Rusia quiere ciudadanos activos en las redes sociales para vigilarlos mejor

No solo los opositores a la invasión de Ucrania: todos los rusos corren un mayor riesgo de ser vigilados, rastreados y arrestados simplemente por darle un like a la publicación equivocada en las redes sociales.
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Durante la mayor parte del gobierno autoritario de Vladimir Putin, los rusos pudieron disfrutar de los frutos de la globalización, como los teléfonos inteligentes y las redes sociales, y quedarse tranquilos, siempre que se mantuvieran al margen de la política. A siete meses del comienzo de la brutal guerra en Ucrania, el ejército ruso está perdiendo territorio ante una sorpresiva contraofensiva ucraniana, y los opositores a la guerra se sienten lo suficientemente envalentonados como para pedir la dimisión de Putin. Sin embargo, el régimen tiene sus miras en el largo plazo, y hoy todos los rusos corren un mayor riesgo de ser vigilados, rastreados y arrestados simplemente por darle un like a la publicación equivocada en las redes sociales.

Cuando la invasión fue recibida con una condena casi universal, con sanciones y disturbios en el país, el gobierno ruso arrestó y detuvo a más de 16 mil personas por oponerse a la guerra. Luego, se centró en ampliar sus estrategias para sofocar la disidencia interna. Las autoridades pusieron en la lista negra y bloquearon más de 7 mil sitios web, bloquearon Meta (también conocida como Facebook) por supuestas actividades extremistas y multaron a Telegram por unos 178 mil dólares por no retirar contenidos sobre Ucrania.

La persecución contra plataformas populares como Facebook y el ataque a sitios web desfavorables al régimen no son fenómenos nuevos en Rusia. Sin embargo, la guerra ha acelerado el ritmo de la vigilancia digital, que a su vez permite una represión política de mayor alcance. Aunque las autoridades rusas no tengan la capacidad técnica para predecir un comportamiento social “indeseable” a partir de una sola publicación, no cabe duda de que están trabajando en ello, y el mundo debería prestar atención.

En marzo, el Parlamento ruso aprobó una serie de proyectos de ley que imponen responsabilidades administrativas y criminales, así como penas de prisión de hasta 15 años, por difundir “noticias falsas” sobre las fuerzas armadas rusas. De los 236 casos penales abiertos actualmente contra ciudadanos rusos por oponerse a la guerra en Ucrania, 80 están siendo procesados en virtud de la ley de “noticias falsas”.

“El objetivo principal de la ley sobre ‘falsedades’ es garantizar que en el discurso público solamente permanezca la posición oficial del gobierno sobre cuestiones socialmente significativas”, dijo Stanislav Seleznev, abogado del Net Freedoms Project, un proyecto especial del grupo de derechos humanos Agora International.

Un análisis conjunto de Net Freedoms y BBC News Russian descubrió que más de 55% de los casos penales abiertos a causa de esta ley son contra ciudadanos de a pie, y no los periodistas, activistas y figuras de la oposición que han sido objeto de persecución durante mucho tiempo. Entre las personas acusadas de “difundir públicamente y a sabiendas información falsa” sobre las fuerzas armadas se encuentran tres pensionados, tres policías, dos estudiantes, un profesor, un médico y un sacerdote. Una de las primeras en ser procesadas fue una abuela originaria de la ciudad de Seversk, que criticó a las autoridades en su canal de Telegram. Un profesor de historia de Barnaul tuvo que pagar unos 500 dólares por reaccionar a las publicaciones contra la guerra en Odnoklassniki (una red social rusa) con emojis tristes. Por suerte, se libró de un juicio penal con una multa administrativa.

“Ser detenido por dar ciertos likes se ha convertido en una tendencia en las redes sociales. Parece que con la invasión, este tipo de procedimientos están aumentando en Rusia”, dijo Natalia Krapiva, asesora jurídica de Access Now. “La gente normal –no solo los activistas, sino cualquiera que diga algo ligeramente en contra de la guerra o que le guste algo que no le guste al gobierno– corre más riesgo”.

La mayoría de los casos penales bajo la ley de “noticias falsas” se abrieron en marzo y abril, cuando el sentimiento antibélico era fuerte. Eso ha cambiado. La disposición del público a oponerse abiertamente a la guerra ha disminuido, ya que solo el 9% de los rusos está dispuesto a asistir a una protesta, frente a 20% de hace seis meses. (Cabe señalar que, por supuesto, es difícil encontrar o recopilar datos de encuestas imparciales en Rusia, especialmente desde que comenzó la guerra). Sin embargo, mantenerse alejado de las calles no es suficiente para escapar de la vigilancia masiva.

