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Cassez-Vallarta: las medias verdades de una miniserie

La miniserie documental construye una versiĆ³n de los hechos que deja fuera a las vĆ­ctimas y crea una percepciĆ³n que no es congruente con la resoluciĆ³n de la Suprema Corte que dio la libertad a Cassez.
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El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal (MĆ©xico, 2022) es una miniserie documental basada en una novela que a su vez se inspira en hechos reales, contados desde un lado de la historia. Y aunque el punto de partida es la persecuciĆ³n de los presuntos perpetradores del secuestro de por lo menos ocho personas a principios de este siglo, durante el sexenio de Vicente Fox, la historia que estĆ” casi ausente es la de las vĆ­ctimas.

El documental relata los innegables abusos de autoridad y violaciones al proceso por parte de Genaro GarcĆ­a Luna y Luis CĆ”rdenas Palomino, que culminaron en la detenciĆ³n de Israel Vallarta y Florence Cassez como los presuntos lĆ­deres de la banda de secuestradores Los ZodĆ­acos. TambiĆ©n recoge la experiencia personal de Cassez hasta su condena por 60 aƱos por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portaciĆ³n de armas de uso exclusivo del ejĆ©rcito y describe el conflicto diplomĆ”tico entre MĆ©xico y Francia alrededor de su proceso y condena. Presenta ademĆ”s los argumentos de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia: Arturo ZaldĆ­var Lelo de Larrea ā€“que denuncia un supuesto acto de intimidaciĆ³n del gobierno a travĆ©s de la PolicĆ­a Federal sin precisar lugar, hora o cualquier otro que refuerce la denuncia que realiza 10 aƱos despuĆ©sā€“ y Olga SĆ”nchez Cordero, quienes votaron a favor de la liberaciĆ³n por un amparo liso y llano a la ciudadana francesa desde un primer momento.

En algunos momentos de la miniserie, preponderantemente para seƱalar inconsistencias e incongruencias en actuaciones judiciales, se presenta a las vƭctimas, a travƩs de dramatizaciones y lecturas de breves segmentos de sus declaraciones.

En ningĆŗn momento se acude a un experto que explique el efecto psicolĆ³gico que una experiencia trascendental como el secuestro genera en las vĆ­ctimas, a pesar de que tal peritaje debe constar en las actuaciones ministeriales. Menos aun se explica el proceso postraumĆ”tico que atraviesa una vĆ­ctima a la que el secuestrador arrebata toda humanidad, al reducir la razĆ³n de su existencia a la de un objeto de intercambio, sujeto a un precio negociable. Tampoco se menciona el temor justificado que puede experimentar una vĆ­ctima al momento de dar la primera declaraciĆ³n, a sabiendas de que sus captores siguen libres y tienen poder sobre su vida, del que ha tenido prueba suficiente.

La miniserie refiere la existencia de una vĆ­ctima anterior a Valeria (la joven cuyo rescate habrĆ­a conducido a la detenciĆ³n de Cassez y Vallart): el empresario Abel Figueroa, secuestrado y asesinado presuntamente por la misma banda que sustrajo a la joven. Ambos casos estĆ”n enlazados por vĆ­nculos comunes, terceros involucrados cuyos nombres se omiten, y que tenĆ­an relaciĆ³n cercana tanto con las vĆ­ctimas como con Israel Vallarta. No se mencionan los abusos sexuales que Cristina RĆ­os, la vĆ­ctima supuestamente rescatada en el operativo del rancho Las Chinitas, declarĆ³ haber sufrido, ni la llamada a un programa de radio que en 2021 realizĆ³ Christian, su hijo, en la que reafirmĆ³ el seƱalamiento en contra de Vallarta y Cassez.

En la narrativa de la serie, las vĆ­ctimas no son congruentes, y esto genera dudas en la percepciĆ³n colectiva: tal vez las vĆ­ctimas simplemente mienten. La misma sociedad que unas semanas antes se habĆ­a escandalizado por la serie documental CanĆ­bal: indignaciĆ³n total, que ponĆ­a a un feminicida, y no a sus vĆ­ctimas, al centro de la historia, parece estar conforme con que aquĆ­ sean un personaje de soporte para presentar las injusticias sufridas por sus presuntos victimarios. El documental pasa de largo que los abusos de poder y violaciones al proceso de GarcĆ­a Luna y Palomino revictimizan a Valeria, a Abel Ignacio, a Cristina y a Christian, negĆ”ndoles justicia desde el mismo momento en que deciden ā€œrecrearā€ el momento de la detenciĆ³n de los presuntos responsables, creando a partir de una mentira una verdad jurĆ­dica que 17 aƱos despuĆ©s pone en duda lo que ellos vivieron por dĆ­as, semanas, meses.

