El personal de salud encuentra poco alivio en el plan de vacunación

La muerte de un interno de pregrado en un hospital del Estado de México puso otra vez en evidencia los problemas a los que se enfrenta el personal sanitario de primera línea. En medio de un sistema de salud fragmentado y precarizado, exigen condiciones de trabajo más seguras.
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En Nochebuena, al mismo tiempo que México se convertía en el primer país latinoamericano en iniciar su programa de vacunación contra la covid-19, en el Estado de México, Jorge Alejandro López, un médico interno de pregrado de 29 años, luchaba por su vida. López había contraído la enfermedad en su trabajo, apenas unas semanas antes de que la primera vacuna fuera aplicada a una enfermera. Realizaba su turno en el área de urgencias como parte de su formación, aunque el hospital no debía de asignar internos a áreas de alto riesgo, como urgencias y unidades de cuidados intensivos, debido a la covid-19. Peor aún, el hospital enviaba a López y a otros trabajadores de la salud a estas áreas con un cubrebocas como única protección.

A casi un año del inicio de la pandemia que le ha costado la vida a más de 155 mil personas en México (el tercer número más alto de muertes por covid-19 en el mundo), el personal médico todavía carece de equipo de protección para enfrentar la crisis. Los trabajadores sanitarios representan uno de cada siete casos positivos (la misma proporción que en Estados Unidos, de acuerdo a cifras de la Organización Panamericana de la Salud dadas a conocer en septiembre) y hasta el 11 de enero se acumulaban 2,580 muertes en ese grupo. Con las infecciones de covid-19 en aumento, los trabajadores de la salud no solo exigen una oportunidad de recibir la vacuna que podría salvarles la vida, sino algo mucho más básico: protección.

México no es el único país que tiene preocupaciones por la inadecuada protección del personal sanitario expuesto durante la pandemia. Sin embargo, la situación se ve exacerbada por un sistema de salud pública altamente segmentado y con pocos recursos. Peor aún, el país promete el acceso universal a la atención médica, pero frecuentemente no puede proveerla a aquellos que trabajan dentro del sector.

Los médicos internos no pueden elegir dónde hacer sus prácticas. Tal es el caso de Jorge Alejandro López, quien fue asignado al Hospital General de Ecatepec en julio pasado. La zona del Valle de México, donde se encuentra Ecatepec, no cuenta con hospitales suficientes para atender a las más de 21 millones de personas que lo habitan. Tan solo Ecatepec tiene más de 2.5 millones de habitantes. El 12 de diciembre, López les informó a sus supervisores que presentaba posibles síntomas de covid-19, pero se le indicó que siguiera trabajando. Cuando los días transcurrieron y López fue empeorando, el hospital le realizó una prueba de covid-19 y le sacó una radiografía de los pulmones. Nuevamente, los supervisores le dijeron que continuara con su turno, ya que no se veía enfermo. El hospital no le otorgó la incapacidad laboral. Tampoco le daría los resultados del examen que se realizó el 15 de diciembre sino hasta semanas más tarde. Debido a esto, López continúo presentándose a trabajar hasta el 18 de diciembre. Finalmente, después de largas semanas de preocuparse por la posibilidad de perder su pasantía no remunerada o, peor, su vida, López, ya sin poder respirar, fue ingresado al mismo hospital el 4 de enero. Sus compañeros se apresuraron a conseguir guantes antes de que pudieran intentar resucitarlo. Después, narrarían que les hicieron falta alcohol, agujas y equipo de protección para atender a López, quien murió 40 minutos después de llegar al hospital en donde alguna vez salvó vidas. (Como respuesta al caso de López, que tuvo una gran cobertura mediática, la Secretaría de Salud se posicionó en contra de la negligencia de los administradores del hospital por hacer caso omiso a los protocolos sanitarios de covid-19 para médicos internos.)

El deplorable estado en el que se encuentra el sistema de salud pública precede a la covid-19, pero la pandemia ha intensificado los efectos de una corrupción arraigada y del poco presupuesto gubernamental. En México hay 1.4 camas de hospital por cada mil habitantes, una proporción significativamente inferior a las 4.7 camas que en promedio tienen las naciones pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo a la propia Secretaría de Salud, México tiene un déficit de alrededor de 500 mil doctores y enfermeras, a lo que se agrega los bajos salarios que obligan a los trabajadores sanitarios del sector público a tener dos o hasta tres trabajos. Por lo menos 87 mil trabajadores de salud tienen contratos temporales con los cuales no tienen seguridad social y beneficios como seguro médico, pensión, indemnización por despido, entre otros. Y para los mexicanos que buscan atención, un sector de salud pública enfermo implica tratamientos deficientes. Por ejemplo, los padres de niños con cáncer llevan meses haciendo una campaña de gran repercusión mediática para asegurar el tratamiento de sus pequeños.

