ese país. Los sismos recientes en México de 2017 y 2022 nos indicaron, entre otras lecciones, que los edificios diseñados y construidos según la normativa vigente tuvieron mejores desempeños; aquellos en los que las normas fueron violadas intencionalmente o ignoradas, experimentaron daños mayores. El reto de que se cumplan las normas de construcción tiene dimensiones éticas; la falta de integridad en el desempeño profesional tiene graves implicaciones obvias. Sin embargo, no basta con insistir en el cumplimiento de códigos de ética si en el fuero interno, el ciudadano, en este caso el desarrollador, el ingeniero, el arquitecto y el constructor, no han asimilado y entendido que el cumplimiento cabal de normas de construcción son el mejor instrumento para proteger a los propietarios, desarrolladores, usuarios, diseñadores y constructores de una edificación.
Los edificios dañados que observé en esta visita me recordaron aquellos que vi en mi recorrido tras el sismo de Mármara de 1999. Se trata de cuadras y cuadras, y de manzanas y manzanas, con edificios colapsados y dañados. Nunca había visto tal extensión y amplitud de daño. Manzanas completas con escombros donde antes existieron edificios residenciales de varios pisos ocupados por miles de personas. En efecto, se trata de edificaciones de concreto a base de columnas y vigas, sin muros de concreto, pero ahora de hasta 12 niveles. De acuerdo con conversaciones con colegas turcos, la mayoría de estos edificios fue construida sin la intervención de ingenieros estructurales. Se trata de construcciones “no ingenieriles” en las cuales se repiten proyectos arquitectónicos a lo largo de una cuadra, en varias zonas de una ciudad e, incluso, en distintas poblaciones.
Los proyectos estructurales de estos edificios son deficientes por las dimensiones y disposición de elementos estructurales, así como por la cantidad y detallado de las barras de acero de refuerzo (o varillas) con respecto a lo establecido en las normas vigentes turcas. Destaca la mala calidad de la construcción; son evidentes elementos inclinados y chuecos en un mismo piso, y en la altura del edificio. Además, los concretos usados fueron fabricados a pie de obra, con resistencias de hasta la mitad de lo establecido en la normatividad.
Días después de los sismos, la prensa internacional divulgó presuntos casos de corrupción en las municipalidades donde fallaron los edificios. Diversos medios señalaron que, con la connivencia de las autoridades municipales y, tal vez, del propio MMAUCC, encargado de vigilar la aplicación de las normas, los desarrolladores y constructores, habían construido edificios sin permisos y licencias de diversa índole. Una vez conocida esta situación, salió a la luz que, en el marco de las campañas de elecciones presidenciales y parlamentarias pasadas (2018), el gobierno turco anunció un programa para otorgar “amnistía” para la regularización administrativa de los permisos de construcción, que consistía en el pago de una multa. Todo ello, como se puede deducir, con fines electorales. Lamentablemente, esa regularización no incluyó la evaluación estructural de los edificios y, en su caso, el reforzamiento de aquellos que lo hubieran necesitado. Anticipo que, de haberse revisado, todos los edificios hubieran sido reforzados o, incluso, demolidos de acuerdo con el proceso establecido por el MMAUCC. Derivado de los colapsos y daños en los sismos de febrero, el Ministerio de Justicia ha iniciado una investigación judicial sobre el derrumbe de los edificios, maniobra que se percibe por la oposición como parte de una campaña ante la cercanía de las elecciones presidenciales.
En efecto, Turquía se encuentra a pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran el 14 de mayo. Recep Erdoğan, presidente desde 2014, se enfrenta a tres candidatos opositores, dentro de los que destaca Kemal Kılıçdaroğlu, miembro de la Asamblea Nacional, apoyado por una coalición de 17 partidos. Como ocurrió en el sismo del Mármara de 1999, la actuación del gobierno turco para atender la emergencia y la recuperación ha sido fuertemente criticada. Más aún en un ambiente polarizado como el actual, que ha permitido que se aproveche la tragedia para señalar las deficiencias del gobierno en turno, entre ellas, del otorgamiento de la “amnistía” referida. También fue cuestionada la decisión del gobierno turco de postergar el auxilio del ejército, tal vez, según algunos, por temor a un golpe de Estado. Recordemos que el último intento de asonada, en julio de 2016, facilitó al presidente Erdoğan iniciar una purga de disidentes y opositores.
Según encuestas recientes, la intención de voto está dividida por mitades. Sin pretender dar valor estadístico alguno, nuestras conversaciones en la zona afectada evidenciaron un amplio apoyo al presidente, en especial en personas musulmanas practicantes. No así en Estambul, donde la oposición goza de un mayor prestigio y respaldo. En todo caso, se percibe un convencimiento de que los sismos de 2023 serán un parteaguas para la vida política de Turquía, independientemente de que Erdoğan se mantenga en el poder. Lo que sí se aproxima, parece, es otro sismo: el económico. Con una inflación anual reportada superior a 50 por ciento, y con una política monetaria controlada por el presidente Erdoğan, la presión económica y fiscal que generará la demolición y reconstrucción de miles de edificios anticipan una situación delicada para ese país. Si bien la mitad de los edificios dañados contaban con seguro contra terremotos, será relevante el esfuerzo del gobierno turco para reconstruir las viviendas afectadas
La ingeniería es una profesión humanista que busca, mediante los conocimientos científicos y el juicio profesional, resolver los problemas y mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Los sismos de 2023 en Turquía y Siria, por las dimensiones trágicas descritas, nos recuerdan de modo brutal la enorme responsabilidad ética y social que los ingenieros y constructores tenemos para con la sociedad. Nos insisten en la necesidad de resolver los problemas de índole compleja, como la seguridad de la población ante fenómenos perturbadores, mediante el trabajo colegiado, multi e interdisciplinario, en especial, con expertos de las ciencias sociales y políticas. Los sismos nos llaman la atención, una vez más, sobre su efecto en el comportamiento social y político de nuestras sociedades. ~
Fue subsecretario para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2015. Actualmente es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi.