La miniserie no nos dice si las vĆ­ctimas contaron con asesorĆ­a legal coadyuvante con el Ministerio PĆŗblico, a fin de presentar testimonio en contraposiciĆ³n a los argumentos presentados por la defensa. Sin embargo, la consideraciĆ³n de la inocencia plena de Cassez es una constante hacia al final de la serie. Esto, a pesar de que los jueces adscritos a la Primera Sala de la SCJN fallaron Ćŗnicamente en el sentido de que se violaron los derechos humanos de Cassez al momento de su arresto y proceso judicial, y nunca respecto a su inocencia o culpabilidad, conforme al proyecto presentado por Arturo ZaldĆ­var. El respeto al principio de la presunciĆ³n de inocencia no entraƱa en sĆ­ mismo la declaraciĆ³n de inocencia que presumen la defensa y la propia Florence. En su momento, varios juristas estuvieron de acuerdo con la postura del ministro JosĆ© RamĆ³n CossĆ­o, que se inclinaba por la reposiciĆ³n del procedimiento.

ZaldĆ­var es, por cierto, el mismo ministro que el 6 de julio de 2016 propuso desechar la posibilidad de entrar al estudio de las violaciones graves a derechos humanos, semejantes a las argumentadas por la defensa de Cassez, ejercidas en la persona de Nino Colman Hoyos Henao, acusado tambiĆ©n de secuestro en 2009 por la ProcuradurĆ­a General de Justicia del Distrito Federal. La decisiĆ³n del juez mantiene hasta la fecha privado de su libertad al colombiano naturalizado mexicano.

Otro sesgo perceptible en la miniserie es la referencia a la comunidad judĆ­a como un grupo que ha acumulado tal cantidad de poder que puede sustraerse al orden pĆŗblico comĆŗn al resto de la ciudadanĆ­a mexicana. El documental omite mencionar que, dado el nivel de inseguridad y criminalidad que impera desde entonces, en todo MĆ©xico han surgido grupos de vigilancia ciudadana, que en ocasiones han alertado con mantas a los delincuentes de las consecuencias inmediatas a las que se harĆ­an acreedores en caso de intentar cometer un delito en contra de los integrantes de una determinada comunidad.

Esos grupos son el antecedente directo de los ComitĆ©s de Vigilancia Ciudadana, hoy denominados ComitĆ©s de Seguridad Ciudadana, que empezaron a ser reconocidos como auxiliares en la ejecuciĆ³n de los planes de seguridad pĆŗblica de los gobiernos federales a fines de la administraciĆ³n de Fox. La conformaciĆ³n de grupos de resguardo y vigilancia vecinales no es un fenĆ³meno exclusivo de la comunidad judĆ­a.

Si es identificable un sesgo narrativo en la miniserie, este no puede ni debe ser condenable en la novela que le da origen. A fin de cuenta, la novela es un gĆ©nero literario que precisa de la exaltaciĆ³n de las emociones para involucrar al lector. El problema se suscita cuando de una novela o un documental, cuya motivaciĆ³n se centra en las emociones, se pretende generar una percepciĆ³n que no es congruente con los efectos de la resoluciĆ³n de la SCJN, o sembrar por lo menos la semilla de una hipotĆ©tica verdad jurĆ­dica en la percepciĆ³n colectiva, por la deliberada presentaciĆ³n de solo una parte de los hechos, una verdad a medias.

Si hay una caracterĆ­stica propia e innegable en la ley, su marca distintiva, es la objetividad con la que deben confrontarse los hechos y actos en anĆ”lisis. La ley no obedece a emociones, o por lo menos, no debiera hacerlo. Si hay un elemento que de origen viciĆ³ el procedimiento que debiĆ³ garantizar justicia a vĆ­ctimas y victimarios en el caso Cassez-Vallarta fue el montaje televisivo, que buscĆ³ la manipulaciĆ³n de las emociones a favor de la AFI, en una sociedad harta de impunidad y vulnerabilidad tanto frente a la delincuencia, como frente a la autoridad. El documental El caso Cassez-Vallarta: una novela criminal, lejos de ayudar a esclarecer de manera objetiva los hechos, alimenta esas emociones. Esto tiene que parar.

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es licenciada en derecho con especialidad en derecho fiscal por la UDLAP. Activista en favor de la cultura de la legalidad.


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