Desde que Elena Álvarez-Buylla asumió la dirección del CONACyT, los problemas en la instancia no han sido menores: se redujeron los presupuestos de los Centros Públicos de Investigación, se cancelaron los apoyos para la organización de concursos científicos internacionales, se rechazaron las extensiones de las becas a estudiantes de posgrado en el extranjero y se propuso una reforma a la Ley Federal de Ciencia y Tecnología para centralizar su funcionamiento y desaparecer organismos estatales. Frente a esto, el presidente afirmó en su conferencia matutina del 12 de agosto que se está “ayudando mucho, como nunca, a la ciencia, a la tecnología, a la educación”. En tanto, en su primer informe oficial de su gobierno solo dedicó una línea a la ciencia y al desarrollo tecnológico del país: “El CONACyT incorporó con becas de posgrado a 9 mil estudiantes adicionales de los que ya las recibían”. Lo cierto es que en los últimos meses el organismo ha dejado en la incertidumbre académica y económica a investigadores y becarios. El silencio del gobierno ante su situación revela la falta de interés del presidente en la formación académica y la divulgación del conocimiento.
El más reciente escándalo de la institución dedicada a promover el avance de las investigaciones científicas es la negativa a extender las becas de doctorado a quienes estudian en el extranjero. Los programas internacionales de doctorado tienen una duración de 4 a 5 años, pero las becas de CONACyT son por tres años. Hasta la administración pasada, los estudiantes tenían la posibilidad de solicitar extensiones para concluir sus estudios en un máximo de 60 meses. De enero a agosto de 2019, 68 solicitudes de extensión de beca se rechazaron y 125 están pendientes de tener una respuesta. Varios becarios inconformes se agruparon en el Comité de Becarios CONACyT “Carlos Pellicer Cámara”. En la primera carta que enviaron el 29 de abril, solicitaron a las autoridades aclarar los motivos por los que sus solicitudes no habían sido aprobadas, así como facilitar el proceso burocrático para solicitar la extensión de becas y considerar las necesidades académicas de los investigadores y sus resultados académicos antes de desechar sus solicitudes. Después de esto, los representantes de CONACyT sostuvieron una reunión vía Skype con algunos de los investigadores perjudicados, pero no llegaron a un acuerdo. Por ello, a inicios de agosto los becarios lanzaron una petición en Change.org para que “se reconsideren los rechazos y se concedan las solicitudes de extensión que a través de sus méritos científicos y la situación personal de los solicitantes así lo ameriten”. La petición fue firmada por 84 investigadores en universidades extranjeras. El movimiento Jóvenes y Ciencia en Mx también denunció la falta de rigor y metodología por parte de los evaluadores de las becas para estancias posdoctorales, pues desde enero el número de solicitudes rechazadas se incrementó. En dos cartas solicitaron a Álvarez-Buylla reuniones para mejorar las convocatorias de estos programas, pero la directora del organismo no los ha atendido. Según el colectivo de investigadores, a diferencia de 2018, cuando se entregaron 752 apoyos para estancias posdoctorales dentro del país, en 2019 solo se han entregado 650. En el caso de las estancias posdoctorales en el extranjero, de 296 becas concedidas hace un año ha habido una reducción a 193.
La postura oficial del CONACyT es que se extenderán la becas solamente a aquellos estudiantes que “comprueben de manera fehaciente una causa de fuerza mayor” y cuyas universidades acrediten que el proyecto de investigación requiere de mayor tiempo al estimado. Pero Álvarez-Buylla ha sido tajante: “No nos vamos a regir por presiones mediáticas, que además manejan información que no es verídica, y tampoco por presiones mediáticas ejercidas por becarios que no cumplen”. La directora del CONACyT se defiende diciendo que se está siguiendo cabalmente el reglamento y que otorgar la extensión de becas sería caer en la ilegalidad. Cabe mencionar que cuando ella misma estudiaba el doctorado gozó de una extensión por dos años para concluir sus estudios de Botánica en la Universidad de California en Berkeley, según un reportaje publicado en El Universal.
Según el informe Panorama de la Educación 2018 de la OCDE, el 68% de los estudiantes mexicanos de doctorado lo hace con la ayuda de alguna beca, principalmente del Estado. Como señaló Alexis Herrera, candidato a doctor por el King’s College de London y becario al que se le negó la extensión del apoyo para concluir sus estudios, los “proyectos de investigación avanzan bajo escenarios de incertidumbre y precariedad en ciudades definidas por un alto costo de vida”, pero sin la garantía del apoyo gubernamental es “difícil concebir que lleguen a buen puerto”.
Dado que la principal condición para acceder a una beca del Estado es no trabajar y dedicarse tiempo completo al proyecto de investigación, los becarios rara vez cuentan con otro tipo de financiamiento. Retirarles el apoyo pone en riesgo su salud física y mental, así como la de sus familiares que dependen económicamente de ellos. Y, para quienes viven en el extranjero, su situación migratoria está en peligro. Si no consiguen otras fuentes de financiamiento, los becarios no podrán concluir sus investigaciones y el dinero que el Estado invirtió en su formación profesional por tres años se desaprovechará.
La falta de apoyo del Estado a la formación profesional de los investigadores no es un mal exclusivo de esta administración. Desde 2015, el presupuesto de CONACyT ha ido a la baja y esto se ha reflejado en la reducción de becas, por lo que varios investigadores han preferido quedarse en el extranjero, donde los gobiernos les garantizan el apoyo a sus proyectos, así como salarios competentes y buenas condiciones laborales. México ocupa el primer lugar en América Latina y sexto a nivel mundial en “fuga de cerebros” hacia países que forman parte de la OCDE. Tan solo entre 2015 y 2017 un total de 866 mil mexicanos se mudaron a otro país, entre ellos, científicos, técnicos y profesionales con posgrados, de acuerdo con los datos de la OCDE.
Hace un año López Obrador, como presidente electo, firmó un compromiso por la ciencia y la innovación, pero parece que esto quedó en el olvido al momento de aplicar una política de austeridad e ignorar las demandas de la comunidad científica. Lo que está en riesgo es el futuro del país, pues se generan menos recursos humanos y pocos productos como publicaciones y patentes. Para poner en marcha la transformación que desea, el presidente tendría que reforzar el convenio de financiar los proyectos hasta su término.
Con investigación de Karla Sánchez.