La población ha visto con horror cómo los hospitales públicos se han convertido en la zona cero de los brotes de covid-19. En los últimos meses, los hospitales de la Ciudad de México y sus alrededores están peligrosamente cerca de alcanzar su máxima capacidad, lo que ha llevado a los profesionales médicos a suplicarle a las personas que se queden en casa. El gobierno federal ha tomado algunas medidas para intentar aliviar el sobrecargado sistema de salud mediante la contratación de miles de nuevos médicos y enfermeras, la reconversión de hospitales y otros espacios para aumentar la capacidad de camas, además de la ayuda económica que proporciona a quienes trabajan en las áreas covid-19. Pero las precarias condiciones laborales continúan.

En México, el plan nacional de vacunación comenzó en las ciudades donde los hospitales estaban a punto de saturarse, y se le dio prioridad al personal médico y a los trabajadores que trabajan con pacientes con covid-19. Una vez que se cubra todo el personal de salud activo, seguirá el resto de la población por grupos de edad, de mayor a menor. El objetivo es vacunar a 750 mil trabajadores sanitarios para finales de enero, y así continuar la campaña con los adultos mayores.

Poco después de que se transmitiera la primera aplicación de la vacuna, en Nochebuena, las cosas empezaron a ir mal. El director de un hospital en el Estado de México presuntamente ignoró las instrucciones de vacunar antes que nadie a los trabajadores de primera línea y se aplicó la vacuna antes que ellos, además de enlistar a miembros de su familia. Luego llegó la foto que se hizo viral de un musculoso oftalmólogo que recibía la inyección. En las redes sociales pronto se aseguró que él no era un trabajador de primera línea. Y el 31 de diciembre, una pediatra hizo pública su renuncia en las redes sociales, después de haber sido testigo de que los administradores de un hospital se saltaban los turnos. Apenas unos días después de haber iniciado el plan de vacunación, algunos trabajadores de la salud ya organizaban protestas.

Para una médica interna, colega de López, que trabaja en el Hospital General de Ecatepec y que pidió no ser identificada por temor a represalias, las vacunas covid-19 no son la máxima prioridad. “El equipo de protección personal sigue siendo esencial. De lo contrario, el personal médico seguirá muriendo”, dijo por teléfono. La joven de 23 años ha tenido que llevar sus propias batas quirúrgicas, cubrebocas, agujas, guantes y desinfectante a cada turno durante los casi seis meses de su pasantía no remunerada. Después de ver morir a su amigo cercano, ya no está segura de querer continuar sus estudios de medicina en México.

“Es doloroso ver que el hospital le niega a su propio personal la atención y los servicios que desesperadamente necesita”, dijo, refiriéndose a López. “Duele ver que no se preocupan por ti y que solo eres un número”. Luego de que la muerte de López atrajera la atención de los medios, la FES Iztacala, donde estudiaba, retiró a sus médicos internos del Hospital General de Ecatepec hasta que se pudieran garantizar condiciones de trabajo seguras, y ordenó evaluar otras instalaciones médicas.

Los trabajadores de la salud a menudo se mantienen en silencio por temor a represalias y a amenazas de los administradores, muy pocos hablan y protestan. Francisco Julián Martínez, de 46 años, enfermero en la Ciudad de México, pertenece a la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, un grupo de personal sanitario que denuncia el juego sucio en el sistema de salud pública del país. Martínez ha sido enfermero durante 24 años, y si bien ya recibió la vacuna, no dudó en unirse a los manifestantes que el 2 de enero salieron a exigir un acceso justo a la vacuna. “Los hospitales son nuestro segundo hogar, somos una familia –dijo entre turnos– y cuando nadie nos respalda, tenemos que cuidarnos unos a otros”.

El grupo ha organizado varias protestas este último año y sigue de cerca la distribución de la vacuna. Carolina Morales, de 36 años, administradora en el hospital La Raza en la Ciudad de México, y miembro del grupo, dice que solo le piden al gobierno más supervisión y transparencia. Morales ha sido testigo de primera mano del despliegue dentro de su hospital y dice que la estrategia, tal como está hoy en día, está sujeta al nepotismo. “No entiendo por qué las listas tienen que ser un secreto de Estado”, dijo sobre la manera en que se asignan las vacunas a los trabajadores.

Sharon López, la hermana de Jorge, no cree que su hermano hubiera recibido la vacuna a tiempo, pero esto ya no importa. Su familia no ha tenido mucho tiempo para procesar la muerte de Jorge, porque su padre fue hospitalizado luego de desarrollar un caso grave de neumonía por covid-19. “Jorge fue un héroe con bata blanca”, dijo. “Solo queremos justicia para él y un mejor trato para todos los médicos internos”.

 

Este artículo es publicado gracias a la colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America y Arizona State University.