En junio, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia reveló sus planes de gastar unos 265 millones de dólares para implementar el programa de tecnología de reconocimiento facial “Ciudad Segura” en tres regiones fronterizas con Ucrania. Ciudad Segura inició en Moscú en 2020 con cámaras instaladas en las estaciones de metro y tren para escanear a las multitudes comparándolas con una base de datos de personas buscadas. (En Moscú, hasta puedes usar tu cara para pagar por un viaje). Desde la invasión, Access Now ha recibido informes de personas detenidas en el metro de Moscú en relación con sus publicaciones en las redes sociales en las que hablan de la guerra. La evidencia es anecdótica, pero sugiere que las herramientas de reconocimiento facial se están utilizando para identificar y rastrear a los críticos del régimen.

Los servicios de seguridad rusos tienen una larga historia de utilizar la tecnología de seguridad pública con fines políticos, como el acoso a los partidarios del disidente encarcelado Alexei Navalny. Sin embargo, han ido ahora un paso más allá al sacar provecho de la gran cantidad de datos personales recogidos en todo el país. En 2020, el Ministerio del Interior destinó 3.9 millones de dólares a integrar los sistemas regionales de recolección de datos en una base de datos federal centralizada que contenía información biométrica, registros policiales y otros datos personales.

El proyecto se desechó en julio por desacuerdos con el desarrollador, pero muestra el deseo de crear “un único punto de encuentro de todos los datos en un solo lugar”, una perspectiva aterradora, dice Krapiva. Una base de datos de este tipo implica que las fuerzas que se encargan de hacer cumplir la ley a nivel local y federal pueden vigilar y acosar más fácilmente a las personas basándose en características arbitrarias, como la ciudadanía ucraniana. Además, Rusia tiene una notoria reputación de contar con débiles medidas de seguridad para proteger los datos personales, lo que da lugar a filtraciones y venta de datos.

Según un informe de 2022 de Net Freedoms sobre la persecución política de personas, la finalización de este proyecto es solo un revés temporal. Rusia cuenta con una serie de herramientas de vigilancia adicionales. Por ejemplo, una empresa privada, SEUSLAB, registró una base de datos que rastrea a los usuarios de las redes sociales que están activos durante los períodos de mayor actividad de protesta y recopila información sobre sus amigos, publicaciones, acciones y comentarios. Los servicios de seguridad utilizaron esta herramienta ya en 2019 para identificar contenidos “socialmente peligrosos”. El informe concluye que no hay motivos para suponer que las autoridades rusas hayan abandonado sus planes de crear un sistema integral de seguimiento y elaboración de perfiles.

Esa sombría predicción se está cumpliendo. El mes pasado, Roskomnadzor, el regulador ruso de Internet, famoso por su férrea censura, firmó un contrato de unos 886 mil dólares con una empresa privada para desarrollar “Oculus“, un sistema de red neuronal que analiza imágenes, vídeos y textos en las redes sociales y plataformas de mensajería para señalar los contenidos prohibidos por la legislación rusa. Los expertos se muestran escépticos de que 886 mil dólares sean suficientes para poner en marcha este sistema en el plazo anunciado de diciembre. Krapiva dijo que incluso antes de la invasión de 2022, Rusia probablemente no tenía la capacidad tecnológica y financiera para implementar una política de vigilancia predictiva impulsada por inteligencia artificial. Las nuevas sanciones y el éxodo de las empresas occidentales dificultarán aún más el progreso de este proyecto. Sin embargo, los prolongados esfuerzos de Rusia por reforzar su arsenal tecnológico demuestran un claro compromiso con el uso de herramientas modernas de vigilancia para aumentar su capacidad de represión focalizada.

Las herramientas sofisticadas, desde el reconocimiento facial hasta la elaboración de perfiles predictivos, no son una bala de plata para garantizar el control total de la población de un país. Sin embargo, según Krapiva, cuando Rusia falla tecnológicamente, lo compensa con métodos de espionaje tradicionales, como la vigilancia física e ingeniería social. Estas tácticas demostraron ser exitosas en el seguimiento y envenenamiento de Navalny en 2021.  

“No significa que debamos sentarnos y esperar a que las cosas no funcionen, a que se rompan”, dice Krapiva. “Si nos fijamos en cómo los gobiernos utilizan los tipos de tecnologías que les dan más control, tienden a adoptarlas, y se produce una ampliación de los objetivos de la misión original. Si incluso pasa en los Estados democráticos, aún más en países como Rusia”.

Es poco probable que un algoritmo hecho para predecir con exactitud tu potencial de protesta basándose en tu uso de emojis o en el tipo de publicaciones que comentas arroje resultados precisos. Pero en un país autoritario como Rusia, una tecnología omnipotente no necesita funcionar a la perfección, solo lo suficiente para recordar a los rusos que siempre están siendo vigilados.


Este artículo es publicado gracias a una colaboración de Letras Libres con Future Tense, un proyecto de Slate, New America, y Arizona State University.

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