I
El nuevo reglamento de la Secretaría de Cultura de Claudia Curiel solo ocasiona una gran confusión.
En primer orden, los cambios dentro de las llamadas “unidades administrativas” son de segundo orden, casuísticos, irrelevantes y, en algunos casos, degradantes. Ello devuelve la política cultural al menos hasta mediados de siglo y petrifica a la mayoría de las instituciones en el estado de caducidad en el que se encuentran desde lustros atrás.
En segundo lugar, las empresas de participación mayoritaria estatal y los fideicomisos de participación tripartita están a la espera de un “acuerdo de sectorización” que emitirá el Ejecutivo, como corresponde a su facultad. El abogado Luis Cacho, autor del primer reglamento de la Secretaría, de noviembre de 2016, ratifica que es “jurídicamente procedente”, que sea así.
A través de un acuerdo de sectorización, diversas entidades paraestatales quedan bajo la coordinación de una secretaría o departamento, para el cumplimiento de una política gubernamental. La publicación del nuevo reglamento se completa con la publicación de ese acuerdo, donde las empresas y fideicomisos son otra vez sectorizadas en principio en la Secretaría de Cultura.
Sólo que dado el desorden de los cambios dentro de las unidades administrativas y del desorden en general que impide la instrumentación de una política cultural con rumbo, ¿qué garantiza que el acuerdo de sectorización no sea la oportunidad para que se aventuren más modificaciones insensatas, como desde 2019 a la fecha?
Veamos.
II
Las unidades administrativas pasan de 16 a 12. Básicamente, unas se integran dentro de otras, restándoles jerarquía a las que son absorbidas, lo que institucionaliza la degradación a la que fueron sometidas entre 2019 y 2024.
Del mismo modo, a otras unidades se les ajusta el nombre, sin que implique un cambio conceptual sino tan solo nominal, para que “suene” más 4T.
Y están aquellas más que ya no existían y cuya desaparición tan solo se formaliza, como la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, extinta desde 2020 con la renuncia de Natalia Toledo, y la Dirección General del Publicaciones, desde 2023, tal como documentamos en su oportunidad.
El reglamento además está incompleto porque no en todos los casos precisa qué se integra a qué.
Los detalles se conocerían cuando se difunda el Plan Sectorial de Cultura, justifica la institución federal.
III
Para buscar darle un sello innovador –al menos hay que intentarlo–, el reglamento de Claudia Curiel incluye una unidad de creación reciente: la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, que dirigirá Diego Prieto. En el INAH hay inconformidad, pues la “unidad” se traslapa e incluso asume funciones que por ley son competencia del Instituto.
La molestia está fundada. La unidad que dirige el extitular del INAH absorbe a la Dirección de Acción Territorial y Promoción Comunitaria, a la Dirección General de Técnica y de Investigación de Culturas Populares (antes Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas) y a la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, además de duplicar tareas de investigación, entre otras.
Más desorden: aunque no figura en el reglamento, también se anunció, a principios de la administración actual, la creación de la Dirección de General de Formación y Gestión Cultural encomendada a Lucina Jiménez, que pudiera integrarse con naturalidad al Centro Nacional de las Artes, pues trata asuntos de educación cultural. Curiel degrada en cambio al Centro que la misma antropóloga dirigió de 2001 a 2005, durante el sexenio de Vicente Fox.
Las dos áreas son ambiguas y en buena medida pretenciosas –mucho más la Unidad de Culturas Vivas.
No es mal augurio; es así como mal opera la 4T.
Eso fue lo que ocurrió durante la gestión de Alejandra Frausto con el Programa Cultura Comunitaria, la Estrategia Nacional de Lectura, la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México cancelada por AMLO, el mediático y sin sustancia “Mi patrimonio no se vende”, la demolición del Centro SCOP, el inconcluso programa de rescate de inmuebles dañados por los sismos de 2017, el inconcluso Proyecto Chapultepec, las zonas y museos en torno al Tren Maya con las cuales intentarían justificar el ecocidio y la destrucción del patrimonio causados por esa megaobra dispendiosa e idiota, etcétera, etcétera, etcétera.
IV
Estas son las instituciones a la espera del acuerdo de sectorización: Centro de Capacitación Cinematográfica, Centro Cultural Tijuana, Estudios Churubusco, Canal Veintidós, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Cineteca Nacional y Chapultepec Naturaleza y Cultura.
Una interrogante de fondo es si el acuerdo de sectorización establecería nuevas metas y reglas de operación, exigiéndoles a empresas y fideicomisos más recursos autogenerados, más rentabilidad y, claro, más “austeridad” a la hora de que se les asignaría el presupuesto anual para 2026, lo cual los orillaría a modificar –es decir, a bajar– la calidad de sus contenidos.
O alguna otra amarga noticia.
V
El reglamento esfuma la posibilidad de los cambios que requiere la SC de México con una visión 2025-2050.
No es exagerado plantearse una meta de un cuarto de siglo.
El Conaculta integró la gran mayoría de las instituciones culturales y de perfiles y sustentos legales heterogéneos, para darles a través de sus “programas sustantivos” coherencia operativa y un rumbo de política cultural hasta la creación de la SC el 17 de diciembre de 2015 y su reglamento del 8 de noviembre de 2016.
Es decir, con altas y bajas (más altas que bajas), 27 años.
La “nueva” SC no apuesta por una reforma del INAH ni del INBAL, ni del sindicalismo en ambos institutos o en el sector en general.
Justo hablando del INAH, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, Leonardo López Luján, demandó una “transformación sustancial” de la institución y distintas reuniones entre los trabajadores y el nuevo director de la institución, Joel Omar Vázquez Herrera. El investigador destacó dos aspectos centrales: más presupuesto y un aumento en la planta de investigadores, poco más 800 en la actualidad, cifra que se remonta a la década de los 80.
En lo que toca al INBAL, a lo largo del sexenio pasado se habló de “reestructura”, para lo cual había personal asignado al tema. Antes de entregar la dirección general a Alejandra de la Paz, Lucina Jiménez aseguró haber dejado una propuesta para la futura titular de la SC. El nuevo reglamento plantearía dos alternativas: o que no fue así, o que se archivó.
VI
¿Por qué las modificaciones a las unidades administrativas son –además de degradantes– de segundo orden, casuísticas, incluso irrelevantes?
La Dirección General de Comunicación Social pasa a Dirección General de Difusión Cultural, un cambio nominal. Era previsible, pues desde el sexenio pasado la comunicación social se concentró en Palacio Nacional a través de la matiné de AMLO. Jesús Ramírez definía el manejo mediático de las coyunturas concretas –por ejemplo, en el INBAL, ante el escándalo del homenaje al líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García.
Más cambios nominales:
La Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas se llamará Dirección General Técnica y de Investigación de las Culturas Populares y la Unidad de Administración pasa a Unidad de Administración y Finanzas.
Y fusiones sin ton ni son:
La Dirección General de Circuitos y Festivales Culturales absorbe también al Centro Cultural Helénico, al Centro de Cultura Digital “y demás recintos culturales que se le adscriban”.
De la Oficialía Mayor, la Dirección de Asuntos Internacionales y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, no se sabe con exactitud.
VII
Mientras, las degradaciones, que le restan autonomía y capacidad de decisión a instituciones importantes, aunque estén mal dirigidas.
La Fonoteca Nacional se integra a la Red Nacional de Bibliotecas.
La Fonoteca lo mismo pudo haberse trasladado al INAH –responsable de la Red Nacional de Fototecas– o continuar con su propia existencia.
Eso justo sucedió, durante el sexenio de López Obrador, con el Canal Veintidós, adscrito a la SC, y el Canal Once, perteneciente al IPN, que están bajo el control del Sistema Público de Radiodifusión, al cual fueron integrados en los hechos, al igual que Radio IPN, IMER, Canal del Congreso, Justicia TV, Radio Educación y TV UNAM.
Fomento a la Lectura –que formaba parte de la extinta Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura– pasa también a Bibliotecas.
En los hechos, son las ruinas de la Estrategia Nacional de Lectura presentada en Mocorito, Sinaloa, por López Obrador, Beatriz Gutiérrez –presidenta honoraria de las Coordinaciones de Memoria Histórica y Cultural de México–, Taibo II y Eduardo Villegas Megías –coordinador de las coordinaciones de Gutiérrez, quien pronto dejó esa responsabilidad para volverse embajador de México en Rusia. El Módulo sobre Lectura 2024 del Inegi, confirmó el fracaso de la Estrategia.
VIII
En tanto, el Centro Nacional de las Artes pasa a la Dirección General de Circuitos y Festivales Culturales, llamada antes Dirección General de Promoción y Festivales Culturales.
Es otra degradación.
El CENART desde su origen contaba con autonomía: sede de espacios escénicos y arquitectónicos y con un consistente programa de actividades culturales, a la vez que dedicada a explorar modelos de educación, investigación y difusión artísticas con instituciones nacionales y extranjeras.
A través de la Plataforma Centro de las Artes, vincula a la Dirección de Desarrollo Académico, la Dirección de Educación a Distancia (Canal 23), la Coordinación de Proyectos con los Estados, escuelas profesionales de arte, los centros de investigación del INBAL y los Centros de las Artes en los Estados y los Centros de Formación y Producción Artística e Instituciones de Educación Superior.
El CENART cuenta además con una Biblioteca de las Artes, una Cineteca Nacional, un Centro multimedia y una Interfaz para seminarios, conferencias y transmisiones en vivo de distinta índole.
Es tal la solidez de su actividad académica, que recluirlo en una dirección de Circuitos y Festivales es además de ofensivo, una falta de sentido común.
¿Está detrás de este cambio el recelo de las Claudias por el legado de Rafael Tovar de Teresa?
Desde otra lógica, las Escuelas de Iniciación Artística del INBAL más bien podrían haberse integrado al CENART, para fortalecerlo aún más –pero los Institutos, como se sabe, son intocables, aunque estén cayéndose a pedazos.
IX
El Complejo Cultural Los Pinos –antes Centro Cultural– pasa también a la Dirección General de Circuitos y Festivales Culturales.
Ese centro fue una ocurrencia de AMLO.
Obstinado en vivir en Palacio Nacional para asemejarse a Benito Juárez, buscó una salida airosa para las residencias de los expresidentes. El arranque fue patético. Los espacios no contaban con la iluminación ni acústica adecuada, para las proyecciones de películas al aire libre se colocaban tapetes sobre el pasto, las visitas que se organizaban para exhibir la ostentosa vida cotidiana de los predecesores del López Obrador fueron un fiasco, pues las salas, comedores y recámaras estaban vacíos, como era de esperarse.
Lo mismo se organizaban las subastas de lo decomisado al crimen organizado para devolverle al pueblo lo robado que las primeras ediciones del festival Original inspirado en diseños indígenas. Para que no faltara afluencia, autobuses ubicados en las rejas del Bosque de Chapultepec trasladaban a acarreados para que visitaran las actividades dedicadas al Mexican curious de las entidades.
Dado que el Centro fue acusado de centralista, se decidió que artistas de los estados presentaran sus obras, aunque del presupuesto destinado al Proyecto Chapultepec solo se le destinaría el 5%, según dichos de la subsecretaria Marina Núñez Bespalova. En efecto, Los Pinos formaba parte del Proyecto Chapultepec, a la espera de su sectorización. Mientras, el centro cultural se integra a una unidad administrativa.
Mucho engrudo y brocha harán falta para que tantos pegostes en su mayoría anacrónicos den algún resultado.
X
Aunque para Claudia Curiel, todo es cuestión de “jeroglíficos” y “tetris brutal”.
Declaró a La Jornada:
(…) El nuevo reglamento (…) hace más eficiente la maquinaria, evita duplicar funciones y enfatiza directrices, como la centralidad de los pueblos indígenas y afroamericanos (…) Lo único que dicen [los críticos] es: ‘se quitó, se recortó, desapareció’, pero el reglamento es un jeroglífico matemático, y muy pronto, aproximadamente en mes y medio [finales de septiembre] se publicará el Plan Sectorial (…) Ahí se va a entender la política cultural que estamos haciendo (…) [La publicación del Reglamento] es simbólicamente muy significativo, pues el anterior estaba signado por Enrique Peña Nieto (…) Ahora va suscrito por la primera mujer presidenta y por una secretaria de una corriente independiente, institucional e universitaria, con el ánimo de hacer los proyectos desde abajo, pues tuve la oportunidad de estar en la trinchera de gestores (…) [El reglamento] es un Tetris brutal, pero me encantan las matemáticas y el diseño presupuestal (…).
¿Elogio en boca propia es vituperio?
La pregunta persiste. ¿Saldrá de su pasmo la comunidad cultural? ~